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La tarifa eléctrica para minado de criptomonedas aumentó casi cuatro veces

Lo resolvió la Secretaría de Energía para que no sea «inequitativo» con las categorías que pagan el costo pleno de abastecimiento

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La Secretaría de Energía dispuso que el consumo de electricidad de la actividad de minado de criptomonedas no cuente con subsidios del Estado nacional, y fijó una tarifa casi cuatro veces mayor a la que estos usuarios venían pagando, por considerar que ello resultaría «inequitativo» con las categorías que pagan el costo pleno de abastecimiento. La medida se formalizó por medio de la resolución 40/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial.

«Los consumos de energía eléctrica de la actividad de minado de criptomonedas presentan un perfil de consumo caracterizado por su intensidad y constancia tanto horaria como estacional cuya irrupción presenta desafíos a la infraestructura del área de concesión a la que se conectan», se indicó en la norma.

La resolución se refiere específicamente a los usuarios de minado de criptomonedas del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema de Tierra del Fuego (Memstf), uno de los destinos más buscados por los interesados en instalar granjas de producción cripto, debido a que sus condiciones climáticas evitan la instalación de equipos de refrigeración de costos elevados.

La decisión de Energía se enmarca en la reprogramación de verano para el MEM y el Memstf para el trimestre febrero-abril, que elevara la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Asimismo, se da a conocer poco antes de la convocatoria a la audiencia pública del 17 de febrero próximo, en la que se analizarán las propuestas de distribuidoras y transportadoras de energía en vistas a un nuevo cuadro tarifario,

En los considerandos de la resolución se señala que con los Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) con demandas mayores a 300 kilovatios (Kw) «se produce una situación inequitativa y desigual respecto a los Grandes Usuarios del MEM, ya que estos últimos afrontan costos mayores por el suministro de energía eléctrica».

En el caso concreto de las criptomonedas, en atención a que desde mediados de 2018 diferentes inversores extranjeros manifestaron su interés por establecer granjas de minado en la Patagonia y en particular en Tierra del Fuego, la Subsecretaría de Energía Eléctrica solicitó a Cammesa «información respecto a los nuevos consumos vinculados a la actividad», con el objeto de «realizar una evaluación de la demanda actual y futura».

«Por la disponibilidad de pago y la rentabilidad de la actividad, se considera oportuno que estos usuarios afronten el pago del precio de la energía equivalente al costo de abastecimiento, siendo inequitativo que abonen el precio de un usuario residencial u otro», se advirtió al respecto.

De esta forma, se dispuso que los usuarios de minado de criptomonedas de Ushuaia paguen un PEE de $ 4.804 por megavatio/hora y los de Río Grande $ 5.126 por Mwh, tanto en hora pico como en resto y en valle. Como referencia, el PEE para un usuario residencial del MEM es de $ 1.852 por Mwh en hora pico, $ 1.764 en hora resto y $ 1.676 en hora valle. Por su parte, en el caso del no residencial los valores son de $ 2.122, $ 2.025 y $ 1.928, respectivamente.

Para los grandes usuarios de salud, educación y organismos públicos en general, el precio estabilizado de la energía para el trimestre se fijó en $ 3.042 por Mwh para la hora pico, $ 2.911 para la hora valle y $ 2.779 para la hora punta.

En cuanto a los GUDI, son la única categoría con precios superiores a los fijados para los usuarios de minado de criptomonedas: $ 8.805 por Mwh en la hora pico, $ 8.080 para la hora resto y $ 8.075 para la hora valle.

Economía 💲

AySA no podrá cortar el agua de un hogar sin 60 días de restricción previa

El ERAS aprobó el Reglamento del Usuario de AySA: antes de cortar el servicio por deuda, la empresa deberá restringir el caudal al menos 60 días corridos, y no podrá hacerlo con beneficiarios de Tarifa Social, hospitales ni cárceles. La norma llega antes de que los nuevos dueños tomen el control.

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Cortes de agua: el nuevo reglamento llega antes de la privatización plena y deja afuera el régimen de mora.

AySA ya no podrá cortarle el agua a un hogar por una deuda sin antes reducirle el caudal durante al menos 60 días corridos. Es la principal novedad del nuevo reglamento que fija las reglas del vínculo entre la empresa y sus usuarios, justo cuando la compañía se encamina a manos privadas.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el Reglamento del Usuario de los servicios de agua potable y desagües cloacales que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes 20 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma rige desde el día siguiente a su publicación y detalla en qué casos la concesionaria puede restringir o cortar el suministro.

Qué cambia antes de un corte por deuda

Para los usuarios residenciales, la empresa deberá aplicar primero una restricción temporal del servicio, con un caudal limitado por unidad funcional, durante un mínimo de 60 días corridos. Recién cumplido ese plazo, y si la deuda sigue impaga, AySA podrá mantener la restricción o avanzar con el corte, siempre que el usuario no tenga Tarifa Social ni un plan de pagos vigente.

Toda restricción o corte debe estar precedido por una intimación fehaciente, que puede enviarse por medios electrónicos y debe informar al usuario sobre la existencia de la Tarifa Social. Si la notificación es digital, no puede cobrarse cargo alguno por el aviso de corte.

El marco regulatorio vigente (Ley 26.221 y sus modificatorias, con texto ordenado por el Decreto 805/2025) fija que el corte procede con una mora mínima de 60 días para usuarios residenciales y de 15 días para los no residenciales, contados desde el segundo vencimiento de la factura, y exige una intimación de pago con al menos siete días hábiles de anticipación.

Quiénes quedan protegidos

El reglamento prohíbe restringir o cortar el servicio a los beneficiarios de la Tarifa Social y a los usuarios sensibles, como hospitales, sanatorios y cárceles. Tampoco se puede avanzar mientras exista un plan de pagos vigente o una orden expresa del ERAS en sentido contrario.

Para las cloacas la regla es más estricta: AySA no podrá cortar el servicio de desagües cloacales a un usuario residencial sin la intervención previa del ERAS, que deberá pronunciarse antes. Si se comprueba que una restricción o un corte fue improcedente, la empresa tendrá 48 horas para restablecer el servicio y deberá pagarle al usuario el 3% de la última factura por cada día de atraso.

Otras causales de corte

Según detalló la prensa local, el texto no se limita a la mora. También habilita medidas previa intimación ante fallas en las instalaciones sanitarias internas que perjudiquen a terceros, anomalías en las redes causadas por obras sin factibilidad técnica o manipulación de la red, y vertidos de efluentes industriales fuera de norma. En los casos de cianuro o reincidencia, el corte es directo.

Reclamos, plazos y atención presencial

El reglamento fija plazos máximos de respuesta: 24 horas ante riesgo inminente para las personas, 48 horas para reconectar tras un pago, 10 días hábiles para los pedidos de reconexión y 30 días para los reclamos generales. Si la empresa no responde a tiempo o la respuesta no conforma al usuario, este puede recurrir al ERAS, y toda contestación debe ser fundada y mencionar ese derecho.

Mientras se resuelve un reclamo por una factura, el servicio continúa si el usuario pagó la última que no impugnó, y no pueden aplicarse intereses ni recargos por la demora en responder. Las facturas deben enviarse al menos 10 días antes del vencimiento e incluir la línea gratuita del ERAS, y la Oficina Virtual debe conservar las copias de los últimos 12 meses.

En materia de atención presencial, AySA deberá mantener su oficina central y, en cada una de las cinco regiones (Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y Ciudad de Buenos Aires), una oficina fija y una unidad móvil diaria, con cronograma publicado con un mes de anticipación.

Lo que quedó afuera y el contexto de la privatización

El ERAS dejó fuera del reglamento el régimen de mora, la prescripción y la ejecución fiscal de deudas, que considera materias del marco regulatorio o del contrato de concesión. La facturación durante cortes prolongados quedó pendiente de una norma específica, que según el organismo incluiría descuentos para los usuarios afectados.

El proyecto había sido presentado por AySA ante el ERAS en enero de 2026. La Defensoría del Pueblo de la Nación inició de oficio un trámite el 18 de marzo para analizarlo y recomendó a la empresa y al directorio del ERAS adoptar medidas que garanticen el acceso universal al agua potable y a las cloacas.

El reglamento llega en medio de la venta del 90% de AySA. El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1818/2026, adjudicó ese paquete por 340,2 millones de dólares a un consorcio integrado por Rowing, Arcos, PHX Aqua y Transclor, y fijó el 13 de noviembre como plazo para firmar el contrato de compraventa; el 10% restante queda en manos de los trabajadores. Según trascendió, el cierre de la operación se postergó hasta el 17 de diciembre, de modo que los nuevos dueños todavía no asumieron el control de la compañía.

Lo que tenés que saber

  • El ERAS aprobó el Reglamento del Usuario de AySA mediante la Resolución 46/2026, publicada el 20 de noviembre en el Boletín Oficial.
  • Antes de cortar el agua a un hogar por deuda, la empresa deberá restringir el caudal al menos 60 días corridos y enviar una intimación fehaciente.
  • No se puede restringir ni cortar a beneficiarios de Tarifa Social, hospitales, sanatorios y cárceles, ni con un plan de pagos vigente.
  • Si un corte resulta improcedente, AySA tiene 48 horas para reponer el servicio y debe pagar el 3% de la última factura por cada día de atraso.
  • Las cloacas de usuarios residenciales no pueden cortarse sin intervención previa del ERAS.
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