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La tarifa eléctrica para minado de criptomonedas aumentó casi cuatro veces
Lo resolvió la Secretaría de Energía para que no sea «inequitativo» con las categorías que pagan el costo pleno de abastecimiento
La Secretaría de Energía dispuso que el consumo de electricidad de la actividad de minado de criptomonedas no cuente con subsidios del Estado nacional, y fijó una tarifa casi cuatro veces mayor a la que estos usuarios venían pagando, por considerar que ello resultaría «inequitativo» con las categorías que pagan el costo pleno de abastecimiento. La medida se formalizó por medio de la resolución 40/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial.
«Los consumos de energía eléctrica de la actividad de minado de criptomonedas presentan un perfil de consumo caracterizado por su intensidad y constancia tanto horaria como estacional cuya irrupción presenta desafíos a la infraestructura del área de concesión a la que se conectan», se indicó en la norma.
La resolución se refiere específicamente a los usuarios de minado de criptomonedas del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema de Tierra del Fuego (Memstf), uno de los destinos más buscados por los interesados en instalar granjas de producción cripto, debido a que sus condiciones climáticas evitan la instalación de equipos de refrigeración de costos elevados.
La decisión de Energía se enmarca en la reprogramación de verano para el MEM y el Memstf para el trimestre febrero-abril, que elevara la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Asimismo, se da a conocer poco antes de la convocatoria a la audiencia pública del 17 de febrero próximo, en la que se analizarán las propuestas de distribuidoras y transportadoras de energía en vistas a un nuevo cuadro tarifario,
En los considerandos de la resolución se señala que con los Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) con demandas mayores a 300 kilovatios (Kw) «se produce una situación inequitativa y desigual respecto a los Grandes Usuarios del MEM, ya que estos últimos afrontan costos mayores por el suministro de energía eléctrica».
En el caso concreto de las criptomonedas, en atención a que desde mediados de 2018 diferentes inversores extranjeros manifestaron su interés por establecer granjas de minado en la Patagonia y en particular en Tierra del Fuego, la Subsecretaría de Energía Eléctrica solicitó a Cammesa «información respecto a los nuevos consumos vinculados a la actividad», con el objeto de «realizar una evaluación de la demanda actual y futura».
«Por la disponibilidad de pago y la rentabilidad de la actividad, se considera oportuno que estos usuarios afronten el pago del precio de la energía equivalente al costo de abastecimiento, siendo inequitativo que abonen el precio de un usuario residencial u otro», se advirtió al respecto.
De esta forma, se dispuso que los usuarios de minado de criptomonedas de Ushuaia paguen un PEE de $ 4.804 por megavatio/hora y los de Río Grande $ 5.126 por Mwh, tanto en hora pico como en resto y en valle. Como referencia, el PEE para un usuario residencial del MEM es de $ 1.852 por Mwh en hora pico, $ 1.764 en hora resto y $ 1.676 en hora valle. Por su parte, en el caso del no residencial los valores son de $ 2.122, $ 2.025 y $ 1.928, respectivamente.
Para los grandes usuarios de salud, educación y organismos públicos en general, el precio estabilizado de la energía para el trimestre se fijó en $ 3.042 por Mwh para la hora pico, $ 2.911 para la hora valle y $ 2.779 para la hora punta.
En cuanto a los GUDI, son la única categoría con precios superiores a los fijados para los usuarios de minado de criptomonedas: $ 8.805 por Mwh en la hora pico, $ 8.080 para la hora resto y $ 8.075 para la hora valle.
Economía 💲
Milei le da carta blanca a Caputo para tocar las facturas del gas
La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita al Palacio de Hacienda a aumentar o disminuir ese cargo hasta en un 50% sin necesidad de intervención directa del Poder Ejecutivo.
Milei delega en Caputo el poder de subir las facturas de gas
★ Javier Milei firmó el Decreto 266/2026 y delegó en el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo la facultad de modificar discrecionalmente el recargo que financia los subsidios al gas en zonas frías. La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita al Palacio de Hacienda a aumentar o disminuir ese cargo hasta en un 50% sin necesidad de intervención directa del Poder Ejecutivo, lo que en la práctica significa que el techo actual del 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) podría escalar hasta el 11,25%.
Un fondo que financia el gas en las zonas más frías del país
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565, se nutre de un recargo aplicado sobre cada metro cúbico de gas consumido en todo el territorio nacional, cualquiera sea el uso final. Con esos recursos se financian las tarifas diferenciales del régimen de Zona Fría, que beneficia a usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y Malargüe, donde el consumo energético es estructuralmente más elevado por las condiciones climáticas. La normativa vigente garantiza la existencia de este esquema hasta el 31 de diciembre de 2031.
Hasta la publicación del Decreto 266/2026, la facultad de tocar ese recargo residía formalmente en el Presidente de la Nación. Con la firma de Milei, esa potestad pasó al Ministerio de Economía, que ahora podrá operar los ajustes «con las modalidades que considere pertinentes», según el texto oficial.
La justificación oficial y lo que no dice
El decreto argumenta que la delegación responde a la necesidad de una «mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas» y que el ejercicio de esa facultad por parte de Economía «resulta impostergable para una mejor gestión de gobierno».
En paralelo, fuentes oficiales reconocieron que el fondo es actualmente deficitario: con el tope del 7,5%, los ingresos no alcanzan para cubrir la demanda del régimen de Zona Fría. «Está la facultad de aumentar el recargo, pero todavía no es claro cuándo se va a aplicar. No quiere decir que el mes que viene se aplique un aumento, pero está la facultad de hacerlo», admitió la misma fuente.
Lo que el Gobierno no dice es que el recargo lo pagan todos los usuarios del país, no solo los beneficiarios de Zona Fría. Cualquier suba impactará en las facturas de millones de hogares en todo el territorio nacional, en un contexto en que el poder adquisitivo ya acumula meses de deterioro y la inflación del primer trimestre de 2026 rondó el 9%, según proyecciones privadas.
Una curiosa excepción en la política de fondos fiduciarios
El dato no es menor: según fuentes oficiales, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas es el único fondo fiduciario que el Gobierno se comprometió a no disolver en 2026 durante la primera revisión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras la administración Milei liquidó decenas de fondos fiduciarios como parte del ajuste fiscal, este sobrevivió por el peso del lobby de las provincias patagónicas y la sensibilidad política que implica tocar el calefón en el invierno del sur.
La paradoja es elocuente: un gobierno que se presenta como el mayor enemigo del Estado interventor mantiene uno de los subsidios energéticos más concretos del sistema tarifario argentino, aunque ahora con la llave en manos de Caputo para ajustar el costo que paga el conjunto de los usuarios.
La recaudación y el control de los fondos quedan bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico en el ámbito del propio Ministerio de Economía.
Puntos clave:
- El Decreto 266/2026, firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial, delega en el Ministerio de Economía la facultad de modificar el recargo del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
- El recargo actual es de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el PIST; con la nueva norma, podría llegar al 11,25%.
- El fondo es deficitario, según reconocieron fuentes oficiales: los ingresos actuales no cubren la demanda del régimen de Zona Fría.
- El impacto de cualquier suba recaería sobre todos los usuarios del país, no solo los de zonas frías.
- Este es el único fondo fiduciario que el Gobierno se comprometió a preservar ante el FMI en 2026.
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