Judiciales ⚖️
Javier y Karina Milei al banquillo: serán indagados por la estafa $LIBRA
El peritaje al celular del lobista Mauricio Novelli desató una avalancha de pedidos de citación como sospechosos. Una querella afirma que el Presidente participó en forma personal en la negociación de un acuerdo espurio con operadores privados y recibió contraprestaciones millonarias en criptoactivos.
★ El escándalo de la criptomoneda $LIBRA dio un salto judicial de magnitud. Tras las revelaciones contenidas en el peritaje al teléfono celular del lobista y broker Mauricio Novelli, la querella encabezada por el diputado Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik presentó un escrito ante el juzgado interviniente exigiendo que el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, sean citados a indagatoria como sospechosos. El delito central que se les imputa es el de negociaciones incompatibles con la función pública, figura que el Código Penal argentino castiga con penas de uno a seis años de prisión.
La querella no se limitó a los hermanos Milei. El pedido se extendió al propio Novelli, a su socio Manuel Terrones Godoy y a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV). También alcanzó a Pía Novelli, hermana del lobista, y a la madre de ambos, Alicia Rafaele, señaladas por haber vaciado la caja de seguridad del joven broker el primer día hábil posterior al colapso de la criptomoneda. Completan el listado de imputados reclamados el empresario jubilado Orlando Mellino, identificado como intermediario en los pagos del estadounidense Hayden Davis a Novelli, y el financista cripto Camilo Rodríguez Blanco, señalado por canalizar transferencias en criptoactivos hacia el exterior y facilitar efectivo para pagos que, según la querella, habrían llegado al jefe de Estado y a su hermana.
El núcleo de la acusación
El tipo penal invocado castiga al «funcionario público que directa o indirectamente se interese en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo«. La hipótesis principal de la querella apunta a la «existencia de intereses privados promovidos desde la máxima investidura del Poder Ejecutivo» para la comercialización de un activo digital que terminó defraudando a miles de inversores en todo el mundo.
Para los abogados Grabois y Rechanik, no quedan razones para dilatar la convocatoria a indagatoria: la causa acumula un caudal probatorio suficiente para justificar la citación. La pericia forense al celular de Novelli, realizada por los expertos Iván Nikiel e Ignacio Nolte Polledo, aportó el eslabón clave que conecta a los funcionarios con la operación.
Tres fases de la maniobra
La querella sistematizó la secuencia del fraude en tres etapas:
Primera fase: la planificación. Entre los elementos más contundentes recuperados del celular de Novelli aparecen distintas copias de un borrador de «acuerdo confidencial» entre Milei y Davis, que el propio lobista se reenvió a sí mismo. El documento estipulaba que el empresario estadounidense actuaría como asesor exclusivo del Presidente en criptomonedas y blockchain. Los abogados aclararon que la ausencia de firmas no invalida el valor probatorio del borrador: los nombres, los propósitos y los requisitos allí volcados se confirmaron con los hechos posteriores.
Otro documento hallado en el bloc de notas del trader detallaba un esquema de pagos escalonados: 1,5 millones de dólares de adelanto; otros 1,5 millones por un tuit de Milei anunciando que Davis lo asesoraba; y 2 millones adicionales con la firma de un acuerdo que incluía al Presidente y a Karina Milei. El encuentro entre Milei y Davis se concretó el 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada. Ese mismo día, según la querella, Davis realizó dos transferencias por un total de 1 millón de dólares que habrían llegado a Novelli y Terrones Godoy, una a la hora de la reunión y otra 42 minutos después.
Hay además dos borradores adicionales que evidencian una negociación extendida en el tiempo: uno del 21 de noviembre de 2024, entre Kelsier Ventures (la empresa de Davis) y los lobistas Novelli, Terrones Godoy y Morales; otro del 27 de noviembre, entre Kelsier Holdings Limited y los mismos operadores, que preveía reuniones privadas con Milei a cambio de apoyo a la empresa Cardano en Argentina. Por ese último acuerdo existe una factura firmada por Pía Novelli a favor de Kelsier por 250.000 dólares.
La pericia confirmó además una relación previa y estrecha entre Novelli y los hermanos Milei que se remonta a 2021: el entonces candidato promocionaba la academia de trading del lobista (N&W Professional Traders) y participaba en capacitaciones. Karina Milei intervino activamente en la organización del Tech Forum, realizado en octubre de 2024 y presentado luego como antesala del lanzamiento de $LIBRA.
La querella también señaló que los Milei recibían pagos de Novelli antes de llegar a la Casa Rosada y que esa relación económica continuó durante la gestión. En audios de julio y octubre de 2023, Novelli explicaba a su hermana cómo se abonaba a los «influencers» de la academia, a los que llamaba «sueldos». Respecto de Milei decía ocuparse personalmente, y mencionaba montos de 2.000 dólares. Ya durante la presidencia, otro audio refiere un pago de 4.000 dólares destinado a Karina. Según los registros, esos pagos se canalizaban en efectivo a través de la denominada «cueva» de Rodríguez Blanco.
Segunda fase: la ejecución. El 14 de febrero de 2025, Milei promocionó públicamente $LIBRA desde sus redes sociales. El valor de la criptomoneda se disparó y colapsó en pocas horas. Las pérdidas reconocidas por el propio Davis ascendieron a al menos 100 millones de dólares. Las comunicaciones frenéticas entre el Presidente, su hermana, el jefe de asesores Santiago Caputo y Novelli en los minutos previos y posteriores al lanzamiento, según la querella, descartan «cualquier hipótesis de desconocimiento o ajenidad por parte de los funcionarios públicos involucrados».
Tercera fase: el encubrimiento. Los peritos advirtieron que en los dispositivos de Novelli y Morales había conversaciones, archivos y mensajes eliminados. Todos los grupos de WhatsApp entre los implicados y con Terrones Godoy estaban borrados, al igual que los intercambios con Charles Hoskinson, CEO de Cardano, quien había declarado públicamente que le pidieron dinero para acceder a Milei en el contexto del Tech Forum, con la promesa de que «cosas mágicas» ocurrirían.
La hermana y la madre de Novelli vaciaron las cajas de seguridad que él había abierto diez días antes del lanzamiento de $LIBRA en el Banco Galicia. Los intermediarios Mellino y Rodríguez Blanco, según la querella, operaron como convertidores de criptoactivos en efectivo para borrar el rastro hacia los destinatarios finales. Mellino «administra un entramado societario con empresas en Argentina y España», mientras que Rodríguez Blanco, de nacionalidad colombiana y radicado en Buenos Aires, «habría gestionado una plataforma de criptoactivos utilizada para canalizar fondos hacia el exterior, con operaciones que coincidieron temporalmente con los movimientos en las cajas de seguridad de Novelli».
El fiscal demoró tres semanas
Un dato que la querella señala como grave: el fiscal Eduardo Taiano recibió el informe pericial completo el 9 de enero, pero los querellantes no tuvieron acceso a él hasta el 12 de marzo, una demora de más de dos meses sin justificación aparente. Para entonces, Novelli ya había iniciado gestiones para que el peritaje fuera anulado, invocando argumentos que, según la querella, coinciden con los esgrimidos por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La Secretaría General de la Presidencia negó la existencia de cualquier acuerdo entre Milei y Davis. Para la querella, esa negativa configura un «ocultamiento institucional» que agrava el cuadro.
Distribución de responsabilidades
El escrito querellante precisó cómo se distribuiría la responsabilidad penal de cada uno de los imputados: «Respecto de Javier Milei y Karina Milei, la prueba apunta a su participación directa en las negociaciones y en los actos de promoción institucional del proyecto. Respecto de Novelli, Terrones Godoy y Morales, su rol como intermediarios y suscriptores del acuerdo con Davis los ubica como partícipes necesarios de la maniobra. Respecto de Pía Novelli y María Alicia Rafaele, su intervención en los actos posteriores al colapso, emisión de facturas y vaciamiento de cajas de seguridad, los vincula, a priori, con el encubrimiento de la maniobra. Respecto de Mellino y Rodríguez Blanco, su actuación como conversores de criptoactivos en efectivo los vincula con la cadena de actos destinados a ocultar la identidad de los destinatarios finales de los fondos.»
Puntos clave:
- La querella Grabois-Rechanik pidió la indagatoria de Javier y Karina Milei por negociaciones incompatibles con la función pública, delito que prevé de uno a seis años de prisión.
- El peritaje al celular de Novelli reveló borradores de un acuerdo confidencial entre Milei y Davis, pagos escalonados y transferencias millonarias vinculadas al lanzamiento de $LIBRA.
- Las pérdidas de los inversores por el colapso de la criptomoneda ascendieron a al menos 100 millones de dólares, según reconoció el propio Hayden Davis.
- El fiscal Taiano demoró más de dos meses en dar acceso a la pericia a las partes querellantes, sin justificación conocida.
- La Secretaría General de la Presidencia negó la existencia de cualquier acuerdo, en contradicción con los documentos hallados en el celular de Novelli.
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Cuadernos: Casación frenó el atajo de la reparación integral y sigue el juicio
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas de Cristóbal López, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio y otros imputados que buscaban extinguir la acción penal con ofrecimientos de dinero. El debate oral ante el TOF N° 7 sigue, y el único matiz lo puso el juez Slokar, que consideró que correspondía oír a las partes.
Cincuenta imputados de la causa Cuadernos ofrecieron dinero para que la Justicia extinguiera la acción penal en su contra, y la Cámara Federal de Casación Penal les cerró ese camino: la continuidad del debate oral quedó firme y el juicio sigue en pie.
La Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, declaró inadmisibles los recursos de las defensas contra resoluciones del Tribunal Oral Federal N° 7 que habían rechazado planteos de nulidad y pedidos de reparación integral del perjuicio. La decisión se conoció este jueves.
Quiénes recurrieron
Los recursos fueron presentados y acompañados por defensas de imputados entre los que figuran Cristóbal López, Carlos De Sousa, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Rovella, Héctor Sánchez Caballero, Juan Manuel Abal Medina, Roberto Orazi, Miguel Marconi y Juan José Luciano, entre otros empresarios y exfuncionarios.
Los pedidos de reparación integral
En la etapa de juicio, el TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que pretendían extinguir la acción penal mediante ofrecimientos de reparación integral del perjuicio, una figura prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal. Esos ofrecimientos se basaban en la actualización de embargos cautelares por sumas que iban de $300.000 a más de $1.800 millones. Los pedidos fueron rechazados con la oposición de la fiscal general Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La causa Cuadernos se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Se trata de una megacausa con más de un centenar de acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El voto de Petrone
En su voto, Petrone sostuvo que las decisiones impugnadas no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella por sus efectos, y que tampoco encuadran entre los autos previstos por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la instancia de casación.
El magistrado recordó además la doctrina de la Corte Suprema según la cual los pronunciamientos que obligan al imputado a seguir sometido a proceso no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Sobre el rechazo de la reparación integral, Petrone remarcó que la complejidad de la causa, con multiplicidad de hechos e imputados, requiere que el debate oral avance para precisar los extremos fácticos de la imputación y las responsabilidades de cada interviniente.
La adhesión de Barroetaveña y el matiz de Slokar
Barroetaveña adhirió en lo sustancial al voto de su colega. Slokar, en cambio, consideró que correspondía oír a las partes, aunque aclaró que esa postura no implicaba adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión.
Lo que tenés que saber:
- La Sala I de Casación declaró inadmisibles los recursos de las defensas y dejó firme la continuidad del debate oral ante el TOF N° 7.
- La Sala está integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
- El TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que buscaban extinguir la acción penal por reparación integral (artículo 59, inciso 6°, del Código Penal).
- Los embargos actualizados iban de $300.000 a más de $1.800 millones, y la fiscal general Fabiana León y la UIF se opusieron.
- Petrone consideró que las resoluciones no son sentencia definitiva; Barroetaveña adhirió y Slokar opinó que correspondía oír a las partes.
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