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El Banco Nación exigió que se investigue el balance 2019 de Vicentin para saber si es trucho
La institución bancaria presentó este miércoles una denuncia en la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe para que se investigue si la empresa megacerealera superendeudada presentó un «balance falso».
La institución bancaria presentó este miércoles una denuncia en la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe para que se investigue si la empresa megacerealera superendeudada presentó un balance trucho. “La contradicción que hay entre el balance que presentaron para tomar los créditos nacionales y extranjeros y el que presentaron ahora es tan grande que hay US$ 1.800 millones aproximadamente de diferencia”, argumentó la entidad.
El Banco Nación (BNA) presentó este miércoles una denuncia en la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe para que se investigue por el posible delito de “balance falso” a Vicentin, luego de analizar los estados contables presentados por la agroexportadora en el concurso de acreedores, que muestran pérdidas por U$S 3.046 millones en un período de apenas tres meses.
El balance 2019 de Vicentin SAIC, que la empresa demoró 10 meses en presentar, fue aprobado en la última asamblea de accionistas, realizada hace 7 días en la localidad de Reconquista. En ese marco, el Banco Nación y los acreedores financieros externos, nucleados en un comité ad hoc, advirtieron que frente a las irregularidades iban a presentar una denuncia por estafa y falsedad de documentos.
Así es que la entidad bancaria estatal concretó este miércoles la presentación. «La contradicción que hay entre el balance que presentaron para tomar los créditos nacionales y extranjeros y el que presentaron ahora es tan grande que hay US$ 1.800 millones aproximadamente de diferencia», dijeron fuentes del BNA.
La demanda fue presentada en la Fiscalía de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe, a cargo de Mariela Jiménez, atento a que la empresa está radicada en esta jurisdicción. Al respecto, las fuentes detallaron que «es un monto muy similar a sus deudas comerciales y financieras que no cumplieron», y por la cual Vicentin solicitó en febrero pasado el concurso preventivo de acreedores, luego de declararse en cesación de pagos en diciembre de 2019.
El representante legal del BNA considera en la denuncia «llamativo» que Vicentin haya cambiado a su histórica consultora para efectuar el balance 2019 y que el juez civil y comercial del concurso, Fabián Lorenzini, lo haya abierto sin la existencia de ese documento y le otorgara varios meses para su presentación.
Entre otras medidas de prueba, la presentación judicial solicita a la Fiscalía que «se ordene la realización de un peritaje contable y de auditoría» sobre libros y registros contables de Vicentin para determinar «si son llevados en forma legal» y los números del balance 2019 poseen «respaldo en la documentación contable» de la compañía.
La presunción que existe tanto en el BNA como en el comité ad hoc de bancos extranjeros acreedores de la agroexportadora es que la firma habría falseado datos de sus balances para obtener créditos con los cuales mantener su operación exportadora.
«La denuncia del BNA sobre supuesta falsedad del balance no hace más que confirmar la documentación ya remitida por algunos productores, y también algunos bancos internacionales perjudicados, donde ellos demuestran, de acuerdo con su punto de vista, que Vicentin comenzó a falsificar documentación en forma grosera, alevosa, a partir del año 2017, para recibir la mayor cantidad de millones de dólares como créditos tanto del Banco Nación como de los bancos internacionales y del cereal enviado por los productores», dijo a esta agencia el diputado santafesino Carlos Del Frade, miembro de la comisión legislativa de seguimiento de la empresa.
La denuncia de la banca oficial incluye las «observaciones preliminares» del análisis del balance 2019 encargado al estudio Arelovich & Asociados. «El resultado final del ejercicio arroja una pérdida de $52 mil millones, contra una ganancia de $2.800 millones del ejercicio anterior y una ganancia declarada por la empresa al 31 de julio de 2019, en dólares, de 2.775 millones», precisa el estudio, para concluir: «O sea en tres meses perdió 3.046 millones de dólares».
De acuerdo con el análisis preliminar de la Arelovich & Asociados, «el patrimonio neto bajó de $30.542 millones positivo a $17.502 negativo» entre 2018 y 2019, «o sea una variación de $48.045 millones».
«Con ese patrimonio neto negativo, de acuerdo al artículo 94 de la ley de Sociedades, la sociedad quedaría disuelta si no recompone el capital», agrega el trabajo. También pone la lupa sobre el destino de los granos vendidos a Vicentin por productores agropecuarios que reclaman el pago de los mismos o su devolución.
«Dentro del total de bienes de cambio de 7.262 millones, solo hay 1.798 millones en materias primas (granos)», dice el informe, para agregar que «el movimiento de granos posteriores de las plantas se presume que es propiedad de terceros».
Denuncia
ATE denuncia una nueva ola de despidos en Capital Humano bajo el decreto de Sturzenegger
La Asociación Trabajadores del Estado advirtió que el decreto 378/2026 habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 agentes de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez. La octava ola de despidos en el Estado avanza en plena porosidad del Gobierno por el caso Adorni.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el decreto 378/2026, firmado por Javier Milei y Sandra Pettovello el 22 de mayo, habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 trabajadores de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. Es la octava embestida contra el empleo públçico desde el inicio de la gestión libertaria y llega en plena crisis política del Gobierno por el caso Adorni.
El ministerio de Federico Sturzenegger no para. Mientras el Gobierno enfrenta una turbulencia política sin precedentes por la investigación judicial que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la maquinaria de desguace estatal sigue funcionando a pleno. Este viernes, ATE convocó a una conferencia de prensa frente al edificio del Ministerio de Capital Humano para denunciar públicamente lo que los gremios estatales calificaron como una nueva ola de cesantías masivas, la octava desde diciembre de 2023.
El decreto que habilitó la poda
El decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo, establece la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada jurisdicción”. Fuentes del sindicato consultadas por este medio explicaron que, en la práctica, la norma eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías bajo la órbita de Pettovello: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. “Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, detallaron desde ATE.
El delegado general de ATE-Trabajo, Hernán Izurieta, precisó que el expediente ya se encontraba “en la fase final del circuito administrativo, en Legal y Técnica de Presidencia”. “Básicamente lo que hacen es la centralización administrativa a nivel de Capital Humano de las áreas de gestión administrativa, sistemas, jurídicos y otras de esa índole, lo que impacta en las tres secretarías, ya sea mediante la degradación de áreas o directamente de la eliminación”, explicó.
El rastro de la motosierra en Capital Humano
El contexto no es nuevo, pero su magnitud es creciente. Según confirmaciones gremiales, el Ministerio de Capital Humano ya aportó al menos 10.000 trabajadores de los más de 60.000 despidos estatales acumulados desde el inicio de la gestión Milei. La nueva ola, advirtieron gremios como UPCN y ATE, podría sumar otros 400 pases a disponibilidad en lo inmediato, con proyecciones que los sindicatos ubican por encima del millar si se considera el alcance total de la reestructuración.
Detrás de la decisión, según fuentes sindicales y periodistas especializados, se ve la mano del Ministerio de Desregulación. Pettovello, indican fuentes con acceso a la interna del gabinete, aceptó el rediseño que le impuso Sturzenegger con la misma resignación con la que aceptó los recortes de programas sociales ordenados por Luis “Toto” Caputo. La poda presupuestaria vinculada a la reestructuración administrativa alcanza los 2.597.505.424 pesos anuales, equivalentes a unos 200 millones de dólares al tipo de cambio actual, de acuerdo a documentos internos de la cartera.
Doble vara y acusación de evasion fiscal
Desde ATE no solo se resistio el ajuste sobre los puestos de trabajo, sino que se señaló una contradicción que el Gobierno evita explicar. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores. Además, utilizan el Estado para evadir impuestos”, cuestionaron fuentes del sindicato. La referencia apunta directamente a las modificaciones en materia de régimenes de información impulsadas por el Gobierno, que organismos de economistas como el Foro Economía y Trabajo calificaron como un mecanismo que “vació de datos al fisco” y protege la fuga de capitales.
Retiros voluntarios como antesala de los despidos
Mientras tanto, fuentes libertarias confirmaron que en distintos organismos estatales ya se impulsan esquemas de retiro voluntario para achicar la planta de personal. “Es el paso previo a los despidos”, admitieron desde el entorno de La Libertad Avanza, en una caracterización que expone la lógica de la estrategia: desgaste paulatino, presión sobre los trabajadores para que “voluntariamente” abandonen sus puestos antes de que llegue la cesantía formal.
Los dirigentes de ATE precisaron que durante la conferencia de prensa darán a conocer las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para frenar la reestructuración. El ministro Sturzenegger no respondió a las consultas periodistícas al cierre de esta edición.
Puntos clave
- El decreto 378/2026 eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano; al menos 400 trabajadores de planta permanente quedan en riesgo de pase a disponibilidad.
- Es la octava ola de despidos en el Estado desde el inicio de la gestión Milei; el ministerio de Pettovello ya perdió al menos 10.000 trabajadores.
- La reestructuración fue diseñada por el ministerio de Sturzenegger e impuesta sobre Capital Humano, con un recorte presupuestario estimado en 2.597 millones de pesos anuales.
- Fuentes libertarias admitieron que los retiros voluntarios en marcha en distintos organismos son el paso previo a nuevas cesantías formales.
- ATE denunció una doble vara: el Gobierno persigue a los trabajadores mientras Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal para proteger a los evasores.
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