El diputado libertario que predicaba contra la casta compró una casa de USD 300.000 en un barrio cerrado

★ El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Santiago Santurio quedó en el centro de una denuncia penal presentada por su excompañera de bancada, la legisladora del monobloque Coherencia Marcela Pagano, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa de datos en declaración jurada patrimonial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y cohecho pasivo.

El caso se inserta en el escándalo mayor de los créditos VIP del Banco de la Nación Argentina a funcionarios y legisladores libertarios, una trama que la Cámara Federal porteña ordenó unificar en un solo expediente a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

De Uber a barrio cerrado: el salto patrimonial que no cuadra

Hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió su banca, Santurio era docente de Filosofía en la Universidad Austral y de Catequesis en el colegio Santo Tomás de Aquino (perteneciente a la UCA), inquilino en barrios de clase media y conductor de Uber para complementar sus ingresos. Según la denuncia de Pagano, «su perfil económico era el de un docente que debía complementar sus ingresos formales con trabajo en aplicaciones de movilidad para alcanzar la subsistencia familiar».

En julio de 2025, apenas 19 meses después de asumir, el Banco Nación le aprobó un préstamo hipotecario por USD 239.000 para la adquisición de una propiedad valuada en aproximadamente USD 300.000 en un barrio cerrado del oeste bonaerense.

El salto patrimonial quedó registrado en la Central de Deudores del Banco Central: hasta junio de 2025, la deuda bancaria de Santurio rozaba los $6,7 millones (presumiblemente de tarjetas de crédito); un mes después, trepó a más de $303 millones, según datos del sitio Cuantodeben, que fue el primero en destapar el escándalo de los créditos VIP.

Los números que no cierran

La denuncia de Pagano detalla una serie de irregularidades que, según la legisladora, hacen que «los números no cierren». La última declaración jurada patrimonial presentada por Santurio ante la Oficina Anticorrupción (OA) consignaba un patrimonio total de apenas $12 millones: $4.478.892 en una caja de ahorro, $5.000.000 en efectivo y otros $4.000 dólares repartidos en dos cuentas. Esa suma es insuficiente para cubrir el anticipo del 20% que exige cualquier crédito hipotecario, unos USD 60.000 en este caso.

Las irregularidades no se agotan en el monto inicial. La cuota mensual del préstamo representa el 48,2% del ingreso neto del diputado, lo que supera ampliamente el límite regulatorio del 25% fijado por el propio Banco Nación. A eso se añade que el crédito fue otorgado a 30 años de plazo, cuando el mandato de Santurio vence en menos de tres años, sin que cuente con estabilidad laboral formal que lo respalde más allá de su banca legislativa. Cuatro hijos menores de seis años reducen aún más el margen disponible mensual.

La esposa del diputado, María Celina Aguilar Bugeau, no figura inscripta en ARCA, por lo que tampoco podría haber avalado el crédito. Según indicó el propio Santurio en su declaración jurada, su cónyuge participó de la compra de un vehículo en 2024, pero su actividad económica no aparece registrada ante el organismo recaudador.

Las DDJJ tardías y el condominio oculto

Pagano también señaló que la Oficina Anticorrupción cuenta con apenas tres declaraciones juradas de Santurio, correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, y que todas fueron presentadas con entre 8 y 20 meses de demora respecto del plazo legal, en un lapso comprimido que va de octubre de 2025 a abril de 2026.

A esas omisiones se suma un dato de peso: el diputado habría excluido durante tres declaraciones juradas consecutivas su participación en el «Condominio Santurio Rodríguez Santiago Javier y otros», una estructura societaria inmobiliaria con CUIT propio activa desde 2013. Según la denuncia, «la omisión es total, persistente y abarca la totalidad del período declarado y los doce años previos al inicio del mandato».

La trama más amplia: créditos VIP para el círculo libertario

El caso de Santurio no es aislado. La trama de los créditos preferenciales del Banco Nación compromete a un arco amplio de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. La lista incluye a los economistas del equipo de Luis «Toto» Caputo, Felipe Núñez y Federico Furiase (que acumularon más de $800 millones de pesos en préstamos del banco público), al tuitero y funcionario de Presidencia Juan Doe, y a los diputados Mariano Campero y Lorena Villaverde, entre otros. La Cámara Federal porteña unificó todas las denuncias en un único expediente bajo la órbita de la jueza Capuchetti, aunque hasta el momento la causa no registra avances procesales sustanciales.

La paradoja política es difícil de soslayar. Santurio construyó su perfil público sobre la prédica contra «la casta», el rechazo al matrimonio igualitario, el feminismo y el derecho al aborto, banderas que sigue enarbolando desde su banca. La denuncia de Pagano expone que, en paralelo, accedió a beneficios financieros que ningún ciudadano común podría obtener con un perfil patrimonial equivalente.

En menos de dos años pasó, según consigna textualmente la presentación judicial, de ser «un docente que conducía Uber e inquilino en barrios de clase media trabajadora, a ser propietario de una casa en un barrio cerrado de zona acomodada», con superficie suficiente «para albergar quincho y eventos sociales de envergadura».

Puntos clave

• La diputada Marcela Pagano denunció penalmente a su excompañero de LLA Santiago Santurio por enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en la declaración jurada, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo.
• En julio de 2025, Santurio obtuvo un crédito hipotecario del Banco Nación por USD 239.000, pese a contar con un patrimonio declarado de apenas $12 millones, insuficiente para el anticipo del 20%.
• La cuota mensual representa el 48,2% de su ingreso neto, más del doble del límite regulatorio fijado por el propio banco.
• La deuda bancaria del diputado saltó de $6,7 millones a más de $303 millones en un solo mes.
• El caso se enmarca en el escándalo de créditos VIP del Banco Nación a figuras del ecosistema libertario, unificado en un expediente ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti.