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Legislativo

La mesa política de los Milei se reunió para contener el naufragio, entre la interna libertaria y el caso Adorni

El Gobierno intentó exhibir unidad este martes, pero la convocatoria en Balcarce 50 quedó marcada por la guerra abierta entre Santiago Caputo y los Menem, y por el avance de la causa por enriquecimiento ilícito que compromete al propio anfitrión.

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La mesa política se reunió con Adorni como anfitrión, en medio de la interna libertaria y el avance judicial en su contra

★ La mesa política del Gobierno nacional se reunió este martes a las 11 en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada. El encuentro, convocado un día después del acto oficial por el 25 de Mayo, intentó mostrar una imagen de cohesión interna que el propio oficialismo viene erosionando a cielo abierto. El contexto inmediato era difícil: la disputa entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el sector alineado con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, representado por los primos Martín Menem y Eduardo «Lule» Menem, había escaldo hasta las redes sociales durante la semana previa.

Fue la primera vez que los tres protagonistas de esa guerra compartieron una reunión formal desde que la pelea se hizo pública. Sentados alrededor de la misma mesa estuvieron también los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis «Toto» Caputo (Economía); la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la propia Karina Milei, que llegó a Balcarce 50 en compañía de su perro Thor, un boyero de Berna.

La guerra que la mesa debía apagar

El detonante más visible del conflicto fue la cuenta anónima de la red social X, identificada como @PeriodistaRufus, desde donde se lanzaron críticas sostenidas contra el espacio vinculado a Caputo. Desde las denominadas Fuerzas del Cielo señalaron directamente a Martín Menem como responsable de esa operación, acusación que el titular de la Cámara de Diputados rechazó de manera tajante.

El presidente Javier Milei intentó intervenir para contener el conflicto y minimizó la pelea públicamente, asegurando que todo era parte de una operación para perjudicar a Menem. Pero referentes digitales alineados con Caputo rechazaron esa lectura y aseguraron, según trascendió, que «le mienten» al Presidente. En ese marco, fue el propio Adorni quien impulsó la convocatoria de la mesa política, ante el malestar que generó dentro del Gobierno la exposición pública de las diferencias internas.

Fuentes del Gabinete señalaron que hay «coincidencia en que la exposición de las diferencias perjudica a la administración», que ya acumula semanas de turbulencia política. Cerca de Bullrich y Santilli, dos figuras provenientes del PRO que se incorporaron tardíamente al universo libertario, la posición fue de expectativa: «Están en plena guerra, pero lo tienen que resolver ellos», indicaron fuentes de ese entorno.

Agenda legislativa: la hoja de ruta con prioridades

El temario formal de la reunión incluyó el debate sobre el cronograma de proyectos que el Poder Ejecutivo tiene previsto girar al Congreso Nacional. En la hoja de ruta del oficialismo figuran como prioridades la Ley de Sociedades, la Ley de Ludopatía, el denominado super RIGI, la Ley de Lobby y la normativa de etiquetado frontal, todos formalizados al cierre de la semana anterior. El Gobierno busca recuperar dinamismo legislativo en una etapa que algunos sectores del propio oficialismo describen como de pérdida de iniciativa.

El anfitrión, bajo la lupa judicial

La reunión tuvo un telón de fondo que ninguno de los presentes mencionó públicamente pero que gravitó sobre el encuentro: el aval del avance judicial sobre el propio Manuel Adorni. Dos días antes del cónclave, se conoció que el juez federal Ariel Lijo evalúa convocar al jefe de Gabinete a una declaración indagatoria antes de la feria judicial de invierno, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruye junto al fiscal Gerardo Pollicita.

La investigación acumula evidencias que el propio Adorni no ha podido refutar. El 15 de mayo pasado, el contratista Matías Tabar se presentó de manera espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración y aportó facturas, remitos y capturas de conversaciones vinculadas a las obras realizadas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Tabar ratificó que las refacciones ascendieron a 245.000 dólares, abonados en efectivo. Entre las mejoras se identificaron una pileta con cascada, un quincho con parrilla valuada en 15.000 dólares y baños con jacuzzi.

A esa revelación se sumó, según confirmaron fuentes judiciales, el hallazgo de operaciones en criptomonedas que no habrían sido declaradas por Adorni ni por su pareja, Bettina Angeletti. La fiscalía requirió informes a entidades bancarias, compañías de seguros y proveedoras de activos virtuales para reconstruir el origen y la trazabilidad de esos fondos. El patrimonio bajo sospecha supera los 840.000 dólares.

Consultado, Adorni aseguró que «todo quedará clarificado cuando se conozca su última declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025», y negó la veracidad de las cifras aportadas por Tabar, alegando que «tienen todos los papeles en orden».

El escándalo judicial se extendió además a su hermano, Francisco Adorni, diputado provincial y exfuncionario del Ministerio de Defensa. El fiscal federal Guillermo Marijuán lo imputó el 13 de mayo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, luego de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano.

El peso de la causa sobre la gestión

En la administración libertaria hay quienes ven con preocupación creciente la situación judicial del jefe de Gabinete, a quien le atribuyen también parte del desgaste de imagen que arrastra el Gobierno. La mesa política del martes fue, en ese sentido, un ejercicio de equilibrio: contener la interna, sostener la agenda legislativa y no dejar que el expediente judicial de Adorni consuma el oxígeno político que el oficialismo necesita de cara a los meses electorales que se aproximan.

La foto de unidad ensayada el lunes en el Tedeum por el 25 de Mayo quedó así sometida a una prueba de estrés que el martes se repitió, esta vez puertas adentro.

Puntos clave

  • La mesa política se reunió en Casa Rosada el martes 26 de mayo a las 11, con Adorni como anfitrión y la presencia de Karina Milei, Martín Menem, Eduardo Menem, Santiago Caputo, Santilli, Luis Caputo, Bullrich y Devitt.
  • La disputa entre Santiago Caputo y los primos Menem, desatada por la cuenta anónima @PeriodistaRufus, dominó el clima político previo al encuentro.
  • La agenda formal incluyó las prioridades legislativas del oficialismo: Ley de Sociedades, Ley de Ludopatía, super RIGI, Ley de Lobby y etiquetado frontal.
  • El juez Ariel Lijo evalúa citar a indagatoria a Adorni antes de la feria de invierno por presunto enriquecimiento ilícito; el contratista Tabar ratificó pagos en efectivo por 245.000 dólares y se detectaron operaciones con criptomonedas no declaradas.
  • El hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, fue imputado el 13 de mayo por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Buenos Aires

Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.

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De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.

El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.

Un predio cedido con una condición que Milei ignoró

El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.

El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.

La ley que activa la Fiscalía de Estado

El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».

Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».

La oposición apoyó la privatización

El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.

Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»

El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».

En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.

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