Doble estándar libertario: el Gobierno habilita la publicidad de apuestas mientras dice combatir la ludopatía

★ El Poder Ejecutivo nacional remitió al Senado un proyecto de ley para regular las apuestas online y prevenir la ludopatía que, en apariencia, apunta a proteger a los sectores más vulnerables; pero que en uno de sus puntos centrales revela una contradicción de fondo: mientras prohíbe el acceso de menores a las plataformas de juego, habilita la publicidad de los operadores autorizados, en abierta oposición al texto que la Cámara de Diputados aprobó en noviembre de 2024 por amplia mayoría.

La iniciativa, identificada como Mensaje N° 179-2026, fue remitida formalmente al Congreso y quedó radicada en la Cámara alta para su tratamiento. El proyecto será analizado en las comisiones de Legislación General, de Salud, y de Justicia y Asuntos Penales, que conducen los legisladores libertarios Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y Gonzalo Guzmán Coraita, tres referentes del espacio oficialista, lo que ya anticipa la orientación del debate.

El nudo del conflicto: publicidad sí o publicidad no

El punto que generará mayor resistencia opositora es el tratamiento de la publicidad. El proyecto aprobado en 2024 en Diputados prohibía la difusión de los juegos de azar de manera amplia. La nueva propuesta del Ejecutivo invierte esa lógica: permite la publicidad de los operadores autorizados, con condiciones. No podrá estar dirigida a menores de edad, no podrá asociar el juego con el éxito personal, laboral o social, no podrá promover el consumo de alcohol o tabaco, y solo podrá difundirse si el operador cuenta con habilitación jurisdiccional vigente. Los medios de comunicación quedarán obligados a verificar que los anuncios correspondan a empresas legalmente autorizadas.

Para quienes impulsaron la sanción en Diputados, ese esquema es insuficiente. El proyecto de la cámara baja fue aprobado con 139 votos afirmativos del peronismo, Encuentro Federal, la izquierda, Innovación Federal, Democracia para Siempre e Independencia, contra 36 negativos de La Libertad Avanza y 59 abstenciones del PRO, la UCR y el MID. La correlación de fuerzas no deja lugar a dudas sobre quién defendió entonces una regulación más estricta y quién la resistió.

Un debate sobre que lleva más de un año en el freezer

El Senado trató el proyecto de Diputados en comisión en septiembre de 2025 y nunca logró avanzar con un dictamen. La razón, según trascendidos parlamentarios, no fue solo la resistencia libertaria, sino también las diferencias internas del propio bloque peronista, que pese a contar con 34 miembros no logró consolidar una posición uniforme. Esa grieta interna fue el oxígeno que necesitó el oficialismo para ganar tiempo, y el tiempo le permitió presentar ahora su propia versión del proyecto.

Con este movimiento, La Libertad Avanza fuerza una situación técnicamente compleja: si el Senado modifica el texto aprobado por Diputados y lo reemplaza por el nuevo proyecto oficial, la norma deberá regresar a la cámara baja con las enmiendas para su revisión final. El tablero legislativo queda así reconfigurado en favor del Ejecutivo.

Lo que el proyecto sí prohíbe y sanciona

Más allá de la controversia publicitaria, la iniciativa incorpora medidas de prevención y sanción que no resultan menores. Establece como objetivo central erradicar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, así como su publicidad, promoción y difusión en cualquier modalidad. Habilita el bloqueo ágil de dominios ilegales a través de NIC Argentina en coordinación con las autoridades jurisdiccionales, evitando depender de procesos judiciales prolongados. Refuerza el rol del SEDRONAR y del Ministerio de Salud en la prevención y el tratamiento de la ludopatía, y prevé la elaboración de estadísticas epidemiológicas para identificar grupos vulnerables y monitorear políticas de asistencia y rehabilitación.

En materia penal, el proyecto establece penas de prisión de tres a seis años para quienes operen plataformas de juego no autorizadas, y de dos a cuatro años para quienes, con conocimiento de la ilegalidad, presten servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales para el funcionamiento de esas plataformas.

El contexto: 19 millones de apostadores y una crisis de salud pública silenciada

El fenómeno de las apuestas online dejó de ser marginal hace tiempo. El senador nacional por Santiago del Estero Gerardo Zamora presentó en abril de 2026 un proyecto paralelo en el que advirtió que cerca de 19 millones de personas realizan apuestas online en el país, con una presencia significativa de menores de edad entre los usuarios. La aceleración tecnológica, la proliferación de aplicaciones de fácil acceso y la escasa regulación publicitaria vigente profundizaron un fenómeno que organismos de salud pública ya califican como emergencia sanitaria silenciosa.

El propio texto del Ejecutivo reconoce ese diagnóstico. El mensaje que acompaña la iniciativa advierte sobre el «exponencial incremento del acceso a plataformas de apuestas» y señala que «el uso problemático de tecnologías digitales y las conductas compulsivas asociadas a los juegos de azar constituyen fenómenos complejos y multidimensionales». Sin embargo, habilitar la publicidad de esas mismas plataformas, aunque con condiciones, contradice la urgencia sanitaria que el propio Gobierno invoca para justificar la ley.

El doble estándar del proyecto libertario

La tensión que atraviesa el proyecto es constitutiva del enfoque libertario en materia de regulación: el mercado puede autorregularse, la libertad individual es el valor supremo, y el Estado debe limitarse a fijar reglas mínimas. Bajo esa lógica, prohibir la publicidad sería una interferencia excesiva en la actividad comercial de operadores que cumplen con la normativa jurisdiccional. Pero esa misma lógica choca con la evidencia de que la publicidad de los juegos de azar opera como vector de expansión de la adicción, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Que las comisiones del Senado que analizarán la propuesta estén presididas por referentes del propio oficialismo no es un dato menor: el proyecto tiene el camino allanado para avanzar con las modificaciones que el Ejecutivo pretende, en desmedro del texto más restrictivo que la oposición logró consagrar en Diputados hace casi dos años. El debate que viene promete ser un termómetro claro de quién legisla para la salud pública y quién legisla para la industria.

Puntos clave

• El Gobierno envió al Senado su propio proyecto de ludopatía que permite la publicidad de operadores autorizados, en contradicción con el texto aprobado por Diputados en 2024 con 139 votos afirmativos.
• Las comisiones que analizarán el proyecto estarán presididas por legisladores de La Libertad Avanza, lo que define el marco del debate.
• El Senado ya había frenado el proyecto opositor en septiembre de 2025 sin alcanzar dictamen, pese al bloque peronista de 34 miembros.
• El proyecto establece penas de prisión de tres a seis años para operadores ilegales y habilita el bloqueo ágil de dominios sin proceso judicial.
• Cerca de 19 millones de personas realizan apuestas online en Argentina, según datos aportados por el senador Gerardo Zamora en abril de 2026.