Talerico advierte: la Ley de Inocencia Fiscal no protege a Adorni ante la sospecha de lavado de activos

★ La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, desarticuló este martes la estrategia jurídica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al afirmar que la Ley de Inocencia Fiscal «no es aplicable» al caso del funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La especialista advirtió que el cuadro que rodea al caso Adorni configura «un escenario de posible lavado de activos«, un delito que opera en un carril jurídico completamente diferente al que la norma aprobada a fines de 2025 pretende desactivar.

«Deben querer hacer magia, porque hay mucha tensión entre lo que vimos (de los gastos de Adorni) y lo que no nos cierra. No es tan sencillo decir con esta ley zafamos y listo, teniendo en cuenta distintas obligaciones que rodean a un funcionario público», afirmó Talerico en el programa Esta mañana, que se emite por Radio Rivadavia.

El argumento jurídico: funcionarios públicos y lavado, otra liga

Talerico, que ocupó el cargo en la UIF durante la gestión de Mauricio Macri y se especializa en integridad financiera, fue precisa en su razonamiento: «Este régimen simplificado no excluye a los funcionarios públicos, pero no es un blanqueo propiamente dicho». Y subrayó que la norma «es para algunos contribuyentes que no tienen problemas registrales o fiscales tan evidentes como los de Adorni».

El núcleo de su argumento apunta a una distinción legal crucial. La Ley de Inocencia Fiscal (27.799), sancionada por el Senado en diciembre de 2025 con 43 votos a favor y 26 en contra, eleva los umbrales penales por evasión, pero no toca el sistema de prevención del lavado de activos, regulado por la Ley 25.246 y la normativa de la propia UIF. Según especialistas consultados por distintos medios al momento de su sanción, los delitos tributarios siguen siendo «delitos precedentes del lavado de activos», con independencia de los montos que la nueva norma haya modificado.

En ese marco, Talerico fue categórica: los pagos en efectivo y en dólares que se investigan en la causa de Adorni no pueden saldarse con la lógica del régimen simplificado. «Para comprar las propiedades que adquirió Adorni se necesitaba el depósito en el sistema económico financiero», precisó. «Los pagos fueron ‘cash’ y en dólares», remarcó.

Una declaración jurada que no llega y un juez que no espera

La declaración jurada patrimonial de Adorni sigue sin presentarse. Aunque el propio presidente Javier Milei aseguró hace casi tres semanas que el funcionario la entregaría «inmediatamente», el jefe de Gabinete no cumplió con ese compromiso. Según informó Resumen Latinoamericano en su edición del 26 de mayo, en Comodoro Py se descuenta que el juez Ariel Lijo podría convocar a Adorni a su primera indagatoria en las dos primeras semanas de junio.

Esa primera citación, sin embargo, no sería por enriquecimiento ilícito, causa que instruye el fiscal Gerardo Pollicita, quien estuvo de licencia, sino por las ramificaciones vinculadas a los viajes a Punta del Este y a los presuntos negocios irregulares con el productor de la Televisión Pública, Marcelo Grandio.

Fuentes políticas consultadas por La Política Online revelaron que Adorni demora deliberadamente la presentación a la espera de que la Justicia cierre el inventario de sus gastos. «Manuel espera que la Justicia tenga la cuenta total de sus gastos para tener de dónde agarrarse para armar la declaración jurada», indicaron esas fuentes. El funcionario, contador egresado de la UADE, trabajaría junto a su abogado y su contador para no cometer errores.

Sobre la situación de esa declaración, Talerico no esquivó la ironía: «La deben estar estirando para ver dónde se pueden meter».

El peso de los números: más de USD 840.000 bajo sospecha

La investigación que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Pollicita reconstruyó un esquema de gastos y adquisiciones que el funcionario no puede justificar con sus ingresos declarados. El patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares y abarca, entre otros elementos:

La compra de un departamento en la calle Miró, en Caballito, escriturado por 230.000 dólares, con una deuda declarada con las vendedoras y un pago de 65.000 dólares adicionales reconocido de manera extrajudicial. Refacciones en una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por 245.000 dólares abonados en efectivo y sin factura, que incluyeron pileta con cascada, quincho de alta gama y mobiliario de lujo, según la declaración testimonial del contratista Matías Tabar. Gastos en viajes al exterior superiores a los 27.000 dólares en efectivo, a destinos como Punta Cana, Nueva York y Punta del Este.

A eso se suma la investigación sobre el uso del avión presidencial para traslados de su esposa, Bettina Angeletti, y los contratos que la Jefatura de Gabinete habría otorgado a la productora del periodista Grandio.

La norma que Adorni impulsó ahora no lo cubre

El dato que cierra el círculo con especial densidad política es que la Ley de Inocencia Fiscal fue defendida públicamente por el propio Adorni, quien la presentó como un avance contra el «Estado persecutorio». Sin embargo, según el análisis de Talerico, esa misma norma no alcanza para protegerlo en el terreno en el que la Justicia lo acorrala.

La Ley 27.799, reglamentada a través del Decreto 93/2026, sube los umbrales de la evasión simple de 1,5 a 100 millones de pesos y de la evasión agravada de 15 a 1.000 millones. Pero, como advirtieron especialistas en prevención del lavado desde su sanción, «mantiene inalterada» la estructura represiva del lavado de activos, donde los delitos tributarios siguen siendo antecedentes válidos. Es en ese terreno donde la causa de Adorni tiene su arista más delicada.

El entorno del funcionario sostiene, según informó Perfil, que «los números le cierran». La Justicia, en tanto, sigue tomando medidas: secreto fiscal levantado, peritajes de dispositivos en curso y la primera indagatoria en el horizonte próximo.

Puntos clave

• La ex vicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, advirtió que la Ley de Inocencia Fiscal «no es aplicable» al caso Adorni por la existencia de un «escenario de posible lavado de activos».
• El funcionario sigue sin presentar su declaración jurada patrimonial, pese a los compromisos del presidente Milei; se estima que lo haría el 1 de junio.
• El juez Ariel Lijo podría convocar a una primera indagatoria en las primeras dos semanas de junio, vinculada a los viajes y la TV Pública.
• El patrimonio investigado supera los USD 840.000, con pagos en efectivo que no pueden justificarse con ingresos declarados.
• La Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el propio Adorni, eleva umbrales de evasión pero no modifica el régimen de prevención del lavado de activos.