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El titular de Banco Nación dijo que hay que ver si en el caso Vicentín hubo «irresponsabilidad» o «maniobra delictiva»

Claudio Lozano señaló que si bien «la estatización de la empresa es una posibilidad», se tiene que dejar en claro que el Estado no debe hacerse cargo de los 1.300 millones de dólares de deuda» de la firma.

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El-Argentino-Claudio Lozano

El director del Banco Nación, Claudio Lozano, afirmó que en el caso de la firma Vicentín «hay que identificar si lo que hubo fue simplemente una irresponsabilidad en el manejo empresario» o si existieron «también maniobras delictivas».

En un informe que brindó Lozano ante las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de Santa Fe, además señaló que si bien «la estatización de la empresa es una posibilidad», se tiene que dejar en claro que el Estado no debe hacerse cargo de los 1.300 millones de dólares de deuda» total que posee Vicentín.

Sobre los posibles caminos, el economista dijo que hay otras formas para controlar la empresa, «no solamente estatal, formas mixtas, puede haber una que asocie Estado, productores y trabajadores». «Podemos pensar otro tipo de mecanismos, pero lo central es garantizar que de la deuda se haga cargo quien debe y por otro lado evitar un proceso de extranjerización», añadió.

Al ser consultado sobre la factibilidad de cobrarle a la firma con sede en la provincia, Lozano contestó que «no hay ninguna otra posibilidad que cobrarle», pues «Vicentín tiene todas las condiciones para pagar». «Puede tener algún tipo de problema en términos de reestructuración de sus pasivos, es extraño incluso que haya llegado al concurso, habría que evaluar por qué, porque francamente no hay ninguna justificación para que haya llegado a esta situación», agregó.

«en esa cuenta entre agosto y diciembre de 2019 entraron 795 millones de dólares, por lo tanto entró más dinero que el que le debe al Banco Nación».

En esa línea, consideró que «es una empresa que tiene un flujo de negocios,una potencialidad y activos suficientes como para afrontar la deuda. Estamos hablando de alguien que tiene 3.000 o 4.000 millones de dólares de facturación anual, no es una pyme. No estamos hablando de los perdedores del modelo económico anterior, estamos hablando de los ganadores».

Lozano dijo que la firma tenía una cuenta en la sucursal Reconquista del Banco Nación, que estaba afectada en garantía para operar como respaldo del crédito, y que «en esa cuenta entre agosto y diciembre de 2019 entraron 795 millones de dólares, por lo tanto entró más dinero que el que le debe al Banco Nación».

«El Banco Nación podría haber ejecutado esa garantía y recuperado el crédito, porque entre agosto y diciembre no pagó. Bueno, tampoco se ejecutaron las garantías, por lo cual al momento de asumir nosotros la conducción del banco nos encontramos con esa cuenta vacía y por lo tanto sin poder ejecutar esas garantías», contó el funcionario.

«Lo que tenemos es un trato absolutamente privilegiado hacia una empresa que tenía un vínculo político con el gobierno anterior y ciertamente privilegiado».

Además, denunció que «el 5 de diciembre, la misma fecha en que Vicentín defaultea con todos sus acreedores, el directorio del Banco Nación presidido por González Fraga, le informó al Banco Central que la empresa estaba en situación normal, es decir que a pesar de que no calificaba desde 2019, a pesar de que había dejado de pagar en agosto, a pesar de eso informaron que estaba en situación 1, es decir, normal».

«Por lo tanto, lo que tenemos es un manejo irregular por parte del funcionamiento de la empresa, no queda claro lo que pasó con el dinero en un grupo empresario que lo único que evidencia es expansión y, por otro lado, lo que tenemos es un trato absolutamente privilegiado a una empresa que tenía un vínculo político con el gobierno anterior y ciertamente privilegiado», añadió.

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Tarifazo en transporte: más de un millón de personas dejó de usar el colectivo en un mes

Con otro aumento pactado para el 1 de septiembre, la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) confirmó que en agosto viajaron 1.150.000 personas menos que un año atrás. El gasto mensual en transporte roza los $124.000 por pasajero y representa el 43% de la canasta de servicios en el AMBA.

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El Argentino Diario-Colectivo línea 218.

Los números no dejan lugar para eufemismos: el ajuste tarifario sostenido sobre el transporte público empuja a miles de trabajadores fuera del colectivo. En agosto de 2026, los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires transportaron 7,7 millones de personas en días hábiles, lo que representa una caída del 12,9% interanual respecto al mismo período de 2025, según el informe mensual de la AAETA. En términos concretos, eso equivale a 1.150.000 personas menos que eligieron, o se vieron obligadas, a dejar el transporte público.

El golpe fue aún más pronunciado durante los feriados: la cantidad de pasajeros cayó de 4,3 millones a 2,5 millones, una retracción del 41,5% que revela que la demanda de transporte urbano ya no se sostiene ni en los momentos de menor presión laboral.

El costo de llegar al trabajo

Según un reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET (IIEP-UBA), en agosto una persona necesitó en promedio $123.726 para cubrir sus viajes de ida y vuelta en el transporte urbano durante el mes. El peso del gasto en transporte ya explica el 43% de la canasta de servicios de un hogar del AMBA, convirtiéndolo en el rubro de mayor incidencia sobre el ingreso de las familias trabajadoras de la región.

Lejos de aminorar, esa presión se profundizará: a partir del 1 de septiembre rige un nuevo aumento del 4,3% sobre las tarifas de colectivos. En las 28 líneas porteñas, el boleto mínimo escalará a $887,87, mientras que en las líneas del Gran Buenos Aires el piso ascenderá a $1.158,97. El cuadro tarifario completo quedará así:

Nuevas tarifas desde el 1 de septiembre

Capital Federal (líneas porteñas):

  • Hasta 3 km: $887,87
  • De 3 a 6 km: $986,57
  • De 6 a 12 km: $1.062,56
  • De 12 a 27 km: $1.138,61

Gran Buenos Aires (líneas bonaerenses):

  • Hasta 3 km: $1.158,97
  • De 3 a 6 km: $1.303,83
  • De 6 a 12 km: $1.448,71
  • De 12 a 27 km: $1.738,45
  • Más de 27 km: $2.043,84

El mapa territorial del ajuste: quiénes la sufren más

La retracción de pasajeros no fue homogénea. En las líneas municipales, aquellas numeradas desde el 500 en adelante, la caída rondó el 40%. Los distritos más golpeados del conurbano fueron Campana, con una retracción del 37,60%; Luján, con el 28,04%; y Berazategui, con el 21,80%. Los siguieron Ituzaingó (-21,63%) y José C. Paz (-21,55%), municipios del oeste donde el colectivo es prácticamente el único modo de transporte disponible ante la escasa cobertura ferroviaria.

En el otro extremo, los menores retrocesos se registraron en Brandsen (-8,45%), General San Martín (-8,73%) y San Fernando (-11,55%), municipios con mayor diversidad de opciones o acceso más directo a las líneas nacionales.

Un ajuste que se acumula desde diciembre de 2023

Los datos de agosto no son una anomalía; son la consecuencia lógica de una política de eliminación de subsidios al transporte que el gobierno de Javier Milei sostiene desde el inicio de su gestión. Según datos del IIEP-UBA y CONICET relevados durante 2026, el acumulado de aumentos en transporte desde diciembre de 2023 roza el 1.000%, el rubro que lidera la suba de precios de la canasta de servicios regulados muy por encima de la inflación general. La promesa de que el ajuste sería transitorio y que la desaceleración inflacionaria mejoraría el salario real choca, mes a mes, con la realidad de los trabajadores que deben elegir entre pagar el boleto o comer.

Que más de un millón de personas haya dejado de usar el colectivo en un solo mes no es una señal de eficiencia del mercado; es la radiografía de una crisis de movilidad que el ajuste libertario construyó, pero que quienes menos tienen están pagando.

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