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Furiase en la mira: crédito VIP del BNA, tercera casa y un conflicto de interés difícil de tapar

La lista de beneficiados alcanza a 25 funcionarios y legisladores del oficialismo que acumularon financiamiento por 6.500 millones de pesos. Los hombres del Ministerio de Economía entre los más beneficiados.

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Festival de créditos libertarios: los hombres de Caputo entre los más beneficiados

★ El secretario de Finanzas, Federico Furiase, quedó en el centro del escándalo por el uso de un crédito hipotecario del Banco Nación para adquirir una propiedad valuada en 300.000 dólares en un country de Pilar, mientras ejercía como director del Banco Central. La lista de beneficiados alcanza a 25 funcionarios y legisladores del oficialismo que acumularon financiamiento por 6.500 millones de pesos.

La nómina de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza que ingresaron al festival de créditos VIP del Banco de la Nación Argentina todavía no está cerrada. Según reveló el periodista Alejandro Bercovich y ratificó la diputada nacional Mónica Frade en sede judicial, al menos 25 miembros del oficialismo recibieron financiamiento hipotecario por un total de 6.500 millones de pesos, en un período en que el propio Gobierno denostaba a la banca pública y trabajaba activamente en su privatización.

Entre esos 25 beneficiarios figuran siete integrantes del equipo económico del ministro Luis «Toto» Caputo, diez diputados del bloque oficialista o aliados, dos funcionarios de la Presidencia, dos de Capital Humano, uno de Jefatura de Gabinete, uno de Defensa, un director de YPF y el sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En varios casos, los créditos no se usaron para adquirir una primera vivienda, sino para comprar casas de fin de semana.

El caso más complicado: Furiase y la propiedad en Los Pilares

El que acumula más flancos expuestos es Federico Furiase, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía. Furiase recibió 367 millones de pesos del Banco Nación y, según el informe periodístico de Bercovich incorporado a la causa judicial, habría destinado ese dinero a adquirir una tercera propiedad: una casa de 200 metros cubiertos sobre un terreno de 880 metros cuadrados con pileta, valuada en 300.000 dólares, ubicada en el country Los Pilares, en la localidad de Pilar.

La línea crediticia está destinada a segundas viviendas. Si la operación corresponde a una tercera propiedad, el funcionario habría accedido a un crédito para el que no calificaba. La diputada Frade incorporó ese elemento a la causa que tramita la jueza María Eugenia Capuchetti.

Pero hay más. La solicitud del crédito fue realizada el 24 de julio de 2024 y, a mediados de agosto, la vivienda ya estaba escriturada. Un trámite que habitualmente demora alrededor de seis meses se resolvió en pocas semanas, en lo que la oposición calificó como un tiempo récord difícil de explicar.

El otro eje del problema es el conflicto de interés: al momento de tramitar el crédito, Furiase era director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el organismo regulador del sistema financiero y fijador de las tasas que inciden directamente sobre los préstamos hipotecarios. «Ahí hay negociaciones incompatibles. No solo tenía información privilegiada, sino que participaba de las decisiones. Son los que fijan las tasas del financiamiento», explicó la diputada Frade al ampliar la denuncia. Las acusaciones incluyen conflicto de intereses, abuso de autoridad, administración fraudulenta y tráfico de influencias.

La defensa de Furiase fue detallada pero inconsistente. El funcionario argumentó que no posee tres inmuebles porque uno de ellos es una donación de derechos de usufructo de sus padres, de la que le corresponde el 33 por ciento. «No se toma como una vivienda. Y no vivo ahí desde 2010», justificó.

Inchauspe, Núñez y el equipo económico

En el mismo cuadrante se ubican otros dos funcionarios del área económica. Pedro Inchauspe, también miembro del Banco Central, obtuvo 510 millones de pesos. Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Caputo, accedió a 373 millones de pesos. Entre los tres acumularon 1.250 millones de pesos en créditos del banco público.

Núñez eligió el programa de streaming Carajo para dar la cara y justificarse con la frase que se volvió símbolo del escándalo: «No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino». La ironía del argumento no pasó desapercibida: el mismo Núñez había definido en el pasado al Banco Nación como «una cueva de acomodados políticos que solo sirve para timbear los ahorros de la gente».

Los hombres de Caputo en el Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía aporta cuatro nombres adicionales. El más destacado es Felipe Berón, subsecretario de Servicios Financieros y hombre de extrema confianza de Luis Caputo, con quien compartió trabajo en la financiera Anker. Berón recibió 362 millones de pesos. Lo acompañan Juan Manuel Garzón, subsecretario de Programación Microeconómica, con 180 millones; Javier Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, con 242 millones; y Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares, con 197 millones. Entre los cuatro suman más de 980 millones de pesos.

Sharif Menem y la diputada embargada

Dos casos resaltan por razones distintas. Sharif Menem, de 24 años, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, consiguió su primer trabajo registrado en esa misma Cámara por gestión de su tío. A pesar de contar con un cargo transitorio, obtuvo un préstamo de 357 millones de pesos. «Es un niño con un sueldo de 2 millones y medio de pesos. No conozco ningún joven de esa edad que califique para eso», cuestionó la diputada Frade.

El caso de la diputada Lorena Villaverde llama la atención por otro motivo. El crédito del Banco Nación le fue otorgado luego de que una sucursal en Cipolletti (Río Negro) le rechazara la solicitud porque tenía un embargo y un procesamiento en una causa por estafa, vinculada a la sobreventa de lotes en Las Grutas por una medida judicial de 31 millones de pesos.

«Desde la central alguien levantó un teléfono y se lo aprobaron», relató el diputado nacional Esteban Paulón, quien realizó un pedido de acceso a la información pública al Banco Central y al Banco Nación para conocer el marco regulatorio de los otorgamientos. Hasta la fecha, el Gobierno no respondió al requerimiento. En el historial de Villaverde también figuran, según fuentes periodísticas, presuntos vínculos con Claudio «Lechuga» Ciccarelli, primo del empresario Federico «Fred» Machado, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Las denuncias judiciales y la auditoría interna

El escándalo tiene estado judicial con dos frentes abiertos. La presentación de la diputada Frade, que será ratificada el próximo miércoles, apunta específicamente a Furiase, Núñez, Inchauspe, Sharif Menem y Villaverde. El expediente tramita ante la jueza Capuchetti.

La segunda denuncia la efectuó el abogado Alejandro Díaz Pascual por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública. El expediente recayó primero en el juzgado del juez Daniel Rafecas y fue luego derivado al del juez Ariel Lijo, quien acumula así causas sensibles para la Casa Rosada, entre ellas la sospechosa evolución patrimonial del portavoz presidencial Manuel Adorni.

Para intentar hacer control de daños, el Gobierno ordenó una auditoría interna sobre más de 40 personas políticamente expuestas. Según su relato oficial, todos los préstamos fueron correctamente otorgados, y prometió poner los resultados a disposición de la Justicia.

Caputo y Milei al frente de la defensa

Con la vocería presidencial clausurada por las investigaciones sobre el inexplicable enriquecimiento de Manuel Adorni, como informó este medio, los que salieron al frente fueron el presidente Javier Milei y el ministro Caputo. Las explicaciones generaron más confusión que certezas.

«¿Haber tomado ese crédito mató gente?», fue la extraña defensa del presidente. «No hubo nada ilegal ni inmoral. Eran una mega oportunidad», completó Caputo, sin tener en cuenta que el 90 por ciento de los argentinos percibe ingresos inferiores a 2 millones de pesos y no puede acceder a ningún préstamo hipotecario.

La paradoja es difícil de ocultar: el mismo Gobierno que predica contra el Estado y trabaja por la privatización del Banco Nación usó ese banco para financiar las viviendas de su propia dirigencia, en condiciones que el ciudadano común difícilmente pueda replicar.

Puntos clave:

  • 25 funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza y aliados recibieron créditos del Banco Nación por 6.500 millones de pesos en total.
  • Federico Furiase (secretario de Finanzas) obtuvo 367 millones mientras era director del BCRA; se investiga si destinó el dinero a una tercera vivienda en un country de Pilar valuada en 300.000 dólares.
  • Pedro Inchauspe (BCRA) accedió a 510 millones y Felipe Núñez (BICE) a 373 millones; entre los tres hombres del equipo económico suman 1.250 millones de pesos.
  • La diputada Mónica Frade amplió la denuncia judicial ante la jueza Capuchetti; una segunda denuncia tramita ante el juez Ariel Lijo.
  • El Gobierno ordenó una auditoría interna y asegura que todos los préstamos fueron otorgados correctamente, mientras el Banco Nación niega haber dado trato preferencial.

Denuncia

Primero el disparo, después la censura: Villarruel y Bullrich prohíben muestra fotográfica de Pablo Grillo

Cancelaron la exhibición y la ceremonia en la que se le iba a entregar al fotoperiodista gravemente herido durante una represión un diploma de honor. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.

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El Argentino Diario-Pablo Grillo.

Censura y represión: Villarruel y Bullrich vetaron la muestra fotográfica de Pablo Grillo en el Congreso

★ En el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor que iba a entregarse este viernes al fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.

La actividad estaba programada para este viernes 8 de mayo a las 16:30 en el Salón Azul del Senado, organizada por el senador justicialista Eduardo «Wado» De Pedro en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. El evento incluía la entrega de un diploma de honor a Grillo y una exposición de su obra fotográfica, pero fue cancelada intempestivamente horas antes de su realización, a pesar de haber contado con autorización previa.

La denuncia de De Pedro

«La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada», señaló De Pedro en una publicación en la red social X. El senador por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente contra las responsables: «Victoria Villarruel y Patricia Bullrich no quieren que se vean las fotos porque tienen miedo de que Pablo hable a través de su obra, tienen miedo al testimonio de su familia y le tienen miedo a la voz de las víctimas de violencia institucional». De Pedro calificó la medida como «una decisión autoritaria, un atropello a los valores democráticos y un nuevo acto de censura».

La familia: «No solo censuran fotos, atacan la libertad de expresión»

El padre de Pablo, Fabián Grillo, fue contundente al repudiar la cancelación: «No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada». Convocó a reunirse este viernes a las 16:30 en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) para compartir igualmente la obra del fotógrafo.

La fecha elegida no fue casual: el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, y Patricia Bullrich era ministra de Seguridad cuando Gendarmería Nacional y Policía Federal reprimieron a los jubilados y a trabajadores de prensa que cubrían la marcha del 12 de marzo de 2025.

El ataque y sus consecuencias

Pablo Grillo, de 36 años, resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 cuando el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una lata de gas lacrimógeno directamente hacia su cabeza. Según estableció la investigación judicial, Guerrero efectuó seis disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) «sin que existiera un contexto de agresión». Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, con secuelas cognitivas permanentes. Permaneció meses en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. El 27 de noviembre de 2025 recibió el alta de la unidad de cuidados intensivos.

El gendarme, a un paso del juicio oral

La cancelación del homenaje se produjo en medio de un avance judicial de enorme trascendencia: el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el gendarme Guerrero. Los delitos imputados son lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado, cometido en cinco oportunidades. Taiano sostuvo que el comportamiento del efectivo representó «un peligro concreto para la vida e integridad física» de los manifestantes y que actuó con «plena conciencia de que infringía las normas». A su vez, la querella de la familia Grillo también requirió a la jueza María Servini la elevación a juicio oral del caso.

La Editorial Perfil le otorgó a Grillo el Premio Perfil 2025 a la Libertad de Prensa Nacional en reconocimiento a su trabajo y al impacto institucional del ataque sufrido mientras ejercía su labor informativa. El galardón fue recibido por su padre, Fabián, quien expresó: «No debería estar acá yo. Pablo estaría ahí, tendría que estar ahí con sus colegas».

Censura que confirma el patrón

La decisión de vetar la muestra de Grillo se inscribe en una serie de restricciones a la libertad de prensa que el actual gobierno impulsa de manera sistemática: acreditaciones negadas a periodistas críticos en la Casa Rosada y el Congreso, cierre de medios públicos y reducción del financiamiento a la comunicación. Desde la cuenta «Justicia por Pablo Grillo» el resumen fue lapidario: «Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura».

Puntos clave:

  • Villarruel y Bullrich cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor a Grillo en el Salón Azul del Senado, pese a estar autorizada previamente.
  • La cancelación ocurrió en el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el 8 de mayo de 2026.
  • El fiscal federal Taiano y la querella de la familia Grillo pidieron la elevación a juicio oral del gendarme Héctor Guerrero.
  • Guerrero está imputado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado en cinco oportunidades.
  • La familia convocó a mostrar la obra de Grillo en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) a las 16:30 del viernes 8 de mayo.

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