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Denuncia

Furiase en la mira: crédito VIP del BNA, tercera casa y un conflicto de interés difícil de tapar

La lista de beneficiados alcanza a 25 funcionarios y legisladores del oficialismo que acumularon financiamiento por 6.500 millones de pesos. Los hombres del Ministerio de Economía entre los más beneficiados.

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Festival de créditos libertarios: los hombres de Caputo entre los más beneficiados

★ El secretario de Finanzas, Federico Furiase, quedó en el centro del escándalo por el uso de un crédito hipotecario del Banco Nación para adquirir una propiedad valuada en 300.000 dólares en un country de Pilar, mientras ejercía como director del Banco Central. La lista de beneficiados alcanza a 25 funcionarios y legisladores del oficialismo que acumularon financiamiento por 6.500 millones de pesos.

La nómina de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza que ingresaron al festival de créditos VIP del Banco de la Nación Argentina todavía no está cerrada. Según reveló el periodista Alejandro Bercovich y ratificó la diputada nacional Mónica Frade en sede judicial, al menos 25 miembros del oficialismo recibieron financiamiento hipotecario por un total de 6.500 millones de pesos, en un período en que el propio Gobierno denostaba a la banca pública y trabajaba activamente en su privatización.

Entre esos 25 beneficiarios figuran siete integrantes del equipo económico del ministro Luis «Toto» Caputo, diez diputados del bloque oficialista o aliados, dos funcionarios de la Presidencia, dos de Capital Humano, uno de Jefatura de Gabinete, uno de Defensa, un director de YPF y el sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En varios casos, los créditos no se usaron para adquirir una primera vivienda, sino para comprar casas de fin de semana.

El caso más complicado: Furiase y la propiedad en Los Pilares

El que acumula más flancos expuestos es Federico Furiase, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía. Furiase recibió 367 millones de pesos del Banco Nación y, según el informe periodístico de Bercovich incorporado a la causa judicial, habría destinado ese dinero a adquirir una tercera propiedad: una casa de 200 metros cubiertos sobre un terreno de 880 metros cuadrados con pileta, valuada en 300.000 dólares, ubicada en el country Los Pilares, en la localidad de Pilar.

La línea crediticia está destinada a segundas viviendas. Si la operación corresponde a una tercera propiedad, el funcionario habría accedido a un crédito para el que no calificaba. La diputada Frade incorporó ese elemento a la causa que tramita la jueza María Eugenia Capuchetti.

Pero hay más. La solicitud del crédito fue realizada el 24 de julio de 2024 y, a mediados de agosto, la vivienda ya estaba escriturada. Un trámite que habitualmente demora alrededor de seis meses se resolvió en pocas semanas, en lo que la oposición calificó como un tiempo récord difícil de explicar.

El otro eje del problema es el conflicto de interés: al momento de tramitar el crédito, Furiase era director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el organismo regulador del sistema financiero y fijador de las tasas que inciden directamente sobre los préstamos hipotecarios. «Ahí hay negociaciones incompatibles. No solo tenía información privilegiada, sino que participaba de las decisiones. Son los que fijan las tasas del financiamiento», explicó la diputada Frade al ampliar la denuncia. Las acusaciones incluyen conflicto de intereses, abuso de autoridad, administración fraudulenta y tráfico de influencias.

La defensa de Furiase fue detallada pero inconsistente. El funcionario argumentó que no posee tres inmuebles porque uno de ellos es una donación de derechos de usufructo de sus padres, de la que le corresponde el 33 por ciento. «No se toma como una vivienda. Y no vivo ahí desde 2010», justificó.

Inchauspe, Núñez y el equipo económico

En el mismo cuadrante se ubican otros dos funcionarios del área económica. Pedro Inchauspe, también miembro del Banco Central, obtuvo 510 millones de pesos. Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Caputo, accedió a 373 millones de pesos. Entre los tres acumularon 1.250 millones de pesos en créditos del banco público.

Núñez eligió el programa de streaming Carajo para dar la cara y justificarse con la frase que se volvió símbolo del escándalo: «No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino». La ironía del argumento no pasó desapercibida: el mismo Núñez había definido en el pasado al Banco Nación como «una cueva de acomodados políticos que solo sirve para timbear los ahorros de la gente».

Los hombres de Caputo en el Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía aporta cuatro nombres adicionales. El más destacado es Felipe Berón, subsecretario de Servicios Financieros y hombre de extrema confianza de Luis Caputo, con quien compartió trabajo en la financiera Anker. Berón recibió 362 millones de pesos. Lo acompañan Juan Manuel Garzón, subsecretario de Programación Microeconómica, con 180 millones; Javier Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, con 242 millones; y Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares, con 197 millones. Entre los cuatro suman más de 980 millones de pesos.

Sharif Menem y la diputada embargada

Dos casos resaltan por razones distintas. Sharif Menem, de 24 años, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, consiguió su primer trabajo registrado en esa misma Cámara por gestión de su tío. A pesar de contar con un cargo transitorio, obtuvo un préstamo de 357 millones de pesos. «Es un niño con un sueldo de 2 millones y medio de pesos. No conozco ningún joven de esa edad que califique para eso», cuestionó la diputada Frade.

El caso de la diputada Lorena Villaverde llama la atención por otro motivo. El crédito del Banco Nación le fue otorgado luego de que una sucursal en Cipolletti (Río Negro) le rechazara la solicitud porque tenía un embargo y un procesamiento en una causa por estafa, vinculada a la sobreventa de lotes en Las Grutas por una medida judicial de 31 millones de pesos.

«Desde la central alguien levantó un teléfono y se lo aprobaron», relató el diputado nacional Esteban Paulón, quien realizó un pedido de acceso a la información pública al Banco Central y al Banco Nación para conocer el marco regulatorio de los otorgamientos. Hasta la fecha, el Gobierno no respondió al requerimiento. En el historial de Villaverde también figuran, según fuentes periodísticas, presuntos vínculos con Claudio «Lechuga» Ciccarelli, primo del empresario Federico «Fred» Machado, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Las denuncias judiciales y la auditoría interna

El escándalo tiene estado judicial con dos frentes abiertos. La presentación de la diputada Frade, que será ratificada el próximo miércoles, apunta específicamente a Furiase, Núñez, Inchauspe, Sharif Menem y Villaverde. El expediente tramita ante la jueza Capuchetti.

La segunda denuncia la efectuó el abogado Alejandro Díaz Pascual por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública. El expediente recayó primero en el juzgado del juez Daniel Rafecas y fue luego derivado al del juez Ariel Lijo, quien acumula así causas sensibles para la Casa Rosada, entre ellas la sospechosa evolución patrimonial del portavoz presidencial Manuel Adorni.

Para intentar hacer control de daños, el Gobierno ordenó una auditoría interna sobre más de 40 personas políticamente expuestas. Según su relato oficial, todos los préstamos fueron correctamente otorgados, y prometió poner los resultados a disposición de la Justicia.

Caputo y Milei al frente de la defensa

Con la vocería presidencial clausurada por las investigaciones sobre el inexplicable enriquecimiento de Manuel Adorni, como informó este medio, los que salieron al frente fueron el presidente Javier Milei y el ministro Caputo. Las explicaciones generaron más confusión que certezas.

«¿Haber tomado ese crédito mató gente?», fue la extraña defensa del presidente. «No hubo nada ilegal ni inmoral. Eran una mega oportunidad», completó Caputo, sin tener en cuenta que el 90 por ciento de los argentinos percibe ingresos inferiores a 2 millones de pesos y no puede acceder a ningún préstamo hipotecario.

La paradoja es difícil de ocultar: el mismo Gobierno que predica contra el Estado y trabaja por la privatización del Banco Nación usó ese banco para financiar las viviendas de su propia dirigencia, en condiciones que el ciudadano común difícilmente pueda replicar.

Puntos clave:

  • 25 funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza y aliados recibieron créditos del Banco Nación por 6.500 millones de pesos en total.
  • Federico Furiase (secretario de Finanzas) obtuvo 367 millones mientras era director del BCRA; se investiga si destinó el dinero a una tercera vivienda en un country de Pilar valuada en 300.000 dólares.
  • Pedro Inchauspe (BCRA) accedió a 510 millones y Felipe Núñez (BICE) a 373 millones; entre los tres hombres del equipo económico suman 1.250 millones de pesos.
  • La diputada Mónica Frade amplió la denuncia judicial ante la jueza Capuchetti; una segunda denuncia tramita ante el juez Ariel Lijo.
  • El Gobierno ordenó una auditoría interna y asegura que todos los préstamos fueron otorgados correctamente, mientras el Banco Nación niega haber dado trato preferencial.

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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