Actualidad
Créditos millonarios: funcionarios de Caputo se defienden
Federico Furiase y Felipe Nuñez, funcionarios clave del equipo económico de Luis Caputo, salieron a justificar los créditos hipotecarios millonarios que obtuvieron del Banco Nación. Sus declaraciones no lograron apagar el escándalo que involucra también a legisladores de La Libertad Avanza y a otros funcionarios del oficialismo, y que ya llegó a la Justicia.
La defensiva llegó con algunos días de demora, pero llegó. Federico Furiase, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, y Felipe Nuñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro Luis Caputo, salieron a responder las críticas por haber accedido a créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación. El escándalo ya tiene estado judicial y salpica a un número creciente de funcionarios y legisladores oficialistas.
La defensa: «como cualquier hijo de vecino»
Nuñez eligió el streaming Carajo para dar la cara. «No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo», declaró el funcionario, quien accedió a 373 millones de pesos (equivalentes a unos 315 mil dólares) desde febrero de 2024. Para justificar la elección del banco público, Nuñez señaló que cobra su sueldo allí y que la tasa del Nación era «la más competitiva del mercado». Una explicación que, lejos de apagar el debate, lo reavivó.
Furiase y la «tercera vivienda»
El secretario de Finanzas también tuvo que salir a dar explicaciones. Aclaró que el préstamo que tomó, de 367 millones de pesos (cerca de 280 mil dólares) desde agosto de 2024, lo destinó a una segunda vivienda. Ante las versiones que circularon sobre una supuesta tercera propiedad, se esforzó por desmentirlas: «Eso de la tercera vivienda de la que se habla es una donación de derechos de usufructo que hicieron mis padres y me corresponde el 33 por ciento. No se toma como una vivienda. Y no vivo ahí desde 2010».
Lo que Furiase no explicó con la misma soltura fue el potencial conflicto de interés: accedió al crédito mientras ocupaba un cargo directivo en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), institución que incide directamente sobre las tasas de interés del sistema financiero, entre ellas las hipotecarias.
El escándalo se extiende
Furiase y Nuñez no son los únicos en el banquillo. La lista de funcionarios y legisladores del oficialismo que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación se fue ampliando con el correr de los días. Entre los involucrados figuran el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, el director de YPF y el ex jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien fue removido del cargo precisamente por no haberle informado el crédito a la ministra Sandra Pettovello. También trascendió que Pedro Inchauspe, director del Banco Central, accedió a 510 millones de pesos del mismo banco estatal.
Caputo y Milei al frente de la defensa
El propio ministro Caputo ya había tomado posición días antes al declarar que «no hay nada ilegal ni inmoral» en los créditos tomados por sus colaboradores. Javier Milei, por su parte, salió a respaldar a sus funcionarios con una pregunta que generó polémica: «¿Mató gente?», en un intento de restar gravedad al asunto. Los legisladores de La Libertad Avanza acordaron internamente no «alimentar la polémica» en redes sociales.
El Banco Nación negó haber otorgado un trato preferencial y señaló que los créditos a funcionarios representan menos del 0,2% de los 27.000 hipotecarios que el banco otorgó en el período. Su directorio, a su vez, se puso a disposición de la Justicia ante las denuncias radicadas.
La Ley de Ética Pública y la Justicia
Desde la oposición se apuntó a una posible violación de la Ley de Ética Pública, que prohíbe a los funcionarios obtener beneficios en situación de conflicto de interés con el cargo que ejercen. Las denuncias llegaron a la Justicia, y el propio Gobierno las impugnó judicialmente para defenderse de las acusaciones.
La pregunta que el escándalo deja flotando es si acceder a créditos millonarios en un banco del Estado mientras se ejerce poder de regulación sobre ese mismo sistema financiero es realmente lo mismo que ir «como cualquier hijo de vecino».
Puntos clave
- Felipe Nuñez (BICE, asesor de Caputo) obtuvo 373 millones de pesos en créditos hipotecarios del Banco Nación desde febrero de 2024.
- Federico Furiase (secretario de Finanzas) accedió a 367 millones de pesos desde agosto de 2024, período en que ocupaba un cargo en el BCRA.
- Leandro Massaccesi fue removido del Ministerio de Capital Humano por no informarle el crédito a Sandra Pettovello.
- La oposición denuncia posible violación de la Ley de Ética Pública y conflicto de interés.
- El Gobierno fue a la Justicia para defenderse de las denuncias; el Banco Nación niega trato preferencial.
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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