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Producción

Smartphones producidos en Tierra del Fuego son más baratos que en el exterior

«Desde hace 2 años comprar un dispositivo en Argentina es más barato que comprar en Estados Unidos», dijo Mariano Dascanio.

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Los precios en el mercado local de los smartphones producidos en Tierra del Fuego de las dos marcas con más participación en la cantidad de unidades vendidas en el país, son más económicos que en el exterior, «desde hace ya un par de años», aseguraron referentes de empresas y de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte).

«Desde hace 2 años comprar un dispositivo en Argentina es más barato que comprar en Estados Unidos», dijo el gerente de producto y Business Intelligence de Samsung, Mariano Dascanio.

Remarcó que «no se habla mucho de eso», pero el consumidor argentino «no tiene ninguna necesidad de irse afuera a comprarlo; lo puede comprar en Argentina, con plan canje, en cuotas entre otra modalidades de pago» propuestos por las marcas o los planes impulsados por el Gobierno, como el Ahora 12.

Al respecto el gerente de producto de Motorola Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Pablo Brancone, dijo a Télam que «desde hace algunos años, comprar smartphones en Argentina se volvió más accesible, ya que tiene muchos puntos a favor».

«En el caso de Motorola estamos en el país desde hace más de 60 años y en el año 2000 decidimos comenzar a producir en Tierra del Fuego, antes de que se implemente el régimen de producción. Hoy producimos el 100% de nuestro portafolio en TDF y por la normativa conviene hacerlo acá», detalló.

Señaló que el modelo de producción en Tierra del Fuego que fue prorrogado por el Gobierno Nacional hasta el 31 de diciembre de 2038, a través del decreto 727/2021, «lo tenemos muy asumido y sabemos cómo funciona, lo que nos permite seguir trayendo lo último en innovación y presentarlo en el país a pocas semanas de los anuncios globales».

Dijo también que «los impuestos a las compras con tarjeta de crédito en el exterior hacen que adquirir el mismo dispositivo en Argentina sea más accesible que hacerlo afuera, con el plus de poder realizar la compra en cuotas sin interés; otro aspecto que favorece la compra local es el servicio de posventa y que la garantía del equipo sólo puede utilizarse en el mismo país donde fue adquirido».

Consultados desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (Afarte) compartieron la diferencia de precios en Argentina respecto de Chile y Brasil, entre los modelos más populares de las dos marcas que más equipos venden en el país.

Así, a números de diciembre pasado y con un valor de referencia del denominado dólar tarjeta, el precio del equipo producido en Tierra del Fuego era entre 25% y 41% más económico que en Brasil, y entre 9 y 22% por debajo de los valores existentes en Chile.

Los equipos que se ponen a la venta en Chile son importados como productos terminados.

En Brasil, por su parte, está vigente el régimen de promoción industrial de la zona de Manaos, similar al de Tierra del Fuego.

Las marcas esperan que en 2023 se mantenga la tendencia positiva de ventas de los últimos 3 años, ya que «la demanda de dispositivos está» y porque «los planes de financiación, como Ahora12, ayudan mucho al consumidor a llegar a los productos», señaló Dascanio.

El directivo consideró que el consumidor argentino «busca renovar su dispositivo, tener lo mejor» y que «el mercado argentino desde la pandemia viene creciendo».

En general señaló que el promedio de renovación de aparatos es de entre 2 y 3 años y que los equipos más vendidos en el país se ubican en un rango de precios que van de «80.000 a 120.000 pesos».

«Mientras las condiciones de mercado sean iguales a las de hoy, la tendencia es positiva. Ahora si se devalúa el peso o no se puede importar insumos o algo así, veremos qué ocurre con la demanda y la oferta de este producto», agregó Dascanio.

Aclaró en cuanto a las importaciones de los kits o insumos para la producción que hay una «negociación constante» encarada «por la industria» en la que trabajan las marcas con los socios productores «consiguiendo lo que necesitan, como el apoyo de la casa matriz para los pagos, para poder seguir importando y dándole los productos a los consumidores».

«La apuesta de Samsung es seguir invirtiendo en el país, no sólo en celulares sino en todas nuestras categorías», agregó el directivo.

Si bien evitó difundir el número de la inversión que hace la marca en el país, enfatizó que «se vienen más inversiones en producción nacional».

El régimen promoción industrial de Tierra del Fuego comenzó con la ley 19.640 que daba a la provincia un carácter de «área Aduanera especial», por lo cual las empresas allí radicadas están exentas parcialmente de algunas impuestos nacionales como Ganancias, IVA, y derechos aduaneros.

En el año 2007, el Gobierno nacional prorrogó el régimen promocionar hasta el 31 de diciembre de este año y el actual Gobierno decretó en el año 2021 la continuidad hasta el 31 de diciembre del año 2038.

Además prevé que la promoción podrá ser prorrogada por 15 años más a partir del 1 de enero del año 2039, si Brasil mantiene la vigencia del régimen especial de beneficios de la Zona Franca de Manaos.

Economía 💲

FATE presiona con no pagar las indemnizaciones y escala el conflicto

El mensaje, más que técnico, fue político: la patronal busca condicionar la negociación mientras el conflicto se empantana.

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El Argentino Diario-Sutna-Sindicato del neumático.

La crisis en Fate sumó un nuevo capítulo. En medio de la ocupación de la planta de San Fernando, la empresa advirtió que no podrá pagar las indemnizaciones a los 256 trabajadores que aún no firmaron su desvinculación si el conflicto se prolonga.

El mensaje, más que técnico, fue político: la patronal busca condicionar la negociación mientras el conflicto se empantana entre la conciliación obligatoria, fallos judiciales y presión sindical.

La advertencia empresarial

Según la compañía, la ocupación de la fábrica “agrava la situación económica” y compromete incluso el pago futuro de las compensaciones. Al mismo tiempo, anticipó que apelará el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que la obliga a abonar salarios adeudados.

Ese fallo ordenó cumplir con el acuerdo firmado en mayo de 2025 con el SUTNA, que establecía la prohibición de despidos hasta junio de 2026 a cambio de beneficios fiscales. Sin embargo, la empresa avanzó igual con las desvinculaciones.

Despidos y vaciamiento

Fate sostiene que el 70% del personal ya firmó su salida bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. En números: 644 trabajadores habrían aceptado acuerdos de desvinculación.

Ese dato no es menor: implica que, incluso si el conflicto se resolviera, la empresa argumenta que no cuenta con el personal suficiente para reactivar la producción, lo que refuerza la hipótesis de cierre.

La respuesta gremial

Desde el sindicato que conduce Alejandro Crespo rechazaron la postura empresaria y redoblaron la presión. Reclaman la intervención del gobierno bonaerense.

El planteo incluye:

  • Que la Provincia garantice el pago de salarios adeudados
  • Que se sancione a la empresa por incumplir la conciliación
  • Y, en un escenario más profundo, avanzar hacia una estatización temporal

La idea que circula en el gremio es que el Estado provincial tome el control de la planta para reactivar la producción junto a los trabajadores.

El conflicto también expone una disputa política más amplia. Desde el SUTNA cuestionaron la pasividad de la Secretaría de Trabajo nacional y trasladaron la presión a la órbita bonaerense.

“Ahora son las autoridades provinciales las que tienen la oportunidad de mostrar otra actitud”, señalaron.

Un conflicto sin salida inmediata

Entre fallos judiciales incumplidos, despidos masivos y una fábrica ocupada, el escenario sigue trabado. La advertencia de la empresa sobre las indemnizaciones agrega tensión a una negociación ya deteriorada.

Lo que está en juego no es sólo el futuro de 256 trabajadores, sino también el destino de una de las pocas plantas que producen neumáticos pesados en el país. Y, detrás de eso, un modelo: cierre con indemnizaciones o intervención estatal para sostener la actividad.

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