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Flavia Royon avanza en las negociaciones con China por financiamiento del segundo tramo del Gasoducto Kirchner
La secretaria de Energía ratificó el interés de la compañía Power China en sumarse al financiamiento para la construcción de la segunda etapa de la megaobra.
La secretaria de Energía, Flavia Royon, ratificó este miércoles el interés de la compañía Power China en sumarse al financiamiento para la construcción de la segunda etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), cuya finalización permitirá al país garantizar su autoabastecimiento y exportar gas en forma competitiva a las naciones vecinas.
La cartera energética informó que en su segunda jornada de trabajo en la República Popular de China, la secretaria Royón repasó los ejes de los encuentros que sostuvo junto al ministro de Economía, Sergio Massa, con foco en asegurar las inversiones necesarias para completar la infraestructura de transporte en materia hidrocarburífera y eléctrica.
El tramo en cuestión se extenderá por 467 kilómetros desde la localidad bonaerense de Salliqueló hasta San Jerónimo, en el sur de Santa Fe, una obra que demandará una inversión de US$ 1.900 millones, según las estimaciones oficiales.
«Ayer trabajamos en el financiamiento de la segunda etapa del gasoducto a partir de un crédito preacordado con la empresa Power China. Cuando se complete el total de la obra, nuestro país va a ahorrar casi 8.000 millones de dólares anuales», dijo la secretaria.
Para fines de junio se estima que ya esté en funcionamiento el primer tramo del gasoducto que transportará el gas de Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires.
«Ya en esta segunda mitad de 2023, con el gasoducto operativo, ahorraremos 2.000 millones de dólares, eso se duplicará para el año siguiente, con una mejora fiscal de 4.200 millones», dijo la funcionaria.
«La construcción de la primera etapa es un esfuerzo íntegro del Estado argentino, que puso todos los recursos para su financiamiento», agregó.
A esto se suman obras complementarias como la reversión del Gasoducto Norte y la instalación de plantas compresoras que consolidarán la capacidad de transporte local y los flujos necesarios para alcanzar el autoabastecimiento en materia de gas.
«Cuando esté todo completo vamos a estar habilitados para comenzar a exportar un volumen considerable de gas tanto a Chile como también a Brasil y Uruguay» aseguró Royon.
La secretaria hizo hincapié en que las obras en curso apuntan a revertir una balanza energética negativa, donde la sustitución de importaciones impactará positivamente en las cuentas públicas y en la mejora de la competitividad industrial del interior de la Argentina.
«El sector energético en particular tiene la posibilidad de brindarnos un costo de gas mucho más competitivo, lo que le permite al estado nacional un ahorro en subsidios. Además, el Gasoducto Néstor Kirchner no impactará positivamente sólo en el sector de usuarios residenciales, también es fundamental para el desarrollo de la industria, porque otras ramas de la actividad económica, como la minería en el Norte, van a contar con gas», remarcó.
CABA
Barrios porteños en llamas: Jorge Macri profundiza el abandono social
El desmantelamiento del programa Veredas Limpias, los desalojos, la violencia institucional y el cierre de cooperativas de trabajo configuran un cuadro de crisis social creciente en los barrios populares de la Ciudad. Referentes territoriales señalan un patrón deliberado de expulsión y hostigamiento hacia los sectores más vulnerables.
Cinco mil personas, en su mayoría madres jefas de hogar, perdieron su única fuente de ingresos cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, decidió discontinuar el programa Veredas Limpias, una política de trabajo con cooperativas que llevaba más de quince años de funcionamiento en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que quedó en su lugar no fue una alternativa laboral sino una conversión en plan social: el programa Ciudadanía Laboral, que ofrece capacitaciones y bolsas de empleo sin perspectiva de continuidad, y cuyas tareas serían sociocomunitarias sin garantía de trabajo genuino.
La situación fue descripta por Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie Capital, quien dialogó con el medio de comunicación Tiempo. Córdoba explicó que la discontinuación del programa desató un proceso de conflicto, negociación y diálogo con el Gobierno de la Ciudad que duró aproximadamente tres meses, sin que los trabajadores lograran revertir la decisión. «Este era un programa que tuvo más de 15 años donde trabajaban 5.000 personas, sobre todo madres jefa de hogar que tenían su único ingreso y hace unos meses Macri lo discontinuó», sostuvo el referente social.
Militarización de los barrios y violencia institucional
El cuadro no se agota en la pérdida de empleo. Franco Armando, integrante del comité de crisis del Barrio Mugica (ex villa 31), señaló que Jorge Macri tiene el foco puesto en la expulsión de los sectores más empobrecidos de la Ciudad, y que esa expulsión, que en otro momento operaba de manera silenciosa a través del encarecimiento del costo de vida y los alquileres, hoy tiene una dimensión abiertamente violenta.
«Con los barrios casi militarizados y que hacen como nuevas fronteras. Que vos tengas que entrar a tu casa y que te revisen, el auto, la moto; si sos extranjero. Es realmente desgastante», describió Armando. El referente territorial también denunció operativos de hostigamiento a la economía informal: una vecina que transmitía por TikTok la venta de tortillas fue denunciada y la policía se presentó a confiscarle la mercadería y el carbón. «Te ajustan y no te dejan trabajar», remató.
En la misma línea, Agustín Navarro, responsable político del Frente Popular Darío Santillán, denunció que desde mayo los trabajadores de las cuadrillas del programa Veredas Limpias tienen sus retiros adeudados. La deuda acumulada los obligó a endeudarse para pagar servicios básicos. Entre los afectados hay personas electrodependientes, para quienes la situación tiene una complejidad crítica. Y la retirada de las cuadrillas de limpieza dejó a los barrios populares con un colapso sanitario que el Gobierno de la Ciudad no resolvió.
Desalojos, personas en situación de calle y capacitaciones vacías
La cadena de consecuencias se extiende: las familias que no pueden afrontar el alquiler son desalojadas y quedan en situación de calle, sin que el Gobierno de la Ciudad las asista. Las únicas respuestas institucionales que llegaron a los barrios fueron capacitaciones obligatorias en las que el propio Gobierno porteño exige a los participantes comprar sus propios utensilios de trabajo. «Les enseñan a hacer tortas y pizzas como si eso te resolviera el ingreso y la economía familiar», ironizó Navarro, sintetizando el abismo entre la oferta oficial y la urgencia real de los vecinos.
Las organizaciones sociales presentes en los territorios, entre ellas Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán, coinciden en que el Gobierno de Jorge Macri no solo no acompaña a los sectores populares sino que los hostiga de manera sistemática: con operativos policiales contra ferias y vendedores ambulantes, con el cierre de comercios en los barrios, con el desmantelamiento de los pocos programas que generaban trabajo genuino. Córdoba advirtió que ante ese escenario las organizaciones sociales sostienen la resistencia territorial coordinando entre ellas para construir una propuesta que priorice el trabajo y la solidaridad por encima de la lógica del plan y la capacitación cosmética.
Lo que tenés que saber
- El Gobierno de Jorge Macri discontinuó el programa Veredas Limpias, dejando sin ingresos a 5.000 trabajadoras, en su mayoría madres jefas de hogar.
- El reemplazo, el programa Ciudadanía Laboral, no garantiza trabajo genuino sino capacitaciones y bolsas de empleo sin continuidad.
- Desde mayo, los retiros adeudados a los trabajadores de las cuadrillas los forzaron a endeudarse para pagar servicios básicos.
- Referentes del Barrio Mugica y del Frente Popular Darío Santillán denuncian operativos policiales de hostigamiento contra la economía informal en los barrios populares.
- Las organizaciones sociales señalan un patrón deliberado de expulsión y abandono de los sectores vulnerables por parte del Gobierno de la Ciudad.
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