Judiciales ⚖️
Con la crisis de la Justicia de fondo, Senadores completó la segunda audiencia para nombrar jueces y fiscales
Medio centenar de postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo nacional dieron sus testimonios para ocupar cargos en nueve provincias, en CABA y en la provincia de Buenos Aires propuesto.
La Comisión de Acuerdos del Senado completó hoy la segunda audiencia pública en la que se debatieron los nombramientos de jueces, fiscales y defensores públicos propuestos por el Poder Ejecutivo nacional para tribunales de todo el país y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Las audiencias se realizaron durante dos días con los testimonios de medio centenar de postulantes para cargos de nueve provincias, de CABA y de la provincia de Buenos Aires propuesto.
Entre los candidatos que expusieron este miércoles, se escuchó el testimonio de la jueza Ana María Figueroa, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien defendió su continuidad en el cargo pese a que la oposición manifestó objeciones por estar en edad de jubilarse y supuestas demoras en el pronunciamiento en diferentes causas.
«Mi formación y mi trabajo están acreditados», sostuvo la magistrada en respuesta a los cuestionamientos recibidos entre otros de la senadora de Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri, quien le preguntó específicamente sobre dichos formulados sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Tagliaferri le recordó declaraciones pasadas en las que la magistrada se manifestó sobre «un ensañamiento judicial» contra la Vicepresidenta.
«Lo que pude haber expresado -explicó la jueza-, tiene que ver con que no es habitual que en Argentina se cite a una persona a ocho indagatorias en un mismo día, no es razonable», y sostuvo que «no hubo ningún caso en el país» en el que sucediera lo ocurrido con la ex presidenta.
Respeto a las objeciones sobre demoras en el pronunciamiento en las causas que involucran a Fernández de Kirchner, como Hotesur y Los Sauces, la magistrada declaró que «es absolutamente mentira» que haya dilaciones y dijo que se está «en período de debate».
«Para llegar a consensos en temas tan delicados no es tan sencillo», sostuvo y aseguró no obstante que se está «llegando a buen consenso» respecto al fallo vinculado a esas causas.
La postulante también afirmó: «No tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo nacional» al referirse a la propuesta del Gobierno para que se mantenga en el cargo pese a haber cumplido los 75 años.
Los primeros en exponer en la segunda audiencia pública de hoy fueron Mirta Álvarez y Mónica Sirounian, propuestas como fiscal del Trabajo; Lucila Califano como jueza de primera instancia en lo civil y Leonardo Vittola, también candidato a juez en el mismo fuero porteño.
Los postulantes respondieron preguntas de los senadores Oscar Parrilli (Frente de Todos) y Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio) sobre relaciones informales de trabajo de jóvenes monotributistas y el traspaso de tribunales nacionales a la órbita de CABA, entre otros temas.
También defendieron sus pliegos entre otros Pablo Glanc, propuesto como juez de menores; Natalia Le Pera, como jueza en lo criminal; Carlos Mallo, juez en lo civil y comercial; Eduardo Roveda, juez en lo civil, y León Avalos, como defensor público.
Diego Hernán Papa, aspirante a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de CABA, recibió impugnaciones por denuncias de maltrato laboral de parte de una integrante de ese cuerpo y de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y rechazó de plano las acusaciones durante su exposición.
El senador Parrilli consideró que «pareciera como muy armada» la presentación en la que se impugna a Papa, mientras que la opositora Guadalupe Tagliaferri se mostró también «sorprendida» por el hecho de que en la denuncia se hayan ofrecido 42 testigos para comparecer.
Papa afirmó que «son tan falsas» las acusaciones como «sorpresivas», aseguró estar convencido de que todos los empleados declararán lo contrario de lo que adujo la denunciante que lo acusó de maltrato y sostuvo que «jamás» en toda su carrera judicial había sido denunciado por ese motivo.
El debate comenzó ayer en el marco de una audiencia pública en la que expusieron los primeros 23 postulantes y que fue escenario de fuertes recriminaciones entre senadores del oficialismo y de la oposición por la situación de la Justicia en la Argentina.
Una vez avalados por la comisión de Acuerdos, los pliegos de los postulantes deberán recibir la aprobación del pleno del Senado en una próxima sesión.
Educación
Milei tiene cinco días para cumplir la Ley universitaria o pagar multas
El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a dar efectivo cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo perentorio de cinco días. Si no lo hace, el Gobierno deberá abonar astreintes por cada día de demora. La norma lleva 336 días aprobada por el Congreso y el Ejecutivo sigue sin aplicarla.
Un juez federal le puso un reloj al Gobierno: cinco días para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario o enfrentar multas económicas diarias. La intimación la dictó el magistrado Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, y representa un nuevo revés judicial para la gestión de Javier Milei en su pulseada con las universidades nacionales.
La resolución establece que el demandado, el Estado Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, debe «dar efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días» a la medida cautelar vigente vinculada con la ejecución de la ley N°27.795, «bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora». La norma fue aprobada por el Congreso hace 336 días y el Ejecutivo sigue sin ejecutarla.
Qué dice la resolución y qué exige el gremio docente
La federación docente CONADU Histórica fue quien impulsó la acción judicial y difundió la resolución de Cormick. El gremio precisó que «para cumplir con la ley el aumento debe ser de 33,4%» y sintetizó su posición en una frase que ya circula en las redes sociales de los claustros universitarios: «Milei no sos rey, cumplí la ley».
Las astreintes son multas de aplicación progresiva: cada día que el Gobierno no cumpla con la cautelar, la deuda crece. Es el mecanismo que la Justicia tiene para forzar el acatamiento de sus resoluciones cuando el Estado demora o evita ejecutarlas.
El mismo juez ya había ordenado al Gobierno liberar partidas para la UBA
La intimación de esta semana no es la primera intervención de Cormick en el conflicto universitario. En septiembre, el mismo juzgado había hecho lugar a una cautelar solicitada por la Universidad de Buenos Aires y ordenado ejecutar partidas destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. En aquella oportunidad, Cormick sostuvo que, luego del rechazo legislativo al veto presidencial, el proceso constitucional de sanción de la norma «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley».
El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario en 2024, pero el Congreso rechazó ese veto. Desde entonces, el Ejecutivo se niega a aplicar la norma, lo que derivó en sucesivas intervenciones judiciales y en cuatro marchas federales universitarias, con una quinta anunciada para octubre.
Un conflicto que ya tiene calle y tribunales
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a cuatro marchas federales desde que comenzó el conflicto presupuestario y anunció una quinta para octubre. Las movilizaciones reunieron a cientos de miles de personas en todo el país en defensa de la educación pública y el salario docente. El recorte real al presupuesto universitario supera el 31% desde diciembre de 2023, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y del propio Presupuesto Nacional.
La intimación judicial llega en ese contexto: un Gobierno que recorta la educación pública, ignora una ley sancionada por el Congreso, desafía las órdenes judiciales y ahora tiene un contador regresivo de cinco días antes de que empiecen a correr las multas.
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