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Con la crisis de la Justicia de fondo, Senadores completó la segunda audiencia para nombrar jueces y fiscales

Medio centenar de postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo nacional dieron sus testimonios para ocupar cargos en nueve provincias, en CABA y en la provincia de Buenos Aires propuesto.

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La Comisión de Acuerdos del Senado completó hoy la segunda audiencia pública en la que se debatieron los nombramientos de jueces, fiscales y defensores públicos propuestos por el Poder Ejecutivo nacional para tribunales de todo el país y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Las audiencias se realizaron durante dos días con los testimonios de medio centenar de postulantes para cargos de nueve provincias, de CABA y de la provincia de Buenos Aires propuesto.

Entre los candidatos que expusieron este miércoles, se escuchó el testimonio de la jueza Ana María Figueroa, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien defendió su continuidad en el cargo pese a que la oposición manifestó objeciones por estar en edad de jubilarse y supuestas demoras en el pronunciamiento en diferentes causas.

«Mi formación y mi trabajo están acreditados», sostuvo la magistrada en respuesta a los cuestionamientos recibidos entre otros de la senadora de Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri, quien le preguntó específicamente sobre dichos formulados sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tagliaferri le recordó declaraciones pasadas en las que la magistrada se manifestó sobre «un ensañamiento judicial» contra la Vicepresidenta.

«Lo que pude haber expresado -explicó la jueza-, tiene que ver con que no es habitual que en Argentina se cite a una persona a ocho indagatorias en un mismo día, no es razonable», y sostuvo que «no hubo ningún caso en el país» en el que sucediera lo ocurrido con la ex presidenta.

Respeto a las objeciones sobre demoras en el pronunciamiento en las causas que involucran a Fernández de Kirchner, como Hotesur y Los Sauces, la magistrada declaró que «es absolutamente mentira» que haya dilaciones y dijo que se está «en período de debate».

«Para llegar a consensos en temas tan delicados no es tan sencillo», sostuvo y aseguró no obstante que se está «llegando a buen consenso» respecto al fallo vinculado a esas causas.

La postulante también afirmó: «No tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo nacional» al referirse a la propuesta del Gobierno para que se mantenga en el cargo pese a haber cumplido los 75 años.

Los primeros en exponer en la segunda audiencia pública de hoy fueron Mirta Álvarez y Mónica Sirounian, propuestas como fiscal del Trabajo; Lucila Califano como jueza de primera instancia en lo civil y Leonardo Vittola, también candidato a juez en el mismo fuero porteño.

Los postulantes respondieron preguntas de los senadores Oscar Parrilli (Frente de Todos) y Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio) sobre relaciones informales de trabajo de jóvenes monotributistas y el traspaso de tribunales nacionales a la órbita de CABA, entre otros temas.

También defendieron sus pliegos entre otros Pablo Glanc, propuesto como juez de menores; Natalia Le Pera, como jueza en lo criminal; Carlos Mallo, juez en lo civil y comercial; Eduardo Roveda, juez en lo civil, y León Avalos, como defensor público.

Diego Hernán Papa, aspirante a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de CABA, recibió impugnaciones por denuncias de maltrato laboral de parte de una integrante de ese cuerpo y de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y rechazó de plano las acusaciones durante su exposición.

El senador Parrilli consideró que «pareciera como muy armada» la presentación en la que se impugna a Papa, mientras que la opositora Guadalupe Tagliaferri se mostró también «sorprendida» por el hecho de que en la denuncia se hayan ofrecido 42 testigos para comparecer.

Papa afirmó que «son tan falsas» las acusaciones como «sorpresivas», aseguró estar convencido de que todos los empleados declararán lo contrario de lo que adujo la denunciante que lo acusó de maltrato y sostuvo que «jamás» en toda su carrera judicial había sido denunciado por ese motivo.

El debate comenzó ayer en el marco de una audiencia pública en la que expusieron los primeros 23 postulantes y que fue escenario de fuertes recriminaciones entre senadores del oficialismo y de la oposición por la situación de la Justicia en la Argentina.

Una vez avalados por la comisión de Acuerdos, los pliegos de los postulantes deberán recibir la aprobación del pleno del Senado en una próxima sesión.

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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión

La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.

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La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión

★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.

La nueva causa y el fiscal que la lleva

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.

En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».

Las cifras bajo la lupa fiscal

Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.

Una segunda causa que se monta sobre la primera

Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.

Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.

La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación

El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.

El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.

Doble estándar en la cima del fisco

La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.

Puntos clave:

– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

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