El juez federal con competencia electoral de Mendoza Walter Ricardo Bento fue suspendido hoy en sus funciones por el Consejo de la Magistratura, que decidió promover su proceso de destitución por «mal desempeño» de su cargo.

La decisión fue tomada hoy por unanimidad durante un plenario del Consejo presidido por Horacio Rosatti, en el que solo hubo una disidencia parcial en los 19 votos de los presentes.

Bento es investigado en la justicia penal como líder de una asociación ilícita.

Para llevar la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, que tendrá seis meses para expedirse, fueron designados los consejeros Eduardo Vischi, Roxana Reyes y Miguel Piedecasas.

La suspensión del juez fue votada por Rosatti, Vischi, Reyes, Piedecasas, Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Alejandra Provítola, Gerónimo Ustarroz, Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Hugo Galderissi, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Alvaro González y Vanesa Siley, en tanto que Alberto Lugones lo hizo con una disidencia parcial.

Bento, nombrado en 2005, también fue procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito porque se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado, medida que, confirmada por la Cámara Federal de Mendoza, incluyó su prisión preventiva, que no cumplió por ser juez.

Cuando lo consideró líder de una asociación ilícita que cobraba dinero a imputados de narcotráfico y contrabando, el juez federal Eduardo Puigdéngolas sostuvo que Bento «en ejercicio de su función era el único que podía analizar, decidir, diagramar, coordinar y ejecutar el acuerdo ilícito y su correlativo beneficio judicial, valiéndose luego del aporte de los restantes miembros para su materialización».

Al presentar el dictamen de la Comisión de Acusación, finalmente aprobado esta tarde por el pleno, el consejero Piedecasas recordó que fue la Cámara Federal de Mendoza la que «puso en marcha» el caso contra Bento, quien tiene procesamientos por una decena de «graves delitos».

Previo a la votación, Tailhade, consejero por el oficialismo, pidió la palabra para remarcar que los miembros de su bloque «no pretendieron encubrir a nadie» al criticar que «desde 20 ó 30 días» fueron «víctimas de operaciones de prensa» de la provincia de Mendoza y a nivel nacional.

Hace dos semanas la comisión de Acusación del Consejo aprobó, con el voto de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas, el inicio del proceso de destitución del juez mendocino, por el presunto mal desempeño en sus funciones.

En paralelo al proceso del Consejo, Bento enfrentará el próximo 26 de julio un juicio en su contra, acusado de cobrar a presos por narcotráfico y contrabando a cambio de beneficios.

En este complejo escenario, el juez mendocino ofreció su descargo en octubre del año pasado en dos etapas que sumaron más de 7 horas de exposición ante los consejeros, a quienes les dijo ser «inocente» y no haber cometido «ningún delito».

Sus explicaciones no convencieron a los consejeros que aprobaron el proceso en la comisión con los votos de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas por «inconsistencias» en el dictamen.

«Nuestro bloque decidió no acompañar ese dictamen pero no se trató de una oposición al planteo acusatorio, mucho menos de un bloqueo y ni hablar de una defensa del magistrado, que claramente tiene que dar explicaciones», señaló el consejero Tailhade en una publicación en su plataforma de videos.

«El dictamen no estaba a la altura de la gravedad de los hechos», explicó el también diputado y añadió que era «un dictamen acusatorio inconsistente, que no trató con seriedad la prueba que se produjo a lo largo de la investigación y que no refutó los argumentos de descargo que presentó Bento».

Además del caso Bento, el plenario intentará acordar ternas para cubrir cargos en tribunales orales criminales y en juzgados de ejecuciones fiscales y tributarias.