Por Leandro Selén

Ejecutivos del mundo cripto destacaron que se está «trabajando activamente» en diferentes proyectos de ley para regular la actividad y reconocieron el acompañamiento del Banco Central en la materia, pero advirtieron que se requiere «una mirada integral» que no tenga sólo «objetivos recaudatorios o disuasorios de operar con criptomonedas».

Así, el presidente de la organización no gubernamental Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes, señaló que «no hay una ley», pero afirmó que «se está trabajando activamente en diferentes proyectos de ley en el entorno».

«Algunos tienen una mirada más de que no se escape un centavo y poder tener todo regulado. Otros, los menos y recién nacientes, proyectan una mirada de cómo potenciarlo», indicó Andragnes.

Evaluó que «la regulación argentina es un marco sobre el cual uno puede operar», pero consideró que «si se quisiera hacer una nueva que incorpore la mirada integral de las criptomonedas, no sólo como si fuera dinero, podría ser valioso para pensar en usos más que en el activo en sí».

En ese sentido, subrayó que «sobre todo, hay que tener en cuenta en proteger al usuario final, no considerar que toda operación es lo mismo, no tener que llevar una contabilidad de trazabilidad absoluta, de moneda por moneda sino, más bien de saldos».

«Que el Banco Central no sea más abierto al tema de las cripto lo considero un error. La banca es el primer punto para el tema del blanqueo y el escenario de uso de las criptomonedas en el ámbito legal es enorme y aporta valor», afirmó el creador y organizador de Labitconf Buenos Aires que se llevará a cabo el 11 y el 12 de noviembre en Costa Salguero.

Por su parte, el cofundador de la gestora de fondos de inversión cripto MoonQuant Capital, Alfredo Roisenzvit, destacó a esta agencia que «no hay un marco normativo que sea completamente abarcativo». Y y añadió que «las normas existentes parecen temporarias, y algo reactivas hacia objetivos recaudatorios de corto plazo, o disuasorios hacia la compra de moneda extranjera».

Además, indicó que «muchas actividades no cuentan con un marco normativo específico», y opinó que «en principio, esto es favorable, ya que es sano que las normativas surjan una vez que la actividad se desarrolla, y no al revés».

«Seguramente se requiere una visión mucho más proactiva hacia el desarrollo de la tecnología y de posibles implementaciones de nuevos paradigmas de funcionamiento, especialmente en productos financieros. Y la paciencia suficiente para evitar introducir normas reactivas para objetivos de corto plazo, o de disuasión respecto de acceso a activos externos», sostuvo Roisenzvit.

En tanto, el director de negocios de la plataforma de intercambio de criptomonedas Lemon Cash, Borja Martel Seward, remarcó a Télam que «la tecnología avanza a pasos agigantados en todos los aspectos», por lo cual consideró que «es esperable que haya regulaciones en un mercado como el de criptomonedas, que crece tan rápidamente tanto en oferta como en adopción».

«Para lograr un trabajo más colaborativo en los proyectos regulatorios, es importante que las fintech cripto participen del proceso, por su conocimiento técnico y porque se trata del futuro de una economía que está en constante evolución», afirmó Martel Seward.

Puntualizó que «el BCRA viene acompañando mediante sus regulaciones el proceso de innovación e inclusión financiera que se viene desarrollando en el país», y aseguró que «el sector fintech viene dando pasos para fortalecer el sistema en términos de seguridad y escalabilidad».

«Las asociaciones de bancos y las fintech firmaron un acuerdo de seguridad digital para la protección de los usuarios y consumidores del ecosistema financiero, que incluye tanto a los proveedores de servicios de pago como a los bancos tradicionales. Es una muestra más del compromiso de mantener un ecosistema sano y sustentable», concluyó el ejecutivo.

Por su lado, Ricardo Mihura Estrada, especialista en tributación y en mercados regulados, e integrante de la Comisión Directiva de Bitcoin Argentina, sostuvo que «no existe un marco regulatorio, como algo sistemático y diseñado con algún objetivo particular».

No obstante, señaló a esta agencia que «igualmente existen normas generales y algunas muy pocas, en cuyo marco se verifican las relaciones económicas y tecnológicas del sector, y entre los actores del sector».

En ese sentido, remarcó que «existe el Código Civil y Comercial de la Nación que da derecho a exigir el cumplimiento de los contratos, el Código Penal que reprime las estafas y la ley de Defensa del Consumidor, que otorga derecho de reclamo a los usuarios ante determinados abusos en las relaciones de consumo».

«Pero también es cierto que muchísimas relaciones entre actores de la criptoeconomía quedan fuera de todo marco legal. No porque sean ilegales, sino porque se desarrollan fuera de la jurisdicción del Estado argentino, y de su Poder Judicial», indicó Mihura Estrada, quien subrayó que «ni la ley puede modificarlas, ni los jueces pueden exigirles algún comportamiento determinado».

Evaluó que «no se puede pretender diseñar un marco regulatorio global de la criptoeconomía», porque indicó que «es una realidad demasiado amplia y también cambiante», aunque señaló que «en aquellos aspectos en que sea necesario regular soluciones o tratamiento específicos, es imprescindible hacerlo con mucha prudencia y teniendo claro cuál es el objetivo de la intervención».