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Habilitan la venta de dólar ahorro

Mientras el Gobierno trabaja sobre la oferta de divisas, este lunes los bancos que no habían llegado a rehabilitar las operaciones el viernes último actualizaron sus sistemas y volvieron a procesar pedidos a través de homebankings y apps móviles.

Publicado hace

6 años

28.09.2020

ElArgentino.ar

La venta de dólar ahorro vía homebanking fue rehabilitada este lunes por los bancos, luego de una semana y media sin este tipo de operatoria, mientras el Gobierno trabaja en medidas para mejorar la oferta de divisas y en otras cuestiones relacionadas con la política monetaria.

La normalización de la venta de dólar antes de que empezara octubre, bajo los nuevos criterios que fijó el Banco Central (BCRA), era una condición necesaria para llevar calma al mercado de cambios, donde la brecha entre cotizaciones paralelas y oficiales se volvió un problema que el Gobierno buscaba resolver cuanto antes.

Esta mañana, los bancos que no habían llegado a rehabilitar las operaciones de compra de divisas por Internet el viernes último actualizaron sus sistemas y volvieron a procesar pedidos de sus clientes a través del homebanking y aplicaciones móviles.

Los bancos Nación, Provincia, Ciudad, Macro, ICBC, Patagonia y Comafi, entre otros, se sumaron hoy al BBVA, Santander, Itaú, Galicia y HSBC, que ya habían reactivado el viernes la opción para adquirir el cupo de US$ 200 a los clientes que cumplen con la normativa.

«La operatoria ya está normalizada en todos los bancos. De todas formas, la gran mayoría de la gente que quería comprar dólares lo había hecho durante la primera quincena del mes. La clave va a estar en lo que pase cuando se rehabilite el cupo a comienzos de octubre», apuntaron a Télam fuentes de uno de los bancos más grandes del país.

El 15 de setiembre pasado, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anunció que la compra de dólar ahorro estaría prohibida a partir del día siguiente para los titulares de planes sociales o programas de asistencia especiales por el coronavirus, como el ATP o IFE.

Las dificultades para acceder ágilmente a esa información por parte de los bancos demoró su aplicación, por lo que pasaron casi dos semanas sin vender divisas hasta que el BCRA, la Anses y las entidades financieras encontraron un mecanismo para eludir las dilaciones.

Este fin de semana, en una reunión realizada en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández y miembros de su gabinete analizaron distintos aspectos del rumbo económico y definieron avanzar en los próximos días con una serie de medidas para mejorar la oferta de divisas y estimular al sector exportador.

«Se trabajaron temas sobre energía y minería. Se buscan brindar certezas para que no estén dañados estos sectores por las regulaciones cambiarias», dijeron fuentes oficiales. Además, señalaron que «esta semana se va a informar específicamente cómo se va a manejar la política monetaria a través de un comunicado del Banco Central».

Al mismo tiempo, el Central definirá cuestiones relacionadas con la política monetaria que, en principio, serán comunicados este jueves después de la reunión de Directorio de la entidad. También se esperan anuncios sobre el Fondo de Compensación para el sector agrícola, establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, para asistir a pequeños y medianos productores con parte las retenciones a la soja.

Las restricciones de acceso al dólar para atesoramiento incluyen desde mediados de mes un recargo del 35% en concepto de retención del impuesto a las Ganancias, además del cómputo de las operaciones con tarjetas de crédito en el exterior dentro del cupo de los US$ 200 al mes.

Cabe recordar que la decisión fue adoptada por el BCRA a través de la comunicación A7105, que también restringió la posibilidad de comprar dólares a quienes no tengan ingresos declarados y a los cotitulares de cuentas en moneda extranjera.

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Seguridad social

Actualización mínima, pérdida real del 40%: la política de Milei frente al sistema de discapacidad

El Ministerio de Salud actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad un 2,10% para junio, atado al IPC de mayo. La medida coexiste con la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y con una pérdida real acumulada que, según el propio sector, supera el 40%.

Publicado hace

9 horas

19.06.2026

ElArgentino.ar

El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.

El Gobierno actualizó 2,10% los aranceles de prestaciones por discapacidad: qué cambió en junio.

El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución 1297/2026: una actualización del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, vigente desde junio y calculada sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. La medida convive con una pérdida real acumulada que el propio sector estima en más del 40% respecto de los costos, y con la negativa sistemática del Gobierno de Javier Milei a dar plena vigencia a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La resolución, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, establece un incremento parejo para todas las prestaciones del nomenclador, sin distinción por modalidad o tipo de servicio. La norma actualiza los valores aprobados por la Resolución 517/2026, que en mayo había dispuesto una suba del 2,6%. Para las provincias de la Patagonia, considerada zona desfavorable por sus condiciones geográficas y logísticas, se mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico.

Con los nuevos valores, una prestación de centro de día con jornada doble pasará a percibir $1.058.791,92, mientras que una jornada simple ascenderá a $563.272,78.

Números oficiales versus realidad del sector

La actualización mensual por IPC es el mecanismo que el Gobierno aplica de manera rutinaria, pero los prestadores advierten que ese esquema está lejos de compensar el deterioro acumulado. Según datos oficiales del propio sector, la pérdida real frente a los costos operativos supera el 40% en el período 2024-2025. El impacto es concreto: instituciones de referencia, como el Centro Alas de Rosario, con 38 años de trayectoria en la atención de personas con discapacidad, alertaron públicamente a mediados de mayo que no perciben fondos desde noviembre de 2025. El cuello de botella señalado es el crónico retraso en los pagos del programa federal Incluir Salud.

Una ley vigente que el Gobierno se niega a cumplir

El trasfondo de esta nota mensual de actualización es un conflicto político e institucional de mayor envergadura. El Congreso aprobó en julio de 2025 la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que declaraba la emergencia del sector hasta diciembre de 2026 y establecía, entre otros puntos, compensaciones para los prestadores por el desfasaje acumulado entre aranceles e IPC durante 2024, y la actualización mensual automática de los valores del nomenclador. Milei vetó la ley en agosto. El Senado revirtió el veto en septiembre de 2025 con 63 votos a favor y solo 7 en contra, forzando la promulgación de la norma.

Sin embargo, el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a que el Congreso incluyera las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026, invocando el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. La Justicia intervino en reiteradas oportunidades. En diciembre de 2025, el Juzgado Federal de Campana declaró inválida la suspensión y fijó el 4 de febrero de 2026 como plazo máximo para la implementación plena. El Gobierno reglamentó parcialmente la norma mediante el Decreto 84/2026, pero continuó dilatando su aplicación integral.

En abril de 2026, la Cámara Federal de San Martín volvió a ordenar la aplicación de la ley. Ante ese fallo, el Gobierno ingresó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario con efecto suspensivo, invocando un impacto fiscal de 3 billones de pesos (0,35% del PBI). En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley alternativo que modifica sustancialmente la norma vigente: establece un reempadronamiento obligatorio de pensionados bajo amenaza de interrupción automática de pagos, y elimina la posibilidad de otorgar aumentos por zona geográfica desfavorable.

La ANDIS disuelta y la continuidad institucional bajo cuestionamiento

El contexto institucional agrava el panorama. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que administraba históricamente el sistema, fue disuelta por el Decreto 27/2026, tras el escándalo judicial que involucró a su ex titular Diego Spagnuolo en presuntas irregularidades con proveedores de medicamentos. Sus funciones quedaron absorbidas por el Ministerio de Salud, que es el organismo que ahora firma las resoluciones de actualización arancelaria. La continuidad de los servicios y la cadena de pagos a prestadores se desarrolla en ese marco de transición institucional.