Después de la notificación de la resolución que le otorgaba prisión domiciliaria con «tobillera», Báez fue llevado en una camioneta del SPF, con una moderada custodia, al country Ayres de Pilar, en cuya entrada estaba apostado un grupo de vecinos para impedir que ingresara el empresario santacruceño, quien iba vestido con el uniforme color naranja de los detenidos y con un casco de protección.

Los habitantes del country impidieron varios intentos de ingreso, incluso cuando la camioneta pudo llegar a la garita de entrada. En una caótica situación, los manifestantes, anteponiendo sus cuerpos y con sentadas, lograron su cometido, después de corridas que incluyeron golpes contra el vehículo, que sufrió la rotura del parabrisas.

Poco antes, los abogados del empresario sureño también fueron rechazados y tuvieron que irse después de las airadas protestas, que incluyeron en ambos casos el lanzamiento de algunos objetos contundentes y huevos.

Finalmente, frustradas las intenciones de ingresar por la entrada principal y por otra de servicio, el utilitario con Báez se retiró del complejo de Pilar.

Ante estas circunstancias, el presidente del TOF 4, Néstor Costabel, resolvió postergar el alojamiento de Báez en el barrio cerrado y que sea llevado nuevamente al Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza para que pase la noche allí, hasta que se adopten medidas para que se cumpla efectivamente y sin inconvenientes la resolución judicial y pueda instalarse en un domicilio con garantías para su seguridad, indicaron fuentes oficiales.

Esta decisión no significa una revocatoria de la prisión domiciliaria, sino una medida transitoria hasta que se disponga el lugar «que cumpla con todas las condiciones de alojamiento y seguridad» del empresario, destacaron las fuentes.

Resulta muy elocuente que Báez haya tenido que regresar a Ezeiza cuando una medida judicial lo amparaba para cumplir el arresto en su domicilio, viéndose privado del ingreso a su propiedad privada.

Escandalosamente no se tomaron medidas contra los habitantes del «country» quienes defienden la propiedad privada y dicen velar por el estado de derecho, pero impidieron ejercer su derecho a Báez y agredieron vehículos de su propiedad y de sus abogados como los de la policía.

Una vez más, la vara de la justicia y la policía parece no ser la misma con estos ciudadanos, ya que los disturbios y el entorpecimiento a la justicia para cumplir medidas ordenadas, aún no fue sancionada.