Buenos Aires
El Gobierno bonaerense anunció que le dará aumento salarial a la policía
Efectivos retirados de la Policía bonaerense y agentes en actividad realizaron una protesta en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires en reclamo de una mejoras laborales.
Efectivos retirados de la Policía bonaerense y agentes en actividad realizaron una protesta en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires en reclamo de una mejora salarial y otras demandas, como el derecho a la sindicalización e insumos para prevenir el contagio del coronavirus.
El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, anunció este martes que este jueves o viernes se dará a conocer una «mejora salarial importante» para la policía de la provincia de Buenos Aires y sostuvo que las autoridades buscan «dar certezas a la fuerza».
«Está previsto hacer un anuncio del plan integral de seguridad para la provincia, que será de carácter operativo», sostuvo Bianco en una conferencia de prensa, en la que agregó que, cuando se realice esa presentación, también se anunciará una «mejora salarial importante para la fuerza».

Así lo dijo en una rueda de prensa que ofreció esta mañana junto al ministro de Seguridad, Sergio Berni, en el Centro de Coordinación estratégica de la Policía de la provincia de Buenos Aires para referirse a las condiciones laborales de los agentes. «Queremos dar certidumbre sobre lo que va a pasar, queremos dar certeza a la fuerza», dijo Bianco.
En ese contexto, cabe detallar que efectivos retirados de la Policía bonaerense y agentes en actividad realizaron una protesta en el centro de la ciudad de La Plata, entre otras numerosas ciudades de toda la provincia, en reclamo de una mejora salarial y en demanda de insumos para prevenir el contagio del coronavirus, entre una larga lista de exigencias.
Los policías, junto a sus familiares, cortaron las calles 7 y 50, en el centro de la capital provincial, en tanto algunos patrulleros que se acercaron a la zona hicieron sonar sus sirenas en apoyo a la protesta.

Si bien no se especificó el monto del aumento que se le otorgará a los efectivos policiales, Bianco resaltó que esos agentes «deben recuperar lo perdido» entre 2016 y 2019 debido a que son quienes junto a los médicos «están haciendo un trabajo esencial, en la trinchera» en el marco de la pandemia de coronavirus.
El jefe de Gabinete reconoció que la protesta policial que se registró ayer «sorprendió» al Gobierno dado que ya habían anunciado que se trabaja en una «mejora de la infraestructura, el equipamiento y en una recomposición salarial» para la fuerza.
No obstante, subrayó que el reclamo «es legítimo» y destacó que «lo importante es ratificar la intención del Gobierno de seguir trabajando para mejorar las condiciones de la policía, reconocer su tareas y seguir avanzan do en la mejora de la seguridad en general».

En la misma línea, Berni planteó que desde el Ejecutivo se viene trabajando para «actualizar el salario de los efectivos de la policía de Buenos Aires, que viene con un retraso importante».
«Sabemos el gran trabajo que se está haciendo en esta situación excepcional de la pandemia y atender no sólo los mecanismos de seguridad sino también los mecanismos logísticos para la prevención en cada uno de los municipios», expuso.
Berni sostuvo que entre jueves y viernes, «además del tratamiento de sus salario, vamos a atender la sanidad policial de los efectivos y sus familias, con sus centros propios de atención, y la cuestión de acceso a la vivienda, para mejorar la calidad de vida de la policía de Buenos Aires».

El ministro explicó que desde marzo un total de 10 policías fallecieron por Covid-19 y más de 7 mil contrajeron la enfermedad. Luego, apuntó que desde la administración bonaerense se valora «el profesionalismo, el gran esfuerzo y el compromiso que los policías realizaron durante esta pandemia» y señaló que, por ello, «hay que escuchar la protesta entendible», a la que también calificó como «legítima».
Con todo, puso de manifiesto que el reclamo de ayer fue «encabezado por familiares, personal retirado y exonerado de la policía» y sostuvo que «la gran mayoría de los efectivos ayer estuvieron trabajando en la calle y, de hecho, anoche detuvimos al sindicado como el asesino de Ludmila», la joven de 14 años que estaba desaparecida desde el domingo a la mañana y que fue hallada asesinada ayer en una casa de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez.

«Desde la provincia garantizamos la seguridad», enfatizó el ministro de Seguridad bonaerense y añadió: «Si no la podemos garantizar desde la policía, será con la solicitud de fuerzas federales». Además, aclaró luego que la seguridad del gobernador Axel Kicillof, que vive en la residencia oficial ubicada en la misma manzana que la Casa de Gobierno donde se llevaron a cabo algunas de las protestas, «nunca estuvo amenazada».
«Los manifestantes en la puerta de la Gobernación protestaron en el marco de la razonabilidad, entregaron un petitorio y se fueron a su casa», dijo el ministro y evaluó que el reclamo se llevó a cabo de «manera democrática» por lo que no fue necesaria la «intervención de la fuerza».
«El camino que debemos transitar es escucharnos entre todos», agregó Berni y concluyó que el Gobierno sabe «cuál es el camino a transitar: el bienestar de la policía y su familia es prioridad».
Buenos Aires
Usaba otro nombre y se escondía en Lima: así cayó «Papá», el tío de Pequeño J
Luis Alan Valverde Rodríguez fue detenido en Lima mientras usaba una identidad falsa, más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela. La Justicia federal le embargó bienes por 1.000 millones de pesos y ahora comienza la carrera por su extradición.
Circulaba por Huachipa, en las afueras de Lima, con documentos a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timaná. Pero detrás de esa identidad prestada estaba Luis Alan Valverde Rodríguez, alias «Papá«, el hombre que la Justicia federal argentina señala como el máximo jefe de la organización narco que secuestró, torturó y asesinó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Más de un año después del triple femicidio de Florencio Varela, cayó la pieza que los investigadores ubican en la cima de la estructura criminal.
Valverde Rodríguez, ciudadano peruano de 40 años, también conocido como «Serranasho«, es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», el imputado más visible de la causa. Fue detenido el lunes 12 de octubre, cerca de las 15, por la Policía Nacional del Perú en un operativo coordinado con Interpol. Tenía un pedido de captura nacional e internacional dispuesto el mes pasado por el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, quien además ordenó un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos.
El anuncio oficial y la promesa de extradición
La noticia la difundió la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X: «Desde Interpol Lima me informaron que hoy, cerca de las 15, detuvieron en Perú al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de ‘Pequeño J’, buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela. Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a la Argentina y que responda ante la Justicia. El que las hace, las paga».
El eslogan oficial choca con los tiempos reales de la causa. El antecedente inmediato es el de su propio sobrino: «Pequeño J» fue capturado en Perú el 30 de septiembre de 2025, el gobierno peruano oficializó su extradición recién el 31 de enero de 2026 y llegó a la Argentina el 4 de mayo. Entre la captura y el traslado pasaron más de siete meses, un plazo que las familias de las víctimas conocen de memoria y que anticipa un camino largo antes de que «Papá» se siente frente a un juez argentino.
Un clan familiar en la cima de la estructura
Los investigadores sostienen que Valverde Rodríguez ocupaba un rol de liderazgo dentro de la organización, a la que la causa denomina «Clan Valverde». El uso de documentación falsa para moverse en Lima refuerza la hipótesis de una red con recursos y logística suficientes para mantener prófugos a sus integrantes durante meses.
En el caso de su sobrino, el auto de procesamiento sostuvo que Valverde Victoriano «ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas». Tras su llegada al país, «Pequeño J» declaró desde la cárcel de Marcos Paz, negó haber participado en los asesinatos y no respondió preguntas. Su defensa anunció que apelará el procesamiento.
Si la acusación ubica a «Pequeño J» como el ejecutor operativo de la trama, la captura de su tío abre la posibilidad de reconstruir quién daba las órdenes. Ese es el punto que la causa todavía debe probar.
La noche que se llevaron a Brenda, Morena y Lara
El 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes subieron a una camioneta en la rotonda de La Tablada con la promesa de una fiesta en la que cobrarían dinero. Terminaron en una vivienda del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde fueron torturadas para que revelaran el paradero de una droga que supuestamente había sido sustraída a la banda. Tenían entre 15 y 20 años; Lara, la más chica, era adolescente.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en su momento que las torturas fueron transmitidas en directo por una red social a un grupo cerrado de 45 personas. Las autopsias revelaron que las primeras lesiones se produjeron mientras las víctimas estaban con vida. No fue un ajuste de cuentas entre bandas: fue el sometimiento planificado de tres mujeres jóvenes, usadas como mensaje por una organización que creyó que podía matarlas sin pagar el costo.
Una causa que avanza a cuentagotas
La investigación pasó al fuero federal en noviembre de 2025 y acumula una larga lista de imputados por triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, entre otros delitos vinculados al narcotráfico. El 5 de septiembre de este año, a días del primer aniversario, se concretaron otras cuatro detenciones. En el camino también quedó el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias «Señor J», que fue investigado, beneficiado con la falta de mérito y finalmente extraditado a Perú.
Al cumplirse un año del crimen, Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, resumió el reclamo de las familias: «Sin verdad no hay justicia. Esperemos que se ilumine un poquito a los jueces cuando llegue la hora de impartir justicia». La detención de «Papá» es un avance concreto, pero la verdad que reclaman los familiares sigue dependiendo de que la extradición no se convierta en otra espera interminable.
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