Por Sergio Spartano

Sería ociosa una cronología de la constitución del sujeto colectivo que habita los barrios en los meses finales del año 2021. Desde la recuperación del concepto PUEBLO como definición política de ese colectivo (en contraposición a definiciones tales como: “gente”, “vecinos”, etc.; a la luz de debates propiciados durante la década de procesos emancipatorios en sudamérica durante la primera década larga del SXXI) que se organiza con sus redes de contención, le permitieron ir transicionando su adaptación a otros y diferentes niveles de inequidad y exclusión de derechos, concebidos desde las usinas de las metrópolis, resistiendo a su desaparición y consolidación definitiva.

Luego del proceso eleccionario para las legislativas en las PASO 12 de Setiembre y legislativas 14 de Noviembre de este año, se han sucedido innumerables debates sobre los resultados de ambas ,sus causas y consecuencias. Por responsabilidad personal considero válidas a TODAS las razones esgrimidas desde las diferentes corrientes de opinión dentro del CAMPO NACIONAL Y POPULAR, pero también por obligación militante es menester puntualizar en una en particular, a la que hicieron referencia (nobleza obliga) Fernando Vaca Narvaja, luego del pasado 12 de septiembre, y Edgardo Mocca, el último sábado 20 de noviembre en Marca de Radio.

La enorme distancia verificable desde hace varios años entre la militancia llevada adelante por diferentes funcionarios militantes en la gestión de responsabilidades estatales (incluidas organizaciones sociales, políticas y otras) y las demandas emanadas desde las necesidades en los territorios.

La diversidad de problemáticas que el ciudadano Urbano y Suburbano debe atender en su vida cotidiana sin privación de necesidades básicas (no solo esenciales – se podrían escribir varios artículos sobre lo que pudieran ser necesidades esenciales), y que fueron acentuándose a lo largo de 40 años de democracia liberal, dificultan a los diferentes colectivos organizados (Estado, Sindicatos, Organizaciones Sociales y Políticas, Empresariales, etc.) la articulación para fijar prioridades sobre la agenda de acciones.

Tomando estas dos premisas, podemos inferir que:

1) Sin una escucha atenta (real, no discursiva) con atención a todas las diversidades sobre las problemáticas de la base de la pirámide de la ciudadanía, difícilmente las acciones realizadas desde la gestión estatal y/o promovidas desde las organizaciones populares impacten en la recepción de las mismas a las propias necesidades de los territorios.

2) Para que esa primera condición pueda efectivizarse, las acciones de intervención estatal requieren mayor cercanía con los referentes territoriales en debates que contemplen las particularidades de los diferentes colectivos. Se hace necesario revisionar las experiencias históricas acuñadas al calor de nuestro PUEBLO de “¿cogestión?”, entre la ciudadanía, las instancias estatales y las organizaciones populares: Presupuestos participativos, Unidad de Gestión Ciudadana, Asambleas de Sindicatos, Paritaria Docente Provincial, etc.

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3) Desterrar definitivamente cualquier práctica “¿militante?” que remita al “clientelismo”. Esto requiere una profunda internalización en TODOS los militantes de lo que nuestro querido compañero Néstor Kirchner nos legó en más de una oportunidad: un ciudadano común con diferente responsabilidad; hacer un trabajo de autoformación basado en la lucha contra cualquier tentación de personalismo: “La Organización Vence al Tiempo”.

4) Retomar las definiciones de SOBERANÍA POLÍTICA, INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y JUSTICIA SOCIAL extensiva a la vida cotidiana del PUEBLO. En dimensión actual, no es lícito para ningún militante hacer referencia a las mismas si no puede internalizarlas en su militancia con sus compañeros porque su propósito es hacerlo desde la “gestión” estatal, mientras “asume” la “representación” de sus “clientes” y “votantes”.