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Justicia libertaria: fiscal pidió archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Adorni en vuelo oficial

La fiscal Alejandra Mangano dictaminó que el traslado de la esposa del jefe de Gabinete a Nueva York no implicó erogación extraordinaria y que la decisión presidencial de incluirla en la comitiva fue un uso razonable de la discrecionalidad del Ejecutivo. El juez Rafecas deberá resolver.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.

La fiscal Mangano pidió archivar la denuncia contra la esposa de Adorni por viajar en el avión presidencial

★ La fiscal federal Alejandra Mangano le solicitó este jueves al juez Daniel Rafecas que archive la denuncia presentada contra Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por su viaje en el avión presidencial a Nueva York durante la denominada «Argentina Week», realizada entre el 6 y el 11 de marzo pasado.

En su dictamen, Mangano argumentó que el cotejo entre la cantidad de integrantes de la comitiva oficial y la capacidad del avión Boeing 757-200, que cuenta con 39 plazas, permite concluir que la invitación cursada por la Presidencia de la Nación a Angeletti «constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales» y que el traslado «carece de entidad para configurar algunos de los delitos denunciados».

La fiscal sostuvo además que la inclusión de Angeletti en el vuelo «no implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria», teniendo en cuenta que había más de diez plazas disponibles en cada uno de los tramos del recorrido aéreo.

El dictamen y el artículo 260

Mangano concluyó en su presentación ante Rafecas que, a partir de los informes aportados por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y por la propia Jefatura de Gabinete respecto de los gastos del viaje, «no se advierte la concurrencia de los extremos tipificados en el artículo 260 del Código Penal» ni en las demás figuras del capítulo referido a la malversación de caudales públicos. El artículo 260 tipifica la «malversación culposa», esto es, el uso indebido o la aplicación diferente de fondos públicos por parte de un funcionario.

La decisión final queda ahora en manos del juez Rafecas, quien deberá resolver si archiva la causa tal como recomienda la fiscalía o si dispone continuar con la investigación.

El escándalo que disparó la causa

La denuncia por malversación de fondos se radicó en Comodoro Py luego de que trascendiera, a comienzos de marzo, que Angeletti integró la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei a Nueva York. La fotografía que la mostraba en el vuelo presidencial generó una fuerte repercusión pública y colocó al jefe de Gabinete en el centro de la polémica.

Adorni, consultado en su momento por la situación, defendió la presencia de su pareja con un argumento que fue blanco de críticas en redes sociales: afirmó que él iba a «deslomarse» en Estados Unidos y que por eso necesitaba estar con su «compañera de vida». Agregó luego que el viaje de Angeletti «no tiene un gasto adicional» para el Estado y que tanto sus propios viáticos como los de su esposa corrían por cuenta de cada uno. «Ni siquiera la mía la paga el Estado», insistió el funcionario.

Una causa, pero no la única

La resolución favorable a Adorni y Angeletti en el expediente radicado ante Rafecas no cierra, sin embargo, el frente judicial más comprometido que enfrenta el jefe de Gabinete. La causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo e instruye el fiscal Gerardo Pollicita sigue su curso con plena actividad: en los últimos días se confirmaron judicialmente los gastos del viaje a Aruba (casi 15.000 dólares en hoteles y pasajes, pagados en efectivo), se tomaron declaraciones de prestamistas vinculadas a la compra de su departamento en Caballito y se conoció que Adorni le debe al menos 65.000 dólares adicionales por las refacciones de esa propiedad.

Como informó este medio en notas anteriores, el secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de Angeletti fue levantado por orden del juez Lijo, y la investigación abarca un patrimonio que la fiscalía considera incompatible con los ingresos declarados por el funcionario.

En ese contexto, el dictamen de Mangano en favor del archivo representa un alivio acotado para el jefe de Gabinete: cierra un flanco procesal menor, pero no modifica en nada el avance de la causa de fondo.

Puntos clave

  • La fiscal Mangano dictaminó que el traslado de Angeletti en el avión presidencial fue un uso razonable de la discrecionalidad presidencial y no implicó gasto extraordinario.
  • La recomendación de archivo se sustenta en que el vuelo tenía más de diez plazas disponibles por tramo y en que no se configuró el delito del artículo 260 del Código Penal.
  • El juez Rafecas deberá resolver en forma definitiva si archiva la causa o continúa la investigación.
  • La causa por enriquecimiento ilícito ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita sigue activa y es independiente de este expediente.
  • El escándalo se desencadenó en marzo cuando trascendió que Angeletti integró la comitiva oficial a Nueva York sin ocupar cargo público.

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Cuadernos: Casación frenó el atajo de la reparación integral y sigue el juicio

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas de Cristóbal López, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio y otros imputados que buscaban extinguir la acción penal con ofrecimientos de dinero. El debate oral ante el TOF N° 7 sigue, y el único matiz lo puso el juez Slokar, que consideró que correspondía oír a las partes.

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Fachada del edificio de los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro

Cincuenta imputados de la causa Cuadernos ofrecieron dinero para que la Justicia extinguiera la acción penal en su contra, y la Cámara Federal de Casación Penal les cerró ese camino: la continuidad del debate oral quedó firme y el juicio sigue en pie.

La Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, declaró inadmisibles los recursos de las defensas contra resoluciones del Tribunal Oral Federal N° 7 que habían rechazado planteos de nulidad y pedidos de reparación integral del perjuicio. La decisión se conoció este jueves.

Quiénes recurrieron

Los recursos fueron presentados y acompañados por defensas de imputados entre los que figuran Cristóbal López, Carlos De Sousa, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Rovella, Héctor Sánchez Caballero, Juan Manuel Abal Medina, Roberto Orazi, Miguel Marconi y Juan José Luciano, entre otros empresarios y exfuncionarios.

Los pedidos de reparación integral

En la etapa de juicio, el TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que pretendían extinguir la acción penal mediante ofrecimientos de reparación integral del perjuicio, una figura prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal. Esos ofrecimientos se basaban en la actualización de embargos cautelares por sumas que iban de $300.000 a más de $1.800 millones. Los pedidos fueron rechazados con la oposición de la fiscal general Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La causa Cuadernos se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Se trata de una megacausa con más de un centenar de acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El voto de Petrone

En su voto, Petrone sostuvo que las decisiones impugnadas no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella por sus efectos, y que tampoco encuadran entre los autos previstos por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la instancia de casación.

El magistrado recordó además la doctrina de la Corte Suprema según la cual los pronunciamientos que obligan al imputado a seguir sometido a proceso no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Sobre el rechazo de la reparación integral, Petrone remarcó que la complejidad de la causa, con multiplicidad de hechos e imputados, requiere que el debate oral avance para precisar los extremos fácticos de la imputación y las responsabilidades de cada interviniente.

La adhesión de Barroetaveña y el matiz de Slokar

Barroetaveña adhirió en lo sustancial al voto de su colega. Slokar, en cambio, consideró que correspondía oír a las partes, aunque aclaró que esa postura no implicaba adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión.

Lo que tenés que saber:

  • La Sala I de Casación declaró inadmisibles los recursos de las defensas y dejó firme la continuidad del debate oral ante el TOF N° 7.
  • La Sala está integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
  • El TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que buscaban extinguir la acción penal por reparación integral (artículo 59, inciso 6°, del Código Penal).
  • Los embargos actualizados iban de $300.000 a más de $1.800 millones, y la fiscal general Fabiana León y la UIF se opusieron.
  • Petrone consideró que las resoluciones no son sentencia definitiva; Barroetaveña adhirió y Slokar opinó que correspondía oír a las partes.
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