Por Demetrio Iramain | @demetrioiramain

El 16 de diciembre pasado la Corte Suprema dictó un falló insólito: declaró inconstitucional una ley vigente desde el año 2006 (15 años antes), que establecía cómo se conformaría el Consejo de la Magistratura de la Nación: 13 miembros.

Que la Corte declare si una ley es constitucional o no, vaya y pase, pero que ordene la reposición de una ley derogada en 2006, como si fuera el Congreso, es un escándalo que no registra antecedentes.

Sin embargo, exactamente eso es lo que decretó el Máximo Tribunal: si en 120 días (que se cumplen el viernes 15 de abril) el Congreso no sanciona otra ley superadora de la que declaró inconstitucional, vuelve a entrar en vigencia la ley derogada: 20 miembros y presidencia a cargo del titular de la Corte Suprema. Una verdadera locura.

O sea, si la ley abolida en 2006 se repusiera el presidente de la Corte Suprema pasaría automáticamente a presidir, también, el Consejo de la Magistratura. Para que se entienda: la Corte se atribuyó el privilegio de ser juez y parte en este asunto, y concederse a sí misma facultades que son propias del Congreso, como lo es habilitar la reposición de una ley. Total normalidad.

El Consejo de la Magistratura, pequeño detalle, es un órgano institucional muy importante: elabora los concursos para elegir los jueces de la Nación, y sanciona a quienes incumplen sus funciones.
De esos concursos surgirán luego las ternas sobre las que habrá de decidir el presidente, para luego enviar el pliego del seleccionado al Senado, que le dará acuerdo. Pero atención: si los sectores corporativos se afianzan en el Consejo, la conformación de esas ternas será siempre favorable a los amigos de la familia judicial.

Por más voluntad de democratizar la Justicia que tenga el presidente de turno, difícil será hacerlo si al momento de seleccionar a un candidato para ocupar un tribunal nacional o federal, debe elegir entre un pichón de Bonadío, otro protegido de Rosatti o Rosenkrantz, y un tercero apadrinado directamente por Clarín.

Desde luego, no era una pinturita el Consejo de la Magistratura hasta el fallo de diciembre, pero la resolución de la Corte Suprema lo empeora aún más y extiende las sombras por mucho más tiempo.
Hagamos memoria: en 2013 Cristina quiso democratizarlo con una ley que establecía la elección de los jueces, abogados y miembros académicos o científicos que integren el Consejo en representación de sus estamentos, a través del voto directo de la población. Que voten todo el pueblo, y no sólo los jueces, los abogados y los científicos.

Era sin dudas la norma más importante del paquete de leyes denominadas “Democratización de la Justicia”, pero la Corte la decretó inconstitucional. El poder corporativo de la familia se vería amenazado.

No terminó ahí. En 2017, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal expulsó del Consejo a un diputado peronista porque no era abogado, condición que no se les exige a los diputados.

O sea: un tribunal de alzada le dijo al Congreso qué título universitario debía tener un legislador para acceder a una instancia que está llamada, precisamente, a controlar a los jueces. Aquel fallo fue, además de ilegal, escandaloso: tenía como único fin echar a un diputado que le impedía a la corporación judicial aliada del macrismo gobernante, formar mayoría y suspender en sus funciones a un juez incómodo: el camarista Eduardo Freiler. Lo lograron.

La movida constituyó una aberración jurídica que, sin embargo, la Corte Suprema, que entonces presidía Lorenzetti, no declaró inconstitucional. Si seguimos así mañana un fallo judicial obligará a los consejeros a no ser peronistas… Y ahora esto.
Dijo la Corte en diciembre que el fallo busca restablecer el «equilibrio» entre las representaciones de la política y de la corporación judicial, tal como lo establece la Constitución. Mentira.
El actual esquema es: 3 jueces, 6 legisladores (4 por la mayoría y 2 por la primera minoría); 2 abogados de la matrícula federal; 1 representante del Poder Ejecutivo y 1 académico. Total 13 miembros. La presidencia queda para uno de los 13 consejeros, que es elegido por la totalidad de los miembros del Cuerpo.

El esquema al que la Corte quiere regresar es muy distinto: 4 jueces, 8 legisladores (4 para la mayoría; 2 para la primera minoría, y 2 para la segunda minoría); 4 abogados de la matrícula federal; 1 representante del Poder Ejecutivo; 2 catedráticos, y el presidente de la Corte Suprema, a su vez presidente vitalicio del Cuerpo, lo que equivale a que su voluntad valga doble en el caso de tener que desempatar una votación.
El mayor punto de equilibrio se alcanzó a partir de 2006, con la ley que promovió Cristina cuando era senadora, y que la Corte decretó, 15 años después de su sanción, inconstitucional.

Para solucionar el desastre que hizo la Corte en diciembre, el Senado le dio media sanción a una nueva ley del Consejo de la Magistratura, como exhortó el Tribunal. La nueva ley establece que la Corte siga fuera del Consejo, y que los consejeros no tengan que ser obligatoriamente abogados. Para ampliar la representación propone que el Cuerpo pase a tener 17 miembros, unos 4 más que en el formato actual.
Pero la oposición anuncia que bloqueará su tratamiento en Diputados.

La Corte y la oposición están en pie de guerra, no ya contra el gobierno, sino contra la democracia. Quieren desequilibrar aún más la correlación de fuerzas en el Consejo, afianzando a sectores corporativos, y garantizando impunidad para los grupos económicos concentrados, que alcanzaron durante el macrismo, además de enormes ganancias, la suma del poder público. La democracia no se los debe permitir.