Análisis
La soberanía en jaque: el autoritarismo fiscal y judicial del gobierno de Milei
La paradoja de la soberanía bajo un régimen autoritario.
Por Emilia Trabucco*
El 20 de noviembre las y los argentinos festejamos el Día de la Soberanía Nacional, en rememoración a la Batalla de la Vuelta de Obligado ocurrida en 1845 durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas, constituyéndose en símbolo de la defensa de la soberanía nacional frente a las potencias extranjeras.
En este contexto político, económico y social, nada más importante que traer este hecho a la memoria colectiva. La reciente foto del presidente Milei junto al reciente presidente electo de Estados Unidos Donald Trump y el multimillonario Elon Musk, en la gala del conservador America First Policy Institute realizada en Mar-a-Lago, es expresión de un proyecto de absoluta subordinación, que debe seguir motivando debates urgentes sobre el rumbo del país.
¿Qué entendemos por soberanía nacional? La capacidad de un pueblo para decidir sobre su destino económico, político y social, algo que en el gobierno de Javier Milei se ve amenazado con el discurso de «libertad» y «modernización», consolidando un modelo autoritario y fascista que se manifiesta tanto en el plano económico como en el judicial, erosionando los principios democráticos que deberían regir a la Argentina.
El modelo de liberalización financiera: una soberanía entregada
La historia de nuestro país se ha visto dividida desde sus inicios. Según Galasso, la historia argentina ha estado dividida entre dos proyectos antagónicos: uno que busca la Independencia Nacional y la Justicia Social, y otro que persigue la subordinación a las potencias extranjeras y la consolidación de una élite privilegiada. Esta dualidad se manifiesta en lo que Galasso denomina la «ruta del pueblo», que busca una Argentina independiente, inclusiva y soberana, y la «ruta de la oligarquía», que opta por la dependencia y la entrega de los recursos nacionales a intereses foráneos.
El endeudamiento externo es un claro ejemplo de este planteo, diferenciando aquellos gobiernos que buscaron desendeudar el país, de aquellos que lo hunden en las profundidades de acuerdos impagables. El reciente DNU 846/2024, que permite al Ejecutivo tomar deuda externa sin pasar por el Congreso ni cumplir con la Ley de Administración Financiera, es una afrenta directa a la soberanía popular. En lugar de fortalecer los mecanismos democráticos de decisión, Milei ha optado por concentrar el poder, eliminando el debate parlamentario sobre una cuestión tan crucial como el endeudamiento del país.
Este modelo de liberalización financiera no solo perpetúa la dependencia económica de organismos internacionales y capitales especulativos, sino que también sienta las bases para futuras crisis de deuda que pagarán las generaciones venideras. La capacidad de decidir sobre el uso y destino de los recursos nacionales se ve subordinada a los intereses de un mercado financiero global al que el gobierno parece responder con mayor lealtad que al pueblo argentino.
La ficha limpia: persecución judicial disfrazada de transparencia
En el plano judicial, la implementación de la ley de «ficha limpia» como requisito para ejercer cargos públicos representa una herramienta de persecución política. Bajo la apariencia de garantizar la ética en la función pública, este mecanismo facilita la exclusión de opositores mediante procesos judiciales cuestionables.
El caso de Cristina Fernández de Kirchner es emblemático. Condenada en un contexto de persecución mediática y judicial, su situación refleja un sistema que utiliza las instituciones de justicia para neutralizar voces opositoras. La «ficha limpia» consolida un modelo en el que la justicia se convierte en un arma para el autoritarismo, dejando al margen del juego político a quienes representan un desafío real al statu quo.
La paradoja de la soberanía bajo un régimen autoritario
El discurso de Milei sobre la «soberanía individual» contrasta con la realidad de su gobierno. Mientras promete liberar a los ciudadanos del «yugo estatal», concentra poder en el Ejecutivo, elimina controles democráticos y somete al país a reglas impuestas por actores externos.
La soberanía se convierte en un concepto vacío cuando el Estado renuncia a su capacidad de regular la economía para proteger a los sectores más vulnerables. Cuando la justicia es utilizada para perseguir a opositores en lugar de garantizar derechos, la libertad deja de ser un ideal y se transforma en una herramienta de dominación. Libertad sin alimento, sin techo, sin un salario digno, es una libertad para unos pocos y pocas.
El modelo autoritario de Milei requiere una respuesta contundente de los sectores democráticos, frente a una erosión sistemática y acelerada de la soberanía popular y un retroceso en las conquistas democráticas logradas con lucha y sangre del pueblo.
En un contexto de crisis económica y social, defender la soberanía no es solo una cuestión de principios, sino una necesidad para garantizar que las decisiones sobre el futuro del país respondan a las necesidades del pueblo, y no a los intereses de una élite económica y política que perpetúa la desigualdad y la injusticia.
La Argentina enfrenta un desafío histórico: resistir las políticas que destruyen su capacidad de autodeterminación y construir un modelo verdaderamente democrático y soberano, donde la libertad no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho para todos y todas.
El Día de la Soberanía Nacional no solo debe tratarse de una rememoración de un hecho histórico, sino que también es una oportunidad para reflexionar sobre el significado de la soberanía en el presente: la capacidad de un país de tomar decisiones autónomas en lo político, económico y social, libres de presiones externas.
En este Día de la Soberanía, la memoria de la Vuelta de Obligado nos interpela como argentinos y argentinas a repensar qué significa, hoy, defender nuestra soberanía. Aquel episodio nos recuerda que no hay independencia sin decisiones políticas que prioricen el bien común por sobre los intereses extranjeros. Sin embargo, las ideas que impulsa Javier Milei, con su abierta apuesta a la privatización de los recursos estratégicos y la subordinación a lógicas de mercado extranjeras, representan un grave retroceso histórico.
Defender la soberanía no es solo un gesto simbólico, sino una práctica cotidiana que exige preservar nuestras herramientas de autonomía: desde los recursos naturales como el Río Paraná y Vaca Muerta hasta las instituciones que sostienen nuestra ciencia, educación y justicia social. Frente a quienes buscan desmantelar estas conquistas en nombre de un falso «libre mercado», hoy reafirmamos que la soberanía no se vende ni se regala: se defiende, como ayer, con convicción y unidad nacional.
*Trabucco es psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y de CLAE Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
Análisis
La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo
Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».
Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia
Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.
Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.
Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.
Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.
El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina
La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.
Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.
La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.
Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)
La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.
Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.
Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.
El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas
El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.
Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.
El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.
Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala
La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.
El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.
En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.
Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.
Machismo de guardapolvo blanco
Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.
La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.
Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.
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