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Análisis

En zona de confort

El gobierno porteño logra imponer su agenda sin mayores inconvenientes, dejando que los reclamos por la situación económica recaigan en el Ejecutivo nacional. Así, Horacio Rodríguez Larreta convierte su gestión en campaña electoral hacia 2023.

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Por Adrián Pulleiro – Coordinador de FUTURA – Laboratorio de Ideas
@adrianpulleiro


La inflación sí discrimina

El aumento del costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sigue su curso como ocurre en todo el país. Obviamente representa un factor de malestar permanente, aunque con una particularidad: es un problema respecto del cual, en términos generales, el Gobierno de la Ciudad suele quedar al margen de toda responsabilidad.

Si bien, comparados con lo que pasa a nivel nacional, la inflación en la CABA queda por debajo del promedio (61,8% contra 64% anual, hasta el mes de junio), es importante remarcar dos elementos. Si se toman los últimos datos disponibles, tanto el precio de los alimentos (5,5%) como de los alquileres (7,2%) volvieron a subir por encima de la inflación general del distrito (5,1%).

Lo primero es determinante para los sectores con menos ingresos (posean o no un empleo formal) y demanda acciones específicas que el Gobierno porteño podría incorporar con fuerza, pero que sólo asume de manera marginal. Lo segundo es muy relevante en una ciudad en donde más de un tercio de la población alquila una vivienda -un universo que casi duplica el promedio nacional- y en la cual más de un 10% sufre déficit habitacional (vive en villas, casas tomadas y hospedajes transitorios). Mientras tanto, la rentabilidad para quienes cobran por ese alquiler muestra una suba importante en los últimos meses.

A esto hay que sumar que la Ciudad evidencia una tendencia contradictoria. Mientras el valor de las propiedades baja y las operaciones de compra/venta de inmuebles merman, según datos oficiales la construcción de espacios nuevos sigue creciendo. Algo que muestra la autonomía de esa actividad respecto de lo que ocurre con las posibilidades reales de acceder a una vivienda propia. En todo caso, lo que manda es la búsqueda de los sectores más pudientes por preservar el valor de sus excedentes en tiempos de alta inflación y la especulación de los grandes capitales que tienen margen para apostar con subas a futuro. 

En suma, toda una problemática sobre la cual, a diferencia de lo que ocurre en grandes ciudades occidentales como Berlín o Barcelona, el macrismo-larretismo ha dado sobradas muestras de no pretender ningún tipo de regulación. Su política se remite a facilitar la ampliación de la lógica del negocio inmobiliario a pesar del rol nocivo que juega respecto de las posibilidades de acceso a la vivienda digna para los sectores de la población que viven de su trabajo.  

Un oficialismo en expansión

Durante las últimas semanas, el Ejecutivo de la Ciudad no encontró obstáculos para resolver en la Legislatura algunas situaciones importantes para el corto y mediano plazo. A diferencia de lo que pasa a nivel nacional, con un Gobierno que no pudo aprobar su presupuesto en el Parlamento, el gobierno local aplacó algunas tensiones internas (y agitó otras en el Frente de Todos) para conseguir la ampliación del presupuesto actual. También pudo destrabar la construcción del parque lineal sobre la avenida Honorio Pueyrredón, que venía siendo rechazada por colectivos vecinales y frenada por la Justicia. Ambas acciones tienen alcances bien distintos, pero suman a la imagen de un Gobierno capaz de avanzar sin contrapesos.

En paralelo, el oficialismo sigue demostrando la capacidad de abarcar todo el espacio discursivo posible. En este caso, dándole a la cuestión ambiental un lugar central. El inicio de varias obras del Plan Calles Verdes, la difusión de acciones ligadas al reciclado o la forestación en varios puntos de la ciudad, forman parte de esa estrategia que combina la preocupación por el ambiente y la apertura de espacios de participación vecinal.

Esta impronta puede leerse en una doble clave. La más obvia: en octubre la CABA va a ser sede de la Cumbre Mundial de Alcaldes, evento que tendrá como principal eje de debate la situación ambiental de las ciudades. Pero si se mira hacia atrás, es un aspecto que forma parte de una perspectiva que viene siendo asumida por las gestiones neoliberales de la CABA desde hace tiempo y que empalma con el discurso global que considera compatibles ciertas medidas de mitigación del cambio climático con el desarrollo capitalista. Sin ir más lejos, el Plan Calles Verdes está enmarcado en la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Ampliar la capacidad de interlocución no implica descuidar el núcleo duro. En una puesta en escena que busca reforzar su imagen de funcionario comprometido con la cruzada contra la delincuencia, Horacio Rodríguez Larreta le puso el cuerpo al anuncio más importante que hizo en materia de seguridad durante las últimas semanas. El jefe de Gobierno presentó nuevos canales para denunciar delitos vía telefónica, en cabinas especiales y mediante un código QR.

Más allá de las temáticas y de los destinatarios, vista de conjunto, la acción del oficialismo porteño se rige por dos grandes criterios: construir “una gestión moderna” que se presenta como sinónimo de eficiencia y la puesta en práctica de una particular concepción de la participación, basada en una ciudadanía “colaboradora” más que protagonista de grandes decisiones.

Demandas que sí se escuchan

En medio de la agudización de la crisis financiera y de un nuevo pico inflacionario, las demandas socioeconómicas tienden a concentrarse en el Gobierno nacional. Es una dinámica que se repite ante ese tipo de escenarios y que se da como algo obvio, incluso al interior del campo popular y las izquierdas locales. Analizar las razones históricas y políticas de esa dinámica es algo interesante y requeriría de mucho más espacio. Digamos por ahora que es un modo de funcionamiento de la protesta social que favorece al oficialismo porteño. 

Si miramos más allá de las grandes manifestaciones que pueblan el centro político del país, las últimas semanas volvieron a mostrar cómo el eje vivienda, hábitat y ambiente oficia como uno de los terrenos principales en donde se juega la disputa entre el modelo de ciudad neoliberal encarnado por el oficialismo y los gérmenes de alternativas que representan organizaciones sociales y vecinales. La relevancia de la agenda vinculada a ese eje no solo se percibe en las acciones de resistencia relacionadas con la defensa del patrimonio natural y edilicio, y en la pelea por más espacios verdes o contra el avance de los grandes proyectos inmobiliarios, sino también en el peso asignado por el gobierno porteño a las iniciativas antes mencionadas.

Junto con esto, no hay que perder de vista otros focos de reclamo permanente. Desde  las comunidades educativas que siguen activando por los problemas edilicios, la calidad de la comida que reciben les estudiantes de todos los niveles y el recorte en la educación especial. Hasta los profesionales de la salud que en el último tiempo luchan contra el vaciamiento del sistema de salud mental y las organizaciones sociales que reclaman más recursos para atender a las personas en situación de calle. 

La campaña de la campaña

Horacio Rodríguez Larreta es el único presidenciable de la oposición que está verdaderamente en formato campaña. Esto se explica por varias razones. Entre ellas, porque en su territorio no tiene grandes conflictos en curso, ni en el frente interno ni en el externo, y porque puede aprovechar las iniciativas locales para darles rebote nacional.

Con una estructuración política en las provincias que está en pleno desarrollo, Larreta evita debatir con sus competidores al interior de Juntos por el Cambio y sube el perfil de opositor polarizando directamente con Cristina Kirchner, sabiendo que el ascenso de Sergio Massa puede significarle algún problema a futuro.

Durante el último mes se tornó más evidente que el jefe de Gobierno porteño hará campaña con la política que hace desde la CABA: programas culturales que se abren al resto del país; acciones para mostrar su política de seguridad como un modelo replicable; eventos internacionales para seguir construyendo a la Ciudad de Buenos Aires como una marca ligada a la modernidad y el cosmopolitismo.

Si, como en la guerra, uno de los secretos de la política es lograr imponer condiciones que incomoden a las fuerzas adversarias y faciliten el despliegue propio, parece que la derecha porteña va por buen camino. Actualmente puede hablar casi exclusivamente de los temas que le son más cómodos y mostrar lo que le conviene de su gestión, casi sin costos ni replicas de peso. Tal como ocurre en cualquier competencia, habrá que contarle virtudes propias y también debilidades ajenas.

Análisis

Sin golpe de Estado ni tanques, así se destroza la democracia en el siglo XXI: decretos, lawfare y un Congreso socavado

Un análisis del New York Times advierte que la Corte Suprema de Estados Unidos le arrebata sistemáticamente poder al Congreso, el cuerpo directamente elegido por los ciudadanos. El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos: en Argentina, el gobierno de Javier Milei lo lleva al extremo con una fábrica de decretos que intentan legislar por las espaldas del Parlamento. El DNU 70/23, la Ley Bases, el veto a las universidades y los fallos parciales de la Corte argentina configuran un mismo patrón global: el vaciamiento del poder legislativo.

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El Argentino Diario-Donald Trump-Javier Milei.

El Congreso fue diseñado para ser el corazón de la democracia representativa: el lugar donde los ciudadanos, a través de sus representantes elegidos, deciden las leyes que organizan la vida en común. Ese principio, fundacional en cualquier república, está siendo erosionado de manera simultánea en dos de las democracias más antiguas de Ámerica, con métodos distintos pero con el mismo resultado: el vaciamiento del poder legislativo en favor del ejecutivo y del poder judicial, dos poderes que nadie vota.

Un análisis publicado esta semana por el New York Times en su sección de investigación plantea que la Corte Suprema de EEUU, liderada por John Roberts, lleva años despojando sistemáticamente de poder al Congreso norteamericano: restringe la capacidad de las agencias reguladoras de implementar leyes, exige estándares imposibles para las políticas de derechos civiles, limita la delegación de poder a los organismos estatales.

El resultado, según el análisis, es una transferencia gradual y silenciosa de poder hacia un tribunal no electo que se mueve más rápido que el Congreso y tiene menos obligaciones en la estructura constitucional.

El espejo argentino: Milei y la fábrica de Decretos

En Argentina, el fenómeno adopta otra forma pero apunta al mismo destino. Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023 y en sus primeros días de gobierno firmó el DNU 70/23, un mega decreto de necesidad y urgencia con más de 300 artículos que desreguló la economía, modificó el régimen laboral y alteró decenas de normas aprobadas por el Congreso, todo ello sin pasar por el Parlamento.

La Constitución argentina establece que los DNU son una herramienta de carácter excepcional, para situaciones de urgencia que impidan el tratamiento legislativo ordinario. Milei los usó como método de gobierno: según datos de Chequeado, en 2025 el libertario dictó 11 DNU, igualando la cantidad de leyes que se promulgaron en el mismo período.

La Confederación General del Trabajo (CGT) obtuvo una medida cautelar que suspendió el capítulo laboral del DNU 70/23. La reforma laboral quedó en suspenso. Pero el resto del decreto siguió vigente, porque la Corte Suprema argentina rechazó sucesivos planteos para obligar al Congreso a tratarlo y declararlo inconstitucional en su totalidad, bajo el argumento de que no había «caso o controversia» suficiente. La Corte falló contra cuatro de los cinco DNU que analizó en los últimos años, pero el DNU de Milei sigue en un limbo jurídico que, en la práctica, lo mantiene vigente.

El veto a las universidades: cuando el ejecutivo dice no al Congreso y a la Justicia

El patrón no se agota en el DNU 70/23. El Congreso argentino aprobó en 2024 una ley de financiamiento universitario que garantizaba recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y disponía actualizaciones salariales para su personal. Milei la vetó. El Congreso ratificó la ley. Milei la ignoró.

En junio de 2026, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obligó al gobierno a cumplir con esa Ley, en un fallo que los rectores universitarios celebraron como el final de un proceso largo y difícil. Según representantes universitarios, las transferencias del gobierno a las universidades nacionales registraron una caída del 45,6% entre 2023 y 2026. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, lo sintetizó en una publicación en X: «Fue un camino largo y difícil. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública.»

El escenario se repite en cada conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso: el gobierno desconoce o veta las leyes que no le gustan, impulsa reformas estructurales mediante decretos que evitan el debate parlamentario, y espera que la Corte tarde años en resolver, como ocurrió con el DNU de Macri sobre el que el máximo tribunal recién se pronunció siete años después de firmado. La lentitud judicial se convierte así en un instrumento político: el decreto funciona mientras la Corte no lo invalida.

Un fenómeno global: del Congreso de papel a la democracia de papel

El paralelo entre el análisis del NYT sobre EEUU y la Era Milei no es casual ni superficial. Responde a una tendencia global que politólogos y constitucionalistas vienen documentando desde hace años bajo el nombre de «retroceso democrático» o «erosión democrática»: la democracia no muere de un golpe, sino que se vacía lentamente, cuando las instituciones formales siguen en pie pero pierden su contenido real. El Congreso existe pero no legisla; la Corte existe pero tarda o esquiva; el presidente gobierna por decreto y el Congreso aprobado por el voto popular queda reducido a un sello.

En EEUU, la Corte Suprema de mayoría conservadora, designada en buena medida por Trump durante su primer mandato, avanzó en años recientes sobre el derecho al aborto (revertiendo Roe v. Wade), sobre la regulación ambiental (limitando la capacidad de la EPA), sobre la autonomía de las agencias independientes (restringiendo el poder de la FTC) y sobre la inmunidad presidencial (otorgándosela a Trump en un fallo sin precedentes en la historia del país). Cada uno de esos fallos recortó el poder del Congreso para regular, proteger y legislar, y lo transfirió a un tribunal no electo cuyos miembros tienen cargos vitalicios.

En Argentina, el proceso tiene su propia especificidad: aquí el vaciamiento lo lidera el Ejecutivo, que gobierna por Decreto y asfixia presupuestariamente todo aquello que el Congreso aprobó, desde las universidades hasta la Línea 144, desde los programas sociales hasta las transferencias a provincias. La Corte oscila entre frenar algunos excesos (universidades, reforma laboral) y dejar pasar otros (el DNU 70/23 en su conjunto). El resultado es una democracia que funciona en sus formas pero pierde sustancia en su contenido.

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