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Megaoperativo de la policía porteña para desalojar Casa Santa Cruz

Hay 170 familias, de las cuales 131 son niños o niñas, lo cual no justifica el gran despliegue policiaco de más de 500 agentes.

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Unas 600 personas resisten el intento de desalojo en Casa Santa Cruz, en el barrio porteño de Parque Patricios, donde viven 350 adultos y más de 100 niños, en medio de un megaoperativo de la Policía de la Ciudad que cuenta con el vallado de todas las calles aledañas y el despliegue de cientos de efectivos.

«Estamos esperando al oficial de justicia. Recién nos enteramos de que no vino uno solo, sino por lo menos hay más de cuatro. Hay un operativo descomunal. El parque está todo vallado», dijo Iliana Llanos, quien vive hace 10 años en el edificio y es la presidenta de la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco.

Fuentes de la fuerza de seguridad porteña aseguraron que trabajan cerca de 500 efectivos.

«No se entiende. Si están queriendo que las familias desalojen de forma pacífica, ¿por qué están armando todo esto?. ¿O de pronto les dan miedo 131 niñitos?», agregó Llanos.

Desde ayer por la tarde, cuando se realizó un festival y vigilia en apoyo a las 170 familias que viven -algunas- desde 2004 en el edificio ubicado en Santa Cruz 140, un grupo de alrededor de 600 personas resisten al desalojo previsto para hoy.

Afuera del establecimiento acompañan organizaciones y gente de a pie, mientras dentro del edificio de seis pisos se encuentra gran parte de las personas que viven en el lugar.

El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para este martes, en el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil Nro. 60.

Según una resolución dictada el pasado miércoles por el juez Fernando Cesari, el desalojo puede ser de forma «escalonada» y se autorizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales «ante la complejidad del caso», de considerarlo necesario.

La nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña.

En ella, la cartera advirtió que «la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años» debido a «la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión», mientras sostuvo que «no se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan».

El edificio donde se emplaza la Casa Santa Cruz es una unidad funcional de la antigua fábrica de toallas Selsa que quebró en la década de los 90.El ex complejo fabril de seis pisos, que se encontraba «deshabitado y desarreglado» cuando en 2004 algunas familias decidieron ingresar para tener un lugar donde vivir, hoy cuenta con servicio de agua, luz y cloacas, ya que las y los vecinos le pusieron «plata, el pecho y dedicación», según relataron a esta agencia.

En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirido por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició un juicio por desalojo.

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Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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