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Buenos Aires: modelo del saqueo urbano 

La dificultad de acceso a la vivienda en la Ciudad de Larreta.

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Por Mariana Collante 

El III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se desarrolló en Buenos Aires, incluyó entre sus debates la dificultad para acceder a la vivienda. Vivimos un proceso mundial de concentración, y financiarización del suelo urbano que limita la posibilidad de un hábitat digno y de calidad para la mayoría de las personas que viven de su trabajo.

Durante la década del ‘70 comenzaron a instaurarse gobiernos liberales por la vía del voto de sus ciudadanos en países como Gran Bretaña, y en Estados Unidos, o mediante la instrumentación de golpes de estado como ocurrió en nuestra región. Por decisión de las mayorías, o por el asesinato, la tortura y la persecución, se instauraron políticas que beneficiaron a los grandes capitales locales y extranjeros. Décadas después de la liberación total del mercado de vivienda, y del retiro de los estados de su regulación y planificación, el acceso a un techo es una demanda urgente. No es casualidad, entonces, que el marco de debate haya sido la ExESMA a horas de cumplirse un nuevo aniversario del golpe cívico militar en Argentina.

Cuando oímos “extractivismo” pensamos en la pesca a gran escala, en la minería a cielo abierto, en la apropiación de recursos que nos pertenecen a todos los habitantes, pero que son usufructuados por una minoría muy poderosa. Ese modelo de explotación tiene su correlato en los centros urbanos, y la ciudad de Buenos Aires, luego de 15 años de gobierno macrista, lo muestra con toda su gravedad.

En la mesa de debate “Buenos Aires: la disputa entre el derecho a la ciudad y el extractivismo urbano”, María Eva Koutsovitis, docente de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, consideró que existen dos modelos opuestos: el que pone a todas las personas en igualdad de condiciones para habitar la ciudad y el modelo de saqueo de nuestro patrimonio común. Explicó que por igualdad de condiciones entendemos el acceso al saneamiento, a la conectividad, a los espacios verdes, al agua, entro muchos otros factores. Solo un ejemplo; en la ciudad más rica del país, alrededor de medio millón de personas, es decir, el 15 por ciento de la población no tiene acceso formal al agua potable. Esta falta, que se da en el sur porteño, trae aparejada la proliferación del dengue, y de otras enfermedades. Koutsovitis también aportó datos para entender a qué se refiere con el concepto de extractivismo urbano: “En los últimos 10 años se privatizaron 500 hectáreas de tierras públicas, esta extensión equivale a los barrios de San Telmo y La Boca”. Otro mecanismo, detalla la especialista, es “la concesión llave en mano”. Es decir, se concesiona terreno público, pero el privado que lo toma no hace ningún tipo de inversión, riesgo cero, y el Estado le garantiza una rentabilidad fabulosa.  Entran en esta categoría; el predio de exposiciones, el sistema público de bicicletas, y el subterráneo. “Llave en mano, no solo garantiza negocios fascinantes a los empresarios, sino lo que hace es ir precarizando los servicios para asegurar estas ganancias extraordinarias”.

En los últimos 10 años del gobierno del Pro se construyeron mil millones de metros cuadrados, cuenta María Eva Koutsovitis. “Comparado es un Puerto Madero cada dos años. Su hacemos la cuenta es la construcción de cinco Puerto Madero”. Se construyen edificios lujosos que están dirigidos al tres por ciento de la población que posee los mayores ingresos. Este mecanismo encarece el suelo, funciona como resguardo de valor, por lo tanto, no es necesario que esos espacios sean habitados. Lo importante es la inversión. Para dejar en claro la desigualdad en la que está sumida la ciudad de Buenos Aires, la docente destaca que “a la par del despliegue de los desarrolladores inmobiliarios hay, por lo menos, 500 mil personas en emergencia habitacional”.

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Con permisos y todo: la policía de Jorge Macri hostigó a un cafetero en pleno Once

Un vendedor de café identificado como Ariel fue interceptado por efectivos porteños en la esquina de Pueyrredón y Perón a pesar de contar con documentación habilitante. El episodio, registrado en video y difundido por la flamante Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), reaviva el debate sobre la criminalización del trabajo informal en la Ciudad gobernada por Jorge Macri.

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El modelo Macri en Once: operativos contra laburantes mientras la "Ley Beatriz" sigue cajoneada.

Criminalización del trabajo informal: la Policía de la Ciudad hostigó a un cafetero habilitado y con permisos en pleno Once

★ En el corazón del barrio de Balvanera, sobre la concurrida esquina de la avenida Pueyrredón y Perón, a metros de la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad interceptó el miércoles 3 de junio a Ariel, un cafetero ambulante que desarrollaba su jornada laboral habitual con todos los permisos en regla. El hecho fue registrado en video y difundido por la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), organización que denunció el procedimiento como un nuevo episodio de «persecución sistemática» y «violencia institucional» contra los trabajadores de la vía pública.

Según el relato de la UVAO, dos efectivos de la fuerza porteña comenzaron a fotografiar a Ariel sin identificarse ni explicar el motivo. Minutos después, le exigieron detenerse y solicitaron refuerzos. Ante la exhibición de los permisos de trabajo correspondientes, la situación no se detuvo, sino que escaló, generando la indignación de transeúntes que presenciaron el procedimiento.

Una organización que nació de la resistencia

La UVAO se constituyó en abril de 2026, en respuesta directa a la intensificación de los operativos policiales en la zona comercial de Once, coordinados entre la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri. La agrupación surgió bajo la consigna de «respeto y diálogo» y viene documentando y denunciando decomisos de mercadería, detenciones y lo que sus integrantes describen como un despliegue estatal desproporcionado.

«Patrulleros, motos y efectivos para arrestar a un laburante como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. No somos delincuentes; pedimos una solución justa para quienes solo buscan el sustento diario», declararon desde la entidad en sus comunicaciones públicas.

El episodio del cafetero Ariel no es un caso aislado. En julio de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Espacio Público vaciaron a la alcantarilla el café de otro vendedor ambulante apostado al pie de la estación Once del tren Sarmiento, sobre la calle Mitre, en la misma zona de Balvanera. El video de ese procedimiento se viralizó en redes sociales, y los peatones que pasaban gritaron: «A los laburantes le hacen eso, vergüenza les tiene que dar».

El patrón: más fuerza, menos derechos

El caso de Once se inscribe en un fenómeno más amplio que Tiempo Argentino documentó el 27 de mayo de 2026: una política sistemática del Gobierno porteño que despliega operativos de control masivo sobre trabajadores informales en barrios populares de toda la Ciudad. El megaoperativo «Tormenta Negra», ejecutado el 14 de mayo con más de 1.500 efectivos, drones y amplia cobertura mediática, se presentó como una acción contra el narcotráfico, pero organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el despliegue funcionó en la práctica como una avanzada sobre vecinos, comerciantes y trabajadores de la economía popular.

Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, describió el operativo como «un desfile de ley y orden para la televisión», y alertó que en numerosos procedimientos la mercadería y las herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.

Una «Ley Beatriz» que nunca llegó

El conflicto en Once tiene historia. Años atrás, una agrupación predecesora, los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), impulsó la llamada «Ley Beatriz», un proyecto para regularizar el trabajo en el espacio público. La denominación recuerda a una vendedora que murió atropellada durante un operativo policial. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura porteña, y la política de «tolerancia cero» hacia la venta no autorizada se consolidó como norma, incluso cuando, como en el caso de Ariel, el trabajador cuenta con los permisos que la propia ley exige.

El contrapunto institucional existe: la agrupación Buenos Vecinos BA, con presencia en foros de seguridad del barrio, respaldó los operativos argumentando que «el espacio público es de todos» y que la venta ambulante equivale a una «usurpación de la vía pública». Esa postura refleja la tensión real que atraviesa el barrio de Once, uno de los polos comerciales más activos y populares de Buenos Aires, entre el derecho al trabajo y las políticas de ordenamiento urbano.

Pero la pregunta que se repite en los barrios de la Ciudad sigue sin respuesta institucional: cuando el Estado llega primero con patrulleros y no con políticas de inclusión, regularización y trabajo, ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo?

Puntos clave

  • Ariel, cafetero con permisos habilitantes, fue hostigado por la Policía de la Ciudad en la esquina de Pueyrredón y Perón, en Once, el 3 de junio de 2026.
  • La UVAO, organización de trabajadores informales creada en abril de 2026, difundió el video y denunció una «persecución sistemática» y «violencia institucional».
  • El episodio se suma a un patrón documentado: en julio de 2025, la policía le volcó el café a otro vendedor ambulante frente a la estación Once.
  • El CELS y organizaciones sociales denunciaron que el megaoperativo «Tormenta Negra» (14 de mayo de 2026) afectó a trabajadores informales de barrios populares en toda la Ciudad.
  • La «Ley Beatriz», que buscaba regularizar el trabajo ambulante en el espacio público, nunca fue aprobada por la Legislatura porteña.
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