Vecinos y vecinas del barrio porteño de Chacarita presentaron un proyecto de ley en la Legislatura local que busca frenar la construcción de nuevas edificaciones en altura tras detectar cerca de 150 terrenos en obra en la zona, lo cual «arrasa con las características identitarias y la calidad de vida», según la iniciativa.

El proyecto fue elaborado por el colectivo barrial «Amparo ambiental Chacarita» para que sea tratado por la Comisión de Planeamiento Urbano y se sumó a los presentados con el mismo objetivo por residentes de Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa Ortúzar, Bajo Belgrano y Núñez; mientras que anunciaron el envío de proyectos desde Palermo y Almagro.

En el caso de Chacarita -un barrio situado en el oeste de la Ciudad en una superficie de 3,1 kilómetros cuadrados- el pedido vecinal apunta a que sean readecuados «diversos aspectos de la normativa urbanística vigente en sectores representativos de nuestros barrios».

La reglamentación actual se rige por el Código Urbanístico sancionado en 2018 por la Legislatura -que reemplazó al Código de Planeamiento Urbano- que amplió las alturas permitidas para los nuevos edificios y habilitó construcciones de más pisos en zonas de casas bajas.

Este fenómeno urbano preocupó a vecinos y vecinas de distintos barrios porteños que comenzaron a agruparse para analizar la normativa vigente y avanzar en la demanda al Gobierno porteño y a la Legislatura de un freno a los permisos de obra.

En Chacarita, un relevamiento mostró que hasta marzo unas 143 parcelas estaban afectadas por proceso de obra, en venta o demolición, por lo cual elaboraron una propuesta de ley que «pretende calibrar o reformular la normativa urbana actual a la estructura física identitaria de nuestro barrio», según explicaron.

Indicaron también como factores de preocupación «el incremento exponencial y arbitrario de la capacidad constructiva de las parcelas, que distorsiona los valores del suelo e incentiva la renovación urbana con sustitución de tejido patrimonial o histórico».

Agregaron también «el aumento arbitrario de las alturas de la edificación, que alteran la escala urbana y las condiciones de habitabilidad, así como la intensiva ocupación del suelo permitida, que incentiva la disminución de la superficie absorbente y la pérdida de los pulmones de manzana».

«Anhelamos poner freno a este proceso de transformación con impactos negativos en nuestros barrios, proteger el patrimonio aún vigente y recuperar la calidad de vida», concluyeron en el proyecto que contó con la colaboración de la diputada del Frente de Todos Claudia Neira, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y de docentes y profesionales de la arquitectura y el urbanismo.