Personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires avanzó esta tarde contra legisladores del distrito y manifestantes que respaldaban a un grupo de mujeres en medio del desalojo de una vivienda que habitan con sus hijos e hijas en el barrio de Almagro luego de haber “quedado en la calle” al escapar de situaciones de violencia de género, según constató Télam en el lugar.
El comisario César Marizza, al frente del operativo, ordenó sacar a los manifestantes que se apostaban del otro lado de una valla para permitir el movimiento de tres camiones con los muebles y objetos de las mujeres desalojadas, lo que derivó en forcejeos y empujones, y al menos cuatro personas quedaron demoradas.
Las legisladoras de CABA Ofelia Fernández, María Bielli y Berenice Iañez, del Frente de Todos, están entre los manifestantes junto al Auditor de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Teszkiewicz.
ASÍ LA INFANTERÍA DE LARRETA QUIERE DESALOJAR LA CASA PRINGLES: Un espacio para mujeres y niñxs en situaciones de violencia y/o de calle. Crueldad al palo. pic.twitter.com/IRnHV8q2am— Victoria Freire (@vicki_freire) June 17, 2023
También en la primera línea frente a un cordón policial que intenta desplazar a los manifestantes está la diputada nacional Natalia Zaracho (FdT).
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El operativo para desalojar la Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora), ubicada en Pringles 343, comenzó a las 7 con un gran despliegue policial, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 19 a cargo de Lorena San Marco.
Se trata de una causa abierta por una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según pudo saber Télam.
Esa fiscalía había realizado una intimación al desalojo en marzo pasado, pero luego se abrió una instancia de negociación que suspendió la medida.
“Patearon la puerta y entraron por la fuerza; vinieron antes de las 7 con una orden de allanamiento para desalojar, estamos chequeando la legitimidad del desalojo”, dijo esta mañana a Télam desde el lugar Eva, una de las mujeres que viven en Casa Pringles.
Otra vez la Policía de Larreta atentando contra los más vulnerables: hoy desalorajon BRUTALMENTE la Casa de la Cultura de Pringles, avanzando sobre las viviendas que habitan 9 mujeres, 7 niñxs y personas en situación de calle. Es una VERGÜENZA @horaciorlarretapic.twitter.com/rsdOyJydLe— Gonza Carranza (@gonzacarranzaa) June 17, 2023
Eva contó que hace unas tres semanas mantuvieron una reunión con Matías Vitale, director general de la Administración de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires, quien les informó que quería destinar el inmueble para “hacer una ampliación del hogar Eva Duarte”.
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“Pasaron de querer rematarlo siete veces a decir que quieren usar la vivienda para un fin social”, afirmó a Télam Eva.
La mujer aseguró que unos días atrás pasó por Casa Pringles personal de Buenos Aires Presente (BAP) para realizar un relevamiento de las familias que viven allí, pero insistió en que “había negociaciones con el Gobierno de la Ciudad” hasta el arribo esta mañana del operativo policial.
Hasta el momento hay 2 detenidos, además de múltiples heridos durante la represión.@CORREPI afirmó: “El gobierno de Larreta está haciendo efectivo el desalojo a la Casa Pringles que alberga a niñxs y demás personas en situación de calle” pic.twitter.com/zK99TKtK43— Jose Amore (@josefinoamore) June 17, 2023
“Está todo vallado, hay unos 70 efectivos de la policía pero hay mujeres y niñes adentro”, añadió Eva, quien dijo que esperaban la presencia de organizaciones sociales y del área de Defensoría en el lugar.
Más temprano la diputada nacional Mónica Macha afirmó a Télam que el desalojo “es ilegal” y aseguró que “no se respetaron las condiciones mínimas” para llevarlo adelante.
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La abogada Paula Villani, que representa a las mujeres desalojadas, también denunció que se trata de “un procedimiento irregular debido a que no está hecha la notificación en el expediente”.
La Regional CABA de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudió enérgicamente los hechos acontecidos en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand este lunes, tanto en el sector de Ginecología como en la cartelera del gremio ATE.
En un comunicado firmado por Ramiro Geber y Enrique Rocatti, titulares de la organización, la APDH expresó su “profundo rechazo a los actos de violencia y amenazas” que tuvieron lugar en el hospital público.
“Consideramos que, a 40 años de recuperar la democracia, en un hospital público no deberían suceder estos hechos lamentables, violentos y que atentan a las instancias superadoras en la convivencia laboral, ciudadana y por sobre todas las cosas al respeto en un espacio de cuidado de la salud y del otro”, señala el comunicado.
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La APDH considera que “estos acontecimientos están fuera de lugar en todo espacio público y privado” y que “estos procedimientos utilizados por la última dictadura militar no tienen lugar en nuestra Patria, 40 años después de recuperar el Sistema Democrático Gobernante”.
“Debemos sancionar a los que comentan estos ilícitos, son contravenciones a los derechos humanos”, afirma la organización.
Y añade: “Desde un espacio de promoción y protección de los derechos humanos, como es la APDH, decimos Nunca Más, a todo tipo de atropello a los derechos individuales o grupales, y solicitamos a las Instituciones afectadas las denuncias correspondientes, dando nuestro apoyo y acompañamiento de ser solicitado, para que no se naturalicen los episodios de violencia como estos. Por una Argentina de todos y para todos, sin discursos de odio, acciones violentas y restricciones al ejercicio de la plena democracia. Memoria, Verdad y Justicia. Nunca Más”.
Los hechos repudiados por la APDH tuvieron lugar el pasado lunes 27 de noviembre en el sector de Ginecología, cuando un pequeño grupo de personas agredió verbalmente a una médica que se encontraba de guardia y en la cartelera del gremio ATE, se colocaron carteles con amenazas de muerte contra los trabajadores del hospital, con una clara alusión a situaciones de violencia y crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar.
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La APDH ha solicitado a las autoridades del Hospital Durand y de la Ciudad de Buenos Aires que investiguen los hechos y que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y pacientes del nosocomio.