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La CPM rechaza la represión en Jujuy mientras Morales la quiere llevar a nivel nacional

En medio de los enfrentamientos, el gobernador jujeño defendió la reforma de la Constitución de su provincia, pero la Comisión por la Memoria advirtió que la modificación de la Carta Magna provincial pretende «quitar los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía”.

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El-Argentino-Gerardo Morales

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires rechazó este sábado el intento de restringir la protesta social a través de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, aprobada en la madrugada de ayer, y advirtió que se pretende «quitar los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía”.

Por su parte, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, defendió este sábado la aprobación parcial de la reforma de la Constitución de esa provincia y dijo que la prohibición de los cortes de ruta y calles, que está contemplado en el nuevo texto, tiene que ser discutido «a nivel nacional».

Al respecto, desde la CPM aseguraron que “a 40 años del fin de la última dictadura cívico-militar, y en el marco de las reflexiones que como sociedad argentina debemos realizar en torno a este aniversario, queremos señalar nuestra preocupación y rechazo ante diversas iniciativas y decisiones de legislaturas y gobiernos provinciales que son altamente regresivas en materia de derechos humanos”.

“En los primeros años de esta democracia, renacida sobre el horror de la dictadura, el consenso mayoritario de todos los sectores políticos, organizaciones sociales y amplios sectores de la ciudadanía, sostenía que la democracia es el sistema político que permite alcanzar la plena vigencia de los derechos humanos”, indicaron en un comunicado.

Sostuvieron que “lo es, es en la medida que los pueblos tengan garantizado el derecho a tener derechos, es decir, a demandarlos mediante la expresión pública y la protesta, para conquistarlos o para obligar su cumplimiento si ya están en el plexo normativo”.

La CPM resaltó que “la propuesta de reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy cercenando el derecho a la protesta es un paso más que pretende modelar la carta magna al servicio de las políticas regresivas en materia de derechos, quitando los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía”.

Se afirmó luego que “la democracia argentina ha registrado muchos avances en materia de derecho, pero, al mismo tiempo, por las políticas implementadas por distintos gobiernos en diversas materias, la vulneración de derechos es una constante”.

“La democracia se asienta sobre una enorme brecha social, que ha ensanchado la desigualdad y condenado a la precariedad a millones de ciudadanos y ciudadanas”, se aseguró.

La Comisión analizó que “la represión, la criminalización de la protesta y su prohibición son el peor camino” e hizo un llamado a los diferentes partidos políticos, gobiernos, funcionarios y legisladores “a cambiar de rumbo y retomar aquel consenso construido al calor de la memoria del horror: la democracia es la plena vigencia de los derechos humanos”.

Morales defendió su reforma y quiere llevar ese modelo a nivel nacional

El gobernador defendió la aprobación parcial de la reforma constitucional de su provincia y dijo que la prohibición de los cortes de ruta y calles tiene que ser discutido «a nivel nacional».

«La Constitución de Jujuy va a ser la primera Constitución que pone en debate un tema que tenemos que discutir a nivel nacional: el corte de ruta y el corte de calle está prohibido. Ya se aprobó la Constitución por unanimidad con esta reforma parcial que venimos anunciando desde septiembre con esos ejes», dijo esta mañana Morales a radio Mitre.

En ese marco, el gobernador jujeño defendió la reforma -aprobada en la madrugada de ayer- que viene generando multitudinarias protestas en la provincia así como repudios por parte de organizaciones sociales y gremiales que denuncian que se busca limitar el derecho a la protesta social, y que derivó esta mañana en una represión policial en localidades como Purmamarca.

«Es una reforma moderna, elimina las reelecciones indefinidas, elimina los fueros de la política, todos los privilegios de la política, prohíbe la Ley de Lemas, prohíbe los indultos para casos de corrupción y femicidio, establece sistemas para el sufragio con medios electrónicos, que vamos a tratar de poner en marcha lo más inmediatamente posible en la provincia», dijo Morales.

El postulante a la presidencia por el radicalismo explicó además que el texto aprobado «establece nuevos derechos, derechos para las comunidades indígenas, como la consulta previa informada, la paridad de género con rango constitucional» y remarcó que es «la primera Constitución que aborda y regula la Inteligencia Artificial, y establece el derecho a la inclusión digital».

«También mantiene el artículo 32 de la Constitución: la manifestación es un derecho por el que no hay que pedir permiso, pero en tanto sea pacífica y sin armas», aclaró.

Y precisó: «Lo que sí hemos agregado es un artículo que regule la manifestación en los términos de los parámetros de Naciones Unidas, que establece que está prohibido estigmatizar y criminalizar, pero prohíbe los cortes de ruta, cortes de calles y las usurpaciones de edificios públicos, porque cortar rutas no es un derecho, es un delito».

«Hay quienes creen que cortar una ruta, una calle son una modalidad de protesta, entonces tiene que haber una ley que establezca y que ordene el ejercicio de ese derecho, ningún derecho, ni los que tiene usted ni los que tengo yo establecidos en la Constitución nacional son absolutos», expresó el mandatario.

Para Morales, hay que «darnos un debate sobre esto a nivel nacional porque jode al que va a trabajar y no puede circular, o al que tiene que llevar a los chicos a la escuela».

«Veamos la normativa que hay en Washington en Ginebra, donde está la sede de Naciones Unidas, y se tiene que avisar 2 días antes si se va a hacer una marcha para que la policía tome precauciones y pueda comunicar a las personas. Esto está regulado y planteado en cualquier lugar del mundo», según indicó.

Morales dijo además que en Jujuy «hubo un embate político muy fuerte, cabalgando sobre un reclamo justo de los docentes a quienes les hicimos una oferta de las 5 mejores del país en cuanto a las remuneraciones, en un marco de una situación de inflación, pero donde el gobierno ha financiado a los gremios, ha venido gente de afuera, han venido de organizaciones motorizadas por el kirchnerismo».

«La propia ministra de Trabajo ha planteado que va a hacer una acción de inconstitucionalidad sobre este artículo que prohíbe los cortes de rutas y calles, que el artículo 194 del Código Penal establece que son un delito», afirmó Morales.

Ayer, se conoció que el Gobierno nacional, a través de la cartera laboral, pedirá que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la Constitución jujeña, según adelantó la ministra Kelly Olmos.

«El Ministerio emitió un documento para que el Gobierno de Jujuy revise la legislación sobre derechos laborales institucionales, que buscan llevar al nivel penal lo que son derechos laborales absolutamente institucionalizados en la Argentina», afirmó Olmos en declaraciones a radio Provincia.

En este sentido, remarcó: «Di la directiva para presentar la inconstitucionalidad de los artículos de esta reforma de la Constitución».

«El derecho a la protesta y de huelga son derechos laborales instituidos por nuestra Constitución y también está la adopción de acuerdos internacionales que tienen jerarquía constitucional, por eso no solo elaboramos el documento estableciendo claramente cuál era la posición de nuestro Gobierno, sino que di la directiva de que se analice qué fue incorporado específicamente en la Constitución y nos vamos a presentar pidiendo la inconstitucionalidad de esos artículos», explicó Olmos.

Chaco

Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio

El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.

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El Argentino Diario-Policía de Chaco-Policía-Chaco.
Juicio por el ataque a jóvenes qom en Fontana: ocho de los diez policías acusados nunca dejaron la fuerza.

Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.

Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.

Una irrupción sin orden judicial

Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.

Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.

El daño que constataron las pericias

Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.

Seis años de espera y una pregunta abierta

En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.

El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.

Lo que tenés que saber:

  • Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
  • Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
  • Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
  • Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
  • El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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