La CPM rechaza la represión en Jujuy mientras Morales la quiere llevar a nivel nacional
En medio de los enfrentamientos, el gobernador jujeño defendió la reforma de la Constitución de su provincia, pero la Comisión por la Memoria advirtió que la modificación de la Carta Magna provincial pretende “quitar los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía”.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires rechazó este sábado el intento de restringir la protesta social a través de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, aprobada en la madrugada de ayer, y advirtió que se pretende “quitar los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía”.
Por su parte, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, defendió este sábado la aprobación parcial de la reforma de la Constitución de esa provincia y dijo que la prohibición de los cortes de ruta y calles, que está contemplado en el nuevo texto, tiene que ser discutido “a nivel nacional”.
Al respecto, desde la CPM aseguraron que “a 40 años del fin de la última dictadura cívico-militar, y en el marco de las reflexiones que como sociedad argentina debemos realizar en torno a este aniversario, queremos señalar nuestra preocupación y rechazo ante diversas iniciativas y decisiones de legislaturas y gobiernos provinciales que son altamente regresivas en materia de derechos humanos”.
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“En los primeros años de esta democracia, renacida sobre el horror de la dictadura, el consenso mayoritario de todos los sectores políticos, organizaciones sociales y amplios sectores de la ciudadanía, sostenía que la democracia es el sistema político que permite alcanzar la plena vigencia de los derechos humanos”, indicaron en un comunicado.
Sostuvieron que “lo es, es en la medida que los pueblos tengan garantizado el derecho a tener derechos, es decir, a demandarlos mediante la expresión pública y la protesta, para conquistarlos o para obligar su cumplimiento si ya están en el plexo normativo”.
La CPM resaltó que “la propuesta de reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy cercenando el derecho a la protesta es un paso más que pretende modelar la carta magna al servicio de las políticas regresivas en materia de derechos, quitando los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía”.
Se afirmó luego que “la democracia argentina ha registrado muchos avances en materia de derecho, pero, al mismo tiempo, por las políticas implementadas por distintos gobiernos en diversas materias, la vulneración de derechos es una constante”.
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“La democracia se asienta sobre una enorme brecha social, que ha ensanchado la desigualdad y condenado a la precariedad a millones de ciudadanos y ciudadanas”, se aseguró.
La Comisión analizó que “la represión, la criminalización de la protesta y su prohibición son el peor camino” e hizo un llamado a los diferentes partidos políticos, gobiernos, funcionarios y legisladores “a cambiar de rumbo y retomar aquel consenso construido al calor de la memoria del horror: la democracia es la plena vigencia de los derechos humanos”.
Morales defendió su reforma y quiere llevar ese modelo a nivel nacional
El gobernador defendió la aprobación parcial de la reforma constitucional de su provincia y dijo que la prohibición de los cortes de ruta y calles tiene que ser discutido “a nivel nacional”.
“La Constitución de Jujuy va a ser la primera Constitución que pone en debate un tema que tenemos que discutir a nivel nacional: el corte de ruta y el corte de calle está prohibido. Ya se aprobó la Constitución por unanimidad con esta reforma parcial que venimos anunciando desde septiembre con esos ejes”, dijo esta mañana Morales a radio Mitre.
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En ese marco, el gobernador jujeño defendió la reforma -aprobada en la madrugada de ayer- que viene generando multitudinarias protestas en la provincia así como repudios por parte de organizaciones sociales y gremiales que denuncian que se busca limitar el derecho a la protesta social, y que derivó esta mañana en una represión policial en localidades como Purmamarca.
“Es una reforma moderna, elimina las reelecciones indefinidas, elimina los fueros de la política, todos los privilegios de la política, prohíbe la Ley de Lemas, prohíbe los indultos para casos de corrupción y femicidio, establece sistemas para el sufragio con medios electrónicos, que vamos a tratar de poner en marcha lo más inmediatamente posible en la provincia”, dijo Morales.
El postulante a la presidencia por el radicalismo explicó además que el texto aprobado “establece nuevos derechos, derechos para las comunidades indígenas, como la consulta previa informada, la paridad de género con rango constitucional” y remarcó que es “la primera Constitución que aborda y regula la Inteligencia Artificial, y establece el derecho a la inclusión digital”.
“También mantiene el artículo 32 de la Constitución: la manifestación es un derecho por el que no hay que pedir permiso, pero en tanto sea pacífica y sin armas”, aclaró.
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Y precisó: “Lo que sí hemos agregado es un artículo que regule la manifestación en los términos de los parámetros de Naciones Unidas, que establece que está prohibido estigmatizar y criminalizar, pero prohíbe los cortes de ruta, cortes de calles y las usurpaciones de edificios públicos, porque cortar rutas no es un derecho, es un delito”.
“Hay quienes creen que cortar una ruta, una calle son una modalidad de protesta, entonces tiene que haber una ley que establezca y que ordene el ejercicio de ese derecho, ningún derecho, ni los que tiene usted ni los que tengo yo establecidos en la Constitución nacional son absolutos”, expresó el mandatario.
Para Morales, hay que “darnos un debate sobre esto a nivel nacional porque jode al que va a trabajar y no puede circular, o al que tiene que llevar a los chicos a la escuela”.
“Veamos la normativa que hay en Washington en Ginebra, donde está la sede de Naciones Unidas, y se tiene que avisar 2 días antes si se va a hacer una marcha para que la policía tome precauciones y pueda comunicar a las personas. Esto está regulado y planteado en cualquier lugar del mundo”, según indicó.
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Morales dijo además que en Jujuy “hubo un embate político muy fuerte, cabalgando sobre un reclamo justo de los docentes a quienes les hicimos una oferta de las 5 mejores del país en cuanto a las remuneraciones, en un marco de una situación de inflación, pero donde el gobierno ha financiado a los gremios, ha venido gente de afuera, han venido de organizaciones motorizadas por el kirchnerismo”.
“La propia ministra de Trabajo ha planteado que va a hacer una acción de inconstitucionalidad sobre este artículo que prohíbe los cortes de rutas y calles, que el artículo 194 del Código Penal establece que son un delito”, afirmó Morales.
Ayer, se conoció que el Gobierno nacional, a través de la cartera laboral, pedirá que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la Constitución jujeña, según adelantó la ministra Kelly Olmos.
“El Ministerio emitió un documento para que el Gobierno de Jujuy revise la legislación sobre derechos laborales institucionales, que buscan llevar al nivel penal lo que son derechos laborales absolutamente institucionalizados en la Argentina”, afirmó Olmos en declaraciones a radio Provincia.
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En este sentido, remarcó: “Di la directiva para presentar la inconstitucionalidad de los artículos de esta reforma de la Constitución”.
“El derecho a la protesta y de huelga son derechos laborales instituidos por nuestra Constitución y también está la adopción de acuerdos internacionales que tienen jerarquía constitucional, por eso no solo elaboramos el documento estableciendo claramente cuál era la posición de nuestro Gobierno, sino que di la directiva de que se analice qué fue incorporado específicamente en la Constitución y nos vamos a presentar pidiendo la inconstitucionalidad de esos artículos”, explicó Olmos.
La Secretaría de DDHH señalizó la Embajada de Cuba por “hechos vinculados al terrorismo de Estado”
El acto se realizó esta tarde en la sede de la Embajada de Cuba en Argentina, ubicada en Virrey del Pino 1810 de la ciudad de Buenos Aires, indicó el organismo de Derechos Humanos en un comunicado.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el embajador de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Prada Quintero, encabezaron hoy un acto en el que señalizaron el edificio de la representación cubana por ser un lugar “donde sucedieron hechos vinculados al terrorismo de Estado”.
El acto se realizó esta tarde en la sede de la Embajada de Cuba en Argentina, ubicada en Virrey del Pino 1810 de la ciudad de Buenos Aires, indicó el organismo de Derechos Humanos en un comunicado.
“A partir del trabajo en conjunto que tenemos con la embajada, tenemos grandes lazos que nos unen, tenemos un eje central en las políticas de derechos humanos, que es poder centralizarnos en la víctima y a partir de ahí intentar repararla integralmente”, valoró Pietragalla Corti.
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El embajador destacó que “más allá de cualquier consideración política o ideológica, los hechos que se cometieron contra esta embajada y este personal nunca más deberían repetirse ni en la Argentina ni en ningún otro lugar del mundo”.
Además, se indicó que la Embajada de Cuba en Argentina, sus dependencias y sus trabajadores cubanos y argentinos “fueron objetivos de la Operación Cóndor con la intención de atacar a la revolución cubana y su ejemplo, a través del plan de secuestro, tortura y desaparición ejecutado durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y antes de esta”.
La secretaría advirtió que “estos hechos constituyen una violación a las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre relaciones diplomáticas y consulares de 1961, de las que ambos Estados son parte”.
Entre los hechos vinculados al terrorismo de Estado, se recordó que un grupo operativo mixto de la inteligencia militar argentina y de comandos especializados de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), junto con miembros de la organización terrorista Acción Cubana, atentaron el 13 de agosto de 1975 contra el Embajador cubano.
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También que desde inicios de 1976, la Escuela José de San Martín -adscripta a la Embajada- y su personal fue hostigado.
La embajada fue asediada con tanques y por hombres armados durante días, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, al igual que la residencia del Embajador y la oficina comercial.
El 9 de septiembre de 1976, las Fuerzas Armadas y de Seguridad secuestraron a los diplomáticos cubanos Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández y los trasladaron al centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Automotores Orletti”, que fue base principal en la ciudad de Buenos Aires de la Operación Cóndor, donde fueron torturados y asesinados.
Entre agosto de 1976 y agosto de 1978, secuestraron y desaparecieron a trabajadores argentinos de la Embajada y sus familias y secuestraron a otros tres diplomáticos cubanos, que luego fueron liberados.
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Participaron también en el acto la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Taty Almeida; funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Embajada Cubana; sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos.
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