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Condenan a un seguridad por una muerte en una comunidad terapéutica

Un empleado de seguridad de Fundación San Camilo de Pilar recibió tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el “homicidio culposo” del joven Saulo Rojas.

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Tres años de prisión y diez de inhabilitación especial para controlar a personas en instituciones públicas y privadas para Ángel Suñez, el ex empleado de seguridad de la comunidad terapeútica San Camilo de Pilar, donde en julio de 2013, apareció muerto Saulo Rojas, un interno con consumos problemáticas y diabéticos, que fue encerrado en una precaria habitación del establecimiento.

La sentencia fue aplicada por el Juzgado en lo Correccional Nro. 4 de San Isidro, tras el juicio en que Suñez llegó acusado del “homicidio culposo” del joven mendocino, de entonces 23 años, el que fue sometido a un trato inhumano y degradante, que derivó en que se ahorcara cuando estaba “engomado”, en una de las prácticas de castigo que se aplicaba en la Fundación San Camilo, cuyos responsables accedieron a penas, mediante una probation.

Tras el fallo, celebrado por los familiares de la víctima y los abogados del Grupo de Litigio Estratégico, se destacó que desde la sanción de la ley de Salud Mental en 2010, esta es la primera vez que un miembro de una comunidad terapéutica llega a juicio oral por el suicidio de un paciente y recibe una condena.

Si bien Angel Suñez, al que todos conocían como “Pipi”, permanecerá en libertad hasta que la sentencia quede firme aunque deberá cumplimentar ciertas normas, la investigación sobre otras muertes ocurridas en San Camilo quedó abierta, a partir de los testimonios escuchados en el debate y los que constan en el libro La Comunidad del periodista Pablo Galfré.

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Colectivos: las empresas del AMBA se declaran en emergencia y amenazan con recortes

Empresarios amenazan con que podrían reducir aún más la frecuencia del servicio si no hay respuestas oficiales inmediatas frente al aumento de costos, en especial del gasoil.

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Colectivos: sigue la puja por los subsidios y los pasajeros siguen de rehenes

Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a encender una señal de alarma: se declararon en estado de emergencia y advirtieron que podrían reducir aún más la frecuencia del servicio si no hay respuestas oficiales inmediatas frente al aumento de costos, en especial del gasoil.

Un sistema al límite

Las cámaras empresarias señalaron que el sector atraviesa una situación “insostenible” por la suba del combustible y otros gastos operativos. Denunciaron, además, la falta de definiciones concretas por parte del Estado nacional y bonaerense sobre cómo se cubrirán esos mayores costos.

Según el propio sector, la deuda en compensaciones supera los $128 mil millones, pese a algunos pagos parciales recientes. En ese marco, remarcaron que vienen sosteniendo el servicio con un fuerte esfuerzo financiero, pero que ese esquema ya no da para más.

El conflicto ya tiene impacto concreto. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA reveló que la circulación de colectivos cayó en promedio un 30% en el AMBA, con picos del 40% en las líneas interjurisdiccionales.

Advertencia: menos colectivos en la calle

Entre los principales factores:

  • Aumento del precio del gasoil, que pasó de $1.744 a más de $2.100
  • Reducción de la flota operativa: 2.359 unidades menos que en 2019
  • Falta de actualización en subsidios

Las empresas advirtieron que, sin soluciones, profundizarán las “medidas de racionalización”, lo que en la práctica implica menos frecuencias y mayores tiempos de espera para millones de usuarios.

La pulseada por los subsidios

El trasfondo del conflicto es fiscal. Para sostener el sistema, se necesitaría una inyección adicional de unos $17.500 millones mensuales.

Actualmente, el esquema de financiamiento se reparte así:

  • Nación: $7.595 millones
  • Provincia de Buenos Aires: $8.155 millones
  • Ciudad de Buenos Aires: $1.750 millones

Si ese costo se trasladara a tarifas, el boleto debería subir alrededor de un 16%, un escenario que suma presión en un contexto social ya golpeado.

Reunión clave con el Gobierno

Las cámaras empresarias confirmaron que el jueves 30 de abril se reunirán con la Secretaría de Transporte de la Nación. Esperan obtener “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre cómo se actualizarán los ingresos del sistema.

El resultado de ese encuentro puede definir si el servicio logra estabilizarse o si el AMBA enfrenta un nuevo deterioro en el transporte público, un engranaje clave para la vida cotidiana de millones de personas.

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