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Infraestructura

El impuesto a los combustibles creció 378% pero las rutas están destruidas y suman muertes

Mientras la recaudación por el gravamen a las naftas y el gasoil creció exponencialmente en 2024, la inversión en mantenimiento vial nacional cayó 72%. Intendentes de todo el país denuncian abandono, baches mortales y acumulación de accidentes fatales.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El gobierno de Javier Milei recaudó en 2024 una cifra récord por el impuesto a los combustibles: $2.878.928 millones (a valores constantes de diciembre 2024), con un incremento del 378% respecto al año anterior, según datos de AFIP analizados por el Instituto Argentina Grande (IAG). Sin embargo, en el mismo período, la Dirección Nacional de Vialidad ejecutó apenas $491.016 millones, lo que representa una caída del 72% respecto a 2023, de acuerdo al análisis del presupuesto abierto realizado por el equipo técnico del IAG.

La brecha es dramática: mientras que por ley el 28,58% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte —del cual la mitad debería ir al mantenimiento y construcción de rutas—, la ejecución real fue muy inferior. Según el informe del IAG, «hay una diferencia de $267.601 millones (a precios constantes de diciembre 2024) que no se estarían utilizando» solo considerando los gastos con fuente de fondo fiduciario.

De los reclamos de abril a la tragedia de enero

El deterioro de las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires comenzó a generar alarma desde abril de 2024. En ese mes, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, visitó obras paralizadas en la Ruta Nacional N° 3 para denunciar su detención, según consignó el medio La Política Online en su nota del 11 de junio de 2024.

En junio, la presión escaló: Katopodis, junto con 60 intendentes y respaldados por el gobernador Axel Kicillof, se presentaron en el Ministerio de Economía de la Nación para reclamar fondos adeudados, según informó Infobae el 11 de junio de 2024.

Para diciembre de 2024, los reclamos se extendieron a intendentes peronistas de distintos distritos. Daniel Stadnik (Casares), Guillermo Britos (Chivilcoy), Germán Lago (Alberti) y Sergio Barenghi (Bragado) llevaron el reclamo a Vialidad por la Ruta Nacional 5. En Alem, el intendente Carlos Ferraris decidió que fuera el propio municipio quien cortara los pastos de la ruta 7 ante la falta de respuestas de Corredores Viales, según documentó La Política Online.

«¿Usted piensa que estoy en un campo sin cultivo dentro de la pampa húmeda? ¿Usted piensa que este es el Estado presente?», ironizó el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, en un video desde el kilómetro 366 de la Ruta Nacional 5, rodeado de cardos gigantes. «Esta es otra muestra del déficit cero, Corredores Viales, Vialidad Nacional, Milei, Caputo y todos, gracias. Gracias por los peajes, se ve reflejado lo que ustedes trabajan, cóbrenlos más caros, viene bárbaro», agregó según consignó el Semanario de Junín.

Hasta el PRO se sumó al reclamo

En enero de 2025, incluso intendentes del PRO comenzaron a advertir sobre el estado crítico de las rutas. Los macristas Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino) y María José Gentile (9 de Julio), junto a los radicales Román Bouvier (Rojas) y Nahuel Mittelbach (Ameghino), expresaron su preocupación, según detalló La Política Online.

El intendente de Pergamino realizó un pedido formal a Vialidad para hacerse cargo de las tareas de mantenimiento, pero no obtuvo respuesta. En Junín, Petrecca también reclamó al Estado Nacional por la situación de las rutas y colectoras, aún sin solución.

Accidentes fatales en serie

El abandono tiene consecuencias mortales. La Ruta Nacional N° 7 registró tres accidentes graves solo en los primeros días de 2025. El más reciente ocurrió cuando chocaron tres camiones que se incendiaron, resultando en una muerte y dos heridos de gravedad, según informó TN el 15 de enero.

Pero el accidente más resonante se produjo en noviembre de 2024 a la altura de Carmen de Areco: un camión cisterna impactó de lleno contra una combi del Ministerio de Seguridad bonaerense que trasladaba personal de caballería. El saldo fue de cuatro efectivos fallecidos y 15 heridos, según consignó La Política Online.

En la Ruta 188, también señalada por falta de mantenimiento, murió este año una pareja de Junín, informó el Diario Democracia. El mantenimiento de esta ruta está a cargo de la empresa estatal Corredores Viales, que había acordado en 2023 con la empresa Decavial trabajos de fresado, emparchado y reencarpetado. Sin embargo, por falta de pago, la empresa decidió no continuar con las tareas.

La Ruta Nacional 33, denunciada por Katopodis el 20 de enero, acumula tres accidentes fatales desde navidad. El 23 de diciembre, un bebé de año y medio murió cuando el automóvil en que viajaba volcó en el kilómetro 446. Esa misma tarde, una pareja colisionó con un camión, resultando en la muerte del conductor. Cinco días atrás, el choque entre dos camiones provocó la muerte de uno de los conductores, según informaron Sin Mordaza y La Opinión.

Tragedia en el polo y el camino de las Altas Cumbres

El 20 de enero de 2025, el joven polista Rufino Laulhé, de 15 años, murió cerca de Trenque Lauquen cuando la camioneta que conducía su hermano Beltrán, de 18 años, embistió a un camión detenido sobre el kilómetro 438 de la Ruta Nacional 5. El accidente interrumpió las prometedoras carreras de los hermanos, conocidos en el circuito del polo. Beltrán había disputado el Abierto de Palermo en 2024, el torneo más importante a nivel mundial.

Ese mismo domingo, en Córdoba, dos autos chocaron de frente en el kilómetro 7 de la ruta provincial E-34, en el camino de las Altas Cumbres, entre los parajes de Cañada Larga y Niña Paula. El siniestro dejó cuatro muertos y dos heridos, entre ellos un bebé de un año en estado crítico. Según Infobae, es una zona donde hay recurrentes siniestros viales.

Los números que no cierran

El análisis del IAG revela la magnitud de la subejecución. En 2024, la recaudación total de los impuestos a los combustibles (ITC y Recargo al Consumo de Gas) subió 33,9% en términos reales respecto a 2023. De cumplirse la distribución legal, le habrían correspondido a la Dirección Nacional de Vialidad $405.227 millones (a pesos constantes de diciembre 2024) solo por este impuesto.

Sin embargo, cuando se desglosa exclusivamente el gasto con fuente de fondo fiduciario (Fuente 1.4), la DNV ejecutó apenas $137.626 millones en 2024, el 34% de lo que debería haber recibido según la ley.

La situación es particularmente crítica en las provincias de la zona núcleo. Buenos Aires fue la más golpeada: el devengado por la Dirección de Vialidad cayó 85,9%. Le siguieron Córdoba con una caída del 80,6%, Santa Fe con 77,8% y Mendoza con 53,9%, según el informe del IAG basado en datos del Presupuesto Abierto.

Incluso la Secretaría de Hacienda reconoció el problema en su evaluación trimestral de Fondos Fiduciarios. Al tercer trimestre de 2024, el resultado económico del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte era 235% superior al de 2023, porque los ingresos crecieron más que los gastos. La Secretaría destacó críticamente que los gastos se destinaron principalmente al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), «o sea que a Vialidad le han pasado menos de lo que le corresponde», según el documento oficial de septiembre de 2024.

Estado presente… en otras áreas

La cifra que la Secretaría de Hacienda reconoce que el fondo le transfirió a Vialidad ($65.246,4 millones de pesos corrientes al tercer trimestre de 2024) está muy lejos de lo que la ley estipula: debería ser la mitad de los ingresos previa deducción del 1,5% como reserva de liquidez. Los ingresos del fondo fueron de $1.236.899,8 millones de pesos corrientes al tercer trimestre 2024.

Mientras tanto, los intendentes siguen tomando acciones por cuenta propia. Miguel Lunghi (UCR, Tandil) y Maximiliano Wesner (Unión por la Patria, Olavarría) optaron por cortar el pasto en las rotondas y banquinas de la ruta 226 tras múltiples reclamos sin respuesta. En Exaltación de la Cruz, el intendente Diego Nanni ordenó un operativo de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 8 «luego de reclamos judiciales e intervenciones ante Vialidad Nacional sin respuesta satisfactoria», según el informe del IAG.

Puntos clave

• La recaudación por impuesto a los combustibles aumentó 378% en 2024, alcanzando $2.878.928 millones a valores constantes
• La inversión de Vialidad Nacional cayó 72% en el mismo período, ejecutando solo $491.016 millones
• Hay $267.601 millones de pesos constantes de diciembre 2024 sin utilizar del fondo fiduciario destinado a rutas
• Buenos Aires sufrió la mayor caída: 85,9% menos de inversión vial respecto a 2023
• Se registraron múltiples accidentes fatales en rutas 7, 33, 188 y 5 durante el último trimestre de 2024 y primeras semanas de 2025

Desregulación

Milei entrega ocho rutas nacionales estratégicas con la misma ley que habilitó las privatizaciones en los ’90

El Ministerio de Economía formalizó la convocatoria a licitación pública de la «Red Federal de Concesiones, Etapa III», que abarca ocho tramos estratégicos de la red vial nacional. La medida avanza en la privatización de Corredores Viales SA, empresa del Estado declarada «sujeta a privatización» por la Ley 27.742 del gobierno de Javier Milei.

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★ El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Andrés Caputo, publicó este lunes 23 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial la Resolución 174/2026 (RESOL-2026-174-APN-MEC), mediante la cual convocó a licitación pública los ocho corredores que integran la denominada «Red Federal de Concesiones, Etapa III», en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales SA, la empresa estatal responsable de la operación y el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales.

Los tramos incluidos en esta etapa llevan los nombres de Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, y comprenden segmentos de las Rutas Nacionales N° 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras vías de alto tránsito y valor estratégico para la conectividad del país.

El marco legal que habilitó el traspaso al sector privado

El proceso se encuadra en la Ley 17.520 y sus modificatorias, la Ley 23.696 de Reforma del Estado (la misma legislación que en los años noventa habilitó las privatizaciones menemistas) y el artículo 7° de la Ley 27.742, norma impulsada por el gobierno libertario que declaró a Corredores Viales SA «sujeta a privatización».

El Decreto 97 del 14 de febrero de 2025 autorizó el procedimiento bajo la modalidad de concesión por peaje y designó al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación, con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas», organismo creado específicamente para gestionar el desguace del Estado empresario impulsado por la administración Milei.

La Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, firmada el 29 de agosto de 2025, dio inicio formal al procedimiento. Las Etapas I, II y II-B ya fueron licitadas a través de expedientes publicados en el sistema CONTRAT.AR.

Audiencias públicas con impacto acotado

De acuerdo con los considerandos de la resolución publicada este lunes, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) convocó audiencias públicas para informar sobre la Etapa III a la población y a organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales. Esas audiencias se realizaron entre el 30 de junio y el 7 de julio de 2025, y sus informes de cierre fueron aprobados por la Resolución 1244/2025 de la DNV.

Sin embargo, la realización de audiencias públicas en el marco de un proceso de privatización no garantiza por sí sola la incidencia real de la ciudadanía en la decisión final, que en este caso ya estaba tomada por ley y por decreto.

El argumento oficial: déficit y equilibrio fiscal

Según los considerandos de la Resolución 174/2026, el proyecto «Red Federal de Concesiones» prevé que el sector privado asuma la operación y el mantenimiento de los tramos de la red vial nacional, con el objetivo declarado de «eliminar el déficit estatal en el sector y equilibrar las cuentas del Estado Nacional en infraestructura vial».

La justificación fiscal es el argumento central del gobierno de Milei para el traspaso de activos públicos al sector privado, en línea con la política de ajuste estructural que la administración libertaria sostiene desde diciembre de 2023.

Qué implica la concesión por peaje para los usuarios

El régimen de concesión de obra pública por peaje implica que las empresas privadas que resulten adjudicatarias asumirán la operación, el mantenimiento y eventualmente la ejecución de obras en los corredores licitados, financiándose a través del cobro de peajes a los usuarios. En la práctica histórica de las concesiones viales en Argentina (tanto en los noventa como en etapas posteriores), este esquema derivó en aumentos tarifarios y en disputas por el cumplimiento de los planes de inversión comprometidos por los concesionarios.

La Ley 23.696, citada como marco normativo de este proceso, es la misma legislación de la Reforma del Estado de 1989 que habilitó las privatizaciones de YPF, Aerolíneas Argentinas, ENTEL y otros activos estratégicos durante la presidencia de Carlos Menem, un antecedente que el peronismo y distintas fuerzas opositoras suelen señalar como advertencia sobre las consecuencias sociales y económicas de estos procesos.

Puntos clave

  • El Ministerio de Economía publicó la Resolución 174/2026 que convoca a licitación los ocho corredores de la Etapa III de la privatización de Corredores Viales SA
  • Los tramos abarcan segmentos de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras
  • El marco legal incluye la Ley 27.742, que declaró a la empresa estatal «sujeta a privatización»
  • El proceso avanza sobre las bases del Decreto 97/2025 y con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como organismo ejecutor
  • Las Etapas I, II y II-B ya fueron licitadas; esta es la cuarta y más amplia convocatoria del proceso ★

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