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Infraestructura

El impuesto a los combustibles creció 378% pero las rutas están destruidas y suman muertes

Mientras la recaudación por el gravamen a las naftas y el gasoil creció exponencialmente en 2024, la inversión en mantenimiento vial nacional cayó 72%. Intendentes de todo el país denuncian abandono, baches mortales y acumulación de accidentes fatales.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El gobierno de Javier Milei recaudó en 2024 una cifra récord por el impuesto a los combustibles: $2.878.928 millones (a valores constantes de diciembre 2024), con un incremento del 378% respecto al año anterior, según datos de AFIP analizados por el Instituto Argentina Grande (IAG). Sin embargo, en el mismo período, la Dirección Nacional de Vialidad ejecutó apenas $491.016 millones, lo que representa una caída del 72% respecto a 2023, de acuerdo al análisis del presupuesto abierto realizado por el equipo técnico del IAG.

La brecha es dramática: mientras que por ley el 28,58% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte —del cual la mitad debería ir al mantenimiento y construcción de rutas—, la ejecución real fue muy inferior. Según el informe del IAG, «hay una diferencia de $267.601 millones (a precios constantes de diciembre 2024) que no se estarían utilizando» solo considerando los gastos con fuente de fondo fiduciario.

De los reclamos de abril a la tragedia de enero

El deterioro de las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires comenzó a generar alarma desde abril de 2024. En ese mes, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, visitó obras paralizadas en la Ruta Nacional N° 3 para denunciar su detención, según consignó el medio La Política Online en su nota del 11 de junio de 2024.

En junio, la presión escaló: Katopodis, junto con 60 intendentes y respaldados por el gobernador Axel Kicillof, se presentaron en el Ministerio de Economía de la Nación para reclamar fondos adeudados, según informó Infobae el 11 de junio de 2024.

Para diciembre de 2024, los reclamos se extendieron a intendentes peronistas de distintos distritos. Daniel Stadnik (Casares), Guillermo Britos (Chivilcoy), Germán Lago (Alberti) y Sergio Barenghi (Bragado) llevaron el reclamo a Vialidad por la Ruta Nacional 5. En Alem, el intendente Carlos Ferraris decidió que fuera el propio municipio quien cortara los pastos de la ruta 7 ante la falta de respuestas de Corredores Viales, según documentó La Política Online.

«¿Usted piensa que estoy en un campo sin cultivo dentro de la pampa húmeda? ¿Usted piensa que este es el Estado presente?», ironizó el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, en un video desde el kilómetro 366 de la Ruta Nacional 5, rodeado de cardos gigantes. «Esta es otra muestra del déficit cero, Corredores Viales, Vialidad Nacional, Milei, Caputo y todos, gracias. Gracias por los peajes, se ve reflejado lo que ustedes trabajan, cóbrenlos más caros, viene bárbaro», agregó según consignó el Semanario de Junín.

Hasta el PRO se sumó al reclamo

En enero de 2025, incluso intendentes del PRO comenzaron a advertir sobre el estado crítico de las rutas. Los macristas Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino) y María José Gentile (9 de Julio), junto a los radicales Román Bouvier (Rojas) y Nahuel Mittelbach (Ameghino), expresaron su preocupación, según detalló La Política Online.

El intendente de Pergamino realizó un pedido formal a Vialidad para hacerse cargo de las tareas de mantenimiento, pero no obtuvo respuesta. En Junín, Petrecca también reclamó al Estado Nacional por la situación de las rutas y colectoras, aún sin solución.

Accidentes fatales en serie

El abandono tiene consecuencias mortales. La Ruta Nacional N° 7 registró tres accidentes graves solo en los primeros días de 2025. El más reciente ocurrió cuando chocaron tres camiones que se incendiaron, resultando en una muerte y dos heridos de gravedad, según informó TN el 15 de enero.

Pero el accidente más resonante se produjo en noviembre de 2024 a la altura de Carmen de Areco: un camión cisterna impactó de lleno contra una combi del Ministerio de Seguridad bonaerense que trasladaba personal de caballería. El saldo fue de cuatro efectivos fallecidos y 15 heridos, según consignó La Política Online.

En la Ruta 188, también señalada por falta de mantenimiento, murió este año una pareja de Junín, informó el Diario Democracia. El mantenimiento de esta ruta está a cargo de la empresa estatal Corredores Viales, que había acordado en 2023 con la empresa Decavial trabajos de fresado, emparchado y reencarpetado. Sin embargo, por falta de pago, la empresa decidió no continuar con las tareas.

La Ruta Nacional 33, denunciada por Katopodis el 20 de enero, acumula tres accidentes fatales desde navidad. El 23 de diciembre, un bebé de año y medio murió cuando el automóvil en que viajaba volcó en el kilómetro 446. Esa misma tarde, una pareja colisionó con un camión, resultando en la muerte del conductor. Cinco días atrás, el choque entre dos camiones provocó la muerte de uno de los conductores, según informaron Sin Mordaza y La Opinión.

Tragedia en el polo y el camino de las Altas Cumbres

El 20 de enero de 2025, el joven polista Rufino Laulhé, de 15 años, murió cerca de Trenque Lauquen cuando la camioneta que conducía su hermano Beltrán, de 18 años, embistió a un camión detenido sobre el kilómetro 438 de la Ruta Nacional 5. El accidente interrumpió las prometedoras carreras de los hermanos, conocidos en el circuito del polo. Beltrán había disputado el Abierto de Palermo en 2024, el torneo más importante a nivel mundial.

Ese mismo domingo, en Córdoba, dos autos chocaron de frente en el kilómetro 7 de la ruta provincial E-34, en el camino de las Altas Cumbres, entre los parajes de Cañada Larga y Niña Paula. El siniestro dejó cuatro muertos y dos heridos, entre ellos un bebé de un año en estado crítico. Según Infobae, es una zona donde hay recurrentes siniestros viales.

Los números que no cierran

El análisis del IAG revela la magnitud de la subejecución. En 2024, la recaudación total de los impuestos a los combustibles (ITC y Recargo al Consumo de Gas) subió 33,9% en términos reales respecto a 2023. De cumplirse la distribución legal, le habrían correspondido a la Dirección Nacional de Vialidad $405.227 millones (a pesos constantes de diciembre 2024) solo por este impuesto.

Sin embargo, cuando se desglosa exclusivamente el gasto con fuente de fondo fiduciario (Fuente 1.4), la DNV ejecutó apenas $137.626 millones en 2024, el 34% de lo que debería haber recibido según la ley.

La situación es particularmente crítica en las provincias de la zona núcleo. Buenos Aires fue la más golpeada: el devengado por la Dirección de Vialidad cayó 85,9%. Le siguieron Córdoba con una caída del 80,6%, Santa Fe con 77,8% y Mendoza con 53,9%, según el informe del IAG basado en datos del Presupuesto Abierto.

Incluso la Secretaría de Hacienda reconoció el problema en su evaluación trimestral de Fondos Fiduciarios. Al tercer trimestre de 2024, el resultado económico del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte era 235% superior al de 2023, porque los ingresos crecieron más que los gastos. La Secretaría destacó críticamente que los gastos se destinaron principalmente al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), «o sea que a Vialidad le han pasado menos de lo que le corresponde», según el documento oficial de septiembre de 2024.

Estado presente… en otras áreas

La cifra que la Secretaría de Hacienda reconoce que el fondo le transfirió a Vialidad ($65.246,4 millones de pesos corrientes al tercer trimestre de 2024) está muy lejos de lo que la ley estipula: debería ser la mitad de los ingresos previa deducción del 1,5% como reserva de liquidez. Los ingresos del fondo fueron de $1.236.899,8 millones de pesos corrientes al tercer trimestre 2024.

Mientras tanto, los intendentes siguen tomando acciones por cuenta propia. Miguel Lunghi (UCR, Tandil) y Maximiliano Wesner (Unión por la Patria, Olavarría) optaron por cortar el pasto en las rotondas y banquinas de la ruta 226 tras múltiples reclamos sin respuesta. En Exaltación de la Cruz, el intendente Diego Nanni ordenó un operativo de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 8 «luego de reclamos judiciales e intervenciones ante Vialidad Nacional sin respuesta satisfactoria», según el informe del IAG.

Puntos clave

• La recaudación por impuesto a los combustibles aumentó 378% en 2024, alcanzando $2.878.928 millones a valores constantes
• La inversión de Vialidad Nacional cayó 72% en el mismo período, ejecutando solo $491.016 millones
• Hay $267.601 millones de pesos constantes de diciembre 2024 sin utilizar del fondo fiduciario destinado a rutas
• Buenos Aires sufrió la mayor caída: 85,9% menos de inversión vial respecto a 2023
• Se registraron múltiples accidentes fatales en rutas 7, 33, 188 y 5 durante el último trimestre de 2024 y primeras semanas de 2025

Economía 💲

Milei entrega Retiro al negocio privado: 30 años de concesión sin un peso del Estado

El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos, convocar a la licitación y resolver la adjudicación. Las obras previstas incluyen la modernización y ampliación del edificio, la incorporación de nuevas dársenas, y mejoras en seguridad e iluminación.

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El Gobierno licitará la Terminal de Retiro con financiamiento 100% privado

El Ejecutivo nacional oficializó este viernes el llamado a licitación pública para remodelar y operar la Terminal de Ómnibus de Retiro, el principal nodo de transporte automotor de pasajeros del país.

La medida, formalizada mediante el Decreto 273/2026 publicado en el Boletín Oficial, declara el proyecto de interés público y pone fin a la concesión que desde 1993 ejerció la empresa TEBA S.A., históricamente vinculada al empresario Néstor Otero, fallecido a fines de 2024.

La nueva concesión tendrá una duración de 30 años y se ejecutará con financiamiento íntegramente privado, sin comprometer recursos del Estado, según precisó el comunicado oficial. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien amplificó el anuncio en sus redes sociales.

Un negocio presentado como modernización

La licitación fue impulsada a partir de una iniciativa privada presentada por cuatro empresas: Inverlat Investments S.A. (propietaria de la cadena Havanna), Service Trade S.A. (vinculada al grupo inmobiliario Narváez, especializado en remates), Inversiones Peirod S.A. y BV Investment S.A.. Estas firmas presentaron la propuesta ante las autoridades competentes, que elaboraron el informe que derivó en la declaración de interés público.

El esquema elegido es la concesión de obra, infraestructura y servicio público. La empresa que resulte adjudicataria asumirá la totalidad de la inversión, operará el sistema y percibirá los ingresos de su explotación comercial; a cambio, deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional.

El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos, convocar a la licitación y resolver la adjudicación. Las obras previstas incluyen la modernización y ampliación del edificio, la incorporación de nuevas dársenas, y mejoras en seguridad e iluminación. Además, el decreto derogó el llamado licitatorio de 2015, lanzado sin éxito durante la gestión de Mauricio Macri.

El «Zar de Retiro» y tres décadas de zona liberada

La historia de TEBA S.A. en Retiro es, en sí misma, un capítulo emblemático de cómo operan los negocios con el Estado en la Argentina. La empresa obtuvo la concesión original en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, en el marco del ciclo privatizador de aquella década.

El contrato vencía en 2005, pero fue prorrogado de manera directa hasta 2015 sin proceso competitivo alguno. A partir de ese año, la concesión continuó sin licitación vigente; entre 2015 y 2020 operó con el contrato ya expirado, y en 2020 se otorgó una nueva prórroga acompañada de compromisos de mantenimiento de alcance limitado. Desde entonces, la operación «se sostuvo en condiciones precarias y transitorias, sin un marco contractual actualizado».

Otero, conocido en el ambiente del transporte como el «Zar de Retiro», también controlaba la estación de trenes de Once, concesión que también le fue otorgada durante el menemismo. En 2018 apareció en la Causa de los Cuadernos de las Coimas, señalado como uno de los empresarios del transporte que habría realizado aportes ilegales al esquema de recaudación durante la gestión kirchnerista. Fue procesado, aunque eso no alteró su control sobre la terminal.

Ya bajo la presidencia de Milei, en diciembre de 2024, fue desalojado de la estación de Once por orden judicial; no obstante, el Ejecutivo libertario no le quitó el dominio de Retiro mientras estuvo con vida. Solo ahora, tras su fallecimiento, el Gobierno avanza formalmente con la licitación.

Lo que el Estado cede, lo que el Estado cobra

El esquema planteado por el gobierno de Milei sigue la lógica central de su gestión: retirar al Estado como agente de inversión y relegar su rol al de cobrador de un canon. En ese modelo, quien controle la terminal por 30 años concentrará ingresos provenientes de alquileres de locales comerciales, tasas a las empresas de micros, estacionamiento, consigna, servicios y explotación de baños, entre otros rubros.

La determinación del valor del canon, su mecanismo de actualización y las condiciones de la ecuación económica que garantice inversión real, aún no están definidas: quedarán fijadas en los pliegos que elabore el Ministerio de Economía.

El Gobierno aseguró que la continuidad del servicio estará garantizada durante el período de transición: TEBA S.A., en su actual condición de operador precario y revocable, continuará a cargo hasta que se adjudique la nueva concesión.

Por la terminal pasan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año, con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta, y se realizan más de 300 mil servicios anuales hacia destinos nacionales e internacionales.

Puntos clave

  • El Decreto 273/2026 oficializó la licitación pública de la Terminal de Ómnibus de Retiro con financiamiento 100% privado y concesión por 30 años.
  • La iniciativa fue presentada por cuatro empresas privadas, entre ellas Inverlat Investments S.A. (dueña de Havanna) y Service Trade S.A. (grupo Narváez).
  • La concesión de TEBA S.A., iniciada en 1993 bajo el menemismo, operó con contratos vencidos o en condiciones precarias desde 2005.
  • El adjudicatario asumirá toda la inversión y explotación; el Estado recibirá un canon mensual cuya magnitud se definirá en los pliegos.
  • El Ministerio de Economía elaborará los pliegos y resolverá la adjudicación; el servicio continuará sin interrupciones durante la transición.
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