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Investigación 🔎

El reloj judicial corre: Adorni tendrá solo 15 días para explicar su patrimonio

La Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero del Ministerio Público Fiscal está por entregar al fiscal Gerardo Pollicita un análisis exhaustivo de los movimientos patrimoniales del ex jefe de Gabinete. El requerimiento incluirá criptomonedas y tendrá una complejidad que justifica el plazo de 15 días que se le otorgaría al ex funcionario para responder.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.
La DAFI entregará el informe que definirá el requerimiento patrimonial contra Adorni, con 15 días de plazo para responder.

Después de meses de revelaciones que sacudieron al Gobierno de Javier Milei, la causa judicial contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito ingresa en una fase decisiva. Fuentes judiciales indicaron que la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado del Ministerio Público Fiscal, está a punto de entregar al fiscal Gerardo Pollicita un informe patrimonial detallado sobre el ex jefe de Gabinete, elaborado por un equipo de contadores y especialistas en criptomonedas. El documento es la pieza que faltaba para que Pollicita complete el requerimiento de justificación patrimonial que deberá responder Adorni.

El informe DAFI: criptomonedas, inversiones y movimientos financieros bajo la lupa

Según fuentes judiciales, el estudio que elaboró la DAFI arranca el 14 de diciembre de 2023, fecha en que Adorni fue designado como funcionario público, tal como consta en el Boletín Oficial. El análisis abarca la composición y evaluación de bienes e inversiones, la identificación de fuentes de ingresos, la reconstrucción de entradas y salidas de fondos, la compra de bienes y gastos, y las operatorias en criptomonedas. Este último punto resulta especialmente sensible: en su última entrevista televisiva, Adorni admitió haber omitido declarar inversiones por 200.000 dólares en criptomonedas, operaciones que le reportaron ganancias por otros 300.000 dólares que luego liquidó. Esas declaraciones quedaron incorporadas a la causa judicial.

Si bien fuentes judiciales evitaron precisar la fecha exacta de entrega del informe, la estimación es que podría presentarse en los próximos días y que su llegada podría coincidir con el inicio de la feria judicial de invierno, prevista para el lunes 20 de julio. Durante el receso, según señalaron las mismas fuentes, el fiscal Pollicita utilizaría ese tiempo para terminar de redactar el requerimiento.

Quince días para justificar más de 840.000 dólares

Una vez confeccionado el requerimiento, Adorni tendría 15 días para responder, punto por punto, las dudas que existen sobre sus movimientos financieros. El plazo extendido, según anticiparon en Comodoro Py, responde a la complejidad que tendrá el documento. Desde el inicio de la investigación, el patrimonio bajo sospecha del ex funcionario superó los 840.000 dólares, que incluyen refacciones en su casa del country Indio Cuá por unos 245.000 dólares pagados íntegramente en efectivo y sin factura, la compra de un departamento en Caballito con detalles contractuales irregulares, y consumos en el exterior muy por encima de sus ingresos formales como funcionario.

El requerimiento de justificación patrimonial es, en el proceso penal argentino, una instancia previa a la declaración indagatoria, prevista específicamente para investigaciones por enriquecimiento ilícito. Si las explicaciones de Adorni no logran disipar las dudas, lo esperable es que el fiscal Pollicita le solicite al juez Ariel Lijo que lo convoque a una indagatoria formal.

El contexto: de portavoz presidencial a investigado judicial

La causa contra Adorni arrancó en marzo de 2026, cuando se viralizó la participación de su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje a Nueva York como parte de la comitiva oficial que viajó para la Argentina Week. Aunque la Justicia no encontró delito en ese episodio específico, el escándalo desencadenó una serie de revelaciones sobre el crecimiento en el nivel de vida del entonces funcionario. De ser columnista radial con un departamento en Parque Chacabuco, Adorni pasó a adquirir una casa en el barrio Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz y un nuevo departamento en la calle Miró, en Caballito, mientras realizaba viajes al exterior con consumos en moneda extranjera que superaron los 27.000 dólares.

El avance de la causa derivó en su salida del Gobierno y en una serie de medidas judiciales de rigor. El juez Lijo le impuso la condición de solicitar autorización judicial antes de viajar al exterior, tras versiones de que Adorni podría abandonar el país, extremo que su defensa, a cargo del abogado Matías Ledesma, desmintió mediante una presentación en el expediente.

Criptomonedas y declaraciones juradas: la versión que no cierra

Uno de los focos de la investigación son las operaciones en activos digitales. Adorni reconoció públicamente haber omitido declarar sus criptomonedas y sus ganancias en declaraciones juradas previas, y rectificó esas presentaciones ante la Justicia. Sin embargo, recortes de entrevistas anteriores en los que el ex funcionario habló de criptomonedas en general y de Bitcoin en particular, que se viralizaron durante la investigación, pusieron en duda la coherencia de su versión. Todos esos materiales fueron incorporados a la causa.

La DAFI, con su equipo especializado en este tipo de activos, tendrá a cargo precisamente el rastreo de esas operaciones digitales para determinar si coinciden con lo que Adorni declaró ante la Justicia o si existen discrepancias que refuercen la hipótesis de enriquecimiento ilícito.

Puntos clave

  • La DAFI entregará al fiscal Pollicita un informe patrimonial que abarca movimientos financieros desde el 14 de diciembre de 2023, incluyendo operatorias en criptomonedas.
  • Adorni tendría 15 días para responder el requerimiento de justificación patrimonial, dado el nivel de complejidad del documento.
  • El patrimonio investigado del ex jefe de Gabinete supera los 840.000 dólares, según la información que obra en la causa.
  • Si las explicaciones resultan insuficientes, el fiscal Pollicita podría solicitar al juez Lijo que convoque a Adorni a declaración indagatoria.
  • Adorni reconoció haber omitido declarar inversiones en criptomonedas por 200.000 dólares y ganancias de 300.000 dólares en declaraciones juradas previas.

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Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA

Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.

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Sede de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.

El juzgado que querían los acusados

La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.

El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.

Por qué la causa es porteña

El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.

La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.

Un regreso con fecha de vencimiento

Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.

Lo que tenés que saber

  • La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
  • Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
  • El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
  • La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
  • Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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