Judiciales ⚖️
España: condenaron a nueve años de inhabilitación al hermano de Pedro Sánchez
La Audiencia Provincial de Badajoz halló a David Sánchez Pérez-Castejón culpable de cooperación necesaria en prevaricación administrativa por la creación de un cargo público a su medida en la Diputación de Badajoz. La sentencia, de 377 páginas, también condena al exlíder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación por dos delitos del mismo tipo. El PSOE calificó el fallo de «barbaridad» y denuncia una persecución política.
Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz condenaron este martes a David Sánchez Pérez-Castejón, músico, compositor y hermano menor del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. El delito: cooperación necesaria en prevaricación administrativa, con origen en la creación y adjudicación irregular de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz en el año 2017. La sentencia no contempla pena de prisión, porque el tribunal descartó el delito de tráfico de influencias que las acusaciones habían colocado en el centro del caso.
Un cargo creado a medida
El tribunal integrado por los magistrados José Antonio Patrocinio, Emilio Francisco Serrano y María Dolores Gallardo declaró probado que la Diputación de Badajoz, bajo la conducción del entonces secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, creó expresamente en 2016 y 2017 la plaza de Coordinador de actividades de los Conservatorios, luego reconvertida en la Oficina de Artes Escénicas, con el propósito de adjudicársela al hermano del mandatario nacional. La sentencia sostiene que el proceso selectivo fue «maquillado» para simular legalidad: David Sánchez se presentó y realizó la entrevista sabiendo de antemano que el cargo estaba diseñado para él, según concluye el fallo en base a correos electrónicos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO).
La condena al propio Gallardo es más severa: 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa. Junto a ellos, otros nueve acusados recibieron penas de inhabilitación por la misma conducta. El tribunal rechazó de plano la acusación por tráfico de influencias, al considerar que no existió prueba suficiente de presiones directas desde la esfera presidencial, aunque reconoció que el nepotismo aplicado resulta «incompatible con el funcionamiento de la Administración».
Entre los indicios que el tribunal valoró como determinantes figuran los correos electrónicos enviados por David Sánchez a su amigo íntimo Luis Carrero, quien también resultó condenado, 23 días antes de que se publicaran las bases de la convocatoria oficial. El propio acusado no supo explicar de manera coherente ese intercambio durante el juicio, celebrado en mayo pasado con 42 testigos y 11 imputados. La fiscalía, por su parte, había pedido la absolución de todos los acusados.
El PSOE cierra filas y habla de cacería
La reacción del oficialismo español no se hizo esperar. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, calificó el fallo de «auténtica barbaridad» y afirmó que se trata del «triunfo de la estrategia de la ultraderecha». «Hay una cacería contra el PSOE y contra Pedro Sánchez», declaró López, y subrayó que en el momento de los hechos investigados el presidente no ejercía la jefatura del Gobierno ni la secretaría general del partido. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, fue más lejos: sostuvo que el hermano del presidente «es inocente» y que no comparte la sentencia. La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, lamentó la condena y aseguró que el caso «requería la absolución inmediata».
Desde el ala del Gobierno, el ministro Óscar Puente publicó en la red social X que «esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas». El texto refleja la lectura del entorno presidencial: la condena como instrumento político de una derecha que no puede con Sánchez en las urnas.
La derecha pide elecciones y el PP sube la presión
En el polo opuesto, el Partido Popular elevó la presión sobre el presidente. El líder opositor Alberto Núñez Feijóo destacó que la sentencia demuestra que «nadie está por encima de la ley», mientras que las referentes del PP Cuca Gamarra y Ester Muñoz cuestionaron la continuidad del Gobierno. La Junta de Extremadura, gobernada por el PP, pidió directamente la convocatoria de elecciones generales. Desde la ultraderecha, el presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó que el PSOE «es una mafia» y que el entorno de Sánchez acumula más de cien imputados.
Vale recordar que las acusaciones populares, conformadas por el PP, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Vox, llegaron a pedir entre tres y seis años de prisión efectiva para David Sánchez. El tribunal descartó esa pretensión por falta de pruebas de tráfico de influencias, pero sí reconoció el uso «grosero y arbitrario» del poder para beneficiar intereses particulares mediante la creación y adaptación de plazas públicas.
Puntos clave
- La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez a 9 años de inhabilitación por cooperación en prevaricación administrativa, sin pena de cárcel.
- El exlíder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo recibió 18 años de inhabilitación por dos delitos del mismo tipo.
- El tribunal descartó el delito de tráfico de influencias, pero declaró probado que el cargo fue creado a medida para el hermano del presidente.
- La fiscalía había pedido la absolución de todos los acusados; las acusaciones de derecha y ultraderecha reclamaban años de prisión.
- El PSOE rechazó el fallo y lo calificó de instrumento político; el PP y Vox exigen que Sánchez rinda cuentas políticas.
Investigación 🔎
$LIBRA: la Justicia congeló 25 billeteras cripto y reconstruye la ruta de los US$ 44 millones
El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento cautelar de 25 cuentas en las principales plataformas de criptomonedas del mundo, sospechadas de haber movido al menos 44 millones de dólares del botín de la estafa con $LIBRA. La medida se apoya en un informe de Cibercrimen de la Policía Federal que reconstruyó, a la inversa, el flujo de fondos desde las «Team Libra Wallets» hasta los exchanges donde el dinero buscó desdibujarse.
La causa judicial por la criptoestafa con $LIBRA registró este lunes una de sus movidas procesales más concretas desde el inicio de la investigación: el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento inmediato de 25 direcciones de criptoactivos vinculadas al fraude y exigió a los principales exchanges del mundo que revelen la identidad de sus titulares. La resolución llegó a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien se apoyó en un informe técnico fechado el 22 de junio de 2026, elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina.
El contexto no es menor: la medida se dictó apenas días después de que el mismo magistrado apartara de la causa a los querellantes que representaban a damnificados, dejando la investigación exclusivamente en manos del fiscal. Ahora, en un giro que nadie anticipaba, el tribunal avanzó con una cautelar de peso.
El backward tracing: cómo se rastreó el botín
La metodología utilizada por los investigadores se denomina «backward tracing» (trazabilidad a la inversa): partiendo desde los exchanges donde los fondos intentaron liquidarse, los técnicos reconstruyeron el camino hasta su origen. El análisis reveló que la secuencia se inició en ocho billeteras denominadas «Team Libra Wallets», que fueron convertidas en liquidez el 14 y el 15 de febrero de 2025, es decir, el día del tuit presidencial que promocionó el token y el día inmediatamente posterior.
Desde esas billeteras, los fondos se transfirieron a una cuenta bajo la infraestructura del protocolo multifirma Squads, identificada con el llamativo nombre «Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA«, que invoca explícitamente la investidura presidencial. El informe policial, avalado por la plataforma de análisis blockchain Arkham, detectó que a partir del 10 de mayo de 2026 comenzó una salida masiva de activos mediante 17 «puentes» (bridges) del protocolo deBridge Finance, que transfirieron los fondos desde la red Solana hacia las redes Tron, Ethereum y BNB Chain, complicando significativamente el rastreo.
El «pitufeo digital»: fragmentar para desaparecer
Los investigadores también identificaron una maniobra conocida como «pitufeo digital» (smurfing), que consiste en distribuir diariamente montos pequeños y fraccionados hacia múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas, con el doble objetivo de liquidar los activos en moneda fiduciaria y dificultar cualquier trazabilidad posterior. Esta técnica es reconocida en investigaciones de lavado de activos a nivel global como una de las más eficaces para borrar el rastro de fondos de origen ilícito.
Las 25 cuentas congeladas se distribuyen entre Binance (10 billeteras), Bybit (8), OKX (2), Coinex (2), FixedFloat (1) y Bitfinex (2). A cada plataforma se le requirió el legajo completo del cliente (KYC), registros de conexiones IP, historial de movimientos, datos de las cuentas bancarias vinculadas y hasta memorandos internos relacionados con las operaciones bajo sospecha.
Las empresas en la mira: Davis, Peh y Novelli
La resolución de Martínez de Giorgi identifica a dos firmas extranjeras como presuntas partícipes en la creación de $LIBRA: Kelsier Ventures, representada por Hayden Mark Davis, y Kip Network, representada por Julian Peh. Según el expediente, Kip Network tendría además una representación local a través de una compañía controlada por Mauricio Novelli, el trader que manejó los acuerdos con Davis y cuyo vínculo con el presidente Javier Milei se remonta al menos a 2021.
El tribunal dispuso que los oficios dirigidos a las firmas internacionales sean diligenciados por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, con la colaboración de INTERPOL para las traducciones pertinentes, dado que las empresas tienen sede en el exterior. Las medidas cautelares se mantendrán vigentes hasta nueva orden del tribunal, en atención a la complejidad de la maniobra investigada.
El peligro en la demora: por qué se actuó ahora
Para fundar la cautelar, el juez sostuvo que «la argumentación brindada por la fuerza policial especializada, sustentada en los elementos de prueba colectados en autos, exhibe el peligro en la demora exigido para el dictado de una medida cautelar, en tanto el flujo de dinero analizado podría generar consecuencias irreversibles para el desarrollo de la presente investigación». Por la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, cualquier demora adicional podría tornar imposible la recuperación de los activos.
La causa, recordemos, investiga el lanzamiento y la estafa masiva con $LIBRA: el 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el token, cuyo precio saltó de 0,01 dólares a casi 5 dólares en pocas horas. Luego se desplomó, dejando a más de 40.000 personas con pérdidas cuantiosas, mientras un grupo reducido de billeteras con información privilegiada retiraba lo que se estima en alrededor de 100 millones de dólares.
Una causa bajo sospecha de entierro
El avance de hoy contrasta con la trayectoria errática del expediente. A casi 18 meses del tuit presidencial, la causa no tiene imputados y aún no se citó a declarar a los testigos directos del armado del negocio. Semanas atrás, el mismo Martínez de Giorgi apartó a todos los querellantes que representaban a damnificados, atendiendo un planteo del propio Mauricio Novelli, acusado en la causa, lo que generó una fuerte reacción opositora. La diputada Sabrina Selva denunció públicamente que «la Justicia sigue garantizando impunidad en la causa $LIBRA».
A ese escenario se suma otro dato que la oposición señaló como sospechoso: el mismo lunes en que se dictó el congelamiento de billeteras, el presidente Milei envió al Senado los pliegos de Pablo Bertuzzi, quien integra la Sala I de la Cámara Federal que debe resolver la apelación de los querellantes excluidos. La simultaneidad de movimientos judiciales y nombramientos aviva las sospechas sobre los equilibrios que rodean la causa más comprometedora para el entorno presidencial.
Puntos clave
- El juez Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de 25 billeteras cripto en Binance, Bybit, OKX, Coinex, FixedFloat y Bitfinex.
- El informe técnico de Cibercrimen de la PFA, del 22 de junio de 2026, reconstruyó el flujo de fondos mediante «backward tracing».
- Las investigadas 8 «Team Libra Wallets» se convirtieron en liquidez el 14 y 15 de febrero de 2025, horas del tuit presidencial.
- Se detectó «pitufeo digital» (smurfing) y uso de 17 puentes cripto para dispersar los fondos entre redes Tron, Ethereum y BNB Chain.
- La causa sigue sin imputados a casi 18 meses del hecho y con los querellantes excluidos; la Cámara Federal deberá resolver su situación.
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