Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz condenaron este martes a David Sánchez Pérez-Castejón, músico, compositor y hermano menor del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. El delito: cooperación necesaria en prevaricación administrativa, con origen en la creación y adjudicación irregular de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz en el año 2017. La sentencia no contempla pena de prisión, porque el tribunal descartó el delito de tráfico de influencias que las acusaciones habían colocado en el centro del caso.

Un cargo creado a medida

El tribunal integrado por los magistrados José Antonio Patrocinio, Emilio Francisco Serrano y María Dolores Gallardo declaró probado que la Diputación de Badajoz, bajo la conducción del entonces secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, creó expresamente en 2016 y 2017 la plaza de Coordinador de actividades de los Conservatorios, luego reconvertida en la Oficina de Artes Escénicas, con el propósito de adjudicársela al hermano del mandatario nacional. La sentencia sostiene que el proceso selectivo fue «maquillado» para simular legalidad: David Sánchez se presentó y realizó la entrevista sabiendo de antemano que el cargo estaba diseñado para él, según concluye el fallo en base a correos electrónicos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO).

La condena al propio Gallardo es más severa: 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa. Junto a ellos, otros nueve acusados recibieron penas de inhabilitación por la misma conducta. El tribunal rechazó de plano la acusación por tráfico de influencias, al considerar que no existió prueba suficiente de presiones directas desde la esfera presidencial, aunque reconoció que el nepotismo aplicado resulta «incompatible con el funcionamiento de la Administración».

Entre los indicios que el tribunal valoró como determinantes figuran los correos electrónicos enviados por David Sánchez a su amigo íntimo Luis Carrero, quien también resultó condenado, 23 días antes de que se publicaran las bases de la convocatoria oficial. El propio acusado no supo explicar de manera coherente ese intercambio durante el juicio, celebrado en mayo pasado con 42 testigos y 11 imputados. La fiscalía, por su parte, había pedido la absolución de todos los acusados.

El PSOE cierra filas y habla de cacería

La reacción del oficialismo español no se hizo esperar. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, calificó el fallo de «auténtica barbaridad» y afirmó que se trata del «triunfo de la estrategia de la ultraderecha». «Hay una cacería contra el PSOE y contra Pedro Sánchez», declaró López, y subrayó que en el momento de los hechos investigados el presidente no ejercía la jefatura del Gobierno ni la secretaría general del partido. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, fue más lejos: sostuvo que el hermano del presidente «es inocente» y que no comparte la sentencia. La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, lamentó la condena y aseguró que el caso «requería la absolución inmediata».

Desde el ala del Gobierno, el ministro Óscar Puente publicó en la red social X que «esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas». El texto refleja la lectura del entorno presidencial: la condena como instrumento político de una derecha que no puede con Sánchez en las urnas.

La derecha pide elecciones y el PP sube la presión

En el polo opuesto, el Partido Popular elevó la presión sobre el presidente. El líder opositor Alberto Núñez Feijóo destacó que la sentencia demuestra que «nadie está por encima de la ley», mientras que las referentes del PP Cuca Gamarra y Ester Muñoz cuestionaron la continuidad del Gobierno. La Junta de Extremadura, gobernada por el PP, pidió directamente la convocatoria de elecciones generales. Desde la ultraderecha, el presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó que el PSOE «es una mafia» y que el entorno de Sánchez acumula más de cien imputados.

Vale recordar que las acusaciones populares, conformadas por el PP, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Vox, llegaron a pedir entre tres y seis años de prisión efectiva para David Sánchez. El tribunal descartó esa pretensión por falta de pruebas de tráfico de influencias, pero sí reconoció el uso «grosero y arbitrario» del poder para beneficiar intereses particulares mediante la creación y adaptación de plazas públicas.

Puntos clave

• La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez a 9 años de inhabilitación por cooperación en prevaricación administrativa, sin pena de cárcel.
• El exlíder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo recibió 18 años de inhabilitación por dos delitos del mismo tipo.
• El tribunal descartó el delito de tráfico de influencias, pero declaró probado que el cargo fue creado a medida para el hermano del presidente.
• La fiscalía había pedido la absolución de todos los acusados; las acusaciones de derecha y ultraderecha reclamaban años de prisión.
• El PSOE rechazó el fallo y lo calificó de instrumento político; el PP y Vox exigen que Sánchez rinda cuentas políticas.