Investigación 🔎
$LIBRA: la Justicia congeló 25 billeteras cripto y reconstruye la ruta de los US$ 44 millones
El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento cautelar de 25 cuentas en las principales plataformas de criptomonedas del mundo, sospechadas de haber movido al menos 44 millones de dólares del botín de la estafa con $LIBRA. La medida se apoya en un informe de Cibercrimen de la Policía Federal que reconstruyó, a la inversa, el flujo de fondos desde las «Team Libra Wallets» hasta los exchanges donde el dinero buscó desdibujarse.
La causa judicial por la criptoestafa con $LIBRA registró este lunes una de sus movidas procesales más concretas desde el inicio de la investigación: el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento inmediato de 25 direcciones de criptoactivos vinculadas al fraude y exigió a los principales exchanges del mundo que revelen la identidad de sus titulares. La resolución llegó a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien se apoyó en un informe técnico fechado el 22 de junio de 2026, elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina.
El contexto no es menor: la medida se dictó apenas días después de que el mismo magistrado apartara de la causa a los querellantes que representaban a damnificados, dejando la investigación exclusivamente en manos del fiscal. Ahora, en un giro que nadie anticipaba, el tribunal avanzó con una cautelar de peso.
El backward tracing: cómo se rastreó el botín
La metodología utilizada por los investigadores se denomina «backward tracing» (trazabilidad a la inversa): partiendo desde los exchanges donde los fondos intentaron liquidarse, los técnicos reconstruyeron el camino hasta su origen. El análisis reveló que la secuencia se inició en ocho billeteras denominadas «Team Libra Wallets», que fueron convertidas en liquidez el 14 y el 15 de febrero de 2025, es decir, el día del tuit presidencial que promocionó el token y el día inmediatamente posterior.
Desde esas billeteras, los fondos se transfirieron a una cuenta bajo la infraestructura del protocolo multifirma Squads, identificada con el llamativo nombre «Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA«, que invoca explícitamente la investidura presidencial. El informe policial, avalado por la plataforma de análisis blockchain Arkham, detectó que a partir del 10 de mayo de 2026 comenzó una salida masiva de activos mediante 17 «puentes» (bridges) del protocolo deBridge Finance, que transfirieron los fondos desde la red Solana hacia las redes Tron, Ethereum y BNB Chain, complicando significativamente el rastreo.
El «pitufeo digital»: fragmentar para desaparecer
Los investigadores también identificaron una maniobra conocida como «pitufeo digital» (smurfing), que consiste en distribuir diariamente montos pequeños y fraccionados hacia múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas, con el doble objetivo de liquidar los activos en moneda fiduciaria y dificultar cualquier trazabilidad posterior. Esta técnica es reconocida en investigaciones de lavado de activos a nivel global como una de las más eficaces para borrar el rastro de fondos de origen ilícito.
Las 25 cuentas congeladas se distribuyen entre Binance (10 billeteras), Bybit (8), OKX (2), Coinex (2), FixedFloat (1) y Bitfinex (2). A cada plataforma se le requirió el legajo completo del cliente (KYC), registros de conexiones IP, historial de movimientos, datos de las cuentas bancarias vinculadas y hasta memorandos internos relacionados con las operaciones bajo sospecha.
Las empresas en la mira: Davis, Peh y Novelli
La resolución de Martínez de Giorgi identifica a dos firmas extranjeras como presuntas partícipes en la creación de $LIBRA: Kelsier Ventures, representada por Hayden Mark Davis, y Kip Network, representada por Julian Peh. Según el expediente, Kip Network tendría además una representación local a través de una compañía controlada por Mauricio Novelli, el trader que manejó los acuerdos con Davis y cuyo vínculo con el presidente Javier Milei se remonta al menos a 2021.
El tribunal dispuso que los oficios dirigidos a las firmas internacionales sean diligenciados por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, con la colaboración de INTERPOL para las traducciones pertinentes, dado que las empresas tienen sede en el exterior. Las medidas cautelares se mantendrán vigentes hasta nueva orden del tribunal, en atención a la complejidad de la maniobra investigada.
El peligro en la demora: por qué se actuó ahora
Para fundar la cautelar, el juez sostuvo que «la argumentación brindada por la fuerza policial especializada, sustentada en los elementos de prueba colectados en autos, exhibe el peligro en la demora exigido para el dictado de una medida cautelar, en tanto el flujo de dinero analizado podría generar consecuencias irreversibles para el desarrollo de la presente investigación». Por la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, cualquier demora adicional podría tornar imposible la recuperación de los activos.
La causa, recordemos, investiga el lanzamiento y la estafa masiva con $LIBRA: el 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el token, cuyo precio saltó de 0,01 dólares a casi 5 dólares en pocas horas. Luego se desplomó, dejando a más de 40.000 personas con pérdidas cuantiosas, mientras un grupo reducido de billeteras con información privilegiada retiraba lo que se estima en alrededor de 100 millones de dólares.
Una causa bajo sospecha de entierro
El avance de hoy contrasta con la trayectoria errática del expediente. A casi 18 meses del tuit presidencial, la causa no tiene imputados y aún no se citó a declarar a los testigos directos del armado del negocio. Semanas atrás, el mismo Martínez de Giorgi apartó a todos los querellantes que representaban a damnificados, atendiendo un planteo del propio Mauricio Novelli, acusado en la causa, lo que generó una fuerte reacción opositora. La diputada Sabrina Selva denunció públicamente que «la Justicia sigue garantizando impunidad en la causa $LIBRA».
A ese escenario se suma otro dato que la oposición señaló como sospechoso: el mismo lunes en que se dictó el congelamiento de billeteras, el presidente Milei envió al Senado los pliegos de Pablo Bertuzzi, quien integra la Sala I de la Cámara Federal que debe resolver la apelación de los querellantes excluidos. La simultaneidad de movimientos judiciales y nombramientos aviva las sospechas sobre los equilibrios que rodean la causa más comprometedora para el entorno presidencial.
Puntos clave
- El juez Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de 25 billeteras cripto en Binance, Bybit, OKX, Coinex, FixedFloat y Bitfinex.
- El informe técnico de Cibercrimen de la PFA, del 22 de junio de 2026, reconstruyó el flujo de fondos mediante «backward tracing».
- Las investigadas 8 «Team Libra Wallets» se convirtieron en liquidez el 14 y 15 de febrero de 2025, horas del tuit presidencial.
- Se detectó «pitufeo digital» (smurfing) y uso de 17 puentes cripto para dispersar los fondos entre redes Tron, Ethereum y BNB Chain.
- La causa sigue sin imputados a casi 18 meses del hecho y con los querellantes excluidos; la Cámara Federal deberá resolver su situación.
Fútbol & Goles!
Imputaron a “Chiqui” Tapia por enriquecimiento ilícito en el CEAMSE
El fiscal Gerardo Pollicita ordenó medidas de prueba contra el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, investigado por un incremento patrimonial cercano al 1.000% en ocho años que no logra justificar con sus ingresos declarados. La causa tramita ante el juez Ariel Lijo en el Juzgado Federal N° 4.
Siete propiedades, más de $1.002 millones en depósitos bancarios en un año y US$246.206 en una caja de ahorro a valor oficial: ese es el perfil patrimonial que la justicia federal busca explicar en la investigación contra el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El problema, según la denuncia que dio origen a la causa, es que sus ingresos declarados no alcanzan para justificar semejante acumulación.
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó medidas de prueba contra Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N° 4, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones definiera que ese tribunal era el competente. La investigación se originó en una denuncia del abogado Guillermo Tofoni, que apuntó a la actuación de Tapia en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo del que formó parte entre 2016 y 2025.
El patrimonio que no cierra
La denuncia de Tofoni traza una línea de tiempo precisa. En 2017, Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal total de aproximadamente $17 millones, un único vehículo y activos líquidos inferiores a $1,5 millones, equivalentes entonces a unos US$43.000, lo que el denunciante calificó como un «patrimonio acotado». Dos años después, en 2019, el panorama ya había cambiado de manera significativa: el funcionario incluyó en sus declaraciones juradas cuatro inmuebles adicionales, entre ellos una casa en San Isidro de 315 m² valuada en $15 millones, un departamento en Caballito de 291 m², una casona en Ingeniero Maschwitz de 280 m² y un terreno de 2.430 m² en Campana por $10.918.214.
El salto más llamativo se produjo hacia 2024, cuando Tapia reconoció en sus declaraciones la existencia de más de $1.002 millones en depósitos en múltiples cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro a valor oficial. Sin embargo, al año siguiente, la fotografía financiera presentada fue radicalmente distinta: cero pesos en efectivo y cero en depósitos bancarios, con siete propiedades registradas. Entre ellas, dos inmuebles en San Juan exhiben lo que la denuncia denomina una «doble anomalía»: sus valores fiscales decrecieron en lugar de actualizarse, y además pasaron de ser bienes propios a integrar el conjunto ganancial.
Tofoni sostuvo que las declaraciones juradas «son falsas», ya que los ingresos declarados no explicarían un incremento patrimonial de alrededor del 1.000% en ocho años, y acusó al funcionario de tener bienes «no declarados». Para el período investigado, Tapia registró tres fuentes de ingreso: el CEAMSE, la AFA y su rol como vicepresidente segundo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con un ingreso total declarado de más de $818 millones anuales más otros $200 millones adicionales.
Las medidas de prueba que solicitó Pollicita
Ante ese cuadro, el fiscal Pollicita presentó un escrito con un abanico de pedidos orientados a reconstruir la situación económica real de Tapia y determinar si hubo un incremento patrimonial «apreciable» a partir de 2016. La primera y más relevante medida solicitada es el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero del investigado, junto con el acceso a todas sus declaraciones juradas durante el período bajo análisis.
Además, el fiscal requirió informes al CEAMSE sobre los ingresos que Tapia percibió desde su ingreso al organismo hasta la actualidad; a Migraciones sobre sus movimientos migratorios; a ARCA sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera histórica; y al Banco Central sobre el detalle de sus cuentas y operaciones bancarias. Pollicita también indaga si Tapia realizó envíos o recepciones de dinero del exterior y si operó con criptoactivos.
En paralelo, el fiscal exhortó a la Conmebol a remitir información completa sobre los cargos que tuvo Tapia en la entidad sudamericana, junto con los montos y rubros abonados en cada caso.
El mismo juez, la misma fiscalía
La causa contra Tapia no es ajena al ecosistema de investigaciones por corrupción que tramitan actualmente en el fuero federal. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita son las mismas figuras que instruyen la causa por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, donde ya ordenaron el levantamiento del secreto fiscal y el peritaje de dispositivos de testigos clave. En el caso Adorni, el patrimonio investigado supera los US$840.000 e incluye refacciones de lujo pagadas en efectivo y sin factura. El hecho de que ambas causas estén en el mismo juzgado y con el mismo fiscal refuerza el perfil del tribunal como un espacio de litigación de causas de alto impacto político e institucional.
Lo que tenés que saber
- El fiscal Pollicita solicitó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Claudio «Chiqui» Tapia en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
- La investigación cubre el período 2016-2025, cuando Tapia integró el directorio del CEAMSE.
- La denuncia original señala un incremento patrimonial de alrededor del 1.000% en ocho años que sus ingresos declarados no justifican.
- En 2024, Tapia declaró más de $1.002 millones en depósitos bancarios y US$246.206 en caja de ahorro; al año siguiente declaró cero en efectivo y cero en depósitos.
- La causa tramita ante el juez Ariel Lijo en el Juzgado Federal N° 4, el mismo tribunal que investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito.
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