El juez federal Ariel Lijo rechazó el planteo de nulidad y el pedido de suspensión del peritaje tecnológico sobre los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se lo escucha describir el desvío de millonarias sumas de dinero, el cobro de un «retorno» del 3% y la mención directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, como beneficiarios del esquema. Con la resolución del magistrado, la Gendarmería Nacional quedó habilitada para avanzar sin dilaciones con el estudio pericial acústico e informático.

El intento de la defensa por desactivar la prueba clave

La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Pablo Parera, articuló una doble estrategia para bloquear el peritaje. Por un lado, argumentó que prestar la voz para el cotejo significaría forzar al imputado a una «colaboración activa» en la producción de prueba en su contra, lo que vulneraría su derecho a la legítima defensa y lo expondría a una eventual autoincriminación. Por el otro, cuestionó la integridad técnica de las grabaciones, alegando que presentan «inconsistencias técnicas, signos de edición o manipulación, cortes, alteraciones y posibles intervenciones mediante herramientas de inteligencia artificial», y señaló la existencia de un expediente paralelo en otro juzgado donde se investiga la legalidad de la obtención y difusión de esos archivos.

La contradicción no tardó en aflorar. La propia defensa había designado como perito de parte al ingeniero Marcelo Torok para proponer puntos complementarios de pericia sobre los mismos audios que simultáneamente pretendía sustraer del análisis oficial. El fiscal federal Franco Picardi expuso esa inconsistencia con precisión: mientras la defensa cuestionaba la autenticidad del material y aportaba un técnico propio para analizarlo, al mismo tiempo solicitaba suspender el estudio orientado a verificar exactamente esa veracidad.

La distinción jurídica que resolvió el nudo constitucional

Para resolver el planteo, el juez Lijo trazó una distinción técnica entre los conceptos de «sujeto de prueba» y «objeto de prueba». La garantía constitucional contra la autoincriminación protege al ciudadano de ser obligado a formular declaraciones de contenido intelectual o testimonial sobre los hechos investigados; es decir, manifestaciones que deben provenir de su libre voluntad. La voz, en cambio, al igual que las huellas dactilares, la escritura o el ADN, constituye un rasgo biométrico y físico identificatorio de carácter material. La toma de una muestra sonora no equivale a arrancar una confesión, sino a acceder a una característica corporal objetiva pasible de examen pericial. Con ese razonamiento, el magistrado convalidó en su totalidad los argumentos de la fiscalía y desestimó el recurso de nulidad.

El fiscal Picardi añadió una previsión para el caso de que Spagnuolo persista en negarse a hablar en el gabinete de acústica forense de la Gendarmería Nacional: la pericia podrá realizarse utilizando registros de voz indubitados y de carácter público, como las entrevistas que el propio exfuncionario brindó a medios como Neura, La Nación+, Border y El Observador.

El escándalo que precipitó la caída de un amigo del Presidente

Los audios que ahora se debaten judicialmente estallaron en agosto de 2025 y desataron una crisis política de primer orden. En las grabaciones, Spagnuolo describe un esquema de sobornos en las licitaciones de medicamentos de alto costo que, según la hipótesis de la fiscalía, generaba retornos millonarios destinados a la estructura política oficialista, con Karina Milei mencionada como receptora de esos fondos. La gravedad de las revelaciones llevó al presidente Javier Milei a despedir de forma inmediata a Spagnuolo, quien además de haber sido designado director de la ANDIS mediante el Decreto 96/2023, era amigo personal y abogado del mandatario.

En febrero de 2026, el juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Spagnuolo y otras 18 personas, entre ellas Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud del organismo, y varios empresarios farmacéuticos. La acusación del fiscal Picardi sostuvo que la ANDIS funcionó como una «ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados», bajo un esquema de asociación ilícita, cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude en perjuicio de la administración del Estado. En ese contexto, la pericia ahora ordenada por Lijo adquiere un peso probatorio central.

La justicia avanza sobre el entorno íntimo del Presidente

El caso ANDIS no es una causa aislada. Se inscribe en una trama más amplia de investigaciones que apuntan al entorno inmediato del Gobierno. La causa por enriquecimiento ilícito del actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tramita en el mismo juzgado de Lijo y acumula evidencia sobre un patrimonio no justificado que supera los 840.000 dólares. En ese expediente, el mismo fiscal Pollicita instruyó el procesamiento de varias personas vinculadas al núcleo duro del poder libertario. El procesamiento de Spagnuolo y el avance sobre los audios forman parte del mismo mapa judicial que el Gobierno intenta neutralizar con recursos procesales y la estrategia de desacreditar la prueba antes de que llegue a juicio oral.

Puntos clave

• El juez Lijo rechazó la nulidad y habilitó la pericia acústica sobre los audios de Spagnuolo, en los que se menciona a Karina Milei y a Lule Menem como beneficiarios de un esquema de sobornos.
• La defensa intentó bloquear la pericia invocando el derecho a no autoincriminarse, pero el magistrado diferenció entre declaración voluntaria y rasgo biométrico.
• El fiscal Picardi señaló que, si Spagnuolo se niega a prestar su voz, la pericia se realizará con grabaciones públicas de entrevistas previas del exfuncionario.
• Spagnuolo fue procesado en febrero de 2026 junto a otras 18 personas por asociación ilícita, fraude al Estado y cohecho pasivo.
• La causa ANDIS se enmarca en un patrón judicial más amplio que involucra al entorno directo del presidente Milei, incluyendo la investigación por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni.