Movimientos Sociales
“Golpe criminal”: la UTEP sale a las calles tras el fallo que cierra el programa “Volver al Trabajo”
La Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar que forzaba al Gobierno a mantener los pagos del programa «Volver al Trabajo», habilitando su reemplazo por vouchers de capacitación. Cerca de 900.000 familias quedarán sin ese ingreso desde agosto. La UTEP calificó el fallo de «golpe criminal» y convocó a jornadas de lucha.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) denunció que la Justicia habilitó al Ministerio de Capital Humano a discontinuar los pagos del programa «Volver al Trabajo» (VAT), una medida que dejará sin ingresos a unas 900.000 personas a partir de agosto. El golpe llegó desde un tribunal: la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, con la firma de los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, revocó la medida cautelar que obligaba al Estado nacional a sostener las prestaciones del VAT.
El fallo que abrió la puerta al desguace
El tribunal avaló el planteo del Ejecutivo en el sentido de que el programa tenía un «vencimiento de 24 meses» y habilitó su reemplazo por vouchers de capacitación bajo el nuevo esquema denominado «Formando Capital Humano». Para los jueces firmantes, la extinción del VAT no era una decisión arbitraria del Gobierno sino el cumplimiento de un plazo preestablecido en la normativa original del programa.
La UTEP rechazó de plano esa interpretación. En un comunicado difundido en redes sociales, la organización afirmó que «la Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables». Y fue más lejos: «Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social».
$78.000 congelados: el ajuste que no para
El VAT transfería $78.000 mensuales a cada beneficiario, un monto que permaneció congelado desde diciembre de 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei asumió y el programa quedó bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. En más de dos años de gestión libertaria, ese ingreso no recibió ningún ajuste inflacionario, lo que implicó en la práctica una licuación sistemática del poder adquisitivo de los trabajadores que lo percibían.
La UTEP advirtió que «eliminarlo por completo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa». No se trata, en este marco, de una prestación accesoria: para cientos de miles de trabajadores de la economía popular, ese monto es la diferencia entre comer o no.
Gramajo: «El 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha»
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, trazó en sus declaraciones un mapa de la respuesta organizada. Confirmó que el 22 de julio la organización acompañará a los jubilados en su marcha al Congreso, y anticipó que «el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo».
Además, Gramajo adelantó que, en el marco del plan de lucha conjunto con la CGT y las dos CTA, la UTEP impulsará una movilización, sin fecha confirmada aún, «al Ministerio de Economía para visibilizar la realidad de las familias» que dependen de la economía popular.
Un patrón que se repite
El cierre del VAT no es un hecho aislado. Desde diciembre de 2023, el gasto en programas sociales acumuló una caída real superior al 61%, de acuerdo a datos del Foro Economía y Trabajo. El reemplazo de transferencias directas por esquemas de capacitación o vouchers responde a una lógica consistente en la gestión de Pettovello: desmantelar los mecanismos de sostenimiento de ingresos de los sectores más vulnerables bajo el argumento de que esos recursos «no generan empleo real».
La UTEP denominó a ese esquema «trabajo sin salario», una figura que, en su lectura, no es otra cosa que esclavitud encubierta. El fallo de la Cámara Federal de San Martín, al avalar la supresión del VAT sin exigir garantías de reemplazo equivalentes para los beneficiarios, consolidó jurídicamente esa lógica de ajuste.
Puntos clave
- La Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar que obligaba al Gobierno a mantener los pagos del programa «Volver al Trabajo».
- El VAT pagaba $78.000 mensuales, congelados desde diciembre de 2023, a unas 900.000 personas.
- El Gobierno reemplaza el programa por vouchers de capacitación bajo el esquema «Formando Capital Humano».
- La UTEP convocó a una jornada de lucha el 7 de agosto y acompañará la marcha de jubilados el 22 de julio.
- El gasto en programas sociales cayó más del 61% en términos reales desde el inicio de la gestión Milei.
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Morosidad al 12,7% y 30.000 pymes cerradas: la otra cara del supuesto “éxito” económico que Milei vende al mundo
La CGT, las CTA, la UTEP y cámaras pymes tomaron las calles de Buenos Aires este jueves para reclamar contra el endeudamiento de las familias y el cierre de miles de pequeñas empresas. La movilización ocurrió el mismo día en que Javier Milei expuso en el lujoso hotel Alvear ante el Council of the Americas, mientras Luis Caputo insiste en que las deudas de los hogares son «un asunto entre privados».
La imagen fue elocuente: mientras Javier Milei disertaba ante ejecutivos y representantes del capital internacional reunidos en el hotel Alvear para la edición 2026 del Council of the Americas, a pocas cuadras de allí la CGT, las dos CTA, la UTEP y decenas de cámaras pymes marchaban hacia el Ministerio de Economía y la Plaza de Mayo. El contraste no fue casual. Fue, en todo caso, la radiografía más precisa del país que el modelo libertario está construyendo: uno para los que tienen acceso al poder financiero y otro para los millones que acumulan deudas para pagar la luz, la nafta y la comida.
Una jornada, dos columnas y una misma crisis
Las columnas sindicales y sociales concentraron desde las 14 en Paseo Colón y Estados Unidos y en la esquina de Independencia y Paseo Colón, para converger luego frente al Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen 250. El eje del reclamo fue el desborde del endeudamiento familiar: millones de hogares que tomaron créditos para afrontar gastos esenciales y que hoy no pueden pagar. La UTEP, conducida por Alejandro Gramajo, llamó a una «masiva movilización» y advirtió que la falta de acceso al crédito formal empuja a los sectores populares hacia el financiamiento informal. «La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar», señalaron en el comunicado de convocatoria.
Simultáneamente, referentes de cámaras pymes se concentraron en Plaza de Mayo en el marco del Día del Empresario Nacional. La convocatoria reunió a la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Cámara Económica Sanmartinense, PYME SUR, la Confederación General de la Producción y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín, entre otras organizaciones. El sector estima que unas 30.000 empresas dejaron de operar desde que asumió Milei y reclama que el Congreso avance con la Ley de Emergencia PyME impulsada por ENAC, que contempla medidas específicas para sostener la actividad productiva.
Los números del BCRA: la morosidad que el Gobierno llama «privada»
El reclamo callejero tiene sustento en datos inapelables. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento de los préstamos a familias trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En menos de dos años, la morosidad se quintuplicó. En el segmento de fintech y billeteras virtuales, la situación es aún más crítica: un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense ubicó la mora en torno al 33% de los deudores. El mismo informe indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas.
Esos números no son solo estadísticas. Son familias que pidieron prestado para comprar alimentos, pagar una factura de gas o costear un turno médico. Son jubiladas, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas que hoy están atrapados en una espiral de intereses que el Estado nacional se niega a desactivar.
La respuesta del Gobierno: que lo arregle el mercado
La postura oficial frente a esta emergencia social fue coherente con la filosofía del modelo. El 2 de agosto, en una entrevista en LN+, Milei rechazó cualquier forma de asistencia estatal y preguntó: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás». El ministro de Economía, Luis Caputo, definió el endeudamiento familiar como «un tema entre privados» durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la implementación de un «plan platita» para los deudores en mora.
La lógica es conocida: el Estado ausente como virtud. El problema es que esa abstención no opera en el vacío, sino sobre un tejido social que acumula años de ajuste, tarifazos y pérdida de poder adquisitivo. Según datos del IIEP (UBA-CONICET), los servicios públicos acumularon subas superiores al 525% desde diciembre de 2023. El transporte subió cerca del 900%, el gas más del 700%. En ese contexto, endeudarse no fue una elección: fue la única estrategia de supervivencia disponible para millones de personas.
El Congreso, con cerca de 30 proyectos y sin dictamen
La problemática llegó al Poder Legislativo. Distintos bloques de la oposición presentaron cerca de 30 iniciativas. Entre las más relevantes, una propuesta de los diputados Diego Giuliano y Caren Teep plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante una línea de crédito de la ANSES destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas, con créditos de hasta $1,5 millones y cuotas que no superen el 30% del ingreso neto. Otra iniciativa propone condonar al menos el 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados con planes de hasta 60 meses. También se presentó la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE) y, en el Senado, un proyecto con quitas de intereses y financiación de largo plazo.
La Fundación Alameda y más de 40 organizaciones también lanzaron una campaña de recolección de firmas para impulsar una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas avanzó en el Congreso, donde el oficialismo mantiene capacidad de bloqueo suficiente para impedir la formación de dictámenes.
Council of the Americas: el otro país
Mientras todo esto ocurría en las calles, Javier Milei participó de la edición 2026 del Council of the Americas en el hotel Alvear, el espacio de encuentro anual entre el poder político y el capital financiero internacional. La elección del escenario no es menor: la gestión libertaria construyó su narrativa económica sobre la promesa de integración a los mercados globales y la confianza de los inversores externos. Ese relato se sostiene mientras las familias se endeudan a tasas usurarias para llegar a fin de mes y las pymes cierran por cientos cada semana. La contradicción no es un accidente: es el modelo.
Puntos clave
- La morosidad en créditos a familias trepó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,7% en junio de 2026, según el BCRA.
- En el segmento fintech, el 33% de los deudores está en mora, según la Defensoría del Pueblo bonaerense.
- Las organizaciones pymes estiman que unas 30.000 empresas cerraron desde la asunción de Milei.
- Hay cerca de 30 proyectos legislativos sobre endeudamiento familiar, ninguno con dictamen.
- El Gobierno rechazó cualquier intervención estatal y calificó el problema como «un asunto entre privados».
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