Movimientos Sociales
“Golpe criminal”: la UTEP sale a las calles tras el fallo que cierra el programa “Volver al Trabajo”
La Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar que forzaba al Gobierno a mantener los pagos del programa «Volver al Trabajo», habilitando su reemplazo por vouchers de capacitación. Cerca de 900.000 familias quedarán sin ese ingreso desde agosto. La UTEP calificó el fallo de «golpe criminal» y convocó a jornadas de lucha.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) denunció que la Justicia habilitó al Ministerio de Capital Humano a discontinuar los pagos del programa «Volver al Trabajo» (VAT), una medida que dejará sin ingresos a unas 900.000 personas a partir de agosto. El golpe llegó desde un tribunal: la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, con la firma de los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, revocó la medida cautelar que obligaba al Estado nacional a sostener las prestaciones del VAT.
El fallo que abrió la puerta al desguace
El tribunal avaló el planteo del Ejecutivo en el sentido de que el programa tenía un «vencimiento de 24 meses» y habilitó su reemplazo por vouchers de capacitación bajo el nuevo esquema denominado «Formando Capital Humano». Para los jueces firmantes, la extinción del VAT no era una decisión arbitraria del Gobierno sino el cumplimiento de un plazo preestablecido en la normativa original del programa.
La UTEP rechazó de plano esa interpretación. En un comunicado difundido en redes sociales, la organización afirmó que «la Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables». Y fue más lejos: «Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social».
$78.000 congelados: el ajuste que no para
El VAT transfería $78.000 mensuales a cada beneficiario, un monto que permaneció congelado desde diciembre de 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei asumió y el programa quedó bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. En más de dos años de gestión libertaria, ese ingreso no recibió ningún ajuste inflacionario, lo que implicó en la práctica una licuación sistemática del poder adquisitivo de los trabajadores que lo percibían.
La UTEP advirtió que «eliminarlo por completo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa». No se trata, en este marco, de una prestación accesoria: para cientos de miles de trabajadores de la economía popular, ese monto es la diferencia entre comer o no.
Gramajo: «El 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha»
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, trazó en sus declaraciones un mapa de la respuesta organizada. Confirmó que el 22 de julio la organización acompañará a los jubilados en su marcha al Congreso, y anticipó que «el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo».
Además, Gramajo adelantó que, en el marco del plan de lucha conjunto con la CGT y las dos CTA, la UTEP impulsará una movilización, sin fecha confirmada aún, «al Ministerio de Economía para visibilizar la realidad de las familias» que dependen de la economía popular.
Un patrón que se repite
El cierre del VAT no es un hecho aislado. Desde diciembre de 2023, el gasto en programas sociales acumuló una caída real superior al 61%, de acuerdo a datos del Foro Economía y Trabajo. El reemplazo de transferencias directas por esquemas de capacitación o vouchers responde a una lógica consistente en la gestión de Pettovello: desmantelar los mecanismos de sostenimiento de ingresos de los sectores más vulnerables bajo el argumento de que esos recursos «no generan empleo real».
La UTEP denominó a ese esquema «trabajo sin salario», una figura que, en su lectura, no es otra cosa que esclavitud encubierta. El fallo de la Cámara Federal de San Martín, al avalar la supresión del VAT sin exigir garantías de reemplazo equivalentes para los beneficiarios, consolidó jurídicamente esa lógica de ajuste.
Puntos clave
- La Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar que obligaba al Gobierno a mantener los pagos del programa «Volver al Trabajo».
- El VAT pagaba $78.000 mensuales, congelados desde diciembre de 2023, a unas 900.000 personas.
- El Gobierno reemplaza el programa por vouchers de capacitación bajo el esquema «Formando Capital Humano».
- La UTEP convocó a una jornada de lucha el 7 de agosto y acompañará la marcha de jubilados el 22 de julio.
- El gasto en programas sociales cayó más del 61% en términos reales desde el inicio de la gestión Milei.
Comunidad 👥
Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste
El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.
Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.
El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
Qué garantiza el proyecto oficialista
El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.
La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa
El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.
«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.
Una derrota política disfrazada de iniciativa
La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.
Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
- El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
- La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
- Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
- El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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