Movimientos Sociales
“Golpe criminal”: la UTEP sale a las calles tras el fallo que cierra el programa “Volver al Trabajo”
La Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar que forzaba al Gobierno a mantener los pagos del programa «Volver al Trabajo», habilitando su reemplazo por vouchers de capacitación. Cerca de 900.000 familias quedarán sin ese ingreso desde agosto. La UTEP calificó el fallo de «golpe criminal» y convocó a jornadas de lucha.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) denunció que la Justicia habilitó al Ministerio de Capital Humano a discontinuar los pagos del programa «Volver al Trabajo» (VAT), una medida que dejará sin ingresos a unas 900.000 personas a partir de agosto. El golpe llegó desde un tribunal: la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, con la firma de los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, revocó la medida cautelar que obligaba al Estado nacional a sostener las prestaciones del VAT.
El fallo que abrió la puerta al desguace
El tribunal avaló el planteo del Ejecutivo en el sentido de que el programa tenía un «vencimiento de 24 meses» y habilitó su reemplazo por vouchers de capacitación bajo el nuevo esquema denominado «Formando Capital Humano». Para los jueces firmantes, la extinción del VAT no era una decisión arbitraria del Gobierno sino el cumplimiento de un plazo preestablecido en la normativa original del programa.
La UTEP rechazó de plano esa interpretación. En un comunicado difundido en redes sociales, la organización afirmó que «la Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables». Y fue más lejos: «Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social».
$78.000 congelados: el ajuste que no para
El VAT transfería $78.000 mensuales a cada beneficiario, un monto que permaneció congelado desde diciembre de 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei asumió y el programa quedó bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. En más de dos años de gestión libertaria, ese ingreso no recibió ningún ajuste inflacionario, lo que implicó en la práctica una licuación sistemática del poder adquisitivo de los trabajadores que lo percibían.
La UTEP advirtió que «eliminarlo por completo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa». No se trata, en este marco, de una prestación accesoria: para cientos de miles de trabajadores de la economía popular, ese monto es la diferencia entre comer o no.
Gramajo: «El 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha»
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, trazó en sus declaraciones un mapa de la respuesta organizada. Confirmó que el 22 de julio la organización acompañará a los jubilados en su marcha al Congreso, y anticipó que «el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo».
Además, Gramajo adelantó que, en el marco del plan de lucha conjunto con la CGT y las dos CTA, la UTEP impulsará una movilización, sin fecha confirmada aún, «al Ministerio de Economía para visibilizar la realidad de las familias» que dependen de la economía popular.
Un patrón que se repite
El cierre del VAT no es un hecho aislado. Desde diciembre de 2023, el gasto en programas sociales acumuló una caída real superior al 61%, de acuerdo a datos del Foro Economía y Trabajo. El reemplazo de transferencias directas por esquemas de capacitación o vouchers responde a una lógica consistente en la gestión de Pettovello: desmantelar los mecanismos de sostenimiento de ingresos de los sectores más vulnerables bajo el argumento de que esos recursos «no generan empleo real».
La UTEP denominó a ese esquema «trabajo sin salario», una figura que, en su lectura, no es otra cosa que esclavitud encubierta. El fallo de la Cámara Federal de San Martín, al avalar la supresión del VAT sin exigir garantías de reemplazo equivalentes para los beneficiarios, consolidó jurídicamente esa lógica de ajuste.
Puntos clave
- La Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar que obligaba al Gobierno a mantener los pagos del programa «Volver al Trabajo».
- El VAT pagaba $78.000 mensuales, congelados desde diciembre de 2023, a unas 900.000 personas.
- El Gobierno reemplaza el programa por vouchers de capacitación bajo el esquema «Formando Capital Humano».
- La UTEP convocó a una jornada de lucha el 7 de agosto y acompañará la marcha de jubilados el 22 de julio.
- El gasto en programas sociales cayó más del 61% en términos reales desde el inicio de la gestión Milei.
CABA
Macri intimó a organizaciones que dan comida a personas en situación de calle en CABA
El jefe de Gobierno porteño declaró que dar comida en la vía pública «genera dependencia» y atrae más personas sin techo a la Ciudad. Días después, agentes de Espacio Público comenzaron a labrar intimaciones contra ollas populares en Caballito, Recoleta, Palermo, Colegiales y barrios populares. Las organizaciones denuncian hostigamiento y reclaman que el Gobierno deje de «perseguir a quienes hacemos estas jornadas con el hambre».
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, encendió una nueva controversia al afirmar que entregar comida y abrigo en la vía pública a personas en situación de calle genera dependencia y, según su argumento, atrae a más personas sin techo a la Ciudad. Las declaraciones, dirigidas en un primer momento a las instituciones religiosas que sostienen jornadas solidarias, no tardaron en convertirse en política de persecución concreta sobre las organizaciones que realizan ollas populares y reparto de viandas en los barrios porteños.
La contravención que nunca pudo justificar
Este domingo, personal de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad (GCBA) intentó imponer una contravención a la agrupación Peronismo Solidario de Caballito, que desde hace más de dos años ofrece cada domingo un plato de comida a más de 200 personas en la esquina de Acoyte y Rivadavia. La iniciativa incluye además una radio abierta donde se debaten temas de actualidad política.
«Todos los domingos de 11:30 a 13:30 no solo hacemos una olla popular en esa esquina sino que instalamos una radio abierta en la que discutimos distintos temas de política, de la actualidad. Este domingo, por ejemplo, estábamos charlando del mundial y de la selección», relató Florencia Lorenzo, referente de la Agrupación Política Peronismo Solidario.
El agente de Espacio Público irrumpió durante el programa e intimó a Lorenzo con una posible contravención, aunque no pudo precisar qué tipo de permiso debería tramitar la organización. «Planteó que me tenía que hacer una contravención a mí, después terminó diciendo que en realidad es una intimación, y me dijo que yo tengo que tramitar un permiso, pero finalmente nunca nos logró decir cuál era ese permiso que teníamos que tramitar», explicó la referente. Consultados legisladores porteños, confirmaron que no existe ningún permiso de ese tipo que deba tramitarse para este tipo de actividad.
«En estos más de dos años nunca tuvimos un conflicto ni con los vecinos ni con la gente de la galería. Nosotros tenemos como espacio una gran articulación con muchos otros actores del barrio, con otros grupos políticos, con iglesias, con un montón de gente que la verdad está de acuerdo con que hay que tenderle una mano a la gente que hoy más lo necesita», afirmó Lorenzo.
El hostigamiento se repite en varios barrios
El episodio de Caballito no fue aislado. La referente de Peronismo Solidario confirmó haber tomado conocimiento de situaciones similares en Recoleta y Palermo. Organizaciones que realizan ollas populares en distintos puntos de la Ciudad corroboraron que durante ese fin de semana y el anterior, el GCBA desplegó personal de Espacio Público en la vía pública, en algunos casos acompañado de efectivos de la Policía de la Ciudad, para labrar actas de intimación. Los barrios afectados incluyeron Colegiales, Palermo, Recoleta y las inmediaciones de barrios populares como la Villa 1-11-14, Zabaleta y Villa Lugano.
Las organizaciones de base optaron por cierta reserva pública, ya que se encuentran en proceso de diálogo con las autoridades porteñas para que la situación no se repita. «Estamos en una mesa de trabajo con el gobierno porteño para que deje de perseguir a quienes hacemos estas jornadas con el hambre», señaló a Tiempo Argentino una referente de un comedor popular que prefirió mantener reserva de identidad.
El Estado que se retira y acusa a quienes lo reemplazan
La lógica detrás de las declaraciones de Macri no es nueva, pero su puesta en práctica resulta especialmente reveladora en el contexto actual. Mientras el Gobierno porteño recorta programas sociales, cierra comedores y merenderos y reduce la infraestructura de asistencia en los barrios populares, el jefe de Gobierno sale a culpar a iglesias y organizaciones por cubrir el vacío que su propia gestión genera. Frente a esa contradicción, referentes de comedores populares respondieron con precisión: «Dicen que ‘nada cambia’ dando de comer. Tienen razón, dando de comer no cambia el modelo de ciudad que promueven, la precarización laboral ni la falta de hospitales; pero cambia de forma decisiva la realidad del que tiene hambre hoy».
A pesar de las presiones, tanto iglesias católicas como evangélicas ratificaron que continuarán sosteniendo las redes comunitarias, que diagnostican como respuesta necesaria al retiro explícito de las herramientas estatales de protección social.
Puntos clave
- Jorge Macri argumentó que dar comida en la calle «genera dependencia» y atrae más personas sin techo a la Ciudad.
- Agentes de Espacio Público intentaron intimar a la agrupación Peronismo Solidario de Caballito sin poder especificar qué permiso debía tramitarse.
- Las intimaciones se replicaron en Colegiales, Palermo, Recoleta, Villa 1-11-14, Zabaleta y Villa Lugano.
- Organizaciones afectadas negociaron en una mesa de trabajo con el GCBA para frenar la persecución.
- Iglesias católicas y evangélicas ratificaron que continuarán con las jornadas solidarias.
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