Buenos Aires
Paro docente bonaerense este martes: AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA paralizan las escuelas ante la falta de paritarias
Los gremios docentes paralizan las escuelas públicas bonaerenses ante la ausencia de paritarias, el deterioro salarial, el aumento de la violencia en las aulas y el desfinanciamiento nacional de la educación técnica y previsional.
Los cuatro gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron a un paro provincial de 24 horas para este martes 30 de junio. AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA paralizan las escuelas públicas bonaerenses ante la ausencia de paritarias, el deterioro salarial, el aumento de la violencia en las aulas y el desfinanciamiento nacional de la educación técnica y previsional.
Una medida de fuerza que llega con la paritaria empantanada
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), resolvió realizar un paro provincial de 24 horas para el martes 30 de junio. La medida de fuerza impactará en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires y representa una señal de alarma sobre el estado de crisis que atraviesa el sistema educativo bonaerense.
El eje central del conflicto es la negativa del Gobierno provincial de convocar urgentemente a la mesa paritaria con una propuesta salarial concreta. Según expresaron los propios gremios, los incrementos otorgados durante el primer semestre, que acumularon apenas un 9,3% distribuido en cuotas más una bonificación remunerativa no bonificable de entre 20.000 y 30.000 pesos, quedaron muy por debajo de la evolución del costo de vida. La última reunión entre el Gobierno provincial y el FUDB culminó sin ninguna oferta de aumento para la segunda mitad del año, solo con una actualización del 30% en los topes de asignaciones familiares, que los sindicatos rechazaron por considerarla insuficiente y alejada de los reclamos reales del sector.
El ajuste nacional como telón de fondo
Los gremios reconocieron explícitamente en su comunicado conjunto que la medida se adopta «en un contexto en el que desde Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública». Esta caracterización no es menor, ya que instala la crisis educativa bonaerense como consecuencia directa de las políticas de recorte del Gobierno nacional de Javier Milei, que acumuló desde 2023 una reducción real de las transferencias a las provincias superior al 66% y de los programas sociales del 61%, según datos del Foro Economía y Trabajo.
Uno de los ejes más concretos de la protesta es la exigencia al Gobierno Nacional de la restitución del financiamiento destinado a la Escuela Técnico Profesional. Los gremios denunciaron que el recorte del artículo presupuestario correspondiente compromete la formación de miles de jóvenes y pone en riesgo el desarrollo de una educación técnica pública, inclusiva y de calidad. Asimismo, reclamaron la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que el Gobierno libertario eliminó al inicio de su gestión y que representaba un complemento salarial para los trabajadores de la educación en todo el país.
Violencia en las aulas: una crisis sin respuesta estatal
El reclamo salarial se articula con otro flagelo que los gremios describieron como urgente: el creciente clima de violencia en los establecimientos educativos, con episodios de agresiones de alumnos y también de familiares hacia docentes que se registran con creciente frecuencia en toda la provincia. Ante este cuadro, los sindicatos exigieron la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, junto a un protocolo complementario, la realización de jornadas institucionales específicas y la aplicación de la legislación vigente para que sean penalizados los delitos y contravenciones cometidos en el ámbito escolar.
Los gremios reclamaron también al Estado provincial que adopte medidas concretas y efectivas que garanticen la integridad psicofísica de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa, planteando que el abordaje del problema requiere una intervención multisectorial que hasta ahora no se produjo.
Sobrecarga laboral, jubilaciones e IOMA en el centro del reclamo
El pliego de reclamos del FUDB incluyó además la denuncia de la sobrecarga de tareas que enfrentan los trabajadores de la educación, exigiendo garantizar la desconexión total y el respeto a la jornada laboral. En ese sentido, los gremios reclamaron modificaciones concretas del Régimen Académico, advirtiendo que el incremento de la jornada no puede seguir siendo naturalizado. También pidieron que, ante la baja de la natalidad y la consecuente reducción de matrícula, ningún docente quede sin trabajo, exigiendo la derogación de las Resoluciones 3367 y 333.
En materia previsional, el FUDB expresó su preocupación por los cambios que el Gobierno Nacional intenta aplicar al régimen jubilatorio, que impactarían negativamente sobre el Instituto de Previsión Social (IPS) y los derechos jubilatorios de las y los trabajadores de la educación bonaerense. Finalmente, exigieron que el IOMA garantice prestaciones adecuadas y oportunas, denunciando que la cobertura de obra social no responde a las necesidades reales del sector.
Un conflicto con actores múltiples y presión desde la base
La medida del FUDB no es el único frente de conflicto en el sistema educativo bonaerense. En paralelo, sectores disidentes como el SUTEBA Multicolor, vinculado a espacios de izquierda, y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) vienen sosteniendo medidas de fuerza propias con reclamos similares. La Lista Multicolor, por ejemplo, fijó un próximo Plenario Provincial de Delegados para el 3 de julio en el partido de La Matanza con el objetivo de profundizar las medidas si el Gobierno provincial no formaliza un aumento salarial de emergencia antes de fin de mes.
La convergencia de distintos espacios sindicales docentes en la protesta, con diferencias de estrategia pero coincidencia en el diagnóstico, revela la profundidad de un conflicto que el Gobierno de Axel Kicillof no logró desactivar con las ofertas del primer semestre. La ecuación es clara: con una inflación acumulada que superó ampliamente los incrementos otorgados y sin una nueva propuesta salarial en el horizonte, el escenario de conflicto en las escuelas bonaerenses tiene altas probabilidades de extenderse más allá del 30 de junio.
Puntos clave
- AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA convocaron a paro docente provincial de 24 horas para el martes 30 de junio.
- El conflicto central es la falta de convocatoria a paritarias: el incremento semestral acumulado fue del 9,3%, insuficiente ante el avance de la inflación.
- Los gremios denunciaron el «enorme ahogo financiero» del Gobierno Nacional a la provincia y el recorte al financiamiento de la educación técnica y del FONID.
- Se exigió la implementación del Acuerdo Paritario de Prevención y medidas urgentes ante la violencia creciente en las escuelas.
- El FUDB rechazó los cambios que el Gobierno Nacional proyecta sobre el régimen previsional que afectaría al IPS, y exigió la garantía de prestaciones adecuadas del IOMA.
Buenos Aires
Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.
De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.
El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.
Un predio cedido con una condición que Milei ignoró
El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.
El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.
La ley que activa la Fiscalía de Estado
El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».
Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».
La oposición apoyó la privatización
El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.
Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»
El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».
En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.
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