Buenos Aires
Paro docente bonaerense este martes: AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA paralizan las escuelas ante la falta de paritarias
Los gremios docentes paralizan las escuelas públicas bonaerenses ante la ausencia de paritarias, el deterioro salarial, el aumento de la violencia en las aulas y el desfinanciamiento nacional de la educación técnica y previsional.
Los cuatro gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron a un paro provincial de 24 horas para este martes 30 de junio. AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA paralizan las escuelas públicas bonaerenses ante la ausencia de paritarias, el deterioro salarial, el aumento de la violencia en las aulas y el desfinanciamiento nacional de la educación técnica y previsional.
Una medida de fuerza que llega con la paritaria empantanada
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), resolvió realizar un paro provincial de 24 horas para el martes 30 de junio. La medida de fuerza impactará en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires y representa una señal de alarma sobre el estado de crisis que atraviesa el sistema educativo bonaerense.
El eje central del conflicto es la negativa del Gobierno provincial de convocar urgentemente a la mesa paritaria con una propuesta salarial concreta. Según expresaron los propios gremios, los incrementos otorgados durante el primer semestre, que acumularon apenas un 9,3% distribuido en cuotas más una bonificación remunerativa no bonificable de entre 20.000 y 30.000 pesos, quedaron muy por debajo de la evolución del costo de vida. La última reunión entre el Gobierno provincial y el FUDB culminó sin ninguna oferta de aumento para la segunda mitad del año, solo con una actualización del 30% en los topes de asignaciones familiares, que los sindicatos rechazaron por considerarla insuficiente y alejada de los reclamos reales del sector.
El ajuste nacional como telón de fondo
Los gremios reconocieron explícitamente en su comunicado conjunto que la medida se adopta «en un contexto en el que desde Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública». Esta caracterización no es menor, ya que instala la crisis educativa bonaerense como consecuencia directa de las políticas de recorte del Gobierno nacional de Javier Milei, que acumuló desde 2023 una reducción real de las transferencias a las provincias superior al 66% y de los programas sociales del 61%, según datos del Foro Economía y Trabajo.
Uno de los ejes más concretos de la protesta es la exigencia al Gobierno Nacional de la restitución del financiamiento destinado a la Escuela Técnico Profesional. Los gremios denunciaron que el recorte del artículo presupuestario correspondiente compromete la formación de miles de jóvenes y pone en riesgo el desarrollo de una educación técnica pública, inclusiva y de calidad. Asimismo, reclamaron la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que el Gobierno libertario eliminó al inicio de su gestión y que representaba un complemento salarial para los trabajadores de la educación en todo el país.
Violencia en las aulas: una crisis sin respuesta estatal
El reclamo salarial se articula con otro flagelo que los gremios describieron como urgente: el creciente clima de violencia en los establecimientos educativos, con episodios de agresiones de alumnos y también de familiares hacia docentes que se registran con creciente frecuencia en toda la provincia. Ante este cuadro, los sindicatos exigieron la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, junto a un protocolo complementario, la realización de jornadas institucionales específicas y la aplicación de la legislación vigente para que sean penalizados los delitos y contravenciones cometidos en el ámbito escolar.
Los gremios reclamaron también al Estado provincial que adopte medidas concretas y efectivas que garanticen la integridad psicofísica de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa, planteando que el abordaje del problema requiere una intervención multisectorial que hasta ahora no se produjo.
Sobrecarga laboral, jubilaciones e IOMA en el centro del reclamo
El pliego de reclamos del FUDB incluyó además la denuncia de la sobrecarga de tareas que enfrentan los trabajadores de la educación, exigiendo garantizar la desconexión total y el respeto a la jornada laboral. En ese sentido, los gremios reclamaron modificaciones concretas del Régimen Académico, advirtiendo que el incremento de la jornada no puede seguir siendo naturalizado. También pidieron que, ante la baja de la natalidad y la consecuente reducción de matrícula, ningún docente quede sin trabajo, exigiendo la derogación de las Resoluciones 3367 y 333.
En materia previsional, el FUDB expresó su preocupación por los cambios que el Gobierno Nacional intenta aplicar al régimen jubilatorio, que impactarían negativamente sobre el Instituto de Previsión Social (IPS) y los derechos jubilatorios de las y los trabajadores de la educación bonaerense. Finalmente, exigieron que el IOMA garantice prestaciones adecuadas y oportunas, denunciando que la cobertura de obra social no responde a las necesidades reales del sector.
Un conflicto con actores múltiples y presión desde la base
La medida del FUDB no es el único frente de conflicto en el sistema educativo bonaerense. En paralelo, sectores disidentes como el SUTEBA Multicolor, vinculado a espacios de izquierda, y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) vienen sosteniendo medidas de fuerza propias con reclamos similares. La Lista Multicolor, por ejemplo, fijó un próximo Plenario Provincial de Delegados para el 3 de julio en el partido de La Matanza con el objetivo de profundizar las medidas si el Gobierno provincial no formaliza un aumento salarial de emergencia antes de fin de mes.
La convergencia de distintos espacios sindicales docentes en la protesta, con diferencias de estrategia pero coincidencia en el diagnóstico, revela la profundidad de un conflicto que el Gobierno de Axel Kicillof no logró desactivar con las ofertas del primer semestre. La ecuación es clara: con una inflación acumulada que superó ampliamente los incrementos otorgados y sin una nueva propuesta salarial en el horizonte, el escenario de conflicto en las escuelas bonaerenses tiene altas probabilidades de extenderse más allá del 30 de junio.
Puntos clave
- AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA convocaron a paro docente provincial de 24 horas para el martes 30 de junio.
- El conflicto central es la falta de convocatoria a paritarias: el incremento semestral acumulado fue del 9,3%, insuficiente ante el avance de la inflación.
- Los gremios denunciaron el «enorme ahogo financiero» del Gobierno Nacional a la provincia y el recorte al financiamiento de la educación técnica y del FONID.
- Se exigió la implementación del Acuerdo Paritario de Prevención y medidas urgentes ante la violencia creciente en las escuelas.
- El FUDB rechazó los cambios que el Gobierno Nacional proyecta sobre el régimen previsional que afectaría al IPS, y exigió la garantía de prestaciones adecuadas del IOMA.
Buenos Aires
Un fondo (buitre) alemán demandó a la Provincia de Buenos Aires en Nueva York por el canje de deuda de 2021
La firma Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York reclamando el pago de bonos que quedaron fuera de la reestructuración impulsada por el actual gobernador y el ministro Pablo López. El dato que el macrismo prefiere ocultar: esos bonos los tomó María Eugenia Vidal, y Kicillof, además de heredar “tierra arrasada”, se encontró con una bomba de tiempo.
Un nuevo frente judicial se abrió contra la provincia de Buenos Aires en los tribunales de los Estados Unidos. La firma de inversión alemana Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por bonos que quedaron fuera del canje de deuda que la administración de Axel Kicillof concretó en 2021 bajo jurisdicción extranjera. La acción judicial, que reclama títulos por un valor nominal original de €15,1 millones en bonos en euros y USD 2,6 millones en bonos en dólares, reintroduce el fantasma de los litigios de holdouts. Pero hay un dato que el relato macrista omite sistemáticamente: esos bonos no los tomó Kicillof, los tomó Cambiemos.
La herencia de Vidal: USD 5.000 millones de deuda en dólares
Los títulos que hoy litiga el fondo alemán en Nueva York fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando la provincia de Buenos Aires salió al mercado internacional de capitales por más de USD 5.000 millones, endeudándose en moneda extranjera de manera exponencial e irresponsable para una jurisdicción que recauda en pesos. La administración Cambiemos multiplicó por 5,3 el nivel de deuda pública bonaerense en apenas cuatro años de gestión, según datos del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV. El stock de deuda en moneda extranjera creció un 69%, mientras que las emisiones de bonos en dólares protegidos por tribunales extranjeros aumentaron un 91%.
El impacto sobre las finanzas provinciales fue devastador: el peso de los servicios de deuda sobre los recursos netos de coparticipación se duplicó, pasando del 10% en 2016 al 20% en 2019. El cupón promedio de los bonos en dólares llegó al 8,3%, una tasa insostenible para una provincia cuya ecuación fiscal está atada a la moneda local. Para 2020, cuando Kicillof asumió, el perfil de vencimientos acumulaba compromisos por más de USD 5.600 millones entre 2020 y 2023, a razón de USD 1.400 millones anuales; el 76% de esos vencimientos correspondía a deuda emitida bajo la gestión de Cambiemos. Ese fue el legado concreto que dejó Vidal: una provincia hipotecada en dólares, atada a la justicia de Nueva York, con servicios de deuda que se comían uno de cada cinco pesos de recursos disponibles.
El mismo patrón se reprodujo a nivel nacional. La gestión de Mauricio Macri tomó deuda externa a una velocidad sin precedentes en la historia argentina reciente, culminando con el préstamo del Fondo Monetario Internacional más grande de la historia del organismo, por USD 57.000 millones, firmado en 2018 sin respaldo legislativo suficiente y con fondos que se fugaron del país en tiempo récord. La lógica fue idéntica en la Nación y en la provincia: endeudarse en moneda extranjera, transferir el riesgo cambiario al sector público y dejar la bomba activada para la gestión siguiente.
Lo que hizo Kicillof: ordenar el desastre heredado
Frente a esa herencia, la administración de Kicillof encaró en 2020 y 2021 un proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera. El resultado fue contundente: la provincia alcanzó una adhesión que permitió canjear el 98% de la deuda alcanzada por la propuesta, equivalente a una deuda elegible de más de USD 7.178 millones más intereses. La operación triplicó los plazos de repago, redujo el costo promedio de la deuda y generó un alivio financiero superior a USD 4.600 millones entre 2021 y 2027, según comunicó la propia Provincia. El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, lo definió como el inicio de «un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública».
En septiembre de 2025, la gestión bonaerense fue incluso más lejos: cerró acuerdos con los bonistas de Nueva York y Alemania que tenían sentencias firmes por los títulos que no habían ingresado al canje de 2021, resolviendo todos los litigios vigentes en condiciones equivalentes a las de la reestructuración original. Fue, en los hechos, el cierre de la última deuda judicial abierta por la gestión Vidal. El nuevo litigio de Daniels Invest, presentado este mes, reabriría un capítulo que el gobierno bonaerense creía cerrado.
El 2% que no entró: un precedente peligroso
Daniels Invest GmbH rechazó voluntariamente la propuesta de canje de 2021 y ahora exige el cobro de 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente. El especialista en deuda soberana Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, describió la maniobra como «el típico proceso litigioso en Estados Unidos contra un subsoberano que tiene una deuda reestructurada que ya cerró y se quedaron algunos holdouts afuera». Según Maril, los holdouts alemanes buscan «copiar la iniciativa que tomaron los primeros» fondos que litigaron y recuperaron cerca de USD 150 millones a comienzos de 2026, «y como hay precedente en la Corte, ellos también quieren cobrar».
El caso funciona además como un test para otros acreedores que tampoco ingresaron al canje y siguen de cerca el expediente, atentos a que la Provincia opte por cerrar el litigio mediante un pago directo. Maril estimó que el proceso será lento, similar al de los litigios previos, pero la incertidumbre sobre la estrategia de defensa provincial y la decisión del juez mantiene el caso abierto.
La Provincia, entre la deuda heredada y el ajuste de la Nación
El nuevo litigio llega en un momento de extrema presión financiera para el gobierno bonaerense, que afronta simultáneamente las secuelas del endeudamiento de Cambiemos y el ahogo que impone la administración de Javier Milei. Según el ministro de Gobierno provincial Carlos Bianco, el Estado nacional acumula una deuda con la provincia que supera los $16,7 billones, producto de transferencias incumplidas, obras paralizadas y programas desfinanciados. La Legislatura provincial declaró la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2026, atribuyendo la situación a «la profunda recesión y el incumplimiento, default y/o detracción por parte del Estado nacional» de los fondos que le corresponden al distrito.
El cuadro completo es elocuente: la provincia de Buenos Aires paga hoy las consecuencias del endeudamiento irresponsable en dólares que protagonizó Cambiemos entre 2016 y 2019, mientras el gobierno libertario de Milei, heredero político y filosófico de ese mismo ciclo, le retacea recursos, le congela obras y le achica la coparticipación. Los bonistas que litigan en Nueva York son el último eslabón de una cadena de daños que arrancó con Vidal.
Puntos clave
- Los bonos que reclama Daniels Invest GmbH fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando Cambiemos multiplicó por 5,3 la deuda pública bonaerense.
- Kicillof reestructuró en 2021 la deuda heredada, logrando la adhesión del 98% de los acreedores y un alivio financiero superior a USD 4.600 millones.
- El fondo alemán rechazó voluntariamente el canje y ahora litiga en Nueva York por 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente.
- El caso sigue el precedente de holdouts que recuperaron USD 150 millones a comienzos de 2026 y funciona como test para otros acreedores que evalúan copiar la estrategia.
- La provincia afronta el litigio en un contexto de emergencia económica agravada por el recorte sistemático de transferencias nacionales bajo la gestión Milei.
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