Seguridad social
El retorno de las AFJP: privatización encubierta, ahorro individual y vaciamiento jubilatorio
El Gobierno impulsa una reforma que reflota el espíritu de la década del 90; mientras se desfinancia el sistema público, el marketing financiero promete soluciones individuales para quienes puedan pagar.
★ En un contexto de asfixia para la clase pasiva y una crisis económica que erosiona los ingresos, el Poder Ejecutivo avanza con una reforma que busca reinstalar la lógica de la capitalización individual en el sistema previsional. La medida, que permite a los sectores de mayores ingresos derivar sus aportes a fondos administrados por entidades privadas, representa un retorno de facto a las AFJP, el modelo que fue reestatizado en 2008 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner para frenar el vaciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La falacia del ahorro en un mercado volátil
La narrativa oficial y el marketing de las aseguradoras de retiro, como Nación Retiro y diversos Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), promocionan la constitución de fondos propios con aportes mínimos que parten de los $5.000 mensuales. Sin embargo, estas proyecciones omiten el riesgo sistémico de la economía argentina y la transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia el sector financiero.
Según estimaciones del sector, un ahorro de 100 dólares mensuales durante 20 años podría alcanzar los 52.000 dólares si se invierte en activos internacionales como el índice S&P 500. Lo que no explican los promotores de estas «jubilaciones privadas» es que dicha rentabilidad está sujeta a la volatilidad de los mercados globales y a comisiones que suelen licuar el capital de los pequeños ahorristas; un esquema que ya demostró sus límites cuando el Estado tuvo que salir al rescate de los jubilados que quedaron en la indigencia tras el fracaso del sistema privado previo.
El desamparo como estrategia de venta
El discurso de las entidades financieras se apalanca en la insuficiencia de los haberes actuales. «La clave de un retiro sólido no reside únicamente en el monto invertido, sino en el aprovechamiento del horizonte temporal», declaró Damian Vlassich, referente de estrategias de inversión de IOL, reforzando la idea de que la previsión social es una responsabilidad individual y no un derecho garantizado por el Estado.
Esta lógica de «poner la plata a trabajar» ignora que la función primaria del sistema previsional es la solidaridad intergeneracional y la distribución del ingreso. Al fomentar el desvío de aportes de los salarios más altos hacia portafolios internacionales, se profundiza el desfinanciamiento del sistema público, dejando a los sectores más vulnerables a merced de un Estado ausente que prioriza el rendimiento financiero por sobre la justicia social.
Puntos clave:
- El Gobierno habilita mecanismos para que los altos ingresos opten por seguros de retiro privados.
- La reforma debilita la estructura solidaria de la ANSES al fomentar la capitalización individual.
- Las proyecciones de rentabilidad del 4% anual dependen de la estabilidad de mercados externos.
- El modelo reedita la lógica de las AFJP eliminadas por ley en 2008.
- El marketing bancario utiliza la crisis de los haberes actuales para captar nuevos clientes.
Seguridad social
Parche oficial: el 38% de aumento en la Alimentar no frena la indigencia
El Gobierno oficializó el aumento del beneficio pero los indicadores de indigencia exponen las fallas del modelo económico.
Prestación Alimentar: un parche del 38% ante una crisis social sin contención
★ Mediante la Resolución 161/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano incrementó los montos de la Prestación Alimentar en un 38%. La medida, que entró en vigencia este jueves, intenta contener el deterioro del poder adquisitivo en un escenario donde la canasta básica continúa marcando el ritmo de la vulnerabilidad social en Argentina.
Los nuevos montos y el alcance de la medida
La normativa, que llevó la firma de la ministra Sandra Pettovello, estableció que las familias con un hijo de hasta 17 años percibirán $72.250; mientras que aquellas con dos hijos cobrarán $113.299. Para los grupos familiares con tres o más hijos, el importe se fijó en $149.425. Hasta el mes de abril, los valores oscilaban entre los $52.250 y los $108.062, lo que evidencia la magnitud del ajuste necesario para intentar alcanzar el costo de los alimentos.
El beneficio mantiene su carácter de acreditación mensual y automática para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignación por Hijo con Discapacidad y la Pensión No Contributiva para Madres de 7 o más hijos.
Contradicciones en el discurso oficial
En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo destacó que la Prestación Alimentar junto a la AUH resultaron pilares para mejorar indicadores sociales. Según datos del INDEC citados en el documento, la pobreza se redujo del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en el mismo periodo de 2025; mientras que la indigencia descendió al 6,3%.
Sin embargo, esta narrativa oficial colisiona con el seguimiento sistemático del deterioro económico que este medio realiza sobre la gestión libertaria. Informes previos de la Universidad Católica Argentina (UCA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revelaron una caída constante del consumo y un impacto severo del ajuste sobre los sectores productivos y populares (según el documento interno CONTEXTO | Serie Inflación y Economía Milei).
Un contexto de ajuste y desfinanciamiento
A pesar de la propaganda gubernamental sobre la estabilización macroeconómica, la realidad en los barrios populares muestra otra cara. El aumento del 38% se presenta como una fortaleza de las acciones de asistencia, pero ocurre en un marco de achicamiento del Estado y subordinación a los condicionamientos del FMI. Notas anteriores de este diario ya advirtieron que la inflación de 2026 podría triplicar los cálculos iniciales, dejando a las prestaciones sociales siempre por detrás de la góndola.
La decisión de actualizar los montos mediante resolución administrativa y no por ley de movilidad deja a los sectores más desprotegidos a merced de la discrecionalidad política de una cartera, la de Capital Humano, que fue señalada por organizaciones sociales debido a la subejecución de partidas alimentarias y el cierre de comedores comunitarios.
Puntos clave:
- El Gobierno aumentó un 38% la Prestación Alimentar mediante la Resolución 161/2026.
- Los nuevos montos van desde los $72.250 hasta los $149.425 según la cantidad de hijos.
- El Ejecutivo utiliza datos del INDEC de 2025 para justificar una supuesta mejora social.
- El beneficio se acredita de forma automática a titulares de AUH y otras asignaciones.
- Críticas de sectores sociales apuntan a la insuficiencia del monto frente a la inflación proyectada.
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