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Energía

Quienes tengan prepaga, auto o viajen al exterior no tendrán subsidios energéticos

Esa será la propuesta de la Secretaría de Energía para la audiencia pública a realizarse el próximo jueves.

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La Secretaría de Energía propondrá el próximo jueves mediante audiencia pública restringir el acceso a los subsidios de las tarifas de energía y gas mediante la aplicación de nuevos criterios de exclusión como los viajes realizados al exterior, los gastos con tarjetas de crédito o la cobertura médica.

En la actualidad, tras la implementación del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) a mediados de 2022, el principal criterio es el ingreso: los hogares que poseen un ingreso menor a $2.088.881,13 (3,5 canastas básicas) se encuadran dentro del segmento de ingresos medios (Nivel 3) y quienes perciben una menor cantidad dentro del segmento de ingresos bajos (Nivel 2), recibiendo una factura subsidiada de energía y gas.

Además, se fija como tope tener dos inmuebles y un vehículo.

Energía tratará el próximo jueves a las 10:00 en audiencia pública un nuevo mecanismo de distribución de subsidios basado en la conformación de una Canasta Básica Energética (CBE).

La propuesta oficial prevé determinar los ingresos totales del grupo conviviente y subsidiar únicamente a aquellas familias cuyo costo del CBE exceda el 10% del ingreso conjunto, tomando en consideración también a otros parámetros como las zonas bioclimáticas del país.

Pero además de esto, el área propondrá nuevos criterios de exclusión a los subsidios, según los anexos publicados en su página web.

Entre quienes no podrían acceder más a los subsidios –y por ende deberán pagar la tarifa total- se encuentran los hogares que cuenten, entre sus integrantes, a titulares de medicina prepaga no vinculada al empleo que poseen en relación de dependencia.

Tampoco podrán acceder quienes hayan viajado al exterior a países no limítrofes más de una vez en los últimos cinco años, y quienes hayan comprado moneda extranjera en los últimos tres meses.

Del mismo modo, se propone excluir a quienes registren consumos en tarjeta de crédito o billeteras virtuales superiores a cinco salarios mínimos ($ 900.000 desde marzo) y consumos en telefonía móvil superiores al 25% del salario mínimo ($ 45.000).

También se excluye a los titulares de aeronaves, propietarios o miembros de directorios de empresas privadas; y a los dueños embarcaciones de lujo o de dos o más inmuebles.

Asimismo, se excluyen a los hogares que tengan autos con antigüedad menores a 5 años o de dos autos con antigüedad menor a 10 años.

El nuevo esquema de subsidios, por otro lado, será limitado en el tiempo: es decir, los usuarios deberán declarar, al menos anualmente, sus condiciones socioeconómicas y la necesidad de mantenerlos.

En cambio, quienes, si cumplan con los criterios para recibir el subsidio, Energía subsidiará la CBE cuando su valor exceda el 10% del ingreso del hogar.

Desregulación

El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica

La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.

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La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener

★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.

Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.

Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales

Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.

Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.

La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).

La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.

Los socios del poder detrás del consorcio ganador

La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.

Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.

El marco legal y la lógica del desguace

El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.

La obra que se canceló y el proyecto que no llegó

Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.

Puntos clave

  • El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
  • Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
  • El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
  • Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
  • No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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