El juicio por la muerte de Sandra y Rubén, la vicedirectora y el auxiliar de una escuela primaria de Moreno que fallecieron en 2018 como consecuencia de una explosión de gas dentro del edificio, que ocurrió 25 minutos antes del ingreso de los alumnos, comenzará el lunes en los tribunales de Mercedes con tres acusados.

En el banquillo estarán el gasista Cristian Ricobene -quien está imputado por «homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública» -, el interventor del Consejo Escolar Sebastián Nasif y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian, que responden por incumplimiento de los deberes de funcionario publico.

El 2 de agosto de 2018 a las 8.06 una pérdida de gas en la Escuela Primaria N°49 «Nicolás Avellaneda» de Moreno produjo una explosión que le costó la vida a la vicedirectora Sandra Calamano y al auxiliar Rubén Rodríguez en momentos en que estaban preparando el desayuno para los alumnos que tenían que ingresar 25 minutos después.

«Recuerdo que ese día me desperté y él me preguntó qué iba a desayunar. Recuerdo haberle dicho ‘papá no vayas a trabajar’ pero él me dijo que no podía faltar porque tenía que ir a prepararle el desayuno a los chicos, así como yo debía ir a mi escuela», contó Maia Rodríguez, la hija de 17 años de Rubén el pasado 2 de agosto con motivo del quinto aniversario de la «tragedia de Moreno».

Poco tiempo después le tocaría afrontar una de las noticias más duras porque «había perdido para siempre a una de las personas más importantes» de su vida en un hecho que las familias consideran otro caso de «asesinato laboral».

«Hace 5 años que perdí a mi papá Rubén Orlando Rodríguez, hace 5 años que una parte de mí se siente vacía, hace 5 años que seguimos pidiendo justicia por Sandra y Rubén», concluyó Maia.

Junto a los familiares de Sandra Calamano, los Rodríguez participarán como particular damnificados del debate oral que comenzará el 28 de agosto a las 10 en el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes encabezado por los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel.

«La tragedia de Moreno para nosotros fue la corroboración brutal de que el ajuste, la desidia y el abandono, matan», dijo a Télam Mariana Cattaneo, secretaria de formación político sindical de Suteba que en 2018 era secretaria general de ese gremio en Moreno.

Cattaneo sostuvo que «fue un antes y un después pero también en el sentido de que ese 2 de agosto se rompió esa tranquilidad que existía dentro de nuestras comunidades, de que cuando dejás a tu hijo o a tu hija en la escuela y te vas a trabajar, queda seguro. Esta idea tremenda de que se puede morir en la escuela no la teníamos en nuestra cabeza».

Por eso la comunidad educativa pide «Justicia para Sandra y Rubén» pero también «escuelas dignas y seguras».

La gremialista, como los familiares de las víctimas, lamentó que hayan quedado afuera del expediente los «responsables políticos» de la tragedia, grupo en el que incluyen al exdirector provincial de consejos escolares Marcelo Di Mario, al exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires Gabriel Sánchez Zinny, a la exgobernadora María Eugenia Vidal y al exministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro.

«Más allá de quienes están imputados, vamos a ir por los funcionarios porque ellos fueron los que abandonaron a esta escuela a pesar de los ‘Carpetazos Educativos’ previos realizados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, donde se reclamaba por los problemas de infraestructura y se denunciaban los incumplimientos del Estado», dijo a Télam Rosa Merlo, abogada de las familias de Sandra y Rubén.

El 31 de mayo de 2018, dos meses antes de la tragedia de Moreno, el Frente que conforman Suteba y otros cuatro gremios había realizado una manifestación denominada «Carpetazo Educativo» ante la Dirección General de Cultura y Educación, que concluyó con la entrega de carpetas que relevaban deficiencias en diversos temas. Una de las Escuelas que figuraba por problemas de infraestructura era la Nº 49 de Moreno.

Por otro lado, desde ese establecimiento habían notificado al Consejo Escolar sobre el persistente olor a gas al menos cinco veces desde principios del ciclo lectivo 2018 y el día anterior había estado en el establecimiento el gasista imputado para arreglar la fuga, enviado por las autoridades provinciales.

«Los docentes se pusieron al hombro los problemas de infraestructura pero a los funcionarios no les importó nada. Ese abandono, esa desidia, ese no oír lo que se les estaba diciendo era ‘una crónica de una muerte anunciada’. La consecuencia fue la muerte de Sandra y Rubén y tampoco les importó porque se quiso tapar todo y estos funcionarios siguieron trabajando como si nada, no fueron separados de sus cargos ni siquiera para investigarlos», agregó.

Cattaneo recordó que el Consejo Escolar de Moreno estaba intervenido desde 2017, por lo que las autoridades provinciales de entonces «estaban mirando directamente el distrito; no pueden decir que no sabían cuál era la situación» en un contexto en el que «Vidal, desde su asunción, había paralizado las obras de construcción de nuevas escuelas y dejado de dar respuesta a los problemas de infraestructura».

«Después de la muerte de Sandra y Rubén se paralizan las clases en todo Moreno y los gasistas matriculados que Vidal mandó para recorrer las escuelas y revisar las instalaciones, encontraron que más del 80% de los edificios tenían pérdidas. Eso aumentó el nivel de indignación: ¿por qué no se hizo antes?», señaló.

Para Diego Rodríguez, uno de los hermanos de Rubén, el primogénito de la familia falleció por un «asesinato laboral» porque «Sandra y Rubén se levantaron ese día como todos los días para ir a trabajar» y fue cumpliendo sus responsabilidades diarias que encontraron la muerte, porque las autoridades provinciales «no hicieron lo que deberían hacer» para que fuera un lugar seguro.

«Aquel día Rubén dejó de ir a una actividad que tenía en el gremio para no dejar sola a Sandra abriendo la escuela y sirviendo el mate cocido a los chicos. Mi hermano hacía 25 años que trabajaba cocinando y haciendo tareas de mantenimiento en la escuela, pero además daba clases de carpintería en el Centro de Formación Profesional 403 en la CTA», contó.

Rodríguez describe a su hermano como «una persona muy solidaria, muy comprometida con lo que hacía y con su comunidad» al punto que muchas veces «iba a trabajar los sábados para cocinarle a los pibes» durante las jornadas de patios abiertos o campamentos; y otras «terminaba poniendo plata de su bolsillo porque se quedaba contento sólo con ver la alegría de los chicos».

El juicio se extenderá hasta el 22 de septiembre y habrá audiencias todos los lunes, miércoles y viernes. Está previsto que el veredicto se conozca recién en octubre.