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Judiciales ⚖️

Caso Marita Verón: dos sindicalistas imputados por encubrimiento

Se trata del secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), Norberto Manzano, y de su par en Tucumán, Carlos Alberto Rojas, quienes fueron convocados ayer a prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Tucumán.

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La Justicia Federal de Tucumán imputó a los titulares de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía nacional y de la provincia por encubrimiento del caso María de los Ángeles «Marita» Verón, desaparecida hace 21 años, en el marco de la investigación que indaga si la joven está muerta.

Se trata del secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), Norberto Manzano, y de su par en Tucumán, Carlos Alberto Rojas, quienes fueron convocados ayer a prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Tucumán.Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los sindicalistas no declararon, pero sí presentaron un escrito y la Justicia resolvió imputarlos por ser sospechosos de ocultar u omitir la existencia de una carpeta que contenía fotos del cuerpo de Marita.

 «Se les imputa el delito de encubrimiento, ya que en este caso tienen o han tenido documentación que permitiría conocer el destino final de Marita y no la han aportado a la Justicia», dijo este sábado Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida.

El pasado 9 de agosto Trimarco convocó a una conferencia de prensa en la sede de la Fundación María de los Ángeles en Tucumán, luego de que trascendiera información sobre nuevas pistas en la causa de la desaparición, relacionadas con la existencia de una carpeta con fotos y documentos que demostrarían que Marita murió y que en el hecho habría vinculación de «sectores gremiales».

Acompañada por sus abogados, José D’Antona y Garmendia, Trimarco señaló que las pruebas recolectadas les permiten sostener que la carpeta con las fotos «existe o ha existido» porque en total son «diez personas» que revelaron la misma información, y confirmó que «Luz y Fuerza y otros gremios pequeños están involucrados».

Según contó Garmendia sobre los hechos que se denuncian, «en marzo de este año tuvo lugar una reunión de Apjae a nivel nacional en Tucumán, en la que Manzano dijo que tenía en su poder una carpeta con documentación y fotos de Marita muerta. De acuerdo con lo que se ve en una de esas fotos, el cuerpo habría estado en la sede del gremio de Luz y Fuerza de la provincia, y en otra, se lo puede ver en la clínica Luz Médica».

Además, Manzano habría contado en ese encuentro que «la documentación había llegado a sus manos través de Rojas, quien se la había sacado anteriormente a Julio Luna, en ese entonces titular de Luz y Fuerza de Tucumán. Manzano utilizaba la carpeta en contra de Luna en una puja por los afiliados», agregó el abogado.Garmendia sostuvo que «se pudo acreditar que la reunión existió, que Manzano se hizo de esa carpeta y sus dichos en la misma».

Luz Médica, ubicada en la capital tucumana, fue fundada por Luna, quien tuvo una larga carrera como dirigente de Luz y Fuerza y murió en diciembre de 2020, después de permanecer internado por una infección agravada por Covid-19, por lo que la clínica quedó en manos de su familia.

Marita Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.Las investigaciones que encaró Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.

El 16 de agosto el Ministerio de Seguridad estableció una recompensa de cinco millones de pesos para quien aporte datos que permitan dar con el paradero de Marita.»Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la cartera de seguridad, llamando a la línea gratuita 134 que garantiza la preservación de la identidad del aportante», indicó la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Investigación 🔎

Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea

Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.

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Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves

★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.

La licitación exprés

El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.

Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.

El precio y el avión pintado de antemano

La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.

Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.

Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.

Los nombres de la cadena de mando

La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.

Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.

Cuentas escrow y trazabilidad opaca

La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.

Un patrón que se repite desde 2021

El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».

Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.

Puntos clave

  • La Fuerza Aérea Argentina adquirió un avión Embraer ERJ-140LR por USD 4.085.000 a través de una licitación que se adjudicó en menos de dos meses, con un pliego que habría favorecido a la firma Regional One Inc. desde el inicio.
  • El avión ya estaba pintado con colores institucionales de la FAA antes de concretarse formalmente la compra, lo que sugiere una definición previa al proceso licitatorio.
  • Una empresa competidora (Alpha) impugnó el proceso en julio de 2025; la impugnación fue desestimada sin respuesta sustancial.
  • Los registros del proceso licitatorio fueron eliminados del portal oficial comprex.faa.mil.ar.
  • El patrón de irregularidades se habría repetido en compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer desde 2021; una investigación interna de la propia institución fue archivada.

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