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Caso Marita Verón: dos sindicalistas imputados por encubrimiento

Se trata del secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), Norberto Manzano, y de su par en Tucumán, Carlos Alberto Rojas, quienes fueron convocados ayer a prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Tucumán.

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La Justicia Federal de Tucumán imputó a los titulares de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía nacional y de la provincia por encubrimiento del caso María de los Ángeles «Marita» Verón, desaparecida hace 21 años, en el marco de la investigación que indaga si la joven está muerta.

Se trata del secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), Norberto Manzano, y de su par en Tucumán, Carlos Alberto Rojas, quienes fueron convocados ayer a prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Tucumán.Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los sindicalistas no declararon, pero sí presentaron un escrito y la Justicia resolvió imputarlos por ser sospechosos de ocultar u omitir la existencia de una carpeta que contenía fotos del cuerpo de Marita.

 «Se les imputa el delito de encubrimiento, ya que en este caso tienen o han tenido documentación que permitiría conocer el destino final de Marita y no la han aportado a la Justicia», dijo este sábado Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida.

El pasado 9 de agosto Trimarco convocó a una conferencia de prensa en la sede de la Fundación María de los Ángeles en Tucumán, luego de que trascendiera información sobre nuevas pistas en la causa de la desaparición, relacionadas con la existencia de una carpeta con fotos y documentos que demostrarían que Marita murió y que en el hecho habría vinculación de «sectores gremiales».

Acompañada por sus abogados, José D’Antona y Garmendia, Trimarco señaló que las pruebas recolectadas les permiten sostener que la carpeta con las fotos «existe o ha existido» porque en total son «diez personas» que revelaron la misma información, y confirmó que «Luz y Fuerza y otros gremios pequeños están involucrados».

Según contó Garmendia sobre los hechos que se denuncian, «en marzo de este año tuvo lugar una reunión de Apjae a nivel nacional en Tucumán, en la que Manzano dijo que tenía en su poder una carpeta con documentación y fotos de Marita muerta. De acuerdo con lo que se ve en una de esas fotos, el cuerpo habría estado en la sede del gremio de Luz y Fuerza de la provincia, y en otra, se lo puede ver en la clínica Luz Médica».

Además, Manzano habría contado en ese encuentro que «la documentación había llegado a sus manos través de Rojas, quien se la había sacado anteriormente a Julio Luna, en ese entonces titular de Luz y Fuerza de Tucumán. Manzano utilizaba la carpeta en contra de Luna en una puja por los afiliados», agregó el abogado.Garmendia sostuvo que «se pudo acreditar que la reunión existió, que Manzano se hizo de esa carpeta y sus dichos en la misma».

Luz Médica, ubicada en la capital tucumana, fue fundada por Luna, quien tuvo una larga carrera como dirigente de Luz y Fuerza y murió en diciembre de 2020, después de permanecer internado por una infección agravada por Covid-19, por lo que la clínica quedó en manos de su familia.

Marita Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.Las investigaciones que encaró Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.

El 16 de agosto el Ministerio de Seguridad estableció una recompensa de cinco millones de pesos para quien aporte datos que permitan dar con el paradero de Marita.»Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la cartera de seguridad, llamando a la línea gratuita 134 que garantiza la preservación de la identidad del aportante», indicó la resolución publicada en el Boletín Oficial.

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Juicio al Pity Álvarez: admitió que recibió dos bolsas de cocaína en su traslado a Tribunales

El análisis de orina realizado el martes 3 de noviembre confirmó la presencia de cocaína.

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El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados dio positivo en un examen toxicológico después de declarar durante cuatro horas por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. La clínica psiquiátrica donde permanece alojado informó a la Justicia que el músico admitió haber recibido droga durante su traslado a Tribunales. El caso generó cuestionamientos sobre los controles de seguridad.

Cristian “Pity” Álvarez reconoció haber consumido cocaína durante su paso por los Tribunales, donde declaró en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, cometido en 2018. El músico dio positivo en un examen toxicológico realizado después de regresar a la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, donde permanece alojado.

La información fue comunicada por el establecimiento al Juzgado Civil N.º 4, a partir de un episodio que el propio artista relató ante los profesionales de la institución. Según el informe médico, Álvarez explicó cómo consiguió la sustancia durante su traslado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29: “Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá”.

De acuerdo con el documento, el músico consumió parte de la droga en la sede judicial y llevó el resto hasta la clínica. Una vez allí, intentó aspirar el polvo blanco que estaba envuelto en trozos de bolsas plásticas, antes de que el personal revisara sus pertenencias.

Durante el episodio, Álvarez también expresó: “Esto me hace bien”. El análisis de orina realizado el martes 3 de noviembre confirmó la presencia de cocaína.

La sorpresa de la defensa y los cuestionamientos de la querella

La noticia sorprendió a su abogado defensor, Javier Baños, quien modificó su interpretación sobre el desempeño del músico durante las cuatro horas que duró su declaración. “Ahora entiendo por qué declaró tan bien y de corrido cuatro horas”, sostuvo el letrado.

En ese sentido, agregó: “Cuando está drogado parece normal”.

Por su parte, Verónica Román, abogada de la querella, cuestionó las condiciones de seguridad durante el traslado judicial y la custodia del imputado. La representante de la víctima puso el foco en cómo pudo acceder a la sustancia mientras se encontraba bajo supervisión institucional.

“¿Quién se la dio? ¿Cómo va a estar drogado si venía del hospital y directamente fue al juzgado?”, planteó.

El episodio abre interrogantes sobre los controles aplicados durante el traslado de Álvarez y su permanencia en Tribunales, además de las condiciones de supervisión en la clínica psiquiátrica.

El juicio por el homicidio de Cristian Díaz

Álvarez enfrenta un proceso judicial por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. Después de permanecer apartado del juicio durante varios años por cuestiones vinculadas a su estado de salud mental, el músico volvió a declarar ante el tribunal.

Durante su testimonio, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados habló sobre lo sucedido y expresó: “No pensé, no era yo”.

La nueva información sobre el consumo de cocaína durante la jornada judicial suma un elemento de preocupación en torno a su estado de salud y las condiciones en las que se desarrolla el proceso. También pone bajo la lupa los mecanismos de control y custodia que debían garantizar que el imputado llegara y permaneciera en condiciones adecuadas durante las audiencias.

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