Judiciales ⚖️
Reclaman «aparición con vida y justicia» por Tehuel, el joven trans desaparecido en marzo de 2021
La marcha realizada ayer en el cruce de Alejandro Korn del partido de San Vicente tuvo por objetivo reclamar «aparición con vida» de Tehuel de la Torre y «¡elevación a juicio oral ya!» de la causa que investiga su desaparición.
Familiares, «amigues» y organizaciones LGBTIQ+ se movilizaron en vísperas del cumpleaños 24 de Tehuel de la Torre, el joven trans que se encuentra desaparecido desde el 11 de marzo de 2021.
La marcha realizada ayer en el cruce de Alejandro Korn (Ruta 210 y Presidente Perón) del partido de San Vicente tuvo por objetivo reclamar «aparición con vida» de Tehuel de la Torre y «¡elevación a juicio oral ya!» de la causa que investiga su desaparición.
La movilización encabezada por Norma, mamá de Tehuel, contó con la participación de la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Greta Pena; el Director de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires Nicolás Abrate; el director de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Ricardo Vallarino; y el intendente municipal, Nicolás Mantegazza.
Entre las organizaciones presentes, estuvo 100% Diversidad y el Frente Orgullo y Lucha.
«Lamentablemente la violencia hacia los varones trans es una de las violencias más invisibilizadas y que a 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, recién ahora se están multiplicando los cambios de nombre y sexo registral en el DNI de masculinidades trans», dijo Greta Pena, quien también estuvo presente en San Vicente el año pasado marchando por Tehuel.
«Hoy Tehuel pasó a ser un grito para nosotras y nosotres, porque en su juventud trans, en su vocación de progresar, de buscar trabajo y alcanzar una inclusión social ya no está entre nosotres. Por eso denunciamos que se trata de un crimen de odio motivado por su identidad de género», agregó.
A su turno, Nicolás Abrate expresó su compromiso con la causa y el apoyo a la familia de Tehuel, al tiempo que llamó a «defender y fortalecer las políticas públicas de género y diversidad para que todas las personas trans accedan a sus derechos, principalmente al trabajo, la vivienda y la educación».
Por su parte, Ricardo Vallarino expresó el compromiso y apoyo de las autoridades nacionales para la obtención de verdad y justica para Tehuel De la Torre.
A su turno, la abogada de la familia convocó a acompañar a Norma, mamá de Tehuel, y a seguir movilizados para reclamar la elevación a juicio oral para que se castigue a los culpables y se sepa la verdad de qué pasó con Tehuel.
«Consideramos tardío el cambio de la caratula de la causa, que pasó de averiguación de paradero a homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género. Además, durante la investigación fiscal no se le dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las Mujeres y personas LGBTI+ (UFEM), lo que hubiera dado mayores garantías de la aplicación de las pautas de investigación de crímenes de odio para castigar los culpables», afirmó Martín Canevaro de 100% Diversidad.
«Hoy, junto a la familia de Tehuel, exigimos la elevación a juicio oral ya», agregó.
Tehuel de la Torre desapareció en la tarde del 11 de marzo de 2021 cuando salía de su casa en San Vicente con rumbo a Alejandro Korn, para encontrarse con Luis Alberto Ramos (37), quien le había ofrecido trabajo como mesero en una fiesta de cumpleaños.
El último rastro de Tehuel que se puede fechar con precisión es una foto tomada a las 20:42 del ese mismo día: en la imagen, capturada con un celular, Tehuel está con Luis Ramos y otro hombre, Oscar Montes (46), en la casa de uno de ellos.
Tres horas y cuarenta minutos después de ese momento, el celular de Tehuel dejó de emitir una señal rastreable.
Dos semanas después, los dos hombres fueron detenidos; desde entonces, están con prisión preventiva y desde marzo de 2022, aguardan ser juzgados como posibles autores del «homicidio agravado por odio a la orientación sexual y a la identidad de género (trans odio)» de Tehuel.
Al momento de elevar a juicio la causa, el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, también aceptó el desdoblamiento del expediente y desde entonces, paralelamente, se desarrolla una investigación por la desaparición.
Judiciales ⚖️
El lawfare contra la AFA se agudiza con un pedido de detención basado en pruebas invalidadas
La justicia federal de Santiago del Estero pide detener a la cúpula de la AFA ignorando pericias previas de la DAJuDeCO. Hace solo dos días se certificó que el material probatorio principal contra Tapia es falso y carece de validez legal.
El acoso judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha ingresado en una fase de abierta persecución política. En una maniobra que ignora los recientes dictámenes técnicos del propio Poder Judicial, un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.
La embestida, que se presenta bajo un ropaje de legalidad, colisiona frontalmente con la realidad de un expediente donde la principal pieza de artillería —un dispositivo digital— ya fue declarada nula por carecer de integridad, autenticidad y trazabilidad.
Pruebas viciadas y real malicia
La ofensiva judicial parece calcada de los peores precedentes de lawfare en la Argentina. Apenas hace 48 horas, Gregorio Dalbón, abogado de la entidad, hizo público un dictamen de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) que desmorona la validez del soporte presentado contra la AFA.
Según la pericia oficial, el material no cumple con los estándares técnicos mínimos ni con la cadena de custodia básica. Insistir en un pedido de detención basado en elementos ya invalidados configura, según la defensa, un acto de real malicia destinado únicamente a generar daño reputacional.
El fútbol como botín: Las SAD en el horizonte
Detrás de los trascendidos sobre sociedades fantasma en Estados Unidos y triangulación de activos, late una disputa de fondo mucho más profunda: la soberanía deportiva de los clubes argentinos. Esta nueva embestida coordinada desde sectores judiciales y amplificada por el engranaje mediático oficialista busca quebrar la resistencia de la AFA frente al proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). El objetivo es claro: montar una narrativa de corrupción para justificar una intervención federal que allane el camino al desembarco del capital privado sobre el fútbol campeón del mundo.
Persecución y desinformación
La trama denunciada por el fiscal Pedro Simón involucra a 24 personas del entorno de los dirigentes, incluyendo familiares y pequeños contribuyentes, en lo que parece ser una redada mediática más que una investigación rigurosa. Mientras se agitan fantasmas de lavado, se omite deliberadamente que la justicia ya destruyó la validez de la prueba madre del caso. La estrategia busca forzar el escándalo para doblegar a una dirigencia que se mantiene como el último obstáculo institucional contra la privatización de las asociaciones civiles sin fines de lucro.
El fantasma de la intervención
Con el arma principal de la acusación ya desmantelada técnicamente, el carácter político de la persecución queda en evidencia. La insistencia en pedidos de indagatoria y privación de libertad, en medio de una pericia que certifica la falsedad del material probatorio, recuerda las épocas donde el trascendido reemplazaba a la prueba auténtica. La batalla por la AFA no es solo una disputa judicial, es la defensa de un modelo de clubes de barrio frente a la voracidad de un mercado que cuenta con el auxilio de despachos judiciales predispuestos a la operación política.
Puntos clave:
- La justicia federal de Santiago del Estero pide detener a la cúpula de la AFA ignorando pericias previas de la DAJuDeCO.
- Hace solo dos días se certificó que el material probatorio principal contra Tapia es falso y carece de validez legal.
- La defensa advierte que la difusión de contenidos ya invalidados oficialmente constituye un acto de real malicia.
- El avance judicial es visto como una maniobra coordinada para forzar la intervención de la AFA e imponer las SAD.
- La causa involucra a 24 personas en una redada que busca erosionar la imagen de la gestión deportiva nacional.
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