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Veinticinco detenidos en Venezuela acusados de corrupción en la petrolera estatal

Los sospechosos, funcionarios de PDVSA y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), captaban jóvenes para legitimar capitales «al mejor estilo de las mafias telenovelescas de narcos», subrayó Saab en una conferencia de prensa realizada en las últimas horas que recogió VTV Canal 8.

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Un total de 25 personas fueron detenidas por la trama de corrupción en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras 11 permanecen con orden de captura, anunció el fiscal general, Tarek William Saab, mientras el Gobierno realizó una movilización en contra de la corrupción.

Los sospechosos, funcionarios de PDVSA y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), captaban jóvenes para legitimar capitales «al mejor estilo de las mafias telenovelescas de narcos», subrayó Saab en una conferencia de prensa realizada en las últimas horas que recogió VTV Canal 8.

Los funcionarios se valían de su cargo y sus niveles de autoridad para ejecutar operaciones petroleras paralelas a las de PDVSA en el denominado caso de la red PDVSA-Cripto.

«Esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de esa empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas».

Los implicados son 10 funcionarios, 11 empresarios, tres jueces y un alcalde, que están acusados de cargos de «apropiación o distracción de patrimonio público, alargamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación», explicó Saab.

Añadió que a esos delitos, a todos los funcionarios públicos vinculados a la trama «se le va a agregar el delito de traición a la patria, porque son unos traidores».

Después de las declaraciones del fiscal, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, declaró que el Gobierno está «dispuesto a seguir enfrentando la corrupción con los saldos que sean (necesarios)».

«Esta batalla va a tener a toda la revolución contra la corrupción (…), todo el Estado venezolano, contra la corrupción», dijo Cabello, y avivó a la multitud que lo escuchaba en el Parque Carabobo, en Caracas.

El vicepresidente de Nicolás Maduro habló en un acto público luego de una movilización convocada por el Gobierno «contra la corrupción» y bajo la consigna «¡Los honestos somos más!».

«Son traidores a la Patria quienes se roban el dinero del pueblo para meterlo en su bolsillo, porque ese dinero debería ir para obras, para salud, educación, debería ser para atender a nuestro pueblo», afirmó durante su discurso, en el que señaló que las autoridades dieron «un paso al frente» para buscar a los presuntos criminales «donde se metan».

En este sentido, en su intervención recogida por medios locales y en canales de Youtube, dijo que enfrentar esta situación tiene algunas consecuencias, «pero nada de eso» debe detener a Venezuela «a la hora de enfrentar aquellos que se roban el dinero» del pueblo.

«Son traidores a la Patria quienes se roban el dinero del pueblo para meterlo en su bolsillo, porque ese dinero debería ir para obras, para salud, educación, debería ser para atender a nuestro pueblo», agregó.

Entre los funcionarios detenidos destaca Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministros de PDVSA, quien aparece como jefe principal de la estructura de corrupción, recogió la agencia de noticias Europa Press

Además de funcionarios, hay empresarios detenidos y miembros del poder judicial.

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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