Milei abre la VTV al mercado: talleres privados, precios libres y menos controles

★ El Gobierno de Javier Milei avanzó este miércoles con uno de los ejes de su agenda desreguladora en el área del transporte: la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía publicó en el Boletín Oficial la Resolución 32/2026, que transforma de raíz el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) tal como funcionó durante décadas en Argentina. La norma fue anunciada la víspera por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de la red social X, con el argumento de que «se termina el monopolio de las plantas de VTV».

La medida se inscribe en el proceso iniciado con el Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito, y fue ratificada por el Ejecutivo mediante el Decreto 139/2026 tras rechazar la impugnación presentada por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (CATRAI) y cerca de 30 empresas del sector.

Un registro abierto y sin tope de prestadores

El cambio central de la resolución es la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte y operará a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). El registro será público, gratuito y digital, y permitirá la inscripción de talleres mecánicos privados, concesionarias e importadores que acrediten capacidad técnica suficiente.

El mecanismo de habilitación incluye una cláusula de silencio administrativo: si en el plazo de 30 días corridos la administración no formula observaciones ni emite resolución expresa, el taller quedará automáticamente inscripto y habilitado de manera provisoria, sujeto a control posterior. La norma además impide que las autoridades jurisdiccionales limiten el número de talleres habilitados en su territorio.

Precios libres: el mercado como regulador

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la desregulación tarifaria. La Resolución 32/2026 establece que los precios de la revisión técnica serán acordados libremente entre los usuarios y los establecimientos, sin que el Estado fije valores mínimos ni máximos. La lógica oficial es que mayor oferta implica mayor competencia y, en consecuencia, menores precios.

Sin embargo, la experiencia de otras desregulaciones sectoriales bajo la actual gestión siembra dudas razonables. En el caso de los servicios públicos, la liberalización de precios derivó en aumentos acumulados que, según el IIEP (UBA-CONICET), superaron el 525% desde diciembre de 2023, con el transporte liderando los incrementos con casi un 1.000% acumulado. La promesa del libre mercado como garante de precios accesibles choca con un contexto de ingresos deteriorados y sin marcos regulatorios de respaldo para los usuarios.

Los plazos se extienden: ¿más comodidad o menos control?

La reforma también modifica los plazos de revisión. Los vehículos particulares 0 kilómetro deberán realizar su primera inspección a los cinco años del patentamiento (antes era a los tres). Los automóviles de hasta diez años de antigüedad pasarán a ser revisados cada 24 meses en lugar de anualmente. Solo los vehículos con más de diez años mantendrán la revisión anual. Para los vehículos de carga y pasajeros, el plazo máximo continúa siendo de 12 meses.

El Ejecutivo justificó la extensión de los plazos en la evolución tecnológica del parque automotor y en estadísticas que señalan que el 94% de los siniestros viales obedece a factores humanos y no a fallas mecánicas. Sin embargo, CATRAI y los sectores que impugnaron la reforma sostuvieron que la extensión de los períodos carece de respaldo técnico suficiente y podría incrementar los riesgos de seguridad vial, en particular para vehículos que recorren rutas con altas velocidades y cargas.

La provincia de Buenos Aires no adhiere

Un dato relevante para los millones de automovilistas bonaerenses: la administración de Axel Kicillof dejó en claro que la Provincia de Buenos Aires no adoptará los cambios impulsados desde Nación. El sistema provincial de VTV, regulado por la Ley 13.927, seguirá vigente sin modificaciones hasta tanto el propio Ejecutivo bonaerense lo disponga. Esta posición abre un escenario de dualidad normativa que puede generar confusión en los conductores que residan en territorio provincial pero circulen en jurisdicción nacional.

Infraestructura digital con plazo de 90 días

La Resolución 32/2026 ordena que la Subsecretaría de Transporte Automotor desarrolle e implemente en un plazo de 90 días una base informática nacional que consolide los datos de todas las revisiones técnicas realizadas en el país. Los talleres habilitados deberán remitir información de cada inspección para garantizar la trazabilidad del sistema y la interoperabilidad entre jurisdicciones. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será el organismo encargado de fiscalizar y auditar a los talleres inscriptos, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) deberá adecuar su normativa interna a la nueva reglamentación.

Los vehículos que aprueben la inspección recibirán un certificado digital con la misma validez que la tradicional oblea física en el parabrisas, aunque el sistema informático que debe soportar ese esquema todavía no está operativo.

La desregulación como doctrina, la seguridad como interrogante

La reforma de la VTV es parte de la misma lógica que guió la privatización de empresas estatales, la liberalización de tarifas de servicios públicos y la reducción del rol regulador del Estado en todos los sectores de la economía. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sintetizó esa visión al referirse a la VTV: «Con más oferta, como en cualquier país serio del mundo.»

La frase es elocuente porque omite lo central: en los países que el Gobierno cita como modelo, la desregulación de la oferta coexiste con sistemas de fiscalización robustos, marcos de responsabilidad efectivos y niveles de ingreso que permiten a los usuarios pagar inspecciones de calidad.

En Argentina, donde el salario real acumuló pérdidas significativas desde 2023 y el Estado retrocede en su capacidad de control, la apertura sin regulación de un servicio vinculado directamente a la seguridad vial merece, como mínimo, una evaluación más rigurosa que la que ofreció el Boletín Oficial.

Puntos clave:

• La Resolución 32/2026 habilita a talleres mecánicos privados, concesionarias e importadores a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
• Los precios del servicio quedan desregulados: cada taller fijará libremente sus tarifas sin valores mínimos ni máximos.
• Los plazos de revisión se extienden: primera VTV a los 5 años para 0 km y cada 2 años para vehículos de hasta 10 años.
• La Provincia de Buenos Aires no adhiere a la reforma nacional y mantiene su sistema sin modificaciones.
• La base informática nacional que unificará los datos de inspecciones tiene un plazo de 90 días para estar operativa.