★ La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó este jueves la solicitud de la Inspección General de Justicia (IGJ) al Ministerio de Justicia para la designación de veedores con el objetivo de relevar documentación contable y financiera de la entidad, y anunció que recurrirá a la Justicia para impugnar la medida.

En un comunicado oficial, la AFA calificó la veeduría como «ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley», y advirtió que llevará el caso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Qué solicitó la IGJ y por qué

La medida fue firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo y apunta a verificar posibles «graves irregularidades» en el funcionamiento de la AFA, según el propio organismo.

La IGJ aclaró que la veeduría no implica una intervención ni una sanción formal, sino un mecanismo informativo enmarcado en sus funciones de fiscalización, ante la falta de respuesta a documentación contable y financiera que el organismo habría requerido previamente sin obtener contestación.

La solicitud se suma a una semana de escalada institucional sin precedentes recientes para la entidad: el rechazo al cambio de domicilio, la causa penal con indagatorias fijadas para el 5 de marzo, los allanamientos en el expediente vinculado a Sur Finanzas y el conflicto abierto por la validación del traslado de sede por parte de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) de la provincia de Buenos Aires.

El argumento de la AFA: el «precedente Bullrich»

El punto más contundente del comunicado de la AFA es la invocación de lo que la entidad denominó «el caso Bullrich». Según el texto oficial, la IGJ utilizó en 2023 «el mismo libreto» contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que en aquel momento presidía Patricia Bullrich, hoy senadora nacional por La Libertad Avanza.

La AFA sostuvo que en ese caso la IGJ también habló de «graves irregularidades» y dispuso una intervención que fue posteriormente anulada por la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, mediante un fallo firme que ordenó suspenderla con efecto inmediato «por violación al debido proceso».

La entidad señaló que «los argumentos que la IGJ esgrime hoy, falta de información y sospechas sobre el manejo de fondos, son los mismos que la Justicia ya desestimó» en aquel precedente. La mención al caso del instituto de Bullrich no es casual: la senadora es una de las voces oficialistas más activas en la presión pública contra la AFA y fue quien anticipó que desde el Congreso impulsará investigaciones sobre la transparencia de la entidad.

La AFA nombra a las SAD como el centro del conflicto

La entidad fue explícita en su lectura política de la situación. En el comunicado, afirmó que «no se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales».

Con esa declaración, la AFA puso en el centro del debate lo que viene sosteniendo desde el inicio del conflicto: que la ofensiva judicial y administrativa del Gobierno no responde a razones de transparencia o legalidad, sino a la voluntad de abrir el fútbol argentino al capital privado bajo la figura de las SAD, modelo rechazado por la conducción de la entidad y por la mayoría de los clubes de la Liga Profesional.

El comunicado cerró con una afirmación de carácter político e institucional: «El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía. Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas.»

Una semana que define el mapa de fuerzas

El rechazo a la veeduría marca el cierre de una semana en la que el conflicto entre la AFA y el Gobierno de Milei atravesó prácticamente todas las instancias institucionales disponibles: la judicial, la administrativa nacional, la administrativa provincial y ahora la política en sentido estricto, con la AFA apelando a la Justicia como árbitro final.

La estrategia de la entidad se apoya en tres pilares: la impugnación judicial de cada medida del Gobierno (con el antecedente del fallo sobre el IEES como argumento central), la movilización de los clubes como base de apoyo colectivo (el paro unánime del 5 al 8 de marzo como expresión más visible) y el encuadre político del conflicto en términos de defensa del modelo asociativo frente a la privatización. Se investiga si la Cámara Civil admitirá la presentación anunciada por la AFA y en qué plazo podría expedirse.

Puntos clave

• La IGJ, mediante resolución firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores para relevar documentación contable y financiera de la AFA.
• La AFA rechazó la medida como «ilegítima» y con «finalidad política», y anunció presentaciones judiciales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, ante la Corte Suprema.
• La entidad invocó el «precedente Bullrich»: en 2023, la Sala M de la Cámara Civil anuló una intervención de la IGJ sobre el instituto que presidía Patricia Bullrich por violación al debido proceso.
• La AFA acusó al Gobierno de usar la presión institucional como herramienta para imponer las SAD, y no como mecanismo genuino de control de transparencia.
• La medida de la IGJ se produce en simultáneo con la causa penal, los allanamientos vinculados a Sur Finanzas, el paro del fútbol anunciado y el conflicto de jurisdicción entre la IGJ y la DPPJ bonaerense por el cambio de domicilio. ★