Por Marcelo Bátiz.

Los regímenes previsionales de excepción representaron en 2021 un gasto adicional equivalente al 4% del Producto Bruto Interno (PBI) respecto del nivel promedio de las jubilaciones del régimen general, superior a todo el déficit primario y a lo que el Estado destinó para el subsidio de tarifas de electricidad, gas y transporte.

Así lo señaló el director de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Rafael Rofman, luego de que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, declararan el propósito de revisar los regímenes jubilatorios del Poder Judicial y del servicio exterior.

Al referirse a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández había señalado que «de lo que se habla es de los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están los embajadores y jueces», aunque aclaró que no se incluía a los docentes.

«Me parece bien revisarlos, porque son injustos», sostuvo Rofman, uno de los principales especialistas en cuestiones previsionales, que se desempeñó a lo largo de dos décadas en el Banco Mundial.

De todas maneras, puntualizó que el problema del financiamiento previsional no se resuelve solamente con la revisión de esos dos regímenes, ya que si bien «son muy visibles porque tienen ventajas muy notorias», a su vez «son muy pequeños en función del gasto, con una incidencia que el año pasado fue de menos del 0,1% del PBI».

Los datos de la Secretaría de Seguridad Social de 2020 indican que los beneficiarios del régimen previsional del Poder Judicial eran 5.700 personas y los del servicio exterior 11.464 casos, el 6,5% de todos los regímenes especiales de la Anses y el 0,46% de todos los de excepción.

Sobre un total de 9.424.781 beneficiarios, corresponden al régimen general 5.694.440 (el 60,4% del total), en tanto la suma de regímenes de excepción se lleva el 39,6% restante, con 3.730.341 personas.

Rofman remarcó que «el año pasado se destinaron recursos por el equivalente al 10,5% del PBI para el total de jubilaciones y pensiones».

«Si se le hubiese dado a cada argentino mayor de 65 años un beneficio similar a la jubilación promedio contributiva del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el gasto hubiese sido de 6,3% al 6,4%. Es decir que el 40% de lo que se gasta en jubilaciones se destina a regímenes especiales o a dobles beneficios», explicó.

En ese sentido, indicó que «cada cual puede hacer la cuenta que quiera sobre el destino que se le podría haber dado a tantos recursos».

Por esa proporción, los jubilados y pensionados de excepción, a pesar de ser el 39,6% del total, representan el 54,7% del gasto.

La jubilación promedio del régimen general es inferior a todas las de los regímenes de excepción ,y solamente supera en un 53% al promedio de las pensiones no contributivas.

En 2020, el haber promedio del régimen general fue tres veces menor que el de las fuerzas armadas y de seguridad federales, y casi la cuarta parte de los regímenes especiales de la Anses.

Pero la diferencia es mucho mayor si se consideran a cada uno de esos regímenes específicos, al punto que las jubilaciones del servicio exterior y del Poder Judicial son en promedio entre doce y catorce veces mayores, respectivamente.

Rofman admitió que es extremadamente complicado desenredar la maraña de regímenes excepcionales: «la última vez que los conté eran 177, no sé si ahora habrá más», dijo, al tiempo que señaló que su existencia se remonta a principios del siglo XX, nacidos en simultaneidad con el régimen general.

La creación de los regímenes de excepción, así como su permanencia, «tiene que ver con la dinámica de toma de decisiones políticas en la Argentina», en la que «se van dando beneficios a sectores, sin que haya una estructura que defina a qué sector corresponde darle ese beneficio, sino que se le da a cada uno que lo demande».

Rofman reconoció que a lo largo del tiempo «hubo varios intentos por desactivar a los regímenes de excepción, pero no pudieron prosperar».

A juicio del especialista, el fracaso en los intentos por terminar con esos regímenes, además de las presiones de los sectores beneficiados, es por la falta de acuerdos políticos amplios para tomar una decisión cuyos frutos no se verán de manera inmediata.

«Cualquier reforma al sistema previsional muestra los beneficios al mediano y largo plazo, pero en el corto se sufren los costos políticos», admitió.

Al respecto, señaló que «para muchos, meterse con la Seguridad Social es como tocar el tercer riel del ferrocarril, porque al que lo hace, lo electrocuta y lo mata».

«Pero si no se hacen la situación se agrava a lo largo del tiempo», alertó, por lo que instó a «generar algunos acuerdos políticos y entender que hay que hacer reformas ahora, pero que tendrán impacto en 10 o 20 años», debido a que los beneficios no se pueden modificar con retroactividad.