Judiciales ⚖️
Milei abraza a Adorni mientras la justicia le pisa los talones
El encuentro entre el presidente y el jefe de Gabinete fue presentado por Casa Rosada como una instancia de gestión destinada a “motorizar la actividad”, pero en realidad es una fachada, mientras la justicia avanza.
El blindaje político de Milei a Adorni: gestión de fachada mientras la justicia avanza
★ El presidente recibió al jefe de Gabinete en la Quinta de Olivos en una reunión de más de dos horas que el oficialismo presentó como repaso de «agenda de gestión», mientras la justicia federal avanza sobre el patrimonio del funcionario y la causa suma nuevos capítulos.
La reunión se produjo este jueves 15 de mayo en la Quinta de Olivos y duró poco más de dos horas, según fuentes oficiales de alto rango. El encuentro entre el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni fue presentado por Casa Rosada como una instancia de gestión destinada a «motorizar la actividad» que, según las mismas fuentes, se encuentra suspendida desde hace al menos dos meses. En un segundo tramo del encuentro se sumó el canciller Pablo Quirno, con agenda internacional.
El blindaje político en medio de la causa judicial
La reunión se enmarca en un contexto de presión judicial creciente sobre Adorni. La justicia federal, bajo la conducción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que ya pone bajo la lupa un patrimonio que supera los 840.000 dólares. La investigación abarca desde la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, con modalidades de pago que no pudieron ser justificadas ante la justicia, hasta refacciones de lujo en una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que habrían ascendido a 245.000 dólares abonados en efectivo y sin factura, según la declaración testimonial del contratista Matías Tabar.
Pese a estos movimientos judiciales y a los reclamos de espacios aliados al oficialismo, tanto Javier como Karina Milei reafirman su decisión de sostener al ministro coordinador en el cargo. El propio presidente lo dejó en claro durante la última reunión de Gabinete, luego de que la senadora Patricia Bullrich presionara a Adorni para que anticipara la presentación de su declaración jurada patrimonial.
La agenda legislativa y el Super RIGI
Más allá de la causa judicial, en Casa Rosada subrayaron que el encuentro en Olivos también apuntó a destrabar la agenda legislativa analizada en la mesa política del martes. De ese intercambio surgió la determinación del oficialismo de enviar nuevas leyes al Congreso, entre las que se destaca el denominado Super RIGI, un régimen de incentivos para grandes inversiones. El jueves previo, Adorni había encabezado un acto en Mendoza junto al gobernador Alfredo Cornejo para inaugurar el parque solar «El Quemado», en lo que el Ejecutivo presentó como una señal de continuidad de gestión.
El dato de inflación como alivio político
En ese contexto, la administración libertaria encontró en el índice de inflación de abril un alivio político. El dato oficial de 2,6% mensual fue presentado por Casa Rosada como evidencia del rumbo económico, aunque los números acumulados desde el inicio de la gestión revelan una realidad más compleja. Según datos del INDEC y del IIEP (UBA-CONICET), desde diciembre de 2023 la canasta de servicios y transporte público acumuló una suba superior al 525%, con el transporte trepando al 912% y el gas al 748%. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en marzo de 2026 una variación interanual del 32,8%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) acumuló un 30,4% en el mismo período.
El entramado de sospechas que no cesa
La causa por enriquecimiento ilícito no es el único frente judicial abierto. El juez Lijo también investiga la relación de Adorni con el periodista Marcelo Grandio, amigo íntimo del funcionario cuya productora ImHouse habría obtenido contratos en la Televisión Pública mientras esta se encontraba bajo la órbita de Jefatura de Gabinete. Asimismo, se analiza la posible conexión con la denominada Causa $Libra, una estructura de lavado de dinero y movimientos financieros off-shore que podría explicar el origen de los fondos utilizados en compras inmobiliarias y viajes al exterior.
La situación de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, también es objeto de investigación. Se indaga el uso del avión presidencial para trasladarla a Nueva York y posibles triangulaciones mediante contratos de consultoría vinculados a YPF y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La diputada Marcela Pagano llegó incluso a solicitar la detención de Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia, al alegar que el funcionario intentó presionar a testigos antes de sus declaraciones.
En ese marco, el Poder Ejecutivo mantiene su respaldo al funcionario y construye cada acto público como una reafirmación de confianza. La estrategia del oficialismo parece clara: blindar a Adorni con gestión visible mientras la justicia avanza, y apostar a que el dato de inflación y la perspectiva del «repunte económico» de cara a 2027 logren desplazar del centro del debate la causa que sigue sumando capítulos.
Puntos clave:
- Milei recibió a Adorni en Olivos en una reunión de más de dos horas catalogada como «agenda de gestión» por el oficialismo.
- La reunión se produjo mientras la justicia federal investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito sobre un patrimonio superior a los 840.000 dólares.
- Milei y Karina Milei reafirman su respaldo al jefe de Gabinete pese a los cuestionamientos internos y judiciales.
- El oficialismo anunció el envío de nuevas leyes al Congreso, con el Super RIGI como proyecto central.
- El dato de inflación de abril (2,6%) fue capitalizado políticamente por el Ejecutivo como señal de recuperación.
Educación
La justicia le dijo basta a Milei: la UBA ganó y debe liberar los fondos universitarios ya
El juez federal Martín Cormick dio lugar a una cautelar de la UBA y obligó al Ejecutivo a liberar de inmediato los fondos de la Ley 27.795. El fallo advierte que el incumplimiento genera perjuicios graves e irreparables y que el Decreto 759/2025 no tenía respaldo constitucional para suspender la aplicación de la norma.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 emitió una medida cautelar en favor de la Universidad de Buenos Aires y ordenó al Gobierno nacional dar cumplimiento inmediato a los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El fallo del juez Martín Cormick representa un nuevo revés legal para la gestión de Javier Milei en su pulseada con el sistema universitario público, una disputa que ya lleva más de dos años y que tiene como trasfondo un desfinanciamiento estructural sin precedentes en décadas.
El fraude constitucional que el juez no toleró
La UBA llevó adelante una demanda contra el Decreto 759/2025, que promulgó la Ley 27.795 pero suspendió su aplicación efectiva, condicionándola a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. La universidad calificó esa maniobra como un «fraude constitucional»: el Poder Ejecutivo se valió del acto de promulgación para vaciar de contenido una norma que el propio Parlamento ya había ratificado, incluso al rechazar el veto presidencial.
Para Cormick, el argumento oficial no resistió el escrutinio jurídico. Una vez que el Congreso insistió con la ley y descartó el veto, el proceso legislativo, según el magistrado, «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley». Dicho de otro modo: el Ejecutivo no tenía margen constitucional para seguir frenando el cumplimiento de una norma que el Poder Legislativo ya había sostenido en dos oportunidades.
Salarios deteriorados y derechos en riesgo
El juez Cormick no se limitó a los argumentos procesales. El fallo identificó con precisión el daño concreto que el incumplimiento produce sobre los trabajadores universitarios: perjuicios graves de imposible reparación ulterior, asociados al deterioro sostenido de los ingresos del sector. En ese contexto, el magistrado destacó que la falta de aplicación de la ley afecta directamente el derecho a enseñar y aprender establecido en la Constitución Nacional, un estándar que el propio Gobierno invoca retóricamente pero no garantiza en los hechos.
El dato que ilumina la dimensión del problema fue incluido en el propio fallo: el impacto fiscal de cumplir con la ley representa apenas el 0,23% del PBI. Cormick subrayó que esa cifra constituye «un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública». La pregunta que queda flotando, incómoda para el Gobierno, es si el recorte tiene una lógica fiscal real o si responde a una decisión política de disciplinamiento del sector universitario.
El acuerdo de junio que el Estado firmó y no cumplió
El fallo también responde a una demanda del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó que el Ejecutivo cumpliera el acta firmada el 10 de junio, en la que el Estado se comprometió a transferir a las universidades nacionales los fondos necesarios para aplicar un aumento salarial del 24,33%. Tras esa firma, el Gobierno intentó que se levantara la cautelar anterior, argumentando que el acuerdo dejaba sin efecto el planteo judicial. El juez rechazó esa interpretación: el Estado, a su criterio, no logró demostrar que los acuerdos alcanzados hubieran resuelto de manera efectiva y definitiva el deterioro del poder adquisitivo y la pérdida salarial del colectivo afectado. Firmar y no cumplir no equivale a resolver el conflicto. La cautelar, por lo tanto, se mantiene.
Antecedentes de una batalla judicial que el Gobierno viene perdiendo
Este fallo se inscribe en una secuencia de disputas judiciales en torno al financiamiento universitario que el Ejecutivo no logra resolver a su favor de manera definitiva. En mayo de 2026, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había concedido un recurso extraordinario presentado por el Gobierno y suspendido transitoriamente una cautelar anterior, mientras la Corte Suprema definía su posición. La apuesta del Ejecutivo era que la Corte cerrara el capítulo. Eso no ocurrió, y el litigio continuó. Ahora el juez de primera instancia vuelve a ordenar el cumplimiento de la ley, en el marco de la demanda específica de la UBA por el Decreto 759/2025. El sistema universitario acumula una caída real del financiamiento que, según datos del propio CIN, representa un desplome de más del 45% en las transferencias estatales entre 2023 y 2026, mientras los salarios docentes perdieron más de 30 puntos porcentuales de poder adquisitivo en el mismo período.
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