Seguridad social
Sistemas previsionales de excepción en Argentina y el mundo
Especialista de Cippec afirmó que «en casi todo el mundo hay grupos de trabajadores en tareas de riesgo o muy arduas que pueden sufrir un proceso de envejecimiento prematuro, por ejemplo lo mineros, pero como mucho representan el 5% de la fuerza de trabajo, no el 40% como en la Argentina».
La mayoría de los países contempla situaciones especiales para establecer regímenes jubilatorios de excepción, pero en ningún caso estos alcanzan la complejidad y la proporción que tienen en la Argentina, aseguró el director de Protección Social del Cippec, Rafael Rofman.
«En materia de regímenes de excepción, somos excepcionales», ironizó Rofman en una entrevista, en la que remarcó que «no hay países que tengan tanta complejidad como el nuestro» en ese aspecto.
Reconoció que «en casi todo el mundo hay grupos de trabajadores en tareas de riesgo o muy arduas que pueden sufrir un proceso de envejecimiento prematuro, por ejemplo lo mineros, pero como mucho representan el 5% de la fuerza de trabajo, no el 40% como en la Argentina».
En una investigación realizada para el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, el especialista en políticas previsionales comprobó que, entre los países de la Unión Europea, solamente Suecia y Chipre no cuentan con algún tipo de régimen especial.
En los 26 restantes se detectaron regímenes de excepción para personas que se desempeñan en funciones públicas (en 23 casos), en las fuerzas armadas o de seguridad (21 casos) y en actividades arduas o peligrosas (20 casos).
La relevancia de estos programas en términos de costo y cobertura es muy variable, con un 2,7% del PBI destinado por Grecia a menos del 0,2% en los casos de Republica Checa, Irlanda y Estonia.
En cuanto a los criterios de selección, Rofman señaló en su estudio que «no existe una lógica común entre países para determinar qué grupos de funcionarios públicos son elegibles para estos esquemas».
Al respecto, indicó que «casi todos los países ofrecen esquemas de excepción a integrantes de las fuerzas armadas», pero para el resto el acceso «es discrecional y no responde a un criterio estable», con algunas particularidades como un régimen especial para toreros en España o músicos y bailarines en Grecia.
Los criterios para habilitar esquemas motivados por un envejecimiento prematuro por la realización de tareas arduas o peligrosas tampoco son consistentes entre países.
«La mayoría de los países de la Unión Europea mantiene esquemas vinculados con la realización de tareas arduas en el trabajo, pero la definición de qué tipo de tareas o empleos califican bajo esta categoría no es clara», subrayó.
La situación es similar entre los países de América, con coberturas especiales para las fuerzas armadas y de seguridad en al menos 22 países de 24 países relevados, además de funcionarios de los tres poderes del Estado.
En base a diferentes investigaciones de períodos diversos, se pudo concluir que «en la mayoría de los casos el acceso a estos beneficios para el empleo público es muy discrecional (definiéndose por rango jerárquico, área de trabajo, pertenencia a una empresa pública o afiliación a un sindicato u otras variaciones) y las definiciones de tareas arduas y peligrosas son aún menos claras que en Europa».
Rofman destacó como una «tendencia en los últimos años en la mayoría de los países» de reducir los regímenes de excepción existentes y bloquear la creación de nuevos.
«En la Unión Europea un 80% de los países con estos esquemas están avanzando en reformas, en particular en los sistemas que cubren a fuerzas armadas y la función pública», mientras que «algo similar ocurre en países de América Latina».
En ese punto, la Argentina podría dejar de ser la excepción si se avanza en la revisión de los regímenes destinados a jueces y diplomáticos, como señalara días atrás el presidente Alberto Fernández.
Al respecto, Rofman puntualizó que, además de los magistrados y el servicio exterior, «los docentes, los investigadores, los empleados públicos de regímenes provinciales no están sujetos a una dificultad particular diferente a la de los trabajadores del régimen general» que justifique un tratamiento diferenciado.
De todos modos, admitió que dentro de esos grupos «puede haber alguna actividad riesgosa, pero si eso ocurre están los mecanismos para proteger al trabajador, como las pensiones por invalidez»
Coparticipación
Presupuesto 2027: discapacidad, universidades y transporte frenan el acuerdo
El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y sentar el proyecto en el recinto el miércoles 25, cinco días antes de que termine el período ordinario. Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban la negociación.
Tres partidas tienen frenado el Presupuesto 2027. Los recursos para las prestaciones por discapacidad, el aumento de los fondos para las universidades nacionales y los subsidios al transporte del interior son los puntos que los bloques aliados pusieron sobre la mesa para acompañar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 15 de septiembre, la fecha límite que fija la ley de administración financiera.
La negociación la conducen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Del lado del Ejecutivo participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores de los bloques dialoguistas. El oficialismo descartó el 18 de noviembre y ahora apunta a firmar dictamen el martes 17 para llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.
Los tres reclamos que traban el dictamen
El primero es la discapacidad. Las prestaciones quedaron en el centro de la discusión después de que Amnistía Internacional advirtiera que el proyecto asigna a ese rubro 24% menos de fondos que en 2023. El segundo son las universidades: el texto contempla $7,3 billones para el sector, mientras los rectores reclaman $11 billones. El tercero es el transporte del interior, con los subsidios y el Fondo Compensador como eje. A esos puntos se suma un pedido transversal: la rebaja del Impuesto a los Combustibles, con el argumento de que la recaudación no se destina al mantenimiento de las rutas nacionales ni al 2,55% que corresponde al fondo del transporte del interior.
La Jurisdicción 91: $14,8 billones sin destino fijo
Los bloques aliados sostienen que hay margen para atender los reclamos sin romper el equilibrio fiscal y apuntan a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro. El proyecto le asigna $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y la partida funciona como una reserva que administra la Secretaría de Hacienda: no tiene edificio ni empleados propios y puede reasignarse durante la ejecución. Cerca de la mitad de esos recursos está prevista para cubrir déficits y transferencias a empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo. El mecanismo existe desde la década del 90 y ahora los dialoguistas quieren que parte de ese fondo se destine a discapacidad y universidades.
Las demandas de cada bloque
Cada espacio sumó reclamos propios. El PRO exige garantizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, bajar del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados y fijar un mecanismo que asegure plazos y tarifas en las obras de rutas nacionales.
La UCR, con el mendocino Lisandro Nieri como negociador, pide eliminar cuatro artículos del texto. Los bloques provinciales reclaman que se avance con las obras ya acordadas y que se amplíen los $503.000 millones previstos para compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación. Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, sumaron el pedido de tratar la Ley de Biocombustibles, que quedó frenada por un reclamo de legisladores bonaerenses.
Las cuentas del proyecto
El texto prevé gastos totales consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones, con subas de 25,3% y 26,2% respecto de la base de comparación que usa el Gobierno. Las partidas de servicios sociales ascienden a $150,9 billones y los servicios de la deuda pública a $18,6 billones. La discusión de fondo es qué se recorta para sostener el superávit primario y el equilibrio fiscal que el Ejecutivo puso como condición de cualquier cambio.
El reloj de las ordinarias
Si el proyecto no se aprueba antes del 30 de noviembre, el tratamiento pasa a sesiones extraordinarias, que el Gobierno puede convocar desde el 1 de diciembre. Y si el Presupuesto no se sanciona, la ley 24.156 obliga a prorrogar el del año anterior, con lo que el Ejecutivo recupera discrecionalidad sobre las partidas. La apuesta oficialista es que el dictamen llegue el 17 y que el recinto vote el 25, con el margen justo para evitar ese escenario.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y a tratar el Presupuesto 2027 en el recinto el miércoles 25.
- Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban el acuerdo con los bloques aliados.
- La Jurisdicción 91 concentra $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y los dialoguistas quieren reasignar parte de esos fondos.
- El proyecto prevé $7,3 billones para universidades frente a los $11 billones que piden los rectores, y $503.000 millones para las cajas jubilatorias provinciales.
- Si no hay ley antes del 30 de noviembre, rige la prórroga del Presupuesto anterior.
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