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Seguridad social

Sistemas previsionales de excepción en Argentina y el mundo

Especialista de Cippec afirmó que «en casi todo el mundo hay grupos de trabajadores en tareas de riesgo o muy arduas que pueden sufrir un proceso de envejecimiento prematuro, por ejemplo lo mineros, pero como mucho representan el 5% de la fuerza de trabajo, no el 40% como en la Argentina».

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La mayoría de los países contempla situaciones especiales para establecer regímenes jubilatorios de excepción, pero en ningún caso estos alcanzan la complejidad y la proporción que tienen en la Argentina, aseguró el director de Protección Social del Cippec, Rafael Rofman.

«En materia de regímenes de excepción, somos excepcionales», ironizó Rofman en una entrevista, en la que remarcó que «no hay países que tengan tanta complejidad como el nuestro» en ese aspecto.

Reconoció que «en casi todo el mundo hay grupos de trabajadores en tareas de riesgo o muy arduas que pueden sufrir un proceso de envejecimiento prematuro, por ejemplo lo mineros, pero como mucho representan el 5% de la fuerza de trabajo, no el 40% como en la Argentina».

En una investigación realizada para el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, el especialista en políticas previsionales comprobó que, entre los países de la Unión Europea, solamente Suecia y Chipre no cuentan con algún tipo de régimen especial.

En los 26 restantes se detectaron regímenes de excepción para personas que se desempeñan en funciones públicas (en 23 casos), en las fuerzas armadas o de seguridad (21 casos) y en actividades arduas o peligrosas (20 casos).

La relevancia de estos programas en términos de costo y cobertura es muy variable, con un 2,7% del PBI destinado por Grecia a menos del 0,2% en los casos de Republica Checa, Irlanda y Estonia.

En cuanto a los criterios de selección, Rofman señaló en su estudio que «no existe una lógica común entre países para determinar qué grupos de funcionarios públicos son elegibles para estos esquemas».

Al respecto, indicó que «casi todos los países ofrecen esquemas de excepción a integrantes de las fuerzas armadas», pero para el resto el acceso «es discrecional y no responde a un criterio estable», con algunas particularidades como un régimen especial para toreros en España o músicos y bailarines en Grecia.

Los criterios para habilitar esquemas motivados por un envejecimiento prematuro por la realización de tareas arduas o peligrosas tampoco son consistentes entre países.

«La mayoría de los países de la Unión Europea mantiene esquemas vinculados con la realización de tareas arduas en el trabajo, pero la definición de qué tipo de tareas o empleos califican bajo esta categoría no es clara», subrayó.

La situación es similar entre los países de América, con coberturas especiales para las fuerzas armadas y de seguridad en al menos 22 países de 24 países relevados, además de funcionarios de los tres poderes del Estado.

En base a diferentes investigaciones de períodos diversos, se pudo concluir que «en la mayoría de los casos el acceso a estos beneficios para el empleo público es muy discrecional (definiéndose por rango jerárquico, área de trabajo, pertenencia a una empresa pública o afiliación a un sindicato u otras variaciones) y las definiciones de tareas arduas y peligrosas son aún menos claras que en Europa».

Rofman destacó como una «tendencia en los últimos años en la mayoría de los países» de reducir los regímenes de excepción existentes y bloquear la creación de nuevos.

«En la Unión Europea un 80% de los países con estos esquemas están avanzando en reformas, en particular en los sistemas que cubren a fuerzas armadas y la función pública», mientras que «algo similar ocurre en países de América Latina».

En ese punto, la Argentina podría dejar de ser la excepción si se avanza en la revisión de los regímenes destinados a jueces y diplomáticos, como señalara días atrás el presidente Alberto Fernández.

Al respecto, Rofman puntualizó que, además de los magistrados y el servicio exterior, «los docentes, los investigadores, los empleados públicos de regímenes provinciales no están sujetos a una dificultad particular diferente a la de los trabajadores del régimen general» que justifique un tratamiento diferenciado.

De todos modos, admitió que dentro de esos grupos «puede haber alguna actividad riesgosa, pero si eso ocurre están los mecanismos para proteger al trabajador, como las pensiones por invalidez»

Seguridad social

Parche oficial: el 38% de aumento en la Alimentar no frena la indigencia

El Gobierno oficializó el aumento del beneficio pero los indicadores de indigencia exponen las fallas del modelo económico.

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El-Argentino-Tarjeta Alimentar.

Prestación Alimentar: un parche del 38% ante una crisis social sin contención

★ Mediante la Resolución 161/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano incrementó los montos de la Prestación Alimentar en un 38%. La medida, que entró en vigencia este jueves, intenta contener el deterioro del poder adquisitivo en un escenario donde la canasta básica continúa marcando el ritmo de la vulnerabilidad social en Argentina.

Los nuevos montos y el alcance de la medida

La normativa, que llevó la firma de la ministra Sandra Pettovello, estableció que las familias con un hijo de hasta 17 años percibirán $72.250; mientras que aquellas con dos hijos cobrarán $113.299. Para los grupos familiares con tres o más hijos, el importe se fijó en $149.425. Hasta el mes de abril, los valores oscilaban entre los $52.250 y los $108.062, lo que evidencia la magnitud del ajuste necesario para intentar alcanzar el costo de los alimentos.

El beneficio mantiene su carácter de acreditación mensual y automática para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignación por Hijo con Discapacidad y la Pensión No Contributiva para Madres de 7 o más hijos.

Contradicciones en el discurso oficial

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo destacó que la Prestación Alimentar junto a la AUH resultaron pilares para mejorar indicadores sociales. Según datos del INDEC citados en el documento, la pobreza se redujo del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en el mismo periodo de 2025; mientras que la indigencia descendió al 6,3%.

Sin embargo, esta narrativa oficial colisiona con el seguimiento sistemático del deterioro económico que este medio realiza sobre la gestión libertaria. Informes previos de la Universidad Católica Argentina (UCA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revelaron una caída constante del consumo y un impacto severo del ajuste sobre los sectores productivos y populares (según el documento interno CONTEXTO | Serie Inflación y Economía Milei).

Un contexto de ajuste y desfinanciamiento

A pesar de la propaganda gubernamental sobre la estabilización macroeconómica, la realidad en los barrios populares muestra otra cara. El aumento del 38% se presenta como una fortaleza de las acciones de asistencia, pero ocurre en un marco de achicamiento del Estado y subordinación a los condicionamientos del FMI. Notas anteriores de este diario ya advirtieron que la inflación de 2026 podría triplicar los cálculos iniciales, dejando a las prestaciones sociales siempre por detrás de la góndola.

La decisión de actualizar los montos mediante resolución administrativa y no por ley de movilidad deja a los sectores más desprotegidos a merced de la discrecionalidad política de una cartera, la de Capital Humano, que fue señalada por organizaciones sociales debido a la subejecución de partidas alimentarias y el cierre de comedores comunitarios.

Puntos clave:

  • El Gobierno aumentó un 38% la Prestación Alimentar mediante la Resolución 161/2026.
  • Los nuevos montos van desde los $72.250 hasta los $149.425 según la cantidad de hijos.
  • El Ejecutivo utiliza datos del INDEC de 2025 para justificar una supuesta mejora social.
  • El beneficio se acredita de forma automática a titulares de AUH y otras asignaciones.
  • Críticas de sectores sociales apuntan a la insuficiencia del monto frente a la inflación proyectada.
  

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