Seguridad social
Detalles del régimen previsional especial a nivel nacional
Durante 2020 los policías y penitenciarios provinciales ganaron un 121% más que los jubilados «comunes», pero los beneficiarios del Servicio Exterior un 1.089% más y los del Poder Judicial un 1.278% más.
El régimen previsional general en la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) coexiste con una cantidad de regímenes de excepción de difícil cuantificación, como resultado de más de un siglo de decisiones que se fueron tomando tanto por leyes como por decretos, resoluciones ministeriales y hasta ordenanzas municipales.
Las recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el sentido de avanzar con una revisión de los regímenes jubilatorios de magistrados judiciales y personal del servicio exterior, reactualizaron un debate que lleva décadas y que hasta el momento no sólo no pudo resolverse, sino que, a juzgar por el peso que esos regímenes tienen en el plano fiscal, no hizo más que agravarse con el transcurso de los años.
«En sus orígenes, a principios del siglo pasado, el sistema previsional argentino era el resultado de una acumulación de esquemas autónomos, organizados por rama de actividad u ocupación, con reglas de participación y requisitos para la obtención de beneficios heterogéneos», indicó Rafael Rofman, director de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
Para ser más precisos, se puede establecer a 1904 como el inicio de los regímenes de excepción, con la creación de uno destinado a funcionarios públicos nacionales.
De todos modos, «podría decirse que, en la práctica, todo el sistema previsional era un conglomerado de regímenes diferenciales, aun cuando no existía un régimen general del cual diferenciarse», reconoció Rofman en una investigación especial.
Dentro del concepto amplio de «regímenes de excepción», con el que se busca agrupar a todos aquellos que no forman parte de la modalidad general, se reconocen dos vertientes.
Por un lado, los regímenes diferenciales, destinados a proteger a trabajadores que desarrollan actividades arduas o riesgosas que podrían derivar en envejecimiento prematuro.
Un ejemplo difundido en todo el planeta es el de los mineros, aunque también se incluyen al personal dedicado a tareas relacionadas con el manejo de explosivos, residuos peligrosos o con actividades que demanden una ausencia prolongada de sus hogares (alta mar, hidrocarburos, etc).
Por el otro, los especiales, por lo general justificados por cuestiones de mérito (y que incluyen a la mayoría de los programas dirigidos al funcionariado público) y especificidad, como pueden ser, precisamente, el Poder Judicial y la diplomacia.
Rofman analizó la diferencia entre ambos subgrupos: «mientras que los regímenes diferenciales habitualmente se consideran razonables y justificados (más allá de posibles abusos o excesos en su definición), en los regímenes especiales se suele reconocer un origen vinculado al poder de presión sobre el Estado de distintos grupos».
«Es habitual que se refiera a estos últimos como ‘regímenes de privilegio’, con una obvia connotación negativa», añadió.
Entre los diferenciales, Rofman contabilizó hasta 2021 la vigencia de «al menos 38», con tareas tan disímiles como trabajadores de minas subterráneas y bailarines y cantantes líricos del Teatro Colón, pero si se suman los especiales y los provinciales, la cantidad supera los 170.
Los criterios utilizados para cada régimen son heterogéneos, aunque podrían resumirse con tres parámetros comunes: edad mínima de retiro, años de servicios requeridos y tasas adicionales de aportes y/o contribuciones.
En la actualidad hay siete regímenes especiales administrados por la Anses: Docencia no universitaria, Docencia universitaria nacional, Poder Judicial, Servicio Exterior, Trabajadores/as de Luz y Fuerza, Trabajadores/as de Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio y Policía y Servicios Penitenciarios de sistemas provinciales transferidos.
Sus niveles salariales son superiores a los del régimen general en proporciones diferentes, aunque tomando los promedios de 2020, Rofman llegó a conclusiones que pueden sorprender a muchos: los policías y penitenciarios provinciales ganaron un 121% más que los jubilados «comunes», pero los beneficiarios del Servicio Exterior un 1.089% más y los del Poder Judicial un 1.278% más.
Coparticipación
Presupuesto 2027: discapacidad, universidades y transporte frenan el acuerdo
El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y sentar el proyecto en el recinto el miércoles 25, cinco días antes de que termine el período ordinario. Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban la negociación.
Tres partidas tienen frenado el Presupuesto 2027. Los recursos para las prestaciones por discapacidad, el aumento de los fondos para las universidades nacionales y los subsidios al transporte del interior son los puntos que los bloques aliados pusieron sobre la mesa para acompañar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 15 de septiembre, la fecha límite que fija la ley de administración financiera.
La negociación la conducen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Del lado del Ejecutivo participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores de los bloques dialoguistas. El oficialismo descartó el 18 de noviembre y ahora apunta a firmar dictamen el martes 17 para llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.
Los tres reclamos que traban el dictamen
El primero es la discapacidad. Las prestaciones quedaron en el centro de la discusión después de que Amnistía Internacional advirtiera que el proyecto asigna a ese rubro 24% menos de fondos que en 2023. El segundo son las universidades: el texto contempla $7,3 billones para el sector, mientras los rectores reclaman $11 billones. El tercero es el transporte del interior, con los subsidios y el Fondo Compensador como eje. A esos puntos se suma un pedido transversal: la rebaja del Impuesto a los Combustibles, con el argumento de que la recaudación no se destina al mantenimiento de las rutas nacionales ni al 2,55% que corresponde al fondo del transporte del interior.
La Jurisdicción 91: $14,8 billones sin destino fijo
Los bloques aliados sostienen que hay margen para atender los reclamos sin romper el equilibrio fiscal y apuntan a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro. El proyecto le asigna $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y la partida funciona como una reserva que administra la Secretaría de Hacienda: no tiene edificio ni empleados propios y puede reasignarse durante la ejecución. Cerca de la mitad de esos recursos está prevista para cubrir déficits y transferencias a empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo. El mecanismo existe desde la década del 90 y ahora los dialoguistas quieren que parte de ese fondo se destine a discapacidad y universidades.
Las demandas de cada bloque
Cada espacio sumó reclamos propios. El PRO exige garantizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, bajar del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados y fijar un mecanismo que asegure plazos y tarifas en las obras de rutas nacionales.
La UCR, con el mendocino Lisandro Nieri como negociador, pide eliminar cuatro artículos del texto. Los bloques provinciales reclaman que se avance con las obras ya acordadas y que se amplíen los $503.000 millones previstos para compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación. Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, sumaron el pedido de tratar la Ley de Biocombustibles, que quedó frenada por un reclamo de legisladores bonaerenses.
Las cuentas del proyecto
El texto prevé gastos totales consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones, con subas de 25,3% y 26,2% respecto de la base de comparación que usa el Gobierno. Las partidas de servicios sociales ascienden a $150,9 billones y los servicios de la deuda pública a $18,6 billones. La discusión de fondo es qué se recorta para sostener el superávit primario y el equilibrio fiscal que el Ejecutivo puso como condición de cualquier cambio.
El reloj de las ordinarias
Si el proyecto no se aprueba antes del 30 de noviembre, el tratamiento pasa a sesiones extraordinarias, que el Gobierno puede convocar desde el 1 de diciembre. Y si el Presupuesto no se sanciona, la ley 24.156 obliga a prorrogar el del año anterior, con lo que el Ejecutivo recupera discrecionalidad sobre las partidas. La apuesta oficialista es que el dictamen llegue el 17 y que el recinto vote el 25, con el margen justo para evitar ese escenario.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y a tratar el Presupuesto 2027 en el recinto el miércoles 25.
- Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban el acuerdo con los bloques aliados.
- La Jurisdicción 91 concentra $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y los dialoguistas quieren reasignar parte de esos fondos.
- El proyecto prevé $7,3 billones para universidades frente a los $11 billones que piden los rectores, y $503.000 millones para las cajas jubilatorias provinciales.
- Si no hay ley antes del 30 de noviembre, rige la prórroga del Presupuesto anterior.
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