Caputo adjudicó dos tramos de la red vial nacional: las empresas que se quedaron con 1.800 km de rutas por 20 años

★ El Gobierno de Javier Milei dio otro paso en el desguace de las empresas del Estado: el Ministerio de Economía, conducido por el ministro Luis Caputo, adjudicó este viernes la gestión de dos sectores de la red vial nacional mediante la Resolución 706/2026, publicada en el Boletín Oficial. Las empresas seleccionadas operarán las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje durante un período de 20 años, con facultades para construir, explotar, administrar, reparar, ampliar y conservar la infraestructura vial adjudicada.

El propio Caputo precisó que «son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100% privada». La frase resume la filosofía del esquema: el Estado resigna la gestión de la infraestructura pública y el costo recae, en última instancia, sobre los usuarios a través del peaje.

La privatización de Corredores Viales avanza tramo por tramo

La adjudicación se encuadra en el proceso de privatización de Corredores Viales SA, una empresa estatal que formó parte del listado de ocho activos públicos habilitados para su venta bajo el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742). Ese listado incluye, además de Corredores Viales, a AySA, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

La Comisión Evaluadora del proceso sostuvo que las propuestas seleccionadas «se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público». La resolución señala además que el proceso no recibió impugnaciones tras la apertura de los sobres económicos, un dato que el Gobierno presentó como señal de transparencia.

Tramo por tramo: quiénes se quedaron con el negocio

La adjudicación para el Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur recayó en el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, con una tarifa ofertada de $997 sin IVA. Para el Tramo Pampa, resultó adjudicataria la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, con una oferta de $2.355,37 con IVA.

El orden de mérito en el Tramo Sur colocó en segundo lugar al consorcio conformado por Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint ($1.057,85), seguido por Benito Roggio e Hijos y Jose Chediack ($1.230,57), el grupo Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste ($1.248), CPC y Clear Petroleum ($1.297,52), y Vial Agro junto a Fontana Nicastro ($1.322,31).

En el Tramo Pampa, la segunda oferta fue la de CN Sapag y Víctor M. Contreras ($2.477,77), seguida por CPC y Clear Petroleum ($2.659,92), el grupo conformado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía ($2.975), Vial Agro y Fontana Nicastro ($3.219), y en último lugar el consorcio liderado por Concret Nor ($3.354).

La resolución habilita también el desarrollo de actividades complementarias que generen ingresos adicionales para los concesionarios, una cláusula que amplía las posibilidades de lucro privado sobre infraestructura financiada históricamente con fondos públicos.

El negocio de largo plazo sobre rutas construidas con fondos del Estado

El esquema de concesión vial no es un fenómeno nuevo en la Argentina. En la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem, la privatización de las rutas nacionales fue presentada con argumentos similares: inversión privada, eficiencia, fin de los subsidios. El resultado fue una infraestructura vial deteriorada, tarifas en dólares y contratos renegociados en condiciones favorables para los concesionarios.

La diferencia con aquel ciclo es que hoy la entrega de la gestión vial se produce en el marco de un ajuste fiscal de proporciones inéditas, con un Estado que resignó el 31% del gasto primario y el 86% del gasto de capital desde 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo, un colectivo de economistas vinculados al movimiento sindical que viene documentando el proceso de desmantelamiento estatal.

En ese contexto, la narrativa oficial que opone «inversión privada» a «subsidios estatales» omite un dato estructural: las rutas que hoy se concesionan fueron construidas, mantenidas y financiadas con recursos del Estado durante décadas. El negocio privado a 20 años se monta sobre una infraestructura pública.

Puntos clave

• El Ministerio de Economía adjudicó dos tramos de la red vial nacional mediante la Resolución 706/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
• Las concesiones tendrán una duración de 20 años bajo el régimen de obra pública por peaje, sin subsidios estatales.
• El Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur fue adjudicado al consorcio Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco ($997 sin IVA); el Tramo Pampa a Construcciones Electromecánicas del Oeste ($2.355,37 con IVA).
• La medida avanza sobre la privatización de Corredores Viales SA, habilitada por la Ley Bases (27.742), que también contempla la venta de otras siete empresas del Estado.
• El esquema implica que el costo de mantenimiento vial dejará de financiarse con fondos públicos y recaerá sobre los usuarios viales a través del peaje privado.