Economía 💲
Sin subsidios pero con peaje: Caputo entregó 1.800 km de rutas nacionales a empresas privadas
El Ministerio de Economía formalizó la concesión privada de sectores clave de la infraestructura vial mediante la Resolución 706/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida avanza sobre el proceso de privatización de Corredores Viales SA, una de las ocho empresas estatales habilitadas para ser vendidas bajo la Ley Bases.
Caputo adjudicó dos tramos de la red vial nacional: las empresas que se quedaron con 1.800 km de rutas por 20 años
★ El Gobierno de Javier Milei dio otro paso en el desguace de las empresas del Estado: el Ministerio de Economía, conducido por el ministro Luis Caputo, adjudicó este viernes la gestión de dos sectores de la red vial nacional mediante la Resolución 706/2026, publicada en el Boletín Oficial. Las empresas seleccionadas operarán las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje durante un período de 20 años, con facultades para construir, explotar, administrar, reparar, ampliar y conservar la infraestructura vial adjudicada.
El propio Caputo precisó que «son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100% privada». La frase resume la filosofía del esquema: el Estado resigna la gestión de la infraestructura pública y el costo recae, en última instancia, sobre los usuarios a través del peaje.
La privatización de Corredores Viales avanza tramo por tramo
La adjudicación se encuadra en el proceso de privatización de Corredores Viales SA, una empresa estatal que formó parte del listado de ocho activos públicos habilitados para su venta bajo el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742). Ese listado incluye, además de Corredores Viales, a AySA, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
La Comisión Evaluadora del proceso sostuvo que las propuestas seleccionadas «se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público». La resolución señala además que el proceso no recibió impugnaciones tras la apertura de los sobres económicos, un dato que el Gobierno presentó como señal de transparencia.
Tramo por tramo: quiénes se quedaron con el negocio
La adjudicación para el Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur recayó en el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, con una tarifa ofertada de $997 sin IVA. Para el Tramo Pampa, resultó adjudicataria la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, con una oferta de $2.355,37 con IVA.
El orden de mérito en el Tramo Sur colocó en segundo lugar al consorcio conformado por Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint ($1.057,85), seguido por Benito Roggio e Hijos y Jose Chediack ($1.230,57), el grupo Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste ($1.248), CPC y Clear Petroleum ($1.297,52), y Vial Agro junto a Fontana Nicastro ($1.322,31).
En el Tramo Pampa, la segunda oferta fue la de CN Sapag y Víctor M. Contreras ($2.477,77), seguida por CPC y Clear Petroleum ($2.659,92), el grupo conformado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía ($2.975), Vial Agro y Fontana Nicastro ($3.219), y en último lugar el consorcio liderado por Concret Nor ($3.354).
La resolución habilita también el desarrollo de actividades complementarias que generen ingresos adicionales para los concesionarios, una cláusula que amplía las posibilidades de lucro privado sobre infraestructura financiada históricamente con fondos públicos.
El negocio de largo plazo sobre rutas construidas con fondos del Estado
El esquema de concesión vial no es un fenómeno nuevo en la Argentina. En la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem, la privatización de las rutas nacionales fue presentada con argumentos similares: inversión privada, eficiencia, fin de los subsidios. El resultado fue una infraestructura vial deteriorada, tarifas en dólares y contratos renegociados en condiciones favorables para los concesionarios.
La diferencia con aquel ciclo es que hoy la entrega de la gestión vial se produce en el marco de un ajuste fiscal de proporciones inéditas, con un Estado que resignó el 31% del gasto primario y el 86% del gasto de capital desde 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo, un colectivo de economistas vinculados al movimiento sindical que viene documentando el proceso de desmantelamiento estatal.
En ese contexto, la narrativa oficial que opone «inversión privada» a «subsidios estatales» omite un dato estructural: las rutas que hoy se concesionan fueron construidas, mantenidas y financiadas con recursos del Estado durante décadas. El negocio privado a 20 años se monta sobre una infraestructura pública.
Puntos clave
- El Ministerio de Economía adjudicó dos tramos de la red vial nacional mediante la Resolución 706/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
- Las concesiones tendrán una duración de 20 años bajo el régimen de obra pública por peaje, sin subsidios estatales.
- El Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur fue adjudicado al consorcio Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco ($997 sin IVA); el Tramo Pampa a Construcciones Electromecánicas del Oeste ($2.355,37 con IVA).
- La medida avanza sobre la privatización de Corredores Viales SA, habilitada por la Ley Bases (27.742), que también contempla la venta de otras siete empresas del Estado.
- El esquema implica que el costo de mantenimiento vial dejará de financiarse con fondos públicos y recaerá sobre los usuarios viales a través del peaje privado.
Deuda externa
Bessent usó a Argentina como ejemplo del poder financiero de Trump y Milei lo festejó
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó al gobierno de Javier Milei como modelo de «políticas sólidas» ante el mundo, en el marco de una estrategia que usa el dinero de Washington para construir alianzas geopolíticas en el hemisferio occidental. Milei lo celebró en X con la frase «fenómeno barrial».
Argentina fue exhibida ante el mundo como un caso de éxito de la política financiera exterior de Estados Unidos. El elogio no provino de un think tank afín al libertarismo ni de un medio simpatizante, sino del secretario del Tesoro del gobierno de Donald Trump, Scott Bessent, quien presentó a la gestión de La Libertad Avanza como el ejemplo más claro de cómo Washington puede utilizar su poder monetario para ganar aliados.
Bessent realizó las declaraciones durante una disertación en la Escuela de Negocios Cox de la Universidad Metodista del Sur (SMU), donde expuso la doctrina financiera de la administración Trump. El funcionario fue explícito: «Creo que puedo utilizar el poder financiero de Estados Unidos como herramienta de política exterior. Tenemos un objetivo de política exterior y ese objetivo es crear aliados en el Hemisferio Occidental». En ese contexto, colocó a la Argentina en el centro del argumento: «Argentina fue la principal candidata para eso. Según mi opinión, el gobierno de Milei tenía políticas sólidas».
El «fenómeno barrial» y la lógica del cliente
Milei no demoró en amplificar el elogio. En su cuenta de X, el presidente de la Nación citó las palabras de Bessent y las celebró con la expresión «fenómeno barrial», una frase coloquial que usa para describir algo que considera excepcional. La reacción presidencial condensa con precisión la naturaleza del vínculo: el jefe de Estado libertario encuentra en el reconocimiento externo, especialmente el norteamericano, una fuente de legitimidad que difícilmente puede construir en el plano interno, donde los indicadores sociales de su gestión siguen siendo críticos.
Lo que el discurso oficial omite al celebrar el halago es el marco en el que fue pronunciado: Bessent no describió a Argentina como un socio soberano ni como un modelo de desarrollo, sino como el resultado más visible de una estrategia de poder donde el dinero de Washington opera como instrumento para moldear la política económica de gobiernos de la región. La «candidatura» argentina, en los propios términos del funcionario republicano, fue una elección estratégica de Estados Unidos, no un reconocimiento a la autonomía de Buenos Aires.
El swap de 20.000 millones y la intervención cambiaria
Las declaraciones de Bessent no pueden leerse en el vacío. En 2025, el gobierno de Milei firmó con Washington un acuerdo de swap por hasta 20.000 millones de dólares. De ese total, la Argentina utilizó 2.700 millones de dólares para intervenir en el mercado cambiario y cumplir con los compromisos adquiridos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). El swap, en la práctica, permitió al gobierno libertario sostener su esquema cambiario y mostrar ante el FMI reservas que, sin ese auxilio, no hubieran alcanzado las metas pactadas.
La secuencia revela una interdependencia que el elogio de Bessent vuelve más transparente que nunca: Argentina recibió asistencia financiera de Estados Unidos, cumplió con las condiciones del FMI y, en ese recorrido, se convirtió en el «ejemplo» que Washington necesita para justificar ante su propio auditorio el uso de herramientas monetarias como instrumento de política exterior. El círculo se cierra cuando el secretario del Tesoro sale a explicar en una universidad norteamericana por qué ese dinero fue bien invertido.
Geopolítica financiera y soberanía en disputa
Bessent también mencionó en su exposición la intervención sobre el yen japonés como parte de esta misma estrategia, lo que sitúa la relación con Argentina en una cadena de decisiones de política exterior global donde los recursos del Tesoro norteamericano se mueven según los intereses de Washington. Que Japón y Argentina aparezcan en el mismo argumento dice más sobre la lógica del poder que sobre las virtudes específicas del programa económico libertario.
La pregunta que el alarde presidencial deja sin responder es la misma que se repite desde diciembre de 2023: a qué precio se sostiene ese reconocimiento. El acuerdo con el FMI suscrito por Milei en abril de 2025 comprometió al país por 20.000 millones de dólares adicionales (el 479% de la cuota argentina), condicionó las reservas, el tipo de cambio y el gasto público, y transfirió hacia los próximos dos gobiernos una carga de vencimientos que, según estimaciones del Foro Economía y Trabajo, supera los 13.400 millones de dólares solo en intereses para el período 2026-2030. Ser el «ejemplo» de la política exterior financiera de Trump tiene un costo que los sectores populares argentinos pagan todos los días en la canasta, en las tarifas y en los salarios erosionados.
Puntos clave
- El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, presentó a Argentina como «la principal candidata» para demostrar el uso del poder financiero norteamericano como herramienta de política exterior.
- Milei celebró el elogio en X con la frase «fenómeno barrial».
- En 2025, Argentina utilizó 2.700 millones de dólares de un swap con EE.UU. de hasta 20.000 millones para intervenir en el mercado cambiario y cumplir metas con el FMI.
- Bessent encuadró la asistencia a Argentina en una estrategia para «crear aliados en el Hemisferio Occidental», no como un reconocimiento a la autonomía argentina.
- El acuerdo con el FMI de abril de 2025 compromete vencimientos que superan los 13.400 millones de dólares en intereses para el período 2026-2030.
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