Proyecto
Gobernadores rechazan reforma laboral por impacto de $3,1 billones en coparticipación
El oficialismo convoca a sesiones extraordinarias para aprobar su proyecto de «modernización laboral», pero enfrenta la resistencia de mandatarios provinciales que denuncian que la reducción de impuestos coparticipables les quitará $3,1 billones. Pullaro y Llaryora encabezaron el fin de semana un planteo conjunto contra los planes de la Casa Rosada.
★ El gobierno nacional avanza con su estrategia para imponer la reforma laboral en el Congreso, pese a la creciente tensión con gobernadores que rechazan el impacto fiscal del proyecto sobre las arcas provinciales. La Casa Rosada prepara una reunión de la mesa política encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para este lunes, con el objetivo de trazar la estrategia de cara al inicio de las sesiones extraordinarias la semana próxima.
La convocatoria a extraordinarias incluye la reforma laboral, la modificación a la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador. Sin embargo, según confirmaron fuentes oficiales, la prioridad absoluta es lograr la aprobación del proyecto de «modernización» laboral.
El núcleo del conflicto: $3,1 billones menos para las provincias
El punto de mayor tensión con los gobernadores es la modificación propuesta en la escala del impuesto a las Ganancias y la reducción para las empresas. Según informes que manejan las provincias, esta medida provocaría una caída de cerca de $3,1 billones en la masa coparticipable, lo que golpearía directamente las finanzas de los estados subnacionales.
El fin de semana, los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, mantuvieron un encuentro en Cosquín que calificaron como «positivo». En la reunión, ambos mandatarios coincidieron en que sus legisladores pueden acompañar algunos aspectos de la reforma laboral, pero no todos, y enviaron un mensaje claro a Balcarce 50.
Pullaro y Llaryora enfatizaron que el proyecto debe contribuir a la modernización y apoyar a las Pymes, pero sin quitar derechos adquiridos. Además, señalaron que la reducción de impuestos no puede concentrarse exclusivamente en aquellos que son coparticipables, como plantea el oficialismo.
La gira de Santilli: apoyos explícitos y resistencias silenciosas
El ministro del Interior, Diego Santilli, emprendió desde principios de año una gira por las provincias para conseguir votos. Hasta el momento, recibió respaldos explícitos de Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Frigerio declaró en conferencia de prensa: «Te llevás un apoyo contundente del Gobierno provincial al proyecto de modernización laboral».
Sin embargo, la actitud de Pullaro y Llaryora contrasta con estos respaldos: ninguno de los dos posó para fotos con Santilli ni brindó un apoyo total al proyecto. Pullaro, de hecho, aún no se reunió con el ministro del Interior.
En Corrientes, el panorama es más complejo. La Libertad Avanza no llegó a un acuerdo con el gobernador Gustavo Valdés en las últimas elecciones, lo que dejó el vínculo tenso. Valdés adelantó, antes de un eventual encuentro con Santilli, que «hay algunos puntos que nos preocupan» de la reforma laboral.
Santilli planea visitar Corrientes y Misiones tras regresar de Mar del Plata, adonde viajará este lunes junto a Javier Milei y su hermana Karina para participar de La Derecha Fest.
CGT y oposición trazan estrategia común
La Central General de Trabajadores (CGT) mantuvo encuentros la semana pasada con distintas cámaras empresariales para trazar una estrategia conjunta contra la reforma. Paralelamente, el bloque del peronismo en el Senado, encabezado por José Mayans, intenta frenar el tratamiento del proyecto, aunque no logra reunir los votos necesarios para rechazarlo completamente.
En la Casa Rosada se muestran confiantes en las negociaciones que vienen llevando adelante la senadora Patricia Bullrich, los Menem —Martín y Lule— y Santilli, quien ya se reunió con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Zdero, Cornejo, Frigerio y recibió a Alberto Weretilneck (Río Negro) el viernes.
Sin embargo, según fuentes del oficialismo consultadas por este medio, no tienen asegurados todos esos votos. «A algunas cosas puede ser que tengamos que renunciar poco antes de entrar al recinto. Eso siempre puede pasar, pero creemos que tenemos los votos», admitieron cerca de Milei.
Otros miembros del círculo íntimo presidencial se mostraron más optimistas: «No nos imaginamos a nadie que se oponga a ninguno de los temas, ni a la reforma laboral, ni al acuerdo del Mercosur y la Unión Europea y tampoco a la designación de Iglesias. Debiera salir todo», opinaron.
Cronograma ajustado y acuerdo unilateral con la UE
El plan del oficialismo es llevar la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares al recinto del Senado el 12 de febrero. Si consiguen la aprobación sin modificaciones, buscarán tratarlo en Diputados el 19 de febrero.
Respecto al acuerdo con la Unión Europea, se trataría de una aprobación unilateral por parte de Argentina, ya que el Parlamento Europeo frenó su tratamiento del lado europeo.
Puntos clave
• El gobierno convoca a sesiones extraordinarias para aprobar la reforma laboral, pese a la resistencia de gobernadores por el impacto en la coparticipación.
• Pullaro (Santa Fe) y Llaryora (Córdoba) advirtieron que la reducción de impuestos coparticipables podría provocar una caída de $3,1 billones en la masa coparticipable.
• La CGT y el bloque peronista en el Senado trazan estrategias conjuntas contra la reforma, aunque no logran reunir votos suficientes para frenarla.
• El oficialismo admite que podría tener que ceder en algunos puntos para conseguir la aprobación.
• El cronograma prevé tratamiento en el Senado el 12 de febrero y en Diputados el 19 de febrero.
Géneros 🟣
Senado: denuncian proyecto de “falsas denuncias” intenta silenciar a las víctimas
A nivel global, organismos como ONU Mujeres ubican las denuncias falsas en torno al 1% de los casos.
Senado: qué pasa con el proyecto de “falsas denuncias”
El conversatorio “Derecho a la voz: contra la criminalización de quienes denuncian violencia” funcionó como una respuesta urgente frente al proyecto impulsado por Carolina Losada, que ya cuenta con dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. La iniciativa propone agravar las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento en casos de violencia de género, delitos sexuales y situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.
Para quienes expusieron, el diagnóstico fue otro: no hay vacío legal ni problema empírico que justifique la reforma. Lo que sí aparece, señalaron, es una estrategia política para disciplinar a quienes denuncian y reinstalar el silencio.
Una arquitectura punitiva para desalentar la denuncia
La abogada Ileana Arduino, referente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, desmenuzó el corazón del proyecto. Sostuvo que no se trata de una falla técnica sino de una decisión deliberada: utilizar el derecho penal como herramienta de control social.

“Funciona como una extorsión procesal”, advirtió. El planteo es claro: en un sistema judicial que ya resulta hostil, la amenaza de una contra-denuncia penal empuja a las víctimas a no hablar. El resultado no es más justicia, sino menos denuncias.
Arduino también apuntó a un efecto colateral clave: la criminalización de las redes de acompañamiento. Equipos interdisciplinarios, profesionales y organizaciones quedarían bajo sospecha por intervenir en procesos donde la prueba suele ser compleja y el tiempo judicial, lento.
Construir un problema inexistente
La ministra bonaerense Estela Díaz fue directa: “Lo falso es el problema que quieren instalar”.
Respaldada por un documento con más de 1.700 firmas, sostuvo que las falsas denuncias no representan un fenómeno significativo en Argentina. En cambio, sí lo es la subdenuncia en casos de violencia y abuso.
Para Díaz, la iniciativa se inscribe en una narrativa política más amplia que cuestiona la existencia misma de la violencia de género. En ese marco, el proyecto no busca mejorar el sistema penal, sino desplazar el foco: de la protección de las víctimas a la sospecha sobre su palabra.
El miedo como política pública
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi aportó datos que desarman el argumento central del proyecto:
- Solo una de cada cuatro mujeres en situación de violencia busca ayuda.
- En abuso sexual infantil, más del 88% de los casos no llega a la Justicia.
En ese contexto, endurecer penas por denuncias “falsas” no resuelve un problema: crea otro. Introduce una amenaza concreta para quienes están obligados a denunciar, como establece la Ley Lucio.
La contradicción es evidente: el Estado exige denunciar ante la sospecha de abuso, pero al mismo tiempo instala el riesgo de persecución penal si la causa no prospera. El mensaje implícito, señalaron, es el silencio.
Convenciones internacionales vulneradas
La dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Elena Naddeo, cuestionó la compatibilidad del proyecto con los estándares internacionales.
Mencionó dos marcos normativos clave:
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
- Convención de Belém do Pará
Ambos obligan al Estado a garantizar el acceso a la justicia y a no generar obstáculos para denunciar violencia de género. La iniciativa, en cambio, invierte esa lógica: convierte a la denunciante en potencial imputada.
Naddeo también desarmó una de las falacias centrales: equiparar falta de prueba con falsedad. En delitos que ocurren en la intimidad, esa equivalencia no solo es errónea, sino funcional a la impunidad.
Datos incómodos para el oficialismo
A nivel global, organismos como ONU Mujeres ubican las denuncias falsas en torno al 1% de los casos. Se trata de una cifra marginal, que en general no está vinculada a violencia de género sino a otros delitos.
Sin evidencia empírica que justifique el endurecimiento penal, el proyecto queda expuesto como una definición ideológica: desplazar la centralidad de la víctima y reinstalar la sospecha sobre su palabra.
Efectos concretos: censura, desprotección e impunidad
El rechazo no se agota en el plano simbólico. Las organizaciones advirtieron consecuencias concretas:
- Bozal mediático: limitaciones a la difusión de casos que han sido clave para visibilizar violencias.
- Persecución profesional: equipos técnicos y redes de acompañamiento bajo amenaza penal.
- Inseguridad jurídica: profesionales de salud y educación atrapados entre denunciar o protegerse.
- Desaliento de denuncias: una profundización en la caída previsible en el acceso a la justicia.
En ese marco, el proyecto aparece como una herramienta de disciplinamiento que redefine el sistema: ya no se investiga al agresor, se sospecha de quien denuncia.
Una disputa de fondo: voz o silencio
Lo que se debatió en el Senado excede una reforma penal. Se trata de una disputa política y cultural: quién tiene derecho a hablar y bajo qué condiciones.
Frente a un escenario que intenta reinstalar el miedo como frontera, el feminismo articuló una respuesta clara. El derecho a la voz no es un privilegio ni una concesión: es un derecho humano básico.
Y su restricción, no fortalece la justicia. La debilita.
-
Presidencia6 díasEscándalo total: Lilia Lemoine publicó una foto íntima y explotaron las redes
-
Legislativo4 díasQué le encontraron a Máximo Kirchner: el tumor benigno por el que fue operado
-
Legislativo7 díasEl Gobierno quiso usar Ficha Limpia como anzuelo para eliminar las PASO y fracasó en el Senado
-
Fintech5 días¿Qué pasó con Mercado Pago?: miles de usuarios temieron perder su dinero
-
Política 📢2 díasEl Gobierno que no quiere Ficha Limpia: la interna que expone el doble discurso anticorrupción de LLA
-
Mundo 🌐6 díasMáxima tensión mundial: Estados Unidos atacó instalaciones militares en Irán tras enfrentamientos armados
-
Mundo 🌐5 díasLa foto que hizo explotar a la Casa Blanca: Luke Skywalker, Donald Trump y los límites de la disidencia
-
Géneros 🟣7 díasEx funcionario del INAES Carlos Debiaggi fue declarado culpable de abuso sexual tras 7 años de lucha judicial
